El jueves 11 de febrero de 2021, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México aprobó una serie de cambios de uso de suelo en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Las colonias donde se encontraba esta modificación eran Granadas y Ampliación Granadas, particularmente los predios Río San Joaquín 498, Ejército Nacional 769, Ejército Nacional 843 y Moliere 515 (Reforma, 12/02/2021) para formar parte de una figura jurídica mayor de reciente creación. Este hecho no tendría mayor importancia o trascendencia de no ser que según la Ley de Desarrollo Urbano[2] local, el Legislativo tiene la facultad exclusiva del cambio de uso de suelo o zonificación. Esto es, de modificar la reglamentación que establece las condiciones de edificación ya sea casas unifamiliares, edificios departamentales, hoteles, restaurantes o plazas comerciales. Sin embargo, esta modificación en materia de uso de suelo también resultó sintomática de una serie de fenómenos de carácter jurídico que ha permeado el desarrollo urbano en la capital. Y es que la modificación de usos de suelo ha seguido esta dinámica francamente contradictoria con lineamientos elaborados con anterioridad. En este caso, las modificaciones a predios específicos se realizaron con el objetivo de complementar el Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) Nueva Granada, aunque el Plan de desarrollo urbano delegacional vigente no lo permita. Así, este cambio reveló una profunda contradicción entre nuevas y viejas figuras jurídicas que crean zonas de liminalidad que permiten el uso discrecional del derecho. En resumen, se legalizó la ilegalidad.

No segundo semestre de 2017, Pedro Martins (nome fictício para preservar a identidade) foi preso por trazer consigo uma porção avulsa de maconha de quase quarenta gramas. Na ocasião também foi encontrado em seu poder a quantia de R$ 30.00 (trinta reais). Segundo relatado em sua audiência, policiais realizavam rondas de rotina, quando avistaram duas pessoas em atitude suspeita e notaram que Pedro havia dispensado um objeto que estava em sua mão, o qual foi constatado se tratar de maconha, nada sendo apreendido com a outra pessoa que o acompanhava. Nessa audiência, ele afirmou ser o dono da droga e usuário de maconha.

Era mi cuarta visita en el albergue en esa temporada de campo, ese día Ventura, un joven de 16 años de origen guatemalteco decidió contarme la “verdad” de su migración, después de narrarme que un primo lo invitó a insertarse “al trabajo” que consistía en hacer viajes Guatemala-México. Agregó:

Estamos na grande São Paulo, centro financeiro do Brasil – região que se projeta como “o motor do desenvolvimento econômico” em um país “subdesenvolvido”. Em uma manhã comum, o engenheiro agrônomo João estaciona seu carro, um Hyundai HB20 ano 2014, nas proximidades de uma estação de trem em Osasco (oeste da Região Metropolitana de São Paulo). Para economizar tempo e evitar congestionamentos, João pega o trem para ir trabalhar. Em um curto intervalo de tempo, o veículo é furtado por Grandão, experiente ladrão de carros, em uma ação que durou poucos segundos e não envolveu uso de armas ou qualquer tipo de confronto violento. O veículo possuía seguro, e foi localizado alguns dias depois por um caçador[4] contratado pela seguradora. Depois de recuperado, o veículo foi posto à venda em um leilão. João foi indenizado e com o dinheiro recebido comprou outro veículo (que foi, novamente, segurado).

El supuesto conflicto entre legal e ilegal y entre formal e informal, que en realidad es conflicto para la ley y no debiera serlo, en principio o de manera definitoria, para el analista social, más bien es un continuum que resulta de la misma dinámica social y por lo mismo se resuelve o es resuelto por los sujetos, verdadera unidad de análisis del cientista social y más aún del antropólogo, principalmente en interacciones directas que suceden durante el “ejercicio de las rutinas cotidianas” (Machado, 2010:287). Éstas, más que ser definidas por la ley lo son “por las formas contemporáneas de producción y circulación de riquezas” que son transversales a toda “la experiencia contemporánea” (Telles, 2009: 156).

Paraguay tiene una legislación represiva y desproporcionada con relación al cultivo del cannabis,[1] al igual que la mayoría de los países de América Latina (Corda y Filomena, 2019), sin embargo, es el mayor productor de Sudamérica y un negocio del que dependen economías familiares, presupuestos municipales, y con el que se financian campañas electorales (Olaya y Saffón, 2021).