Fisuras en la legislación de la protección
y conservación del patrimonio arqueológico.
El papel del Estado, lo privado y lo local

Betsabé Piña Morales[1]
Doctorante en Antropología, CIESAS Ciudad de México

Cuando hablamos del patrimonio arqueológico pensamos en él como objetos que tienen un valor intrínseco. El valor que se les asigna a estos objetos está determinado por la historia, por sus componentes culturales y por sus materiales particulares. Generalmente, en la práctica arqueológica se considera que estos elementos deben estar protegidos y salvaguardados por el Estado ya que son parte de los símbolos que dan identidad a la nación. Esta concepción, sin embargo, sólo responde a un largo proceso de patrimonialización y legislación en torno a la protección de estos bienes. En este ensayo, uno de los escenarios principales será la posición del Estado ante el patrimonio arqueológico, pero también se mostrará que en la Mixteca Alta se tiene poco alcance de las instituciones para investigar y mantener los vestigios materiales, a la vez que surgen otros procesos alternos, con actores e intereses públicos y privados.

Fotografía 1. Campaña #MiPatromonioNoSeVende. Imagen tomada de internet. twitter.com


El patrimonio arqueológico como bien de la nación

El carácter patrimonial de los objetos responde a una construcción social, y por ello, a un proceso de patrimonialización mediante el cual, el bien material o simbólico, adquiere valores en un espacio de negociación entre diferentes actores (Pérez y Machuca, 2017). Recordemos que el Estado moderno ha sentado sus bases en la patrimonialización de los bienes culturales como el pilar para la construcción de la memoria histórica e identitaria a cargo de actores e instituciones hegemónicas: en el caso de México, el pasado prehispánico ha enarbolado la identidad nacional a partir del patrimonio arqueológico e histórico. Así, actualmente, el espacio de negociación involucra a especialistas, autoridades y actores locales, aunque estos últimos en menor medida. En este sentido, el proceso de patrimonialización es “una acción que ejercen sujetos sobre algo que antes no era patrimonio” (Pérez y Machuca, 2017: 5).

La vigente Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos se aprobó en 1972, luego de varias reuniones con grupos interesados en el patrimonio nacional. Es importante señalar que esta legislación fue la primera en ser debatida públicamente; también hay que mencionar que ésta, además de ser única en materia de conservación y protección del patrimonio, fue producto de otras iniciativas legislativas[2] que hicieron a México un país pionero en legislar el patrimonio nacional. En cuanto al debate público, la Cámara de Diputados acordó que la iniciativa de ley debía ser discutida por sectores interesados en los bienes arqueológicos, artísticos e históricos a lo largo de cuatro reuniones agendadas en el mes de marzo de 1972.

De acuerdo con Hernández Sánchez (2006) el debate estuvo precedido por el diputado Alejandro Peraza, a cargo de la Comisión de Desarrollo Educativo, y en el transcurso de los días, diferentes diputadas y diputados asistieron al evento. En torno a la discusión relacionada con la legislación del patrimonio arqueológico, se presentaron dos contiendas: coleccionistas y antropólogos. Los primeros buscaban que la nueva ley no fuera retroactiva y que les permitiera exportar las piezas; además los coleccionistas describieron sus “aventuras” aficionadas en búsqueda de nuevos tesoros. Estos argumentos fueron fuertemente criticados por las antropólogas y los antropólogos presentes, quienes mantuvieron un sólido discurso nacionalista, con el cual crearon simpatía ante las personas presentes en el Salón Verde de la Cámara de Diputados. Julio Cesar Olivé, Jaime Litvak, Amalia Cordero, Noemí Castillo, Gonzalo Aguirre Beltrán ‒entre muchos otros que asistieron‒ apoyaron la idea de que los intereses de la nación debían estar por encima de los intereses privados; además, la identidad nacional estaba contenida en los bienes arqueológicos y que, al ser un símbolo de identidad nacional estos pertenecían al Estado; y finalmente, para poder administrar dichas condiciones, el Instituto Nacional de Antropología (INAH) debía estar a cargo de la administración y protección de los vestigios pretéritos. Cabe señalar que sólo en menor medida se habló de las personas que convivían con los restos materiales: las comunidades debían ser consideradas como “vigilantes” del patrimonio y los municipios necesitarían realizar campañas de “sensibilización” para transmitir la importancia de la conservación de los vestigios con los habitantes.

