Darcy Tetreault[1]
Universidad Autónoma de Zacatecas
Casa destruida en Salaverna. Foto tomada por don Roberto de la Rosa, 21 de septiembre de 2024
Resumen
Este artículo analiza las manifestaciones de violencia ambiental y sufrimiento social en las zonas afectadas por actividades extractivas en el estado de Zacatecas, México, a partir de tres estudios de caso: la mina Peñasquito, operada por la empresa estadounidense Newmont en el municipio de Mazapil; la mina Tayahua, propiedad de Grupo Minero Frisco (empresa del magnate mexicano Carlos Slim), también en Mazapil; y la mina La Colorada, de la firma canadiense Pan American Silver, ubicada en Chalchihuites. En estos casos, los pobladores locales no solo han sido víctimas de violencia directa, como desalojos, amenazas, secuestros y asesinatos, sino también de una violencia lenta, derivada, entre otras cosas, de su exposición a diversos tipos de contaminación.
Introducción
En 1541, cinco años antes del establecimiento de lo que posteriormente se convertiría en la ciudad de Zacatecas, los caxcanes fueron derrotados en una batalla decisiva en el Peñol de Nochistlán, una colina fortificada donde este grupo indígena y sus aliados establecieron una fortaleza. Como relató el geólogo estadounidense J. P. Bakewell (1971: 5), en términos representativos de la violencia simbólica:[2]
Se necesitaron dos años, la participación en el campo del propio virrey, Antonio de Mendoza, y los esfuerzos de 30,000 auxiliares aztecas y tlaxcaltecas para someter a los Caxcanes en la revuelta del Mixtón. Pero la subyugación, una vez lograda, representó un importante avance hacia la estabilidad y permanencia de la ocupación española en Nueva Galicia. Su resultado más útil, en lo que respecta a la historia de Zacatecas, fue abrir el camino para la exploración hacia el noreste […] al establecer finalmente una sólida dominación española sobre las tierras de los Caxcanes.
De este modo, la subyugación de los pueblos indígenas preparó el escenario para lo que pronto se convertiría en uno de los distritos mineros de plata más importantes de toda la Nueva España, a través de la explotación y el sufrimiento inimaginable del trabajo forzado indígena, los esclavos africanos y el trabajo asalariado libre.
La tesis que se plantea en este ensayo es que la violencia ambiental y el sufrimiento social siguen desempeñando un papel decisivo en las actividades extractivas que actualmente se llevan a cabo en Zacatecas, México. Para desarrollar este argumento, la primera sección expone los conceptos de violencia ambiental y sufrimiento social; la segunda analiza su aplicabilidad a tres estudios de caso en Zacatecas: la mina Peñasquito, operada por la empresa estadounidense Newmont en el municipio de Mazapil; la mina Tayahua, propiedad de Grupo Minero Frisco (empresa del magnate mexicano Carlos Slim), también en Mazapil; y la mina La Colorada, de la firma canadiense Pan American Silver, ubicada en Chalchihuites. Finalmente, la última sección presenta un resumen de las conclusiones derivadas de este análisis.
Violencia ambiental y sufrimiento social
Marx (1977: 926) afirma que el capital llegó al mundo “goteando desde la cabeza hasta los pies, por cada poro, con sangre y suciedad”. Así describe el proceso de “acumulación originaria”, que marcó la transición del sistema feudal en Europa al capitalismo, mediante el cercamiento de los bienes comunes, además del comercio transatlántico de esclavos, las relaciones coloniales y la manipulación del dinero por parte del Estado. Como argumentó Luxemburgo (1978), los procesos de acumulación originaria no concluyeron con el nacimiento del sistema capitalista, sino que han estado presentes en todas sus etapas de desarrollo, dado que el capitalismo necesita alimentarse de los recursos naturales y los sistemas sociales situados en su periferia. En esta línea, Harvey (2003) sugiere que un término más adecuado para este proceso es “acumulación por desposesión”, fenómeno que cobró impulso en la era neoliberal mediante reformas estructurales diseñadas para liberar el capital de las restricciones impuestas por el movimiento obrero y los Estados desarrollistas en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En este contexto histórico, la explotación acelerada de los recursos naturales se ha convertido en un componente central de la acumulación por desposesión, en estrecha relación con el “nuevo imperialismo” que caracteriza el extractivismo contemporáneo en América Latina (Veltmeyer y Petras, 2014).
