Jóvenes construyendo… ¿qué futuro?: tensiones y barreras de acceso en la implementación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” (PJCF)

Gabriela Alemán[1]
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Sofia Vitali[2]
Universidad Nacional de Rosario (UNR)


Imagen tomada de la página oficial de Facebook: www.facebook.com/JovConFuturo/photos/a.202238924052783/898177254458943/


Las autoras coincidimos en espacios académicos institucionales y no institucionales, que tenían en común la discusión en torno al trabajo como categoría de estudio, pero también como derecho y exigencia en condiciones dignas a las personas con quienes colaboramos y hacia nosotras mismas. Reconociendo nuestros privilegios como estudiantes de posgrado y visibilizando nuestros posicionamientos como mujeres provenientes de contextos periféricos de México y Argentina, nuestra coincidencia más que un tema de estudio es un interés en generar conocimientos útiles para la exigencia de condiciones laborales dignas para las juventudes en América Latina.

Bajo este contexto es que hemos decidido hacer este texto colaborativo en el que hacemos referencia a los avances y resultados preliminares de nuestras investigaciones de posgrado que tienen como eje común el análisis del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Introducción

En las últimas décadas, los y las jóvenes son quienes representan los niveles más amplios de precariedad laboral, informalidad, inestabilidad, rotación, subempleo y desempleo, afectando diferencialmente a quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad y pobreza (Meza, 2020; Navarrete, 2018; Mora y Oliveira, 2010). En la actualidad, esta problemática muestra su persistencia con tasas de desempleo que rondan el 18% entre los jóvenes latinoamericanos y caribeños y el 36.1% entre los mexicanos (OIT, 2018). A esto se agrega que 6 de cada 10 jóvenes se insertan en la economía informal y 20 millones de jóvenes en la región no estudian ni trabajan (OIT, 2018). Otro rasgo generalizado es la incidencia de la pobreza, que alcanza al 32.5% de los y las jóvenes latinoamericanos (Cepal, 2018). También resulta ser la población más vulnerable frente a los índices de violencia, sea como víctimas o victimarios, siendo por ello también más criminalizados.

Esta situación se vio agravada por las consecuencias sociales y económicas de la pandemia generada por el Covid-19, siendo uno de los grupos más afectados frente a la pérdida de empleo, el cual ascendió a un 26% en el promedio del desempleo juvenil (OIT, 2020).

Ante esta problemática se diseñaron diferentes programas estatales orientados a la inserción laboral juvenil en las diferentes regiones socioeconómicas de México, bajo diferentes enfoques y propuestas de implementación. Con la entrada en funciones de la administración de López Obrador en la presidencia de México, se implementó de manera emergente el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (PJCF),[3] el cual es parte de una reorientación de la oferta gubernamental de programas sociales a partir de la creación de los denominados “programas prioritarios”. Éste propone la inclusión de los y las jóvenes en actividades de iniciativa privada, pública o social bajo la supervisión de un tutor y el otorgamiento de una beca mensual durante un año.

En este texto nos interesa contribuir al estudio de las políticas de inclusión socio-laboral dirigidas a jóvenes, a partir de realizar un análisis crítico de los principales supuestos de intervención e implementación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro (PJCF). Para lo mismo nos detendremos en su diseño normativo, analizando sus reglas de operación (2019-2021); los datos provistos en su plataforma oficial y el “Diagnostico Ciudadano. Construcción y articulación de lo público” (2020).

A continuación, presentaremos un recorrido por los principales supuestos y diagnósticos sobre los que se montaron los diferentes programas de inserción a escala local y posteriormente enunciamos las principales dificultades que nosotras identificamos en la implementación del PJCF.

La producción socioestatal del problema del empleo juvenil

Los diferentes programas estatales orientados a la inserción laboral juvenil a escala regional en América Latina comenzaron a implementarse en el marco de los procesos de focalización de la política social a grupos particulares desde fines de la década de los ochenta e inicios de los noventa (Balardini, 1999, Rodríguez, 2010). En México, el primer antecedente data de 1984 cuando se crea el Programa de Capacitación a Trabajadores Desempleados (Probecat) bajo la órbita del Servicio Nacional de Empleo (SNE), cuyo objetivo era incorporar desempleados jóvenes y no jóvenes en cursos de capacitación y recalificación que incluía el pago de un salario mínimo durante el tiempo que durara el curso. En sintonía con estas iniciativas, en 1998 se crea el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) el cual plantea estrategias propias para la problemática del desempleo juvenil entre las que se incluyen: bolsas de trabajo coordinadas con la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STyPS); centro de intermediación laboral y cursos regulares con descuentos en la inscripción.

