Yafza Reyes-Muñoz[1]
Investigadora independiente
Michel Ange Joseph[2]
CIJYS, Chile
Ilustración de Ichan Tecolotl con foto de Wikimedia Commons
Este texto da cuenta de situaciones de violencia extrema que han sufrido mujeres haitianas que han sido madres en Chile, a partir de un trabajo de revisión documental en prensa, así como entrevistas realizadas por el equipo de trabajo. En él se destacan situaciones de negligencia médica que terminaron en la muerte de algunas de ellas, así como casos de separación de sus hijos/as —incluyendo secuestros—, y esterilizaciones forzadas. Esperamos que este trabajo contribuya a visibilizar las maneras en que el racismo estructural se cobra la vida de las mujeres haitianas y la desprotección a la que han quedado expuestos sus hijos/as.
Introducción
Haití tiene, según datos del Banco Mundial de 2023, una población de casi doce millones de personas; sin embargo, debido a procesos de explotación internacional tras su independencia de Francia en 1804, corrupción de las élites nacionales, además de embates naturales que no le dan tregua, el 80% vive bajo el umbral de la pobreza, y su economía es una de las más pobres del continente americano, por lo que, desde hace un par de décadas, se ha iniciado un éxodo masivo de sus habitantes hacia diversas latitudes del mundo, en un hecho que, a todas luces, puede inscribirse en lo que se ha llamado desplazamientos forzados. Países de América del Norte y algunos de América Latina, entre ellos Chile, han sido elegidos para construir nuevos proyectos de vida, más justos, humanos y dignos, pero esto no ha sido fácil, a pesar de sus estrategias de agencia y movilización social en los países de destino.
En el caso de Chile, el racismo estructural de un país que se ve a sí mismo como blanco ha jugado un papel fundamental en las narrativas de la ciudadanía chilena con relación a las mujeres haitianas, cargadas de juicios clasistas y racistas; narrativas que les han situado como sujetos carentes de capital social, económico y de agencia, y, por tanto, como migrantes no deseados (Fernández Véliz, 2019; Reyes Muñoz et al., 2021; Stang Alva et al., 2020).
Estas narrativas se hacen más evidentes cuando se entrecruzan en los cuerpos haitianos las categorías de clase y raza con las de género, maternidad e idioma, lo que queda de manifiesto en innumerables situaciones de violencia extrema contra mujeres haitianas que han sido madres en Chile, que van desde muertes por negligencias policiales y médicas hasta sustracción de menores a manos de cuidadoras chilenas (Abarca Brown, 2018; González P. et al., 2019; Quintana, 2017; Reyes Muñoz y Chatelier, 2023; Reyes Muñoz y Muñoz Sánchez, 2021), dando cuenta de la violencia interseccional que han sufrido las mujeres haitianas en Chile.
A continuación, presentaremos algunos de estos casos, para luego analizar estas situaciones de violencia racial estructural, como entramados de discriminación, vulnerabilidad y violencia que se intersectan de manera brutal sobre las vidas de las mujeres afrodescendientes.
Desarrollo
Joane Florvil era una mujer haitiana de 28 años, que falleció el 30 de septiembre de 2017 en la urgencia del hospital clínico de la Universidad Católica en “extrañas circunstancias” luego de constatarse lesiones en su cabeza mientras estaba detenida. Todo comenzó un mes antes, cuando fue víctima del robo de sus documentos de identidad y, para poder recuperarlos, corrió tras el ladrón, dejando a su bebé de dos meses a cargo de un guardia de seguridad. Éste, al no entender la actitud de Joane, emitió una denuncia por abandono de menores a la policía local y la justicia chilena la acusó de dejar sola a su hija en la vía pública (La Mura, 2020), todo esto sin traductor ni abogados. Su imagen esposada y sollozante circuló en todos los medios de comunicación de Chile como “la madre haitiana que abandona su hija” (Acuña Sepúlveda, 2020). Comenzó así el calvario de ella y su familia, pero además un relato que persiste siete años más tarde: las mujeres haitianas no tienen apego por sus hijos/as, no saben o no quieren criar, no cuidan, y, en definitiva, no quieren a sus hijos/as.
Su caso cerró sin culpables, pero se reabrió en 2021, tras un requerimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos por apremios ilegítimos contra la joven madre. Hasta 2024 no hay culpables ni reparación para su hija ni para su esposo, a quién no se le permitió recuperar a su bebé del hogar del Servicio Nacional de Menores (SENAME), sino hasta dos meses después de la muerte de Florvil. Un caso estremecedor que nos da luces de lo difícil que fue, desde sus inicios, la vida de las mujeres migrantes haitianas en Chile (El Mostrador, 2021).
Rebeka Pierre, médica haitiana de 38 años y madre de un niño de cinco, falleció el 16 de mayo de 2019 en la vía pública luego de ser dada de alta del hospital Félix Bulnes en Providencia, porque no tenía, supuestamente, ningún problema de salud. Esto a pesar de que en el Centro de Salud Familiar Steeger —en otra comuna— le habían practicado exámenes y constatado graves problemas cardíacos, razón por la cual fue derivada de urgencia y en ambulancia hasta el mencionado hospital (Figueroa, 2019). La municipalidad de Cerro Navia (donde residía Pierre) se querelló contra el hospital por negligencia médica y la investigación quedó en manos de la fiscalía Metropolitana Centro Norte y de la indagatoria administrativa que se inició al interior del hospital (Villarroel, 2019). Hasta hoy no hay antecedentes formales ni personas acusadas por el caso. La periodista Natalia Figueroa (2019: 1) señalaría que “su muerte refleja el racismo estructural más crudo que afecta al sistema social chileno”. Rebeka estaba embarazada de nueve semanas al momento de su deceso.
Monise Joseph tenía 31 años cuando falleció el 23 de mayo de 2019 en el hospital Barros Luco, por una supuesta “diferencia idiomática” que le impidió a los/as profesionales de salud comprender cuál era su problema. Pero “Monise Joseph no llegó sola al hospital, llegó acompañada de su marido quién sí hablaba español y explicó a los/as profesionales que la atendieron que presentaba tos, fiebre y sangrado transvaginal” (Toro, 2019; p.1) Existe una investigación en la Fiscalía Metropolitana Sur por negligencia médica, pero hasta la fecha no hay responsables ni medidas de reparación para su familia (Toro, 2019).
Wislande Jean tenía 30 años y era madre de una bebé de cinco meses. Falleció el 3 de julio de 2020 por COVID-19 en su hogar, en el Campamento Villa Dignidad de la comuna de Lampa.
A pesar de sus antecedentes de asma —es decir que era paciente de riesgo— no le realizaron el test PCR, ya que, según los médicos, no presentaba síntomas adicionales a la fiebre y el dolor muscular. Ese mismo día fue derivada a su hogar, solo con paracetamol y salbutamol […] La madrugada del viernes 3 de julio ya estaba grave […] La ambulancia llegó a las 11 sólo para ser testigos del deceso, porque ya no había más que hacer […] a las 12 y media llegó carabineros para constatar la muerte […] recién a las 10 de la noche vinieron a retirar el cuerpo. (Barraza, 2020)
Nunca hubo una investigación para esclarecer los hechos y su caso simplemente fue archivado y olvidado.
También destacamos el caso de Gina Evra, enferma de cáncer terminal de 33 años que accedió a un tratamiento paliativo en Chile y solicitó regresar a Haití para morir junto a sus dos hijos que estaban en su tierra de origen. Sin embargo, debido a que su visa había vencido el 8 de enero del 2020, el departamento chileno de extranjería no le permitió salir del país, cobrándole además una multa por no regularizar su situación migratoria. Gracias a las gestiones de la Comunidad Haitiana en Chile, además de una denuncia en la prensa nacional, pudo viajar a Haití donde falleció el 12 de noviembre de 2021. Su caso revela al menos dos aristas complejas de ser analizadas desde el racismo institucional que deben sortear las mujeres haitianas en Chile: primero, el tratamiento poco ético de su diagnóstico en la prensa, en el cual se daban detalles íntimos de su situación, y segundo, la negativa del Estado chileno de permitirle salir del país por no regularizar su situación migratoria, a pesar de encontrarse en estado terminal, con tratamiento de quimio y radio paliativo y pérdida de tejido constante (C.H.V. Noticias, 2021).
Por su parte, Vitha Malbranche fue internada en un hospital psiquiátrico de Iquique en el norte de Chile, en febrero de 2019, tras presentar un cuadro ansioso en un autobús y practicar lo que los demás pasajeros catalogaron como “un ritual” en el que pidió ayuda mediante rezos y danzas. Fue detenida por “desórdenes en la vía pública” e internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de Psiquiatría de Adultos, y separada de su hijo de siete meses, que hasta ese minuto llevaba un proceso de lactancia ininterrumpida.