En esta línea, Eduardo Gudynas ha acuñado el término “extrahección” para referirse a las “actividades de apropiación de recursos naturales que se realizan con violencia” (Gudynas, 2013: 1), subrayando sus impactos, que van desde “la afectación de la salud humana por contaminación y el desplazamiento forzado de comunidades, hasta el asesinato de líderes ciudadanos” (Gudynas, 2013: 11). El concepto de extrahección abarca diversas formas de violencia, incluyendo lo que Nixon (2011: 2) denomina “violencia lenta”, definida como aquella que “ocurre gradualmente y fuera de la vista, una violencia de destrucción retardada que se dispersa en el tiempo y el espacio”, particularmente en relación con la contaminación tóxica. En este sentido, la violencia ambiental no solo se vincula con la “violencia contra civiles que actúan para proteger el medio ambiente” (Paley, 2015: 117), sino también con los “planes de desarrollo [que] amenazan los medios de vida de las personas y sus posibilidades de reproducción cultural” (Narchi, 2015: 9).
Esto nos lleva a la noción de “sufrimiento social”, un concepto derivado de la violencia ambiental que se ve agravado por las condiciones de género, clase y raza (Auyero y Swistun, 2009). Como señalan Castillo Oropeza y Delgado Hernández (2024: 28), en referencia a Kleinman y Kleinman (1997: 11), el sufrimiento social es el “resultado de lo que el poder político, económico e institucional hace a las personas”. En otras palabras, es “lo que ocurre a la humanidad de quienes sufren bajo los extremos de la penuria económica, la injusticia social y la opresión política” (Wilkinson, 2005: 10).
Esto es especialmente evidente en las zonas extractivas, también conocidas como “zonas de sacrificio”, que “soportan una carga desproporcionada de daños ambientales, incluida la contaminación, los desechos tóxicos y la industria pesada” (Tornel, 2024: 2). El sufrimiento social en estas regiones no se limita a sus efectos en la salud física, sino que abarca dimensiones interrelacionadas de carácter psicológico, social, económico, político y cultural (Wilkinson, 2005: 10). Lo anterior se analiza en la siguiente sección, donde estas discusiones teóricas conceptuales se aplican a las experiencias de las poblaciones zacatecanas afectadas por el extractivismo minero.
Extractivismo sangriento y sucio en Zacatecas
Zacatecas es una de las entidades federativas con mayor concentración de actividad minera en el país. En 2023, su participación en el valor de la producción minera nacional representó el 17.1%, ubicándose solo por debajo de Sonora (SGM, 2024: 53). Ese mismo año, Zacatecas fue el principal productor de plata y zinc, además de ocupar el segundo lugar en la extracción de oro y cobre (Camimex, 2024), siendo estos los cuatro metales más importantes para México en términos de valor económico. En años anteriores, el estado lideró la producción de oro, sin embargo una huelga de cuatro meses en Peñasquito, la mina de oro más grande del país, redujo los volúmenes extraídos de este metal en 2023. A pesar de ello, el valor de la producción minera en Zacatecas durante ese año ascendió a 107 mil 579 millones de pesos (SGM, 2024: 53).