Entre otros puntos sustanciales, la Ley Federal de Monumentos, decretó en su segundo artículo lo siguiente: “Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos”. Y más adelante, en el artículo 27 se señaló que: “Son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles”.[3] De esta manera se buscaba contrarrestar las prácticas de saqueo de vestigios arqueológicos, así como evitar el daño que pudieran sufrir los restos materiales mediante la intervención del Estado, quien tendría a su cuidado y “propiedad” el patrimonio arqueológico, al igual que el artístico e histórico.

En la actualidad la Ley Federal de Monumentos tiene diversas críticas. Por un lado, pese a las especificaciones y sanciones, el robo, saqueo, venta y tráfico de piezas arqueológicas representa una problemática aún. No ahondaremos ahora en este tema, sólo cabe señalar las subastas realizadas en Europa por coleccionistas privados y que pese al pronunciamiento del gobierno mexicano en contra de estos eventos, no ha sido posible detener la comercialización de piezas arqueológicas en el extranjero.[4] Por otro lado, la Ley Federal no contempla la protección del patrimonio cultural en su complejidad, sino sólo los bienes materiales que constituyen una parte de éste (Paredes, 2017: 20). Considero que una de las mayores dificultades es que la Ley Federal de Monumentos, así como las prácticas arqueológica e histórica, suponen que el patrimonio lo constituye el valor intrínseco, es decir, el valor a preservar está dado por las propiedades objetivas: “En cuanto a la idea de valor intrínseco como valor no instrumental, es claro que el patrimonio cultural no tiene un fin en sí mismo, sino que éste está dado por lo que reviste y simboliza” (Villaseñor, 2011: 7). Por lo tanto, no se conserva el patrimonio por sí mismo, sino por los beneficios que se obtienen de él y de la idea de preservarlo para generaciones futuras. De acuerdo con Villaseñor (2011), preservar el patrimonio cultural, en este sentido, implica la exclusión de los agentes sociales que viven y confieren valor al patrimonio; de inicio, las generaciones futuras no incluyen a los pueblos indígenas o comunidades locales, por lo tanto, quien tenga la capacidad de generar estos procesos de protección en los bienes patrimoniales podrá determinar sus fines de conservación y dirección de la divulgación de los resultados de las investigaciones.

Fotografía 2: Eva Cenobio. Julio de 2022. Arco de la iglesia de Santiago Tilantongo.


Los vestigios arqueológicos de la Mixteca Alta y la (poca) presencia del INAH

La Mixteca Alta, es una región con un amplio registro arqueológico. Los documentos precolombinos han generado una enorme fuente de información que, ligados a los estudios arqueológicos, han permitido elaborar diferentes hipótesis en torno a la dinámica económica y social de los pueblos pretéritos que habitaron en esta región. Tan solo los estudios de reconocimiento de superficie, reportados ante el INAH, nos muestran que en 72 municipios (de los 189 que conforman la Mixteca Alta) se han registrado 949 puntos que señalan la presencia de estructuras prehispánicas y coloniales tempranas (tabla 1). Esto sin contar un gran número de puntos registrados con alguna concentración o presencia de materiales arqueológicos; también hay que señalar que los números reportados no implican un resultado exhaustivo, pues algunos municipios podrían no tener exploraciones arqueológicas o estar parcialmente registrados.

Distrito

Número de municipios con registro

Número de registros con presencia de estructuras

Coixtlahuaca

13

151

Teposcolula

11

191

Nochixtlán

24

309

Tlaxiaco

24

298

 

 72

949

Tabla 1. Reporte de estructuras (restos de arquitectura) prehispánicas y coloniales en la Mixteca Alta.
Fuente: Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, INAH.


