En México, en 2020, en plena contingencia sanitaria provocada por el Covid 19, fueron asesinadas 3 mil 723 mujeres y niñas, de las cuales 2 mil 783 fueron homicidios dolosos, y 940 feminicidios (SSP y PC, 2021). Aunque es importante que estos datos se conozcan para actuar frente a este problema, desafortunadamente, los datos oficiales no dan cuenta de las especificidades de lo que acontece con las niñas y adolescentes mexicanas que han sido asesinadas -sea homicidio o feminicidio- en un contexto de relaciones de poder por género y edad, en relaciones sociales racializadas.[2] Ésto, a pesar de que el feminicidio ha sido destacado como sólo “la punta del iceberg” (Segob, Inmujeres, Conavim, ONU-Mujeres, 2020), señalando la necesidad de captar un inmenso, aunque invisible, continuum de violencias contra niñas y adolescentes

En 2018 las caravanas centroamericanas marcaron un punto de quiebre en las migraciones de la región Centroamérica-Norteamérica. Los perfiles de las personas se invirtieron de manera visible por primera vez: las mujeres y los niños superaban las cifras de los hombres. De acuerdo con el conteo realizado por el Ayuntamiento de Suchiate el 20 de octubre de 2018, cuando el primer grupo de personas había ingresado a México, la caravana se conformaba por: 2 622 hombres, 2 234 mujeres, 1 070 niños y 1 307 niñas; es decir, del total de 7 233 personas contabilizadas, el 64% eran mujeres, niñas y niños, mientras que el 34% eran hombres (Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, 2019: 19). Además, de acuerdo con los datos recopilados en el albergue Benito Juárez en Tijuana, en noviembre de 2018, ante la pregunta ¿cómo viajas? Las respuestas de las y los caravaneros fueron las siguientes:

Desde el inicio de la pandemia por Covid-19, diversas organizaciones nacionales e internacionales advirtieron que la violencia contra las mujeres aumentaría en los hogares, como ya había sucedido en otros casos de confinamiento masivo en el mundo. En abril, por ejemplo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que en países donde ya existían altos niveles de violencia contra mujeres y niñas, el riesgo de que ésta se exacerbara se incrementaría debido al confinamiento. A éste se añaden también las presiones económicas y las condiciones de precariedad como factores potenciadores de conflictos y tensiones previas. Casi un año después, las cifras y testimonios publicados por diversas organizaciones confirman los efectos nefastos de la conjunción de dos pandemias: la del Covid-19 y la de la violencia machista. Aunque tal vez sea la que más se ha hecho visible, gracias al activismo de diversas colectivas, la violencia creciente contra mujeres y niñas forma parte de una pandemia de violencia más amplia, la de las violencias delincuenciales sociales y comunitarias que han devastado al país desde hace más de una década y que, pese al confinamiento, no han menguado.

Desde hace varias décadas se ha observado que las defensoras de derechos humanos están expuestas a diferentes tipos de violencias, las cuales tienen un impacto importante en sus vidas, en sus entornos y en el sostenimiento de sus demandas. Sin embargo, en la época actual, se ha visto un incremento de la violencia, la cual se ha generado por la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus SARS-COV2 que ha afectado a gran parte de la humanidad, especialmente a los grupos que históricamente son vulnerables frente a los embates del sistema capitalista-neoliberal.

En los últimos tiempos se ha estado hablando de personas o relaciones tóxicas. Se trata de un término de moda reproducido en innumerables artículos en internet y otros medios de comunicación en los que se dan consejos sobre cómo tener una vida mejor evitando a las personas dañinas por su comportamiento. Se trata de un término proveniente de nociones emocionales o psicológicas cuyo origen es difícil de rastrear y que se refiere, en general, a individuos egocentristas y narcisistas que impiden el crecimiento de las personas con las que se relacionan.

En situaciones en las que ha desaparecido una persona, la presunción de que se ha cometido un delito es criterio fundamental para detonar las acciones de búsqueda inmediata, tal y como lo señala el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas. Es premisa en la medida en que no debe ser demostrada para suscitar la conclusión de que es necesario buscar.

Lo que no se puede medir, no existe. Lo que no existe, no aparece en los mapas. Si bien los estudios críticos se han enfocado en poner en duda los marcos de medición, y de visibilización, oficiales y legitimados desde el Estado, es preciso hilar desde los distintos métodos puestos en campo, por un lado, para la producción de datos sobre violencia, en específico violencia contra las mujeres, y por el otro, las categorías analíticas propuestas para registrar, sistematizar y analizar estos datos. La recolección de datos sobre violencia contra las mujeres ha sido impulsada por el movimiento feminista a través de herramientas multimetódicas, a partir de las cuales la medición del fenómeno ha sido clave para entenderlo e impulsar acciones para erradicarlo. A través de la medición estadística, tanto el Estado mexicano como organizaciones de mujeres y la academia, han presentado datos que permiten representaciones cartográficas de las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres para entender su prevalencia, tendencia y distribución espacial. Sin embargo, se evidencia que los datos carecen de perspectiva interseccional, lo que impide entender a profundidad el contexto de violencia, así como las distintas formas de agravio y afectación. Es preciso cuestionar la cartografía oficial a través de contracartografías críticas desde contextos locales, por los cuales la propuesta de poner al centro el territorio cuerpo-tierra de las mujeres se vuelve imprescindible para analizar el despliegue de la violencia entre escalas geográficas, a partir de la experiencia de las mujeres en el contexto de talleres participativos.

La madrugada del 3 de mayo de 2017, junto a una caseta telefónica cerca de la Torre de Ingeniería en el campus de Ciudad Universitaria de la UNAM, el personal de vigilancia y el patrullaje interno, encontró el cuerpo muerto de una joven mujer. Era Lesvy Berlín Rivera Osorio, una chica de 22 años integrante de la estudiantina de dicha casa de estudios.

En el año 2019, Vania[1] tenía 14 años y vivía en un barrio periférico de la Ciudad de México (CDMX). Desaparece el 12 de febrero para reaparecer en su domicilio 14 días después. Aparentemente, Vania vuelve sola a su casa. Se cierra en sí misma, no quiere hablar con nadie. Al reaparecer la hija, los padres deciden retirar la denuncia de desaparición. El Ministerio Público considera cerrado el caso y las autoridades no siguen investigando los motivos de la misma. Tres meses después, el 1 de abril del 2019, Vania vuelve a desaparecer. También esta vez su desaparición sigue la misma dinámica: desaparece y vuelve sola a su domicilio dos semanas después.

He tocado fondo en el laberinto de la vida sabe a soledad, huele a olvido mi caída no se detiene temo acostumbrarme a su nauseabundo olor