En un detallado trabajo etnográfico, Garibay y sus colaboradores (2014) describen cómo la compañía canadiense Goldcorp instaló la mina Peñasquito en el municipio de Mazapil durante la segunda mitad de la primera década del siglo XXI. Con la complicidad de diversos funcionarios públicos, “mediante simulación, engaño y coerción lograron quebrar la resistencia de las comunidades campesinas y silenciar la desposesión de su territorialidad” (Garibay et al., 2014: 140). En este proceso, representantes de la empresa minera y sus aliados en el gobierno recurrieron a mentiras, sobornos y amenazas para obtener las firmas de los ejidatarios en convenios que los obligaban a ceder el uso de sus tierras a cambio de pagos y beneficios irrisorios. Inicialmente, estos pagos representaban solo el 0.012% de las ganancias netas esperadas del proyecto; sin embargo, tras movilizarse para renegociar los convenios, los ejidatarios de Cedros, Cerro Gordo, El Vergel y Mazapil lograron aumentar este porcentaje al 0.108% (Garibay et al., 2014: 137).
El inicio de este megaproyecto minero marcó el comienzo de diversas formas de violencia ambiental y sufrimiento social. En abril de 2013, tras ganar un litigio por la restitución de 599 hectáreas, los ejidatarios de Cerro Gordo denunciaron haber recibido injurias y amenazas, responsabilizando a Goldcorp “de cualquier agresión y atentado contra nuestras vidas” (Valadez Rodríguez, 2013). Seis años después, uno de ellos, Bernardo Ríos Esparza, fue secuestrado. A pesar de que sus familiares solicitaron ayuda a la Fiscalía General de Justicia del Estado y al Ejército Mexicano, las autoridades estatales y la fiscalía local nunca aclararon públicamente si el ejidatario fue liberado (Valadez Rodríguez, 2023).
En junio de 2021, nueve personas de Mazapil fueron secuestradas, torturadas y asesinadas, entre ellas, José Ascensión Carrillo Vázquez, líder de la Unión de Transportistas CAVA, que tenía un contrato para el transporte de materiales pétreos y agua dentro del complejo minero Peñasquito. Carrillo Vázquez había denunciado públicamente, entre 2018 y 2019, abusos e incumplimientos en los contratos de prestación de servicios por parte de la empresa minera —adquirida en abril de 2019 por la compañía estadounidense Newmont—, y había recibido amenazas de muerte. Desde 2020, buscó protección ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Valadez Rodríguez, 2023).
La violencia lenta también ha afectado a las personas que viven cerca de Peñasquito, debido a la destrucción de aproximadamente cuatro mil hectáreas de tierra que antes sostenían actividades agropecuarias a pequeña escala. La mina extrae grandes volúmenes de agua subterránea para sus procesos de beneficio, lo que ha provocado el desecamiento de pozos agrícolas y fuentes de agua para uso doméstico (Uribe-Sierra et al., 2020). Su sistema de lixiviación en montones emplea cianuro, entre otras sustancias tóxicas que contaminan el medio ambiente. Las personas afectadas han denunciado reiteradamente que la mina acapara y contamina el agua, con graves consecuencias para la salud, especialmente en mujeres.
Otro caso notorio de violencia ambiental y sufrimiento social en el municipio de Mazapil es el de Salaverna. Durante más de cien años, los pobladores de esta comunidad se dedicaron al pastoreo, la agricultura de pequeña escala y el trabajo minero. Sin embargo, esta dinámica comenzó a cambiar en la década de 1960, cuando se abrió un túnel entre las comunidades de Salaverna y Providencia para extraer minerales, lo que provocó el desecamiento de los manantiales que abastecían de agua a la población local (Márquez Covarrubias, 2014).
A finales del siglo XX, Grupo Minero Frisco adquirió la mina subterránea Tayahua. Esta empresa, propiedad de Carlos Slim, promovió un cambio en la afiliación sindical de los trabajadores, quienes pasaron del combativo Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros a uno alineado con los intereses de la compañía. De esta manera, se facilitó la llegada de contratistas que empleaban mano de obra subcontratada proveniente de otras regiones del país (Uribe-Sierra et al., 2020; Uribe-Sierra et al., 2021). Así, la empresa comenzó a preparar el terreno para ampliar la mina de cobre, plata y zinc, con planes de convertirla en un tajo a cielo abierto.