El día 13 de febrero se llevó a cabo una audiencia en el Tribunal de familia, la cual determinó que el niño fuera trasladado desde el Hospital Regional de Iquique a una residencia para lactantes y que Vitha permaneciera internada en la UCI de Psiquiatría. Lo anterior, a pesar de que demostró que no presentaba signos de ningún tipo de problema de salud mental y que tampoco el niño presentaba signo alguno de maltrato o descuido. Durante la primera semana que estuvo internada, Vitha no pudo ver ni amamantar a su hijo y tampoco contó con traductor/a que le informara las razones por las cuales se encontraba en el recinto hospitalario. (Fundación Henry Dunant, s. f.)
En otra audiencia, 17 días después de los hechos, un juez de familia le devolvió a Vitha la custodia de su bebé, señalando que el brote de psicosis amnésica diagnosticado se debió a una situación puntual de estrés. Gracias a la “Coordinadora de Apoyo a Vitha y su hijo” abandonó el Chile poco tiempo después (Cociña Cholaky, 2019).
Finalmente exhibimos los casos de Daniela Pierre y Maribel Joseph, mujeres que fueron separadas de sus hijas/os por funcionarios estatales por supuestos “malos tratos”.
En el caso de Pierre, funcionarios de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) junto a agentes policiales se llevaron a sus hijos/as por maltrato y abandono, estableciendo en un informe que los/as niños/as estaban con bajo peso y sucios. Fueron derivados e internados en un hogar del Servicio Nacional de Menores (SENAME) —residencias para infancias víctimas de graves vulneraciones a sus derechos—, de la comuna de Estación Central. Asesorada por abogadas feministas, logró probar que los informes realizados por agentes del Estado contenían información falsa y sesgada por prejuicios racistas y clasistas, lo que implicó que, en abril de 2021, el Estado chileno reconociera su error en el procedimiento de separación, decretando medidas de reparación para ella y su familia (El Mostrador Braga, 2021).
El caso de Maribel Joseph es aún más aterrador. En mayo de 2018 perdió la custodia de sus hijos por encontrarse en situación de calle. Fue entonces cuando Katherine Díaz Sanhueza, tras ver un anunció en redes sociales, se ofreció para que Joseph y su bebé viviesen en su casa de Viña del Mar mientras buscaba empleo y un lugar donde vivir. Bajo estas condiciones, y con la intención de reunir dinero para su familia, Maribel aceptó un trabajo en Santiago, dejando a su hija (de lunes a viernes) al cuidado de Díaz. En los controles médicos de la pequeña, en el centro de salud local, los/as profesionales notaron la ausencia de Maribel y la acusaron de abandono. Esta “situación fue informada a la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Viña del Mar [y] sin previo aviso, funcionarios llegaron hasta la casa [de Díaz], donde fue sacada por carabineros y derivada a un centro del SENAME” (Fuentes, 2018). Un mes después, la Brigada Migrante Feminista y diferentes organizaciones civiles presionaron mediáticamente por este caso, en las afueras del Juzgado de Familia de Viña del Mar, el que finalmente decretó que la niña fuese devuelta a su madre (y a la cuidadora chilena). Un año después el tribunal alertó que la cuidadora chilena no era idónea para cuidar a la pequeña y que debía iniciarse un proceso de revinculación exclusivo con su madre biológica. Sin embargo, en octubre 2019, Katherine Díaz se dio a la fuga, incumpliendo la resolución judicial y secuestrando a la niña (TVN, 2021).
Estos casos no son aislados y representan una violencia extrema y estructural contra las mujeres haitianas que son madres en Chile y que tienen una condición socioeconómica vulnerable, pero, además —como se vio en la mayoría de los casos—, que no hablan español. Es así como vemos que se intersectan condiciones de clase, género, diferencia idiomática, maternidad y por supuesto la categoría étnico-racial “afrodescendiente” como clave en dicha violencia estructural (Reyes Muñoz et al., 2021; Reyes Muñoz y Chatelier, 2023).
Lastimosamente hemos sido testigos de otra forma de violencia racial en Chile, la que nos remite a tiempos de limpieza étnica y eugenesia. Nos referimos a las esterilizaciones forzadas, procedimiento médico que se ejecuta en ausencia del completo, libre e informado consentimiento de una persona, o que se realiza a pesar del rechazo expreso (The World Medical Association, 2011).
Denuncias contra esta práctica favorecieron que en 1995 se reconociera a nivel internacional como un tipo de violencia contra las mujeres (Naciones Unidas 1996), y que desde 1996 se identificara como problema mundial de salud pública (World Health Assembly 1996); como crimen de lesa humanidad y delito grave de violencia sexual (Asamblea General de Naciones Unidas 1998); como acto de tortura, trato cruel, inhumano y degradante hacia las mujeres (United Nations Human Rights Council 2008); y como acto que atenta contra el derecho a condiciones que propicien la salud (OMS 2009). (Yupanqui-Concha et al., 2021: 59)
Lamentablemente, esta práctica continúa siendo una de las violaciones de los derechos humanos más generalizados a nivel mundial.