Sin duda, la prospección arqueológica facilita la comprensión de ciertas dinámicas y patrones socioculturales regionales, ésta generalmente es complementada con excavaciones que ahondan en las hipótesis generadas; desafortunadamente, son escasos los proyectos de excavación por parte del INAH en la Mixteca Alta. Es cierto que las investigaciones arqueológicas requieren de logísticas en largos periodos de trabajo de campo, los cuales deben contemplar presupuestos desde la investigación al mantenimiento de las áreas trabajadas, las cuales están a cargo de un gran número de personas técnicas y especialistas. Al mantener un discurso conservacionista por parte del Estado, nos encontramos con que no existen presupuestos suficientes para sostener dichas investigaciones, esto abre las posibilidades de que otros actores se acerquen para ofrecer recursos y mantenimiento a los sitios arqueológicos. A continuación, mencionaré brevemente el caso de dos sitios arqueológicos: Yucundaa, lugar que tuvo financiamiento por parte del INAH y por una fundación mexicana; y Monte Negro, un sitio que ha sido cuidado por la comunidad y por las autoridades municipales.

Fotografía 3: Eva Cenobio. Septiembre de 2020. Panorama general de la Mixteca Alta.


El sitio arqueológico de Yucundaa. Uno de los proyectos de investigación más sobresalientes sobre arqueología y etnohistoria es el que se realizó recientemente en el sitio Yucundaa, a cargo de Ronald Spores y Nelly Robles. Este sitio se encuentra al suroeste del actual municipio San Pedro y San Pablo Teposcolula; el emplazamiento tuvo su apogeo para el periodo Posclásico Tardío y se localizó principalmente a lo largo de una loma dentro del gran valle para aprovechar las tierras fértiles. Es importante señalar que el proyecto, que se llevó a cabo entre los años 2004 y 2010, fue financiado por el INAH y la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca (FAHHO), cuyos resultados se encuentran publicados en la obra Yucundaa, La ciudad mixteca y su transformación prehispánica-colonial. Uno de los ejes centrales de la investigación es la comprensión del funcionamiento de la ciudad antes y después de la Colonia.

Aunque es un gran y complejo asentamiento Posclásico, lo que tal vez es más significativo desde la perspectiva cultural-histórica es que trata del único y mejor ejemplo en Oaxaca de un centro transicional prehispánico-Colonial Temprano explorado hasta el momento. En él quedó plasmada dramáticamente la gran transformación que sucedió entre la mitad de la década de 1520 y la de 1550, cuando se trasladó la población […] del cerro de Yucundaa al piso del valle de Teposcolula (Spores y Robles, 2014: 27).  

Gracias a las diferentes labores de investigación, en el emplazamiento urbano y el conjunto de diversas terrazas, así como el trabajo etnohistórico, se estudió la organización política y jerarquizada del sitio, lo que permitió ahondar en su relación productiva con los pueblos cercanos, tanto con otros señoríos como con los pueblos sujetos.

Como hemos mencionado, en alguna medida los trabajos fueron financiados por la FAHHO, quienes anualmente destinan parte de su presupuesto a la cultura.[5] La obra publicada de esta investigación inicia con la presentación de la Fundación, donde los representantes de la misma señalan lo valioso que es formar parte de las labores de investigación, pero principalmente de apoyar diferentes tareas de restauración en la Mixteca. Los trabajos de documentación y conservaciones de los hallazgos son, para esta institución, una obra indispensable que busca “legar los conocimientos a las siguientes generaciones”,[6] además de defender el patrimonio que pertenece a los mexicanos y a la humanidad. Al mismo tiempo, hay que resaltar el valor simbólico que tiene la capacidad económica y de gestión sobre la cultura, no sólo en términos académicos, sino dentro de las arenas entre lo público y lo privado para decidir qué elementos son importantes de investigar, cómo se conservan, qué y para quiénes se divulga y quiénes son los actores que participan en todo este proceso. Es decir, si bien el caso de Yucundaa está mediado por la normatividad del INAH, también surge un nuevo proceso de patrimonialización que involucra los intereses de actores políticos y privados en un nuevo orden, con el rostro de la FAHHO.

Monte Negro. Otro sitio arqueológico sobresaliente en la región es el de Monte Negro en el municipio de Tilantongo, Oaxaca. Luego de ser excavado, en la década de los años treinta del siglo pasado por Alfonso Caso, el lugar ha sido mantenido por los habitantes del lugar.

Fotografía 4: Eva Cenobio. Julio de 2012. Sitio arqueológico Monte Negro.


Como señala Hermann (2017), luego de diferentes interpretaciones a lo largo de las décadas, Monte Negro fue un sitio que se construyó de manera temprana (durante el formativo, de 300 a. C. a 200 d. C.) y que después de esta ocupación el emplazamiento quedó deshabitado. No por ello quedó en el olvido, al contrario, los mixtecos posiblemente lo siguieron usando como un espacio ritual, pues fue considerado como un lugar de fundación y, por lo tanto, daba legitimidad a los habitantes de etapas prehispánicas subsecuentes.

