Gabriela Iturralde Nieto[1]
INAH
Pintura mural de un Tecuán en Museo de las Culturas Afromestizas (Cuajinicuilapa, Guerrero).
Autor: Baltazar Castellano Melo. Foto: Gabriela Iturralde Nieto
El 31 de diciembre de este 2024 concluye el primer Decenio Internacional de los Afrodescendientes (en adelante “el Decenio”), declarado por las Naciones Unidas en 2015, como un exhorto, producto del reconocimiento por parte de la sociedad internacional, de promover y proteger los derechos humanos de los afrodescendientes.[2] Bajo el lema reconocimiento, justicia y desarrollo, se instó a la sociedad internacional a llevar adelante acciones para garantizar los derechos de las poblaciones de la diáspora africana.
Como lo hemos repetido en múltiples ocasiones, en México la participación de las poblaciones afrodescendientes en la conformación de la nación ha sido omitida o silenciada, y por lo mismo no se ha considerado como parte de la hoy reconocida composición pluricultural de la nación (Velázquez e Iturralde, 2016). En años recientes, los esfuerzos de las organizaciones sociales afromexicanas, de las actividades de investigación y divulgación del conocimiento emprendidas por los sectores académicos y la confluencia de la agenda internacional sobre derechos humanos, particularmente en esta materia, han logrado llamar la atención del Estado para que se tomen medidas que, al menos en parte, puedan resarcir la deuda que se tiene con estas poblaciones (Velázquez e Iturralde, 2020).
Ante la ventana de oportunidad que representó este Decenio, en este texto ofrezco un balance general de las acciones orientadas a garantizar los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas, que el Estado mexicano, a través de sus instituciones, ha llevado a cabo en estos diez años. Para ello, inicialmente ofrezco una breve retrospectiva de las condiciones que prevalecían en la relación entre el Estado y las colectividades afrodescendientes en el momento previo al inicio del Decenio. Posteriormente hago un recuento de las que considero que son las acciones más relevantes en materia de política pública orientadas hacia la garantía de los derechos de las poblaciones afromexicanas. Finalmente, realizo un balance de estas acciones y planteo las que pienso que son las tareas que aún están pendientes y los retos que debe enfrentar el Estado una vez que concluya el Decenio y teniendo presente que hay una alta probabilidad de que la ONU declare un segundo decenio internacional de los afrodescendientes.
Volver la vista atrás
La declaratoria del inicio del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, al final de 2014, llegó en un momento en el que, pocos años atrás (quizás cinco o seis) algunas instituciones del Estado habían empezado a prestar atención a las demandas de las organizaciones afromexicanas, cambiando, aunque fuera de manera incipiente, la falta de atención y relación del Estado con estas colectividades. Cito algunos eventos centrales en este proceso:
La convocatoria en el año 2009 por parte del CONAPRED a las organizaciones sociales afromexicanas y a personas académicas especialistas en el tema, con motivo de preparar el informe de México ante el grupo de trabajo de Durban. Esta reunión fue un punto a partir del cual las temáticas relacionadas con las poblaciones afrodescendientes pasaron de ser un asunto local y de interés principalmente académico a adquirir un carácter de obligación de derechos humanos del Estado y sus instituciones.
Asimismo, la Consulta para la Identificación de Comunidades Afrodescendientes en México llevada a cabo por la CDI en 2011 sentó un precedente institucional de trabajo con las poblaciones afromexicanas y en muchos lugares detonó procesos de fortalecimiento identitario (CDI, 2012).
Finalmente, en 2012 se realizó el Foro Nacional: Poblaciones Afrodescendientes en México 2012, evento que conjuntó a representantes de las organizaciones afromexicanas, líderes de organizaciones sociales afrolatinoamericanas, funcionarios nacionales e internacionales del sector de los derechos humanos y personas académicas. Este Foro fue gran escenario para la visibilización de las organizaciones sociales afromexicanas, sus principales liderazgos y sus demandas, y también fue un espacio en el que se pusieron sobre la mesa temáticas como la discriminación racial y el racismo hacia las personas afrodescendientes, temas hasta entonces muy poco tratados en México desde una perspectiva institucional.
También en este tiempo se incluyó en las constituciones de Oaxaca (2013) y Guerrero (2014) el reconocimiento de derechos de estas poblaciones.
En estos años, las voces afromexicanas dejaron de ser escuchadas solamente en sus regiones y por los sectores académicos, y paulatinamente fueron encontrando espacios de diálogo, muchas veces en tensión, con autoridades y representantes institucionales. Cabe reiterar que este ambiente de apertura que antecedió al inicio del Decenio es un logro de los movimientos afromexicanos, y sus organizaciones sociales, que llevaban casi una década exigiendo visibilidad (Quecha, 2015).
Acciones en estos diez años
En este contexto, y frente a la declaratoria del Decenio, el Estado mexicano diseñó un plan de trabajo interinstitucional que tenía por objeto la consolidación de las actividades que diversas instancias del Estado mexicano llevarían a cabo para atender a la población afrodescendiente en México.[3] Estas acciones buscaban dar cumplimiento a algunas de las actividades establecidas por el Programa propuesto por Naciones Unidas para el Decenio,[4] y tenían como eje el cumplimiento de los tres objetivos planteados en el plan de acción del Decenio.
Quince instituciones se comprometieron con este plan, entre ellas el CONAPRED, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el INAH, la Procuraduría General de la República y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Para muchas de las instituciones, como el INAH, estas actividades representaban darles continuidad y más relieve a actividades que ya se venían realizando. En otros casos, como la SEP o la PGR, suponía el inicio y adecuación de los dispositivos institucionales para diseñar las respuestas a las necesidades de las y los afromexicanos.
Este plan fue un esfuerzo bienintencionado, que ofrecía atender algunas demandas en el corto plazo, que desafortunadamente perdió fuerza y al que el cambio de gobierno en 2018 le puso fin. No obstante, buena parte de los objetivos y muchas de las acciones planteadas fueron retomadas, y eso permite dar cuenta de avances en la materia en este cierre de Decenio.
Menciono a continuación las acciones institucionales que pueden ser consideradas el inicio o detonantes de política pública, realizadas en este Decenio. He elegido estas porque considero que han tenido relevancia, tanto porque dan respuesta a las más sentidas demandas de los pueblos y comunidades afromexicanas, como por su efecto detonador de otras políticas y acciones institucionales orientadas a garantizar los derechos de los hoy considerados pueblos y comunidades afromexicanas.
Visibilidad estadística
En múltiples ocasiones, distintos foros, asambleas y Encuentros de Pueblos Negros, se ha podido escuchar a las y los participantes reclamar y exigir “el derecho a saber cuántos somos y en dónde estamos”. La visibilidad estadística, es decir contar con datos estadísticos oficiales desagregados sobre población afrodescendiente, ha sido un reclamo largamente esgrimido por las organizaciones afrolatinoamericanas. Estos datos son considerados una herramienta clave para la planeación de la política pública y la asignación de gasto social. México carecía de esta información y recibió en 2006 y 2012 recomendaciones del Comité de CERD para avanzar en este rubro. La inclusión de una variable de autoadscripción identitaria afromexicana en la Encuesta Intercensal 2015 y en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, permitieron contar, por primera vez, con datos desagregados.
De esta acción deben destacarse positivamente al menos dos aspectos: el proceso de negociación y diseño de esta variable y sus consiguientes resultados. En las dos ocasiones se llevaron a cabo mesas de trabajo intersectoriales en las que organizaciones, sectores académicos e instituciones construyeron, entre desacuerdos, tensiones y expectativas, una pregunta que fuera medianamente satisfactoria en términos técnicos y permitiera revelar la información, y que, además, se ajustara a las distintas y complejas formas de experimentar la afrodescendencia en México y también respondiera a las expectativas de las organizaciones. Aun con las limitaciones que se presentaron: desconocimiento de los términos por parte de la población y la escasa capacitación a los encuestadores, hoy, la falta de información estadística ya no es un argumento que justifique la falta de políticas dirigidas.
Inclusión institucional
La modificación de la Ley Orgánica de la CDI, que dio paso a la creación del INPI, incluyó por primera vez como una obligación de esta institución la atención a las poblaciones afromexicanas. Aunque este proceso ha sido paulatino, ha dado lugar a la creación de un Centro Coordinador Afromexicano en Pinotepa Nacional, Casas de la Mujer Afromexicana, la inclusión de consejeros afromexicanos de cinco regiones en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, el registro de las comunidades afromexicanas en el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, además de la posibilidad de que estas comunidades participen en las convocatorias para los diversos proyectos que emprende el INPI.
Reconocimiento constitucional y armonización legislativa
En 2019 tras varios años de negociaciones, y después de haberse presentado varias iniciativas, una de ellas promovida por las organizaciones sociales afromexicanas, se logró la aprobación de una iniciativa de reforma constitucional del artículo 2º, a fin de incluir el reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas como componentes de la pluriculturalidad de la nación. Este hecho es, sin duda, el más relevante en este periodo; el reconocer dio lugar a la existencia de los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho, mandató la garantía de sus derechos y otorgó sustento jurídico a las acciones institucionales.
De este reconocimiento se desprendió la armonización legislativa de 47 leyes federales y/o nacionales,[5] el reconocimiento constitucional en algunas entidades federativas y/o la aprobación de leyes locales. La reciente reforma del artículo 2° ahora reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público con patrimonio propio, e incluye de forma explícita derechos de este sujeto.
También ha impulsado que las instituciones empiecen a realizar acciones dirigidas. Debe destacarse, por ejemplo, la medida de acción afirmativa para la participación política electoral para personas afromexicanas como candidatos o candidatas a puestos de elección popular que el INE emitió en 2021, que ha favorecido la incorporación de personas afromexicanas en los poderes legislativos a nivel federal y local, y también ha crecido la participación en las elecciones locales llevando a que más personas afromexicanas lleguen a los gobiernos municipales.
Otra medida que debe señalarse es la creación de la Afrouniversidad Politécnica Intercultural, recientemente establecida en Santa María Cortijo, municipio de la Costa Chica de Oaxaca, que busca subsanar la falta de opciones de educación superior en una región en donde un alto porcentaje de población se reconoce afromexicana, ofreciendo una educación que ha puesto en su centro las necesidades de estas comunidades.
Reconocimiento de los aportes a la cultura y la diversidad cultural
Por otra parte, se mantuvieron y fortalecieron las acciones de investigación y divulgación del conocimiento que han realizado, desde tiempo atrás, el INAH y otras instituciones académicas, y que han ayudado a la visibilización de la diversidad y las contribuciones de las poblaciones de origen africano y afrodescendiente. Los resultados de investigación han sido empleados como insumos en el desarrollo de las acciones institucionales delineadas antes. A través de la declaratoria de cinco Sitios de Memoria de la Esclavitud y las Poblaciones Afrodescendientes, México se ha sumado al esfuerzo internacional promovido por la UNESCO de fortalecimiento de la memoria histórica sobre los impactos de la esclavitud y las contribuciones de las personas africanas y sus descendientes a la conformación de las sociedades actuales.[6]
También deben destacarse las acciones realizadas en colaboración con la Secretaría de Educación Pública para incluir en los libros de texto de educación básica contenidos sobre la historia y el presente de los pueblos y comunidades afromexicanas. Asimismo, se han llevado a cabo acciones relacionadas con la inclusión de contenidos e información sobre las poblaciones afrodescendientes en museos, a través de exposiciones temporales o de forma permanente, como en la renovación de las salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología, y otras.[7] No sobra recordar que, junto con el reconocimiento constitucional y la visibilidad estadística, se había exigido la inclusión del pasado y presente de las poblaciones afromexicanas en los principales dispositivos para la educación y la creación de la memoria: los libros de texto gratuito y los museos. Además de dar respuesta a esa demanda, contribuyen a cambiar las perspectivas que se tienen sobre la conformación de la sociedad, ampliando y enriqueciendo la representación de la pluriculturalidad de la nación. Es importante mencionar que estas acciones contaron con mecanismos de consulta y participación con representantes de las organizaciones.[8]
Tareas pendientes
El Decenio Internacional de los Afrodescendientes, como lo ha señalado Pastor Murillo, experto independiente del Comité de CERD y uno de los impulsores del Decenio, “ha desempeñado un papel crucial en la sensibilización sobre los desafíos históricos y contemporáneos a los que se enfrentan las personas afrodescendientes”, y ha servido como una plataforma para impulsar a las organizaciones de la sociedad civil a elevar su agenda y a los Estados a prestarles oídos.
Atravesado por la pandemia de COVID-19, que afectó de forma agravada a las comunidades en situación de vulnerabilidad, entre ellas las afrodescendientes (Berrio et al., 2021), este Decenio, al menos en el caso de México, cumplió su cometido de llamar la atención del Estado sobre la necesidad de establecer y desarrollar políticas de atención para los pueblos y comunidades afromexicanas, y, como se mencionó antes, hay resultados inimaginables años atrás.