Los principales supuestos sobre los que se fundaron estos programas eran, en primer lugar, que la juventud era un periodo de preparación y transición a la adultez y, en segundo lugar, que la capacitación para el acceso al trabajo era uno de los principales pilares y vías de integración de los mismos. En relación con esto último, su diagnóstico enfatizaba los déficits en capital humano como responsabilidad de los jóvenes y causas esenciales del desempleo juvenil. De esta manera, los y las jóvenes sufrían “problemas de empleabilidad”. Para mejorar la empleabilidad el instrumento privilegiado por las políticas fue la capacitación laboral. Para ello se enfatizó la oferta de cursos flexibles, con la intención de que fueran adaptados a las demandas de los empleadores (Gallart, 1995). Ese mejoramiento debía expresarse en que los jóvenes tuvieran mayores posibilidades de encontrar empleos semicalificados en el sector formal de la economía, redujeran el tiempo de búsqueda de empleo y lograran mayores ingresos.

Estas iniciativas estatales recuperaron en su formulación la teoría del capital humano a partir de la cual se reivindica el papel de la educación en el desarrollo económico y la estructuración del empleo (De Ibarrola, 2002), quitando el foco de atención a las características del mercado de trabajo para dar centralidad a las competencias y aptitudes de las personas para poder vender su fuerza de trabajo (Bayon, 2009; Jacinto, 2013; Brown; 2017). En esta línea, se han destacado sus debilidades para compensar las competencias básicas o planteos formativos de larga duración (Gallart, 2008) y su dispersión en términos de multiplicidad y fragmentación de políticas, programas y cursos de formación, impulsados por agencias estatales u organizaciones sociales (Gallart, 2008; Herger, 2008).

Desde fines de la década de 1990 e inicio de los 2000, los abordajes fueron pasando desde programas puntuales hasta enfatizar “la necesaria integralidad de las políticas” dentro de un enfoque de derechos humanos. Ello se produce junto con la emergencia de un nuevo paradigma de protección social integral, promovido por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud (Jacinto, 2010). Bajo este nuevo paradigma la persona joven deja de ser definida como en etapa de transición y desde sus incompletudes, para ser considerada sujeto de derechos. Desde esta perspectiva se enfatiza la extensión de las alianzas que han implicado la búsqueda de articulaciones intersectoriales y la estructuración de relaciones cívicas que acercan a diversos actores sociales, en un marco de equidad y participación que requiere una efectiva rectoría en juventud (Krauskopf, 2010). Este llevó algunas orientaciones fuertes en vista de la integralidad de las políticas públicas y una ampliación de las concepciones de trabajo, no sólo considerando al empleo formal sino mediante la inclusión del autoempleo.

En este contexto, en México se crean diferentes programas que incluyen acciones de promoción del primer empleo mediante pasantías (Programa de Empleo Temporal-PET), fomento del autoempleo (Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario de la Secretaría de Economía y Programa de Fomento al Autoempleo y Movilidad Laboral Jóvenes con Prospera) y oficinas de empleo encargadas de conectar a los sujetos jóvenes con empresas y mediante exenciones impositivas (Programa de Primer Empleo). Este último fue un programa federal administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo objetivo es subsidiar la demanda privada de empleo formal mediante el subsidio de la parte de la cuota obrero-patronal que le corresponde pagar al empleador (Navarrete, Padróny Silva, 2012).

A partir del siglo XXI, se incorpora una nueva visión de la problemática laboral juvenil que los considera como “actores estratégicos del desarrollo”, en la medida en que son un grupo poblacional muy grande (en el marco del denominado “bono demográfico”) y además están más y mejor preparados que los adultos para lidiar con las dos características centrales de la dinámica de las sociedades en el presente y sobre todo en el futuro: la permanencia del cambio y la centralidad del conocimiento (Rodriguez, 2020). Bajo estas prerrogativas se torna relevante enfrentar la exclusión a través de la articulación de las políticas públicas con un enfoque de transversalidad y equidad. Así se sientan las bases para el desarrollo de políticas de juventud incluyentes, como parte de la implementación del paradigma de ciudadanía juvenil (Krauskopf, 2010).

Mas allá de estas recomendaciones y reformulaciones de la problemática laboral juvenil, consideramos que los programas contienen de manera contradictoria y coexistente diferentes paradigmas que identificaban a los jóvenes como: “etapa de transición”; “grupo de riesgo”, y más recientemente como “sujetos de derecho”; o “actores estratégicos del desarrollo” (Vommaro, 2016; Rodríguez, 2019).

¿Qué futuro y para qué jóvenes? Dilemas de la implementación del PJCF

Como hemos visto en este breve recorrido histórico, hay una larga trayectoria de esfuerzos por mejorar las opciones y condiciones del empleo para las juventudes mexicanas, y a pesar de que han existido varios programas por insertarlos en el mercado laboral formal (pensando que esto significa contar con ciertos elementos como son: prestaciones sociales, contrato y horarios, actividades y salario fijos), resulta importante analizar los aportes y pertinencia de la nueva política para las y los jóvenes implementada por el gobierno de México de López Obrador (2018-2021).

El programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido implementado de manera fugaz pues en su primer año tenía como meta vincular a más de 2 millones de personas jóvenes que no se encontraran trabajando o estudiando a diversos centros de trabajo en todo el país, sin embargo, entre los meses de agosto-septiembre de 2019, alcanzó dicha meta y se detuvo la inscripción de nuevos jóvenes.

En aras de analizar más a profundidad el diseño bajo el que opera el programa, identificamos al menos uno de los cambios en un elemento básico de las reglas de operación: el objetivo general. A continuación, se presenta una tabla comparativa simple con los cambios en el objetivo general del programa en lo que lleva la administración actual.

Tabla 1: Tabla comparativa de «Objetivo general» en ROP 2019, 2020 y 2021 de JCF.

Normativa PJCF
Objetivo general
2019 2020 2021
I. Integrar a jóvenes en actividades de capacitación en el trabajo y, así, dotarlos de herramientas para una vida mejor.II. Alejar a jóvenes del desempleo y del camino de conductas antisociales. 

III. Acelerar la preparación de una reserva de jóvenes para las actividades productivas, en previsión de un mayor crecimiento económico en el futuro próximo.

IV. Incluir al sector privado en las actividades de responsabilidad social para el desarrollo productivo de los jóvenes.

Incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, propiciando la conexión de los mismos con unidades económicas dispuestas y con posibilidad de brindarles capacitación en el trabajo. Incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, propiciando la vinculación de los mismos con unidades económicas dispuestas y con posibilidad de brindarles capacitación en el trabajo.

Fuente: Elaboración propia a partir de las Reglas de Operación del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.


Tomando el primer año como base para comparar los siguientes, resaltamos en color verde las ideas que se conservan en los tres años de implementación y marcando en amarillo aquellas que fueron modificadas o eliminadas de tal manera que generan un cambio sustantivo e importante desde la perspectiva o discurso desde donde se diseñó.

Como podemos apreciar, hay una reducción de planteamientos y alcances originalmente propuestos en 2019 que no están presentes en 2020 y 2021. Se han omitido las ideas que planteaban al programa como una etapa de preparación y previa al trabajo de los jóvenes, que a su vez reforzaban las nociones estereotípicas de los jóvenes como “grupo de transición”, “el futuro próximo”; así como los lineamientos que dejaban ver la construcción moral del proyecto de nación de la “Cuarta Transformación” al enunciar el alejamiento de “conductas antisociales” y ”una vida mejor”, así como “grupo de riesgo”.

A partir de 2020 se modifica este enfoque de preparación y se habla de inserción a actividades productivas donde se da un peso especial como actores claves del programa a las unidades económicas “dispuestas” del sector privado; cambiando de manera ligera pero efectiva en la práctica.

La renuncia a los ambiciosos objetivos del 2019 también demuestra un adelgazamiento de las responsabilidades ante los resultados del programa, pues de plantearse una inclusión al sector privado en 2019 se pasa a una vinculación, donde la contratación o mantenimiento de los jóvenes beneficiaros como fuerza productiva dentro de las unidades económicas “dispuestas” después del año de duración, ya no forma parte de los objetivos del programa.