En la época prehispánica, Tilantongo, el sitio arqueológico del Posclásico cercano a Monte Negro, fue un importante centro político, reconocido con un estatus mayor al resto de los señoríos. La importancia del linaje que surgía de Tilantongo favorecía las relaciones entre los diferentes pueblos, debido a sus vínculos con lo divino, lo cual explica que otros pueblos buscaran generar alianzas con Tilantongo y así reconocer y fortalecer sus propios linajes. Éstos buscaban emparentarse con Tilantongo para validar su gobierno o al interrumpirse el legado, buscaban un descendiente de la casa de Tilantongo para refundar la dinastía, práctica que continuó durante la Colonia (Hernández Vidal, 2015: 44-47). Estas uniones favorecen las redes internas de la organización política y económica que daba identidad a los mixtecos.

Esta concepción, de alguna manera, sobrepasó los siglos. Las notas y testimonios locales recientes señalan a Monte Negro y Tilantongo[7] como un lugar de importancia histórica donde habitó el Gobernante 8 Venado Garra de Jaguar. Actualmente, el sitio arqueológico Monte Negro, es un lugar en buenas condiciones gracias al mantenimiento constante por parte de miembros de la comunidad, su organización y autoridades, lo que lo hace un sitio visitado por un turismo local y donde se llevan a cabo actos políticos actuales.

Podemos mencionar el encuentro realizado el 23 de junio del 2021 con autoridades de Villa de Tututepec, San Miguel El Grande y Santiago Tilantongo para celebrar el aniversario del nacimiento de 8 Venado, y con ello recalcar la hermandad entre los pueblos mixtecos. En el evento se realizaron diferentes actividades culturales y una ceremonia en el sitio arqueológico donde las autoridades comunitarias y municipales estuvieron presentes.

Así, este lugar sigue siendo reconocido como punto de fraternidad entre diferentes pueblos de la Mixteca. Muy posiblemente los elementos históricos narrados no respondan fielmente a los eventos históricos ocurridos hace siglos, sin embargo, los espacios arqueológicos son resignificados por los habitantes y sus autoridades bajo diferentes intereses y acuerdos. Como señalan Jiménez y Posselt (2018: 53), la historia de los pueblos no debe ser leída de manera lineal, sino que debe ser interpretada “bajo múltiples factores y procesos […] Más que indicar progreso o retroceso expresamos el dinamismo de la vida de los pobladores mixtecos” donde el pasado y el presente se entretejen para generar nuevas interpretaciones en la vida de las personas. Si bien la importancia de Monte Negro ha motivado el interés académico, son las labores de tequio y organización comunal las que mantienen en condiciones óptimas el sitio arqueológico, así como la difusión y búsqueda de encuentros políticos.

Lo que se filtra en las fisuras

Como hemos señalado, los trabajos arqueológicos si bien permiten conocer a profundidad los diferentes procesos sociales del pasado, también requieren de grandes y costosas logísticas que, de acuerdo con la legislación patrimonial, el INAH debería hacerse cargo. La Mixteca Alta, sin embargo, cuenta con poca atención por parte del Instituto comparada con el gran número de vestigios arqueológicos registrados, y donde además se han presentado otros medios de financiamiento y mantenimiento para llevar a cabo las investigaciones.

Los procesos que implican la investigación del patrimonio arqueológico, tal como está planteado académica e institucionalmente, permitiría la obtención de un número importante de datos, a la vez que exigiría logísticas complejas, mismas que la mayoría de las veces el INAH no alcanza a cubrir. En este sentido, la Mixteca Alta se ha visto desplazada del interés institucional, pero, a su vez, apoyada por recursos privados y por iniciativas comunitarias. Sin duda, en este último sentido, la larga tradición comunitaria en la región ha favorecido el cuidado y protección del sitio Monte Negro. Me parece fundamental resaltar este punto, pues los debates en torno a la protección de los bienes arqueológicos no incluyen ni la relevancia ni la participación de los pueblos para el cuidado y estudio de los sitios arqueológicos.[8] 