Un caso alarmante sucedió entre 1996 y 2001 bajo el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, cuando cerca 300.000 mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento, la mayoría indígenas de origen quechua, no hablantes del español y de bajos recursos económicos (Uchoa, 2021).
Sin embargo, en Chile también existen casos, que, aunque no de la magnitud del vecino país, son igual de significativos y constituyen una explicita violación a los derechos de las víctimas. Recordemos a “Francisca”, diagnosticada de VIH estando embarazada de su único hijo, y a quién se le practicó deliberadamente una esterilización en la Región del Maule, en 2002. Dos décadas después y tras una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos “el gobierno de Chile firmó un Acuerdo de Solución Amistosa […] el 3 de agosto de 2021 y acordó ‘proporcionarle reparaciones a ella y a su hijo e implementar medidas de no repetición que garanticen el consentimiento informado y permitan a las personas que viven con VIH el acceso sin discriminación a servicios de salud’” (Pighi Bel, 2020).
Lamentablemente este caso no es el único. En el año 2022 se hizo pública la denuncia sobre esterilizaciones forzadas que involucraron a ciudadanas chilenas y también haitianas, en las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso y Maule (Meganoticias, 2022).
La Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJYS) ha documentado al menos 10 denuncias por violencia obstétrica, y, de ellas, siete son por esterilizaciones forzadas (Morales, 2023). Las mujeres denunciantes han relatado que se les preguntó sobre la esterilización durante el mismo proceso de parto, sin traductor y sin consentimiento informado, ni tampoco presencia de parejas o personas de confianza, algo explícitamente prohibido en la circular de parto respetado en Chile y en la nueva Ley integral de violencia contra las mujeres (Biblioteca del Congreso Nacional, 2024).
Marie de 23 años, fue contactada en 2022 por la Fundación CIJYS después de que su esposo hiciera la denuncia. Su familia reconoce que fue esterilizada en un hospital público, sin presencia de un facilitador lingüístico y sin su pareja. Según su relato, el personal médico le entregó un papel para firmar y luego del alta se fue a su domicilio. Se enteró de que estaba esterilizada tiempo después, cuando acudió a un control. No ha tomado acciones legales contra el Estado chileno y los/as profesionales responsables por miedo a ser deportada.
Madeline, de 39 años, también fue esterilizada durante su parto por un equipo médico. Según la denunciante, le dieron un documento para firmar durante el dolor de parto, en una cesárea de emergencia. Sobrevivió ella y también su hija, sin embargo, no fue informada de que esa sería la última vez que iba a tener un hijo.
Conclusiones
Todos los casos revisados constituyen violaciones gravísimas de los derechos humanos de las mujeres haitianas que son madres y que viven en Chile, y reflejan de manera explícita y sin posibilidad de otras lecturas, una intersección de factores de discriminación, vulnerabilidad y poder, donde el género, la nacionalidad, el idioma y la condición socioeconómica, además de la etnicidad y la raza, colocan a las mujeres haitianas en una posición de profundo menoscabo y desventaja.
Por ello el Estado chileno debe, urgentemente, implementar políticas de salud con perspectiva intercultural, pero además con justicia lingüística, racial y de género. La capacitación del personal médico, jurídico y social en derechos humanos con enfoque antirracista, y la incorporación de traductores/as y el monitoreo de procedimientos, son medidas fundamentales para erradicar la violencia gineco-obstétrica hacia las mujeres migrantes, así como también la capacitación a agentes de prensa que sean capaces de dar a conocer estos crímenes sin revictimización a las víctimas y, por supuesto, sin sesgos.
El trabajo de la Comunidad Haitiana en Chile y de organizaciones migrantes y pro-migrantes, y el compromiso de la Fundación CIJYS y de investigadoras e investigadores activistas, para visibilizar estas violencias, son fundamentales en la exigencia de justicia y en la necesidad de generar políticas públicas que garanticen un trato digno y respetuoso para todas las mujeres. Más en aquellas comunidades que atraviesan complejos procesos de movilización y que nos llevan irremediablemente a pensar en los desplazamientos forzados que se están dando en América Latina, y por supuesto también en el Caribe, cuyos graves embates la comunidad haitiana sufre en carne propia y de manera transgeneracional.
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Investigadora “Violencia obstétrica en mujeres Afrodescendientes y de ascendencia haitiana en Chile”, Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJYS) Trabajadora Social, Universidad Andrés Bello / contacto: tsmichelangejoseph@gmail.com / Instagram: @michelange.cl ↑