Por los caminos de la Meseta P’urhépecha rumbo al valle agrícola de Los Reyes, ya no se observa aquel paisaje boscoso lleno de neblina, típico del amanecer tarasco que describiera Aguirre Beltrán. Los pinos se han talado para plantar aguacate. Ahora, se aprecian hileras amarillas de scholar bus viejos y camionetas con mujeres que se desplazan al corte de zarza.[1] A este jornal, se han incorporado incluso las comuneras del pueblo autónomo de Nurio, en donde La Marcha del Color de la Tierra en 2001 dejó sus huellas y en el cual los órdenes de género p’urhépechas han mantenido históricamente una fuerte restricción de la movilidad de las mujeres. Este fenómeno está transformando drásticamente la vida cotidiana de las comuneras al pasar de campesinas y artesanas a trabajadoras asalariadas.

I. Las caravanas migrantes centroamericanas forman parte de la conformación de un movimiento migratorio que ha tomado fuerza en los últimos años. La articulación de migrantes en tránsito por México en Caravanas comenzó en el año 2010, cuando personas migrantes provenientes de Centroamérica, acompañadas de personas activistas, religiosas y defensoras de derechos humanos, organizaron de manera anual “caravanas” y “viacrucis migrantes”. Esta organización social responde a diversos factores, entre ellos, es una respuesta al fortalecimiento de la securitización y criminalización de las migraciones irregularizadas,[1] y a que México se ha convertido en una fosa y geografía de desapariciones para las personas migrantes precarizadas. De esta manera, estos movimientos migratorios masivos y en colectivo representan seguridad, autocuidado y también un acto político que pone de manifiesto la apropiación de las personas a su derecho de movilidad y libre tránsito.

Si bien la violencia contra las mujeres y las niñas y su manifestación más radical, el feminicidio, se expresan de manera directa en actos de individuos y en hechos concretos, resulta fundamental trascender una perspectiva explicativa centrada en la relación entre víctima y victimario, o en las motivaciones individuales, traducidas en actos personales ajenos al entramado de la configuración social que los explica. La violencia feminicida, dentro de la cual el feminicidio es una expresión extrema, tiene como base y origen situaciones estructurales y sociales en las que la seguridad de las mujeres y las niñas no está garantizada por parte del Estado, ya que no abate las condiciones de desigualdad que vulneran su acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la tenencia de la tierra, a la alimentación, a la libertad de expresión, de movilidad y al acceso a una vida libre de violencia.

Óscar González Gómez (UACM- Red de Feminismos Descoloniales) | osquimx@gmail.com Primera Marcha del Orgullo en la Ciudad de México. Imagen con autorización del Archivo: Centro de Documentación de las Homosexualidades…

El año pasado tuve la oportunidad de participar como estudiante en el Diplomado del INAH sobre capacitación en periciales antropológicas, e identifiqué a muchas jóvenes –antropólogas y de otras disciplinas- en proceso de titulación de licenciatura o recién egresadas-, con ese empuje, fuerza, energía y compromiso feminista por aportar en la construcción de una sociedad dónde ser mujer no implique un riesgo de muerte. Varias veces durante las sesiones del diplomado preguntaron “¿qué hago para hacer una pericial en antropología en casos de feminicidio?” Para ellas, y para muchas otras compañeras y colegas, aquí mis apuntes compartidos.