El desalojo comenzó en 2010, cuando representantes de la Minera Tayahua, filial del Grupo Frisco, informaron a los habitantes de Salaverna que sus terrenos ya no eran adecuados para habitar, por lo que era indispensable trasladarse a un nuevo conjunto habitacional denominado Nuevo Salaverna, situado a cinco kilómetros del asentamiento original (Uribe-Sierra et al., 2020; Uribe-Sierra et al., 2021). Según testimonios, los primeros en abandonar el pueblo fueron las personas que “vivían en casa ajena, vivían supuestamente en casas de la compañía o tenían casas aquí pero ya no estaban habitadas por ellos”, ya que habían migrado a otros lugares (Martínez, 2013). Las demás familias resistieron la reubicación.
El 6 de diciembre de 2012, la compañía minera hizo una detonación subterránea en la mina Tayahua, lo suficientemente fuerte para abrir un hundimiento de aproximadamente 30 metros de circunferencia y 7 metros de profundidad (Márquez Covarrubias, 2014: 200). Su intención, según Roberto de la Rosa, un habitante de Salaverna y líder de la resistencia, era “provocar pánico entre la comunidad de tal modo que al día siguiente se fueron otras 20 familias” (Zócalo, 2016). A partir de entonces, representantes de la mina y autoridades públicas adujeron que era peligroso seguir viviendo en Salaverna y utilizaron diversas tácticas de coerción para presionar a las demás familias a abandonar sus casas. Derrumbaron viviendas abandonadas, cerraron la escuela primaria y la secundaria, y amenazaron con emprender acciones jurídicas para desalojarlas (Márquez Covarrubias, 2014; Uribe-Sierra et al., 2021).
A pesar de ello, 16 familias continuaron resistiendo hasta el 23 de diciembre de 2016, cuando representantes del gobierno estatal citaron a don Roberto y otras personas de la comunidad a una reunión en la capital de Zacatecas para negociar. Durante su ausencia, la Secretaría General del Gobierno envió varias camionetas con trabajadores para demoler la infraestructura urbana del pueblo (Valadez Rodríguez, 2016: 28). Un grupo de mujeres logró frenar la demolición de algunas viviendas al interponerse físicamente frente a la maquinaria. No obstante, el desalojo resultó en la destrucción de varios inmuebles públicos (Uribe-Sierra et al., 2021: 48).
El hostigamiento, las amenazas y la represión no cesaron. Durante la pandemia de Covid-19, trabajadores de la minera Tayahua cercaron la comunidad de Salaverna con una malla ciclónica e instalaron dos casetas para controlar la entrada y salida del pueblo. “La acción fue atendida por Roberto de la Rosa, quien fue amenazado por trabajadores de Frisco y sujeto a una acción de criminalización por parte de funcionarios de la Casa de Justicia del municipio vecino de Concepción del Oro, donde lo citaron para que compareciera por intentar frenar los trabajos de la empresa” (Uribe-Sierra et al., 2021: 48).
En esa coyuntura, a mediados de 2020, don Roberto recibió una amenaza de muerte, “de gente armada, de la seguridad de la empresa, nos amenazó muy feo […] que si volvemos a Salaverna, nos iban a desaparecer y, pues, no tiene caso dejarnos matar” (Entrevista con Roberto de la Rosa, 11 de marzo de 2025). Operadores políticos afiliados al senador José Narro Céspedes buscaron negociar una salida que implicara una recompensa monetaria para las últimas personas en salir de Salaverna. Pero don Roberto no quería aceptarla. En sus propias palabras, “¿Cómo voy a negociar mi historia, mis raíces, mi identidad? No puedo ser un traidor de toda la palabra, de mis principios” (Entrevista con Roberto de la Rosa, 11 de marzo de 2025). Ahora, Salaverna se encuentra deshabitado, hundiéndose cada vez más por las explotaciones subterráneas que se derivan de la avaricia de una de las personas más ricas del planeta.