A su vez, el programa no logra romper una lógica de capacitación o formación para el empleo a través de una relación tutor-aprendiz, donde la capacitación además otorgaba una remuneración económica de $3,600.00 pesos mexicanos al mes en 2019, cifra que cambió a $3,748.00 pesos mensuales en 2020 y se mantuvo en 2021, la cual es otorgada por la STyPS y no por el centro de trabajo en el que se desempeñan. De esta forma, se considera que es un beneficio mutuo: tanto para el centro de trabajo al recibir fuerza de trabajo gratuita ‒por un año‒ como para las y los jóvenes al ser insertados laboralmente de manera temporal habiendo realizado actividades productivas y obteniendo experiencia laboral.

Respecto al acceso al programa, el proceso que las personas jóvenes deben seguir es registrarse en la plataforma del programa y subir una serie de documentos básicos personales (CURP, INE, comprobante de domicilio, etc.)[4] a la plataforma digital[5] para que estos puedan ser validados por personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), posteriormente elegir un centro de trabajo acorde a sus intereses desde una lista general que se despliega.[6] En este listado es posible visualizar todas las opciones de “vacantes” que hay dentro del programa en los diferentes centros de trabajo, los cuales están conformados por el sector público, el sector privado y organizaciones sociales, sumando más de 360 mil centros de trabajo verificados.

Una vez seleccionada la “vacante”, es necesario consolidar una entrevista de el o la aprendiz con el tutor/a y si ésta resulta favorable, se procede a aceptarla/lo. Se pacta una fecha de inicio y se comienza con la vinculación y capacitación.

Es en estas dos situaciones donde consideramos que se presentan barreras de inclusión de todas las juventudes al programa, por posibles sesgos de discriminación y que puedan vulnerar los derechos de las y los jóvenes. Se dejan de lado dos situaciones: 1) como nos lo ha dejado más claro el contexto de pandemia, hay personas jóvenes que no cuentan con las herramientas ni condiciones necesarias para poder inscribirse o acceder a la plataforma digital, y 2) por otro lado, se abre otra posibilidad de exclusión o discriminación hacia las personas jóvenes por parte de las y los tutores, quienes apelan a sus propios criterios de selección, pues no existe un acompañamiento real o significativo por parte de la STPyS ante este procedimiento.

Por otro lado, pensar a las y los jóvenes como “mano de obra gratuita” para los centros de trabajo, reproduce una de las perspectivas legítimas y validadas por las instituciones, como son las pasantías o jóvenes que realizan su servicio social o son becarias/os sin tener efectos o compromisos concretos de contratación al terminar su realización. Se podría pensar que la figura del “jefe” es sustituida por la de un tutor y la del “empleado” por un aprendiz. Bajo el entendido de que la tarea principal de las y los tutores es acompañar el desarrollo, avance y complicaciones de los conocimientos y habilidades que el/la aprendiz ponga en marcha durante la capacitación.

El supuesto es que dicha política está coadyuvando a la integración de personas jóvenes al mercado de trabajo formal, a través de convenios con diversas empresas privadas (grandes y pequeñas) e instituciones (públicas u organizaciones de la sociedad civil) para insertar, eventual y posiblemente contratar, a las y los jóvenes que demuestren tener las habilidades y capacidades para ocupar un puesto de trabajo después de cierto tiempo comenzada la capacitación en la empresa o centro de trabajo (que puede durar hasta 12 meses)[7].

Sin embargo, lo que los datos están demostrando es que la educación formal aparentemente, o no es suficiente o no es el problema ante la inserción laboral al mercado de trabajo formal. Al momento de registrar los datos o inscribir a las personas jóvenes al programa se puede notar que, si bien hay jóvenes que sólo poseen niveles de educación media o media superior, también existe un número significativo de jóvenes que tienen nivel licenciatura. La base de datos propia del PJCF deja ver que, el 45% de las y los aprendices vinculados tienen nivel medio superior, 28% nivel secundaria, 14% nivel superior, 10% primaria, 3% carrera técnica y menos del 1% posgrado.[8]

Es aquí donde empiezan a surgir interrogantes: ¿qué está pasando con la oferta-demanda del mercado laboral de profesionistas, qué jóvenes con licenciatura no están incorporados en alguna esfera laboral?, ¿de qué condiciones y contextos de género, clase y raza vienen estos jóvenes altamente calificados que se encuentran desempleados?

Aún más, consideramos que hay una tercera barrera: la experiencia de las personas jóvenes beneficiarias del programa que renuncian o lo abandonan tempranamente al no cumplir las expectativas laborales que se tenían, ya sea por la designación de tareas diferentes o más demandantes a las planteadas en la convocatoria o entrevista con los centros de trabajo o caso contrario, por el menosprecio y burocratización sin actividades laborales de su estancia en los espacios de trabajo.[9]

A pesar de contar con investigaciones y datos que reflejan otras problemáticas aunadas al desempleo juvenil (flexibilización, outsourcing, mercado laboral, demanda laboral, educación formal e informal, etc.) (cita de al menos dos trabajos), la estrategia utilizada ‒una vez más‒ es recurrir a las capacitaciones o formación para el trabajo en términos proyectivos y no presenciales.

Hay un sesgo de planeación que considera erróneamente a los y las jóvenes beneficiarias como personas que se encuentran desempleadas y con nulos o bajos niveles de estudios pues las vinculaciones a los centros de trabajo en la práctica se traducen en puestos de actividades técnicas, altamente precarizados y con pocas condiciones de contratación o movilidad dentro del centro de trabajo.

Es así que, desde nuestro punto de vista a raíz de los primeros datos del programa JCF, consideramos que existen tres panoramas de jóvenes que representan focos rojos a tener en cuenta y mejorar en el programa: 1) jóvenes con licenciatura o posgrado en capacitaciones para, tal vez eventualmente, ocupar puestos que no concuerden con sus expectativas en términos de actividades o salario, 2) jóvenes que, a pesar de tener licenciatura o posgrado, no serán contratados finalmente por estar sobrecalificados para las vacantes disponibles y volverán al desempleo, 3) jóvenes con niveles de educación bajos (primaria y secundaria) con empleos que no podrían estar considerados como “trabajo decente” por varias razones. Probablemente estas tres hipótesis estén más relacionadas entre sí de lo que podemos ver, sin embargo, sabemos que es necesaria una investigación más extensa al respecto.

Bajo estas preocupaciones, lo que probablemente el programa JCF no está considerando es: el perfil de las y los jóvenes inscritos, las experiencias de programas anteriores parecidos, los niveles de educación y profesionalización que tienen ya las y los jóvenes; que, aun así, no logran conseguir empleos (dignos).

La respuesta no está en otra política encaminada a las capacitaciones o formación en el empleo sino en dejar de pensar en las juventudes en términos transitorios, en etapa de formación y preparación “del futuro”. Los y las jóvenes no están requiriendo un trabajo para el futuro sino para ahora, no están en una etapa de formación sino en condiciones de trabajar bajo condiciones dignas.

Más allá de las reflexiones que podamos hacer en términos de eficacia y eficiencia de esta política pública y los instrumentos que implementa, nuestra preocupación radica en el tipo de empleos a los que pueden acceder las distintas juventudes pensando en las condiciones materiales y subjetivas a las que se enfrentan. Pues lo cierto es que, si bien el PJCF logra fungir como vínculo entre las y los jóvenes con empresas o instituciones que están en busca de personas colaboradoras y agiliza o facilita esta búsqueda, no sabemos a qué jóvenes y a qué empleo…. Y sobre todo ¿qué futuro?


Bibliografía

Balardini, Sergio (1999), “Políticas de juventud: conceptos y la experiencia argentina”, en Última Década, núm. 10, pp. 89-128.

Bayón, María Cristina (2019), “La construcción social de la desigualdad. Reflexiones sobre convivencia y justicia social en tiempos de neoliberalismo”, en Las grietas del neoliberalismo. Dimensiones de la desigualdad contemporánea en México, México, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México,  pp. 9-38.

Brown, Brenda (2017), “Sistema de Protección social y Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas. El ‘paradigma de activación’ en Argentina 2003-2013”, tesis de maestría, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

De Ibarrola, M. (2002) “Hacia una mirada integral de la formación de los jóvenes para el trabajo”, en De Ibarrola (comp.), Desarrollo local y formación: Hacia una mirada integral de la formación de los jóvenes para el trabajo, Montevideo, Cinterfor.

Gallart, María Antonia (2008), Competencias, productividad y crecimiento del empleo: el caso de América Latina, Montevideo, Oficina Internacional del Trabajo.

Herger, Natalia (2008), “Las barreras para la construcción de proyectos de educación y formación para el trabajo”, en Agustín Salvia (coord.), Jóvenes promesas. Trabajo, educación y exclusión social de jóvenes pobres en la Argentina, Madrid, Miño y Dávila, pp. 13-32.

Jacinto, Claudia (2016), “Redefiniendo la empleabilidad en los programas de formación e inserción laboral de jóvenes. El rol de las organizaciones de la sociedad civil”, en Eleonor Faur (comp.), Repensar la inclusión social. Políticas públicas y sociedad civil en la Argentina (1991-2016), Buenos Aires, Capital Intelectual, pp. 109-134.

————– (2010). “Veinte años de políticas de formación para el empleo de jóvenes vulnerables en (ALAP) – Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). América Latina: persistencias y reformulaciones”, en Claudia Jacinto (comp.), La construcción social de las trayectorias laborales de jóvenes: políticas, instituciones, dispositivos y subjetividades, Buenos Aires, Teseo, Ides., pp. 119-148.

Krauskopf, Dina (2004), “Perspectivas sobre la condición juvenil y su inclusión en las políticas públicas”, en Ernesto Rodríguez, Políticas de juventud en Latinoamerica. Argentina en perspectiva, Gerber, Elisabet y Balardini, Sergio comps. FES/FLACSO. Buenos Aires.

Lineamientos del Programa Federal Jóvenes Construyendo el Futuro 2010. Disponible en línea: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5564450&fecha=28/06/2019

Navarrete, Ema Liliana, Mauricio Padrón Innamorato, y Adriana Carolina Silva Arias (2012), “La Inserción Laboral de los Jóvenes y las Políticas de Empleo en Colombia, México y Uruguay”, en Mauricio Padrón Innamorato, y Luciana Gandini (coords), Población y trabajo en América Latina: abordajes teóricoconceptuales y tendencias empíricas recientes. Serie investigaciones, núm. 14, Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) – Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Reglas de Operación, Programa Federal Jóvenes Construyendo el Futuro (2020), Disponible en línea: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585918&fecha=10/02/2020

Reglas de Operación, Programa Federal Jóvenes Construyendo el Futuro 2021. Disponible en línea:https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608583&fecha=23/12/2020

Rodríguez, Ernesto (2010), “Políticas públicas de juventud en América Latina y el Caribe: ¿Qué sabemos sobre planes, institucionalidad y herramientas?”, en Tendencias en Foco, núm. 15. Disponible en línea:

http://www.celaju.net/wp-content/publicaciones/2012/11/PPJ-y-DS-en-ALC-version-final.pdf

  1. Maestrante en Gobierno y Asuntos públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
  2. Doctora en Humanidades y Artes con Mención en Antropología por la Universidad Nacional de Rosario (UNR)
  3. Este programa ‒dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social‒ inició sus operaciones en enero de 2019 y es uno de los programas prioritarios de la política social establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND)
  4. Requisitos que ya sesgan el acceso al programa. La población joven en situación de calle, por ejemplo, usualmente no cuenta con estos documentos o formas de obtenerlos.
  5. La estrategia utilizada para combatir la brecha digital, es enviar a servidores de la nación (trabajadores de la Secretaría) a las poblaciones rurales y realizar el registro tanto de centros de trabajo como a personas jóvenes de forma manual en dispositivos electrónicos.
  6. La validación de centros de trabajo ha presentado distintos problemas pues no cumplen con todos los requisitos (documentos o formatos establecidos, fotos del establecimiento, manual de actividades, entre otros) de forma clara.
  7. Sobre este tema, es interesante recordar que las personas jóvenes solo tienen una oportunidad para aprovechar el programa. Es decir, si en el lapso total de su estancia en el programa, no son contratados por una empresa o institución, no es posible volver a inscribirse al programa.
  8. Datos obtenidos de la plataforma digital PJCF. Consultada en línea el 5 de julio de 2021. Disponible en: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/datos/
  9. Esta información se obtuvo durante el trabajo de campo realizado en 2019, gracias al proyecto PAPIIT IN300418 “Nuevas incertidumbres en el mundo del trabajo: condiciones y percepciones de (in)seguridad laboral en México”, a cargo de la doctora Fiorella Mancini del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.