La agenda electoral de México en el año 2021 es uno de los más importantes porque las elecciones intermedias son una oportunidad para que el gobierno en turno continúe con la hegemonía, o bien, para que los partidos contrarios ganen o retomen más curules. Aunado a esto, este año se prevé una participación de más del 50% de la población votante, siendo uno de los más altos en la última década.

Las acciones afirmativas en materia electoral para pueblos y personas indígenas han debido recorrer un largo y sinuoso camino, y si bien responden a una política pública de inclusión de las minorías invisibilizadas y excluidas políticamente en la historia nacional, responden igualmente a una demanda expresada desde hace por lo menos 30 años por una parte del movimiento indígena para garantizar su derecho a participar en la toma de decisiones nacionales y aquellas referidas a sus pueblos indígenas.[1] Al igual que las cuotas afirmativas para mujeres, las indígenas se han conquistado a golpe de sentencias y han debido realizarse una serie de reformas a los Acuerdos del Instituto Nacional Electoral (INE) para poner candados a la simulación o manipulación del espíritu de la acción afirmativa por parte de los partidos políticos que se resisten a pluralizar y democratizar sus estructuras, pues esto implica ceder espacios de poder que no están dispuestos a perder o compartir.

La discriminación histórica y estructural en nuestro país ha generado que los pueblos y comunidades indígenas se enfrenten a grandes dificultades para acceder a los cargos de elección popular. Si bien la constitución en el artículo 2° prevé que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir a sus autoridades bajo su sistema normativo interno, hasta el momento, sólo ha sido aplicado en el ámbito municipal mientras que a nivel estatal y federal continúa bajo el sistema de partidos políticos. Los cargos a diputaciones tanto locales como federales, senadurías, gubernaturas y presidencia de la república continúan siendo electas mediante el régimen partidista, con pocas posibilidades para postular candidaturas indígenas.

El reciente proceso electoral llevado a cabo en México puso en evidencia prácticas políticas para simular y usurpar espacios, asignados en las cuotas de género y acciones afirmativas, en favor de las mujeres, comunidades indígenas y afromexicanas; además se puso en evidencia la violencia política ejercida contra las mujeres en distintas latitudes del territorio nacional donde en cada caso adquiere matices particulares y sin embargo tienen un común denominador, pues siguen asesinando a mujeres que participan políticamente[2].

Marisol Vázquez Piñón[1] Instituto Nacional Electoral. vazquez.pinon.marisol@gmail.com @solivazquez Ilustración Ichan Tecolotl En el año 2014, México transitó de las cuotas de género a la paridad en las candidaturas, el cambio…

El proceso electoral 2020-2021 es considerado uno de los más importantes en la historia democrática de nuestro país, las razones son múltiples, por ejemplo: por el número de cargos de elección popular que se presentaron (un poco más de veinte mil); por el número de gubernaturas que estaban en juego (15 gubernaturas); por la aplicación de un conjunto de acciones afirmativas para personas en situación de discriminación (personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, y migrantes y residentes en el extranjero); así como, por la implementación de dos grandes reformas legislativas, la primera denominada como “paridad en todo” aprobada en 2019; y la segunda respecto a violencia política contra las mujeres en razón género aprobada recientemente en 2020. En este escenario, los retos, alcances y resultados dieron cuenta de las complejidades en los procesos políticos, así como los horizontes que se vislumbran para la participación política de las mujeres.

La sucesión presidencial de 2018 marcó un fuerte realineamiento político en el país. México regresó a los formatos de un partido dominante, con un gobierno que logró mayorías en el Congreso por primera vez desde 1997, cuando empezaron los gobiernos divididos (sin mayoría en el Congreso). AMLO y su partido Morena, con un registro que obtuvieron en 2014, ganaron en todos los estados del país, con la excepción de Guanajuato.