Los esquemas de movilidad urbana predominantes en el Área Metropolitana de Monterrey (en lo subsiguiente Monterrey),[2] como en la mayoría de las ciudades mexicanas, afectan fundamentalmente a mujeres y niñas. Por una parte, mujeres y niñas enfrentan barreras de acceso e inequidades basadas en el género en los mercados laborales y en los espacios públicos,[3] las cuales se endurecen con el privilegio masivo de la infraestructura pública y privada para la movilidad motorizada, sobre todo automóviles, y en mucho menor medida para el transporte público; mientras se dedica muy poco a la movilidad alternativa, ya sea peatonal o en bicicleta.[4] Por otra parte, no se toman en consideración de manera sistemática las necesidades básicas relacionadas con la movilidad del cuidado,[5] desempeñada preponderantemente por mujeres y niñas para cubrir roles de género, tradicionalmente asignados, como cuidadoras y como organizadoras de la vida cotidiana de los hogares.[6]

Durante el año 2017 se revivió el movimiento llamado “#Metoo” en México, para realizar denuncias anónimas de casos sobre violencia sexual que por miedo habían quedado en silencio, se usaba la etiqueta #MeToo (En español “Yo también”) en cada publicación para que sea más fácil localizar todas las denuncias. En México el movimiento se fue desarrollando en contextos específicos y creando campañas virtuales sobre #MetooAcadémicos #MetooEscritoresMexicanos #MetooMúsicosMexicanos y #MetooCineastasMexicanos. Dichas movilizaciones evidenciaron lo complejo de las agresiones sexuales como el acoso y hostigamiento sexual, hasta más fuertes como abusos sexuales y violaciones. El #Metoo demostró que la violencia sí es un ejercicio de poder, de alguien que sabe que tiene poder sobre otras personas, en este caso, sobre otras mujeres, pues se encuentran en una posición de autoridad frente a nosotras, lo que ocasiona que nos invada el miedo y forje nuestro silencio. Y nos hizo entender que no son casos aislados, que son problemas estructurales y que los únicos culpables son ellos, no nosotras. A pesar de que estas movilizaciones ocurrieron en plataformas como Twitter y en el centro del país, lograron llegar a otros contextos a modo de inspiración para replicarlo, tal como pasó en la Universidad Autónoma de Yucatán con el #MetooUADY y el proyecto que fundé junto a compañeras universitarias llamado “UADY Sin Acoso”.

No es ninguna noticia y hasta parecería innecesario reafirmar que la vida planetaria se ha transformado de manera radical debido a los acontecimientos de los dos últimos años, Chiapas, por supuesto, no ha sido la excepción. Pues ante la situación de la doble pandemia Covid-19 y la violencia de género, recurrí a esta reflexión de Foucault: “Si se quiere captar los mecanismos de poder en su complejidad y en detalle, no se puede uno limitar al análisis de los aparatos de Estado” (Foucault, 1979: 119). ¿Cómo estas reflexiones ayudan a entender ciertas problemáticas y sus posibles soluciones en nuestro contexto de investigación? A continuación, trataré de responder a estas interrogantes.

San Juan Cancuc y Chanal son dos municipios chiapanecos que se encuentran entre los diez municipios con mayor cantidad de población en situación de pobreza, 99.3 y 99.1% respectivamente (Coneval, 2020). No es casual que en ambos municipios 98% de su población sea hablante de una lengua indígena (INEGI, 2020). Tzeltales en su mayoría, se enfrentan día a día a limitaciones económicas que les impiden ejercer derechos básicos como salud, educación, empleo digno, alimentación y el bienestar en general.

Este breve artículo tiene por objetivo central mostrar la desigualdad social a la que las mujeres indígenas, y de manera especial, las Mujeres Indígenas Personas Adultas Mayores (MIPAM), han estado sujetas históricamente. Un segundo objetivo es mostrar la enorme riqueza y patrimonio vivo que representa este sector de la población para México y el mundo. Para ello, retomo parte de la sociodemografía de las MIPAM para explicar las distintas problemáticas que enfrentan en materia de salud, educación, empleo, racismo, discriminación y otros aspectos que las vulneran y contribuyen a su exclusión de las políticas sociales. Los datos que retomo provienen de distintas fuentes de información como Conapo, INEGI, Coneval, INALI, INPI, ENADIS, entre otras. Así como del trabajo de investigación que he realizado sobre vejez indígena y género durante los últimos seis años como parte del programa Cátedras Conacyt, actualmente llamado Investigadoras e Investigadores por México del Conacyt.

La movilidad es inherente a los seres humanos. Trasladarse de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida es una práctica tan antigua como la humanidad. Ha persistido a lo largo de los siglos y se ha enriquecido notoriamente. La riqueza cultural de la diversidad humana se expresa diáfanamente en la migración. En la actualidad, por el proceso ya consolidado de globalización y el notorio desarrollo de tecnologías en los medios de comunicación y los transportes, nos hemos acostumbrado a una circulación cada vez más fácil y accesible por el mundo, al menos –hay que reiterarlo– en lo que se refiere estrictamente a las tecnologías. Es casi un lugar común decir que las mercancías y los capitales viajan con mucho menos restricciones que los seres humanos. El grado de movilidad de cada persona depende de las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de su entorno. En un contexto de dificultades variadas y fronteras endurecidas por las políticas migratorias, surgió de manera inesperada y se expandió con rapidez, en todo el mundo, la pandemia por el Covid-19. Este fenómeno nos colocó en un estado de inmovilidad obligatorio. El mandato era claro: quédate en casa. Sin embargo, si dirigimos la mirada hacia la situación de algunos grupos poblacionales –por ejemplo, migrantes de México o Centroamérica sin documentos– podemos advertir que su libertad de circulación ha sido trastocada siempre por las circunstancias económicas y políticas, principalmente de los países de destino. Las restricciones impuestas por las políticas migratorias son más severas que las derivadas de la pandemia.