Considero que una de las dificultades centrales consiste en contemplar el patrimonio bajo el concepto de los valores intrínsecos y que el patrimonio arqueológico está diferenciado del patrimonio cultural, lo que genera que las estrategias de protección y conservación sean planteadas solamente de manera parcial, bajo la monopolización del Estado, sin comprender una perspectiva de valores circunstanciales, donde las intersecciones entre el pasado y el presente no son lineales. De esta manera, la práctica arqueológica, generalmente orientada por los preceptos de la legislación vigente, se pierden de otras aristas, como la perspectiva de los habitantes actuales para comprender la historia de los pueblos y su interacción con los vestigios arqueológicos desde una perspectiva de valores contingentes.

Finalmente, se puede resaltar que, si bien el Estado ha generado diferentes mecanismos para salvaguardar lo que considera patrimonio nacional, ante las fisuras de este aparato se han presentado otros procesos de patrimonialización, como la injerencia de actores particulares, que se presentan como fundaciones sin fines de lucro, en el caso de Yucundaa, quienes buscan proteger el patrimonio para darlo a conocer en otros espacios y a generaciones futuras; así como procesos de protección comunitaria, como en el caso de los habitantes de Tilantongo, quienes bajo sus prácticas locales resignifican los hechos históricos para legitimar su identidad.


Bibliografía

Hermann Lejarazu, Manuel Álvaro (2017), Configuraciones territoriales en la Mixteca, vol. III. Yucu Tunú-Tilantongo, La fundación de un señorío prehispánico mixteco, México, CIESAS.

Hernández Sánchez, Alejandro (2006), “Arqueólogos vs. coleccionistas: Ley Federal sobre Monumentos de 1972”, en Discusión Visual, Revista Digital CENIADIAP, septiembre-diciembre.

Hernández Vidal, Jair (2015), “El cacicazgo mixteco y el régimen de sucesión en el siglo XVI”Tesis de Maestría en Historia, UNAM.

Jiménez, Ivette y Emmanuel Posselt (2018), “Tiempo, paisaje y líneas de vida en la arqueología de Ñuu Savi (La Mixteca, México)”tesis de doctorado, Archaeological Studies Leiden University, Leiden.

Paredes, Blanca (2017), “Reflexiones en torno a la Ley Federal sobre Monumento y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”, en La patrimonialización ¿un nuevo paradigma? Boletín del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A. C.

Pérez, Maya y Antonio Machuca (2017), «La patrimonialización ¿un nuevo paradigma?», en Boletín Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C., enero-diciembre, CEAS, México.

Spores, Ronald y Nelly Robles (2014), Yucundaa, La ciudad mixteca y su transformación prehispánica-colonial, Oaxaca, Instituto Nacional de Antropología e Historia y Fundación Harp Helú Oaxaca A.C.

Uribe, Xany y Yail Uribe (2011), “La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Su análisis y su visión jurídica”, Tesis de Licenciatura en Derecho, UNAM.


[1]  b.pina@ciesas.edu.mx     

*Las fotografías que aparecen en este artículo pertenecen a Doña Eva Cenobio, a quien le agradezco su colaboración.  

[2] Si bien su antecedente inmediato es la Ley Federal de Patrimonio Cultural Nacional, de 1968, desde finales del siglo XIX se buscaba la reglamentación relacionada con las excavaciones arqueológicas y principios del siglo XX se decretaron leyes para la protección de los monumentos artísticos e históricos (Uribe y Uribe, 2011).

[3] Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Última reforma, DOF, 16-02-2018.

[4] Al respecto se pueden revisar los trabajos recientes de Daniel Salinas en torno a las subastas de piezas arqueológicas en Europa (2018, 2020, 2021).

[5] https://fahho.mx/patrimonios/informe-anual-fahh-2021/

[6] “Presentación”, escrito por Alfredo Harp Helú y María Isabel Grañén Porrúa, del libro Yucundaa. La cuidad mixteca y su transformación prehispánica-colonial. 

[7] El sitio arqueológico se localiza debajo de la iglesia del pueblo, el cual ha tenido algunas intervenciones que permiten asegurar su existencia y algunas de sus dinámicas.

[8] El trabajo Limbos arqueológicos. Sitios extraoficiales en México de Víctor González (2020) amplía esta perspectiva en diferentes lugares del país.