Sin embargo, también es necesario señalar que, dada la magnitud de las omisiones del pasado, son muchas las tareas pendientes, cuyo diseño y puesta en práctica deberán contribuir a profundizar la garantía de los derechos individuales y colectivos de estos pueblos y comunidades.
A continuación, señalo algunos elementos de carácter general que considero que deben tomarse en cuenta para el desarrollo de estas acciones.
Desarrollo de políticas públicas: pertinentes, sostenibles y financiadas
Las acciones enumeradas en el segundo acápite de este texto, si bien pueden ser consideradas logros, para realmente impactar en la modificación de las condiciones de vida de estos pueblos, comunidades y personas deben derivar en el diseño e implementación de políticas públicas que atiendan de forma pertinente las necesidades de educación, salud, empleo, seguridad, alimentación, etcétera.
Para que las acciones sean pertinentes no basta con añadir la palabra afromexicanos en las disposiciones existentes, sino que se deben crean medidas específicas que se ajusten a las necesidades y posibilidades de estos pueblos y comunidades. Por ejemplo, muchas de las reglas de operación de los proyectos de desarrollo, infraestructuras, entre otros, tienen como requisito para ser beneficiarios ser hablantes de una lengua originaria, o que los proyectos sean avalados por una asamblea de autoridades tradicionales, requisitos que en muchos casos no cumplen las comunidades afromexicanas. Igualmente, considerando que una parte muy importante de la población que se reconoce afromexicana vive en la Ciudad de México y la zona conurbada, es necesario establecer mecanismos de atención que consideren otras formas de organización social, no sólo la comunitaria.
La pertinencia de las políticas públicas debe alcanzarse en consulta y con el consentimiento de las comunidades. Asimismo, estas políticas deben perdurar en el tiempo, pues es la única manera de garantizar efectos que mejoren las condiciones de vida y la dignidad de las generaciones futuras. En ese sentido, se debe contar con presupuestos asignados que garanticen la viabilidad y continuidad de las políticas planteadas.
Autoadscripción calificada decidida por pueblos y comunidades y representación sustantiva
La CPEUM, acorde con las disposiciones del convenio 169 de la OIT, señala que el criterio de autoadscripción es el mecanismo de identificación de estos pueblos y comunidades (por ende, de las personas) como sujetos de derecho. No obstante, este criterio, la identificación de comunidades, beneficiarios, etcétera, sigue presentándose como “un problema” en la definición de las acciones. La autoadscripción, y la creación de medidas para calificarla, es un tema crítico, pues por un lado debería prevalecer la decisión autónoma de autoadscribirse bajo esta identificación, pero por el otro lado la falta de criterios puede abrir paso a la suplantación identitaria, como ha ocurrido con la acción afirmativa electoral emitida por el INE en 2021, que como lo vimos ha favorecido la incorporación de personas activistas afromexicanas, pero también ha sido utilizada de forma irresponsable por los partidos políticos, que no han considerado la vinculación comunitaria de las personas que se seleccionan para ser postuladas por acción afirmativa afromexicana. Se debe procurar mantener el criterio de autoadscripción a fin de evitar imponer criterios externos, y sobre todo, criterios racializantes basados en el color de piel o la apariencia de las personas. El establecimiento de criterios de autoadscripción calificada, si se consideran necesarios, deberá hacerse siempre en acuerdo con las comunidades.
Enfoque de género y antirracismo como ejes transversales
Es importante señalar que todas las políticas públicas y acciones orientadas a garantizar los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas deben estar formuladas considerando la transversalización de un enfoque de género que tenga en su centro la atención prioritaria de mujeres, niñas, y la diversidad sexo-genérica. Igualmente, se deben desarrollar políticas de atención a las juventudes y a las personas de la tercera edad, pues fenómenos como la violencia y la precariedad económica sitúan en condiciones de mayor vulnerabilidad a estos grupos etarios. También es necesario favorecer la inclusión de las juventudes afromexicanas en la educación superior.
Finalmente, un aspecto en el que aún se queda a deber es llevar a cabo acciones orientadas a la desarticulación del racismo y la discriminación racista, y en particular el perfilamiento racista que afecta especialmente a las personas jóvenes.
Hasta la fecha no se ha realizado una campaña de sensibilización, contundente —y a nivel nacional— sobre los efectos perniciosos del racismo, ni se han tomado medidas respecto de la responsabilidad de los medios de comunicación ni se han establecido acuerdos con ellos sobre este tema.
Pasar de las acciones afirmativas a la garantía de derechos colectivos
Una vez que ha terminado este primer Decenio, y considerando que es muy probable que se declare un segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes, es necesario que las acciones del Estado mexicano y sus instituciones observen el mandato del artículo 2º de la CPEUM y den un paso más allá de las acciones afirmativas en esta materia a fin de garantizar los derechos de estos pueblos y comunidades.
Pasar de medidas de acción afirmativa a garantizar derechos implica un cambio significativo en la forma en que se abordan las desigualdades y se promueve la justicia social. Las medidas de acción afirmativa son políticas temporales diseñadas para corregir desbalances históricos, proporcionando oportunidades a grupos que han sido históricamente marginados. Por otro lado, garantizar derechos implica un enfoque más permanente y estructural. En este caso, es necesario que a los pueblos, comunidades y personas afromexicanas y afrodescendientes se les garantice el ejercicio de los derechos humanos a nivel individual, y también los que les asisten en tanto pueblos: la autodeterminación, el derecho a la consulta, a la identidad cultural, al desarrollo, a la tierra y los recursos naturales, a una vida libre de violencia y por supuesto a una vida libre de racismo, entre otros, garantizados por las normas de este país.
Referencias
Berrio Palomo, L. R., Acevedo Ávila, J., Amaro Clemente, B., Habana Roque, A., Méndez Tello, C. D., y Vázquez Cisneros, A. V. (2021). La pandemia de COVID-19 en municipios afromexicanos de la costa guerrerense y oaxaqueña. Alteridades, 31(61), 37-5. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172021000100037
Iturralde Nieto, G. (2022). Studies on Democracy and Afro-Descendant Political Participation in Latin America. En B. Reiter y J. A. Sánchez (eds.), Routledge Handbook of Afro-Latin American Studies (pp. 230-235). Routledge.
Quecha Reyna, C. (2015). La movilización etnopolítica afrodescendiente en México y el patrimonio cultural inmaterial. Anales De Antropología, 49(2), 149-173. https://doi.org/10.1016/S0185-1225(15)30006-0
Sánchez, J. A., Ríos González, P. N., Murillo Martínez, P. E., y Rivera Lassén, A. I. (2022). Miradas (propias) sobre el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, 2015-2024. Editorial IAEN-Fundación Afroecuatoriana Azúcar.
Velázquez, M. E., e Iturralde, G. (2016). Afromexicanos: reflexiones sobre las dinámicas del reconocimiento. Anales De Antropología 50(2), 232-246. https://doi.org/10.1016/j.antro.2016.05.002
Velázquez, M. E., e Iturralde, G. (2020). Afrodescendientes en México: trayectoria, demandas y retos. En Inclusive 5, Personas Afrodescendientes, Serie de Inclusión, derechos Humanos y construcción de ciudadanía (pp. 39-66). Instituto Electoral de la Ciudad de México. https://www.iecm.mx/www/_k/inclusive/Serie_inclusive_libro5_afrodescendientes.pdf
- Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural |Correo: giturraldenieto@gmail.com ↑
- El plan de acción del Decenio fue formulado en torno a tres objetivos: a) promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes, b) promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades, y; c) aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y asegurar su aplicación plena y efectiva (ONU, 2015). ↑
- Este plan puede consultarse en https://consensomontevideo.cepal.org/es/instrumento/plan-de-trabajo-mexico-en-torno-al-decenio-internacional-de-los-afrodescendientes ↑
- El plan de actividades del Decenio propuesto por la ONU puede consultarse en https://www.un.org/es/observances/decade-people-african-descent (Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024). ↑
- Las 47 leyes armonizadas pueden consultarse en el Diario Oficial de la Federación del 1 de abril de 2024: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5721949&fecha=01/04/2024#gsc.tab=0 ↑
- Los sitios son: El Centro Histórico de la Ciudad de México, Cuajinicuilapa, en Guerrero, San Juan de Ulúa y Yanga, en Veracruz, y el Centro Histórico y el Fuerte de San Diego, en Acapulco, Guerrero. ↑
- En el Fuerte de San Diego en Acapulco, en el Fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz y en el Museo Regional de Palmillas en Yanga. ↑
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Por ejemplo, para la revisión de planes y programas de estudio y la inclusión de contendido se creó, por parte de las organizaciones y los sectores académicos, el Colectivo Afroeduca, y a su vez la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe (DGEIIB) instaló una mesa de trabajo y consulta con las organizaciones. ↑