Lo que no se puede medir, no existe. Lo que no existe, no aparece en los mapas. Si bien los estudios críticos se han enfocado en poner en duda los marcos de medición, y de visibilización, oficiales y legitimados desde el Estado, es preciso hilar desde los distintos métodos puestos en campo, por un lado, para la producción de datos sobre violencia, en específico violencia contra las mujeres, y por el otro, las categorías analíticas propuestas para registrar, sistematizar y analizar estos datos. La recolección de datos sobre violencia contra las mujeres ha sido impulsada por el movimiento feminista a través de herramientas multimetódicas, a partir de las cuales la medición del fenómeno ha sido clave para entenderlo e impulsar acciones para erradicarlo. A través de la medición estadística, tanto el Estado mexicano como organizaciones de mujeres y la academia, han presentado datos que permiten representaciones cartográficas de las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres para entender su prevalencia, tendencia y distribución espacial. Sin embargo, se evidencia que los datos carecen de perspectiva interseccional, lo que impide entender a profundidad el contexto de violencia, así como las distintas formas de agravio y afectación. Es preciso cuestionar la cartografía oficial a través de contracartografías críticas desde contextos locales, por los cuales la propuesta de poner al centro el territorio cuerpo-tierra de las mujeres se vuelve imprescindible para analizar el despliegue de la violencia entre escalas geográficas, a partir de la experiencia de las mujeres en el contexto de talleres participativos.

Desde el inicio de la pandemia por Covid-19, diversas organizaciones nacionales e internacionales advirtieron que la violencia contra las mujeres aumentaría en los hogares, como ya había sucedido en otros casos de confinamiento masivo en el mundo. En abril, por ejemplo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que en países donde ya existían altos niveles de violencia contra mujeres y niñas, el riesgo de que ésta se exacerbara se incrementaría debido al confinamiento. A éste se añaden también las presiones económicas y las condiciones de precariedad como factores potenciadores de conflictos y tensiones previas. Casi un año después, las cifras y testimonios publicados por diversas organizaciones confirman los efectos nefastos de la conjunción de dos pandemias: la del Covid-19 y la de la violencia machista. Aunque tal vez sea la que más se ha hecho visible, gracias al activismo de diversas colectivas, la violencia creciente contra mujeres y niñas forma parte de una pandemia de violencia más amplia, la de las violencias delincuenciales sociales y comunitarias que han devastado al país desde hace más de una década y que, pese al confinamiento, no han menguado.

En México, en 2020, en plena contingencia sanitaria provocada por el Covid 19, fueron asesinadas 3 mil 723 mujeres y niñas, de las cuales 2 mil 783 fueron homicidios dolosos, y 940 feminicidios (SSP y PC, 2021). Aunque es importante que estos datos se conozcan para actuar frente a este problema, desafortunadamente, los datos oficiales no dan cuenta de las especificidades de lo que acontece con las niñas y adolescentes mexicanas que han sido asesinadas -sea homicidio o feminicidio- en un contexto de relaciones de poder por género y edad, en relaciones sociales racializadas.[2] Ésto, a pesar de que el feminicidio ha sido destacado como sólo “la punta del iceberg” (Segob, Inmujeres, Conavim, ONU-Mujeres, 2020), señalando la necesidad de captar un inmenso, aunque invisible, continuum de violencias contra niñas y adolescentes

Las denuncias y protestas por el incremento de la violencia de género que se ejerce contra las mujeres en México han estado presentes desde décadas atrás. En marzo de 2020, fue la principal demanda de las manifestaciones que tuvieron lugar en distintas ciudades y localidades del país, con una multitudinaria participación en la Ciudad de México. Con ese antecedente, cuando dio inicio el confinamiento con motivos de la pandemia de Covid-19, las feministas fuimos las primeras en alertar respecto a los riesgos que esa situación traería consigo para las mujeres mexicanas, a lo largo y ancho de la república.

Si bien la violencia contra las mujeres y las niñas y su manifestación más radical, el feminicidio, se expresan de manera directa en actos de individuos y en hechos concretos, resulta fundamental trascender una perspectiva explicativa centrada en la relación entre víctima y victimario, o en las motivaciones individuales, traducidas en actos personales ajenos al entramado de la configuración social que los explica. La violencia feminicida, dentro de la cual el feminicidio es una expresión extrema, tiene como base y origen situaciones estructurales y sociales en las que la seguridad de las mujeres y las niñas no está garantizada por parte del Estado, ya que no abate las condiciones de desigualdad que vulneran su acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la tenencia de la tierra, a la alimentación, a la libertad de expresión, de movilidad y al acceso a una vida libre de violencia.