Salaverna no es el único pueblo en Zacatecas que ha sido destruido en años recientes para dar paso a la expansión de las actividades mineras. La Colorada es otro caso, ubicado en el municipio de Chalchihuites, cerca de la frontera con Durango. Al igual que en muchas otras comunidades rurales de Zacatecas, los pobladores de La Colorada vivieron durante décadas combinando actividades agropecuarias de pequeña escala con el trabajo en el sector minero. Entre 1949 y 1994, una mina subterránea de plata, oro, zinc y plomo fue explotada cerca de la comunidad por la Compañía Minas Victoria Eugenia (Global Atlas of Environmental Justice, 2021).
Cabe recordar que la Ley Minera fue modificada en 1992 para permitir que empresas 100% extranjeras explotaran las reservas minerales de México y que, con el propósito de atraer inversiones extranjeras, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor en 1994. Este marco institucional facilitó la llegada de la empresa canadiense Pan American Silver, que compró la mina La Colorada en 1998.
Varias personas de la comunidad estuvieron empleadas en la mina hasta 2014, cuando hubo cambios en su gestión y los nuevos administradores comenzaron a acosar, amenazar y despedir a los trabajadores locales. Fue en este contexto que se inició el desalojo. Cuando las familias de los trabajadores despedidos tuvieron que migrar en busca de empleo, la empresa comenzó a demoler las casas abandonadas. Debido a que las viviendas fueron construidas en terrenos nacionales, los pobladores locales no contaban con documentos para demostrar su propiedad (Valadez Rodríguez, 2017).
En mayo de 2016, acudieron al juzgado de distrito del Tribunal Agrario de Zacatecas para exigir que se les reconociera como posesionarios, pero no obtuvieron resultados. Mientras tanto, Pan American Silver comenzó la construcción de un complejo habitacional a pocos metros del pueblo. Según el testimonio de Miguel González, uno de los habitantes de La Colorada, “Nosotros pensamos que iba a llegar más gente, más trabajadores. Dije: ‘Bueno, pues está creciendo la empresa’. No teníamos idea de que eso era para destruir nuestra comunidad, para destruirnos a nosotros como comunidad” (SinEmbargo Al Aire, 2017).
El 13 de enero de 2017, guardias privados de Pan American Silver, portando armas largas, desalojaron a 47 familias de La Colorada y demolieron sus casas con maquinaria pesada. Posteriormente, la empresa ofreció prestarles viviendas en su complejo habitacional bajo la condición de que firmaran contratos de comodato con cláusulas restrictivas, incluyendo la prohibición de tener animales.
Las familias que aceptaron fueron expuestas a condiciones ambientales marcadas por diversas formas de violencia lenta, por ejemplo, el ruido constante de la maquinaria y de los respiraderos de la mina, así como un perímetro iluminado por lámparas durante las 24 horas del día (Rodríguez Navarro, 2021). Una niña desalojada comenta: “En las casas que nos destruyeron, podíamos salir, no podíamos ver humo. A veces veo humo negro para allá, por el cerro”. Otra niña mayor agrega: “Nos contamina mucho, a nosotros nos hace daño” (VientosTV, 2017).
Algunas de las personas desplazadas de La Colorada presentaron una denuncia por despojo ante el Tribunal Agrario, pero no ha prosperado. Dos de ellas “señalaron que durante años sus familias han sido objeto de persecución e incluso en el 2018 fueron ‘levantados’ y advertidos para que abandonasen las demandas en contra de la minera” (Catalán Lerma, 2025).
Bajo estas condiciones, la mayoría de las personas desplazadas de La Colorada migraron a otras comunidades en los municipios zacatecanos de Chalchihuites, Jiménez del Teul y Sombrerete (Rodríguez Navarro, 2021). En febrero de 2025, las cuatro familias que permanecieron en el complejo habitacional de Pan American Silver recibieron una notificación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas en la que se les ordenaba desalojar el lugar, debido a una demanda interpuesta por los directivos de la empresa, quienes los acusaron de haber abusado de su confianza (Váldez Rodríguez, 2025).
Conclusiones
La explotación de los recursos naturales en Zacatecas está vinculada a un patrón histórico de violencia ambiental y despojo que comenzó con la colonización española y ha continuado hasta la actualidad con el extractivismo minero. Hoy en día, las actividades mineras en Zacatecas generan violencia, desplazamiento forzado, contaminación ambiental, agotamiento de recursos hídricos y violaciones a los derechos humanos de las comunidades afectadas. La minería no solo provoca daños ecológicos, sino que también genera violencia lenta y sufrimiento social para las poblaciones afectadas. Lo anterior se vuelve evidente en los estudios de caso revisados en este texto: Peñasquito, Salaverna y La Colorada, donde se han documentado desalojos, amenazas, asesinatos y destrucción de comunidades para dar paso a la expansión minera. Además, se evidencia la cooperación entre funcionarios públicos y corporaciones mineras para facilitar la apropiación de los bienes comunes y la represión de las comunidades que resisten el despojo. Con todo, el extractivismo contemporáneo en Zacatecas es parte de una estrategia de acumulación por desposesión, impulsada por políticas neoliberales que favorecen a los intereses económicos de las grandes empresas por encima del bienestar de las comunidades.
Referencias
Auyero, J. y Swistun, D. A. (2009). Flammable. Environmental Suffering in an Argentine Shantytown. Oxford University Press.
Bakewell. P. J. (1971). Silver Mining and Society in Colonial Mexico, Zacatecas 1546-1700. Cambridge University Press.
Bourdieu, P. (1991). Language & Symbolic Power. Polity Press.
Cámara Minera de México (Camimex) (2024). Informe anual 2024. https://camimex.org.mx/application/files/4417/2296/7578/00_InfoCamimex2024-completo-2.pdf
Castillo Oropeza, O. A. y Delgado Hernández, E. (2024). Prolegómenos para una ecología política del sufrimiento socioambiental en América Latina. En Castillo Oropeza, O. A. y Roca-Servat, D. (eds.), Ecología política, sufrimiento socioambiental y acción política (pp. 27-46). CLACSO.
Catalán Lerma, M. (2025, 7 de febrero). Denuncian el desalojo de habitantes en La Colorada, por parte de empresa minera. La Jornada de Zacatecas. https://ljz.mx/07/02/2025/denuncian-el-desalojo-de-habitantes-en-la-colorada-por-parte-de-empresa-minera/
Garibay, C., Boni, A., Panico, F. y Urquijo, P. (2014). Corporación minera, colusión gubernamental y desposesión campesina. El caso de Goldcorp Inc. en Mazapil, Zacatecas. Desacatos, (44), 113-142. https://doi.org/10.29340/44.452
Global Atlas of Environmental Justice (2021, 14 de octubre). La Colorada mining project, Zacatecas, Mexico. https://ejatlas.org/conflict/panamerican-silver-mine-in-la-colorada-zacatecas-mexico (último acceso, 2 de abril de 2025).
Gudynas, E. (2013). Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales. Observatorio del Desarrollo, (18), 1–18.
Harvey, D. (2003). The New Imperialism. Oxford University Press.
Kleinman, A. y Kleinman, J. (1997). The Appeal of Experience; The Dismay of Images: Cultural Appropriations of Suffering in Our Times. En Kleinman, A., Das, V. y Lock, M. (eds.), Social Suffering (pp. 1-23). University of California Press.
Luxemburgo, R. (1978). La acumulación del capital. Grijalbo.
Márquez Covarrubias, H. (2014). Salaverna: crónica de un despojo. Estudios Críticos del Desarrollo, 4(7), 193-211. https://doi.org/10.35533/ecd.0407.hmc
Marx, K. (1977). Capital. A Critique of Political Economy. Volume I. Vintage Books.
Narchi, N. E. (2015). Introduction: Environmental Violence in Mexico. A Conceptual Introduction. Latin American Perspectives, 42(5), 5-18. https://www.jstor.org/stable/24574864
Nixon, R. (2011). Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Harvard University Press.
Paley, D. (2015). Drug War as Neoliberal Trojan Horse. Latin American Perspectives, 42(45), 109-132. https://www.jstor.org/stable/24574871
Rodríguez Navarro, G. E. (2021). Conflictos socioambientales en torno a la minería en Zacatecas, ilustrando el despojo. En Azamar Alonzo, A. y Rodríguez Wallenius, C. (eds.), Conflictos socioambientales frente al extractivismo y megaproyectos en tiempos de crisis múltiple (pp. 178-201). UAM-Xochimilco.
Servicio Geológico Mexicano (SGM) (2024). Anuario Estadístico de la Minería Mexicana, 2023. Edición 2024. https://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2023_Edicion_2024.pdf
Tornel, C. (2024). Development as terracide: sacrifice zones and extractivism as state policy in Mexico. Globalizations, 1-25. https://doi.org/10.1080/14747731.2024.2424075
Uribe-Sierra, S. E., Gómez-Alonso, J. y Tetreault, D. (2020). Dos conflictos mineros en Mazapil, Zacatecas: entre la oposición, negociación y la colaboración. Región y Sociedad, 32, art. e1373. https://doi.org/10.22198/rys2020/32/1373
Uribe-Sierra, S. E., Tocana-Aparicio, A. y Barrón-Palos, E. J. (2021). Conflictos y resistencias campesinas ante la violencia del extractivismo minero en Salaverna Conflicts and Peasant Resistance to the Violence of Mining Extractivism in Salaverna. Revista RIVAR, 8(24), 36-55. https://doi.org/10.35588/rivar.v8i24.5166
Valadez Rodríguez, A. (2013, 22 de abril). Ejidatarios de Mazapil denuncian amenazas. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2013/04/22/estados/034n1est
Valadez Rodríguez, A. (2016, 24 de diciembre). Con artimañas desalojan a habitantes de Salaverna, donde opera mina de Slim. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2016/12/24/estados/028n1est
Valadez Rodríguez, A. (2017, 31 de enero). Minera canadiense desaloja con armas a vecinos de Chalchihuites. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2017/01/31/estados/025n1est
Valadez Rodríguez, A. (2023). Zacatecas, por senderos del muy violento despojo del oro, plata y del litio también. Observatorio del Desarrollo, 12(34), 63-74. https://doi.org/10.35533/od.1234.avr
Valadez Rodríguez, A. (2025, 11 de febrero). FGJEZ justifica a minera canadiense que desalojó a 40 familias de sus casas. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2025/02/11/estados/027n2est
Veltmeyer, H. y Petras, J. (2014). The New Extractivism. A Post-Neoliberal Development Model or Imperialism of the Twenty-First Century? Zed Books.
Wilkinson, I. (2005). Suffering. A Sociological Introduction. Polity Press.
Referencias audiovisuales
Martínez, E. A. (director) (2013). Salaverna [documental]. Conservación Humana Zacatecas / Asociación Civil Manuel Ortega / Museo de Zóquite / Targum Producciones / Kassia Films. En Ztel Films (2021, 14 de febrero). SALAVERNA Documental. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=w1a_nl9fP_0
SinEmbargo Al Aire (2017, 27 de agosto). Comuneros de La Colorada denuncian despojos por parte de minera canadiense
. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=odLAKtMK7o0
VientosTV (2017, 29 de marzo). «El problema de la mina en la Colorada»
. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=JdNEj5rF5dc
Zócalo (2016, 10 de mayo). Salaverna, un pueblo fracturado por la avaricia
. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=teluXY5pON8
- Correo : darcy.tetreault@uaz.edu.mx ↑
-
Bourdieu (1991) define la violencia simbólica como una forma de dominación sutil, a menudo inconsciente, que se produce a través de mecanismos culturales y lingüísticos por los grupos dominantes. ↑