Por el derecho a la verdad: El caso de Ernestina Ascención y los efectos de la militarización en Zongolica, Veracruz*

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Natalia de Marinis

CIESAS-Golfo

A Ernestina Ascención Rosario, mujer indígena nahua de 73 años se le encontró cuando agonizaba en un camino de la sierra de Zongolica, en el municipio de Soledad Atzompa, el 6 de febrero de 2007. Murió al llegar al hospital. Según los familiares que la encontraron, Ernestina dijo en náhuatl “Pinomeh xoxokeh nopan omomotlatlamotlakeh” (los hombres extraños vestidos de verde se me echaron encima). Los familiares declararon que Ernestina se refería a los militares. La primera autopsia señaló la presencia de líquido seminal y desgarres que le ocasionaron una hemorragia, causa principal de su muerte. La autopsia también confirmó golpes, fracturas, traumatismo cráneoencefálico, y marcas en manos y pies.

La movilización de las comunidades hacia las ciudades no se hizo esperar. Reclamaban la urgente desmilitarización de la sierra, y los efectos desvastadores que para ellos tenía la presencia cotidiana y en campamentos de soldados en sus comunidades. Los tratos degradantes y humillaciones por ser indígenas, se sumaba a los robos y abusos que cometían en las casas y tiendas. También denunciaron públicamente casos de violencia sexual. Se posicionaban en contra de las políticas de seguridad que como parte de la guerra contra el narcotráfico declaró Felipe Calderón (2006-2012); pero las ubicaban también en un continuo de militarización de sus regiones como respuesta al levantamiento armado indígena en Chiapas. En Zongolica se habló de la presencia de células guerrilleras como excusa para la presencia militar.

Zongolica es una de las regiones indígenas más importantes de Veracruz, conocida por contener a dos de los municipios más pobres del país: Mixtla de Altamirano y Tehuipango, lo que la ha convertido en el escenario de inauguración de diferenes programas de gobierno, como la cruzada contra el hambre en 2012, y en un bastión electoral. En su demarcación distrital, que contiene 18 municipios, se plantea que viven en la región 19 000 habitantes hablantes de náhuatl, lo que representa un 83% de la población total. Como región fronteriza y parte del corredor Córdoba-Orizaba, en los últimos años, Zongolica se ha visto sacudida por un incremento de la violencia criminal.

Desde antes del asesinato de Ernestina, las autoridades comunitarias habían enviado cartas al jefe militar de la zona de Orizaba en las que reclamaban algunos puntos que me parecen centrales. En principio, el atropello que significaba la presencia militar sin que se haya consultado a las autoridades comunitarias a pesar de ser reconocida, aunque de manera limitada, la jurisdicción indígena circunscrita a la figura del municipio en Veracruz. Por otro lado, la discriminación que sufrían como indígenas cada vez que reclamaban por los abusos que cometían los militares. La humillación la recibían por parte de los propios soldados y de los mandos medios a quienes se dirigían para exigir la desmilitarización de sus comunidades.

Nosotros no hablamos bien el español pero sabemos que sólo en condiciones de guerra se pueden suspender los derechos constitucionales. Pero cuando eso dijimos al militar al mando del grupo de soldados que llegó a nuestra comunidad, éste nos contestó que él “no tenía por qué tomar en cuenta a la autoridad municipal y comunitaria para avisar de su presencia ni de sus razones para estar ahí porque ellos eran federales y estaban por encima de todos” (Carta de Modesto Antonio Cruz dirigida al jefe militar de la zona cuartel de Orizaba, 5 de febrero de 2007).[1]

La ocupación militar revelaba el desprecio que sufrían como indígenas, pero también el limitado impacto que tenían las reformas constitucionales que garantizaban sus derechos colectivos a la autonomía indígena contenidas en el artículo 2 de la Constitución mexicana y el 6 de la Constitución del estado de Veracruz. La ocupación militar violaba claramente sus derechos al instalarse en sus territorios e imponer violencia sobre la población, sin haber consultado a los pueblos indígenas. La carta contiene también puntos nodales para comprender la manera en que la militarización trae consecuencias muy negativas para las personas, especialmente la manera en que las mujeres experimentan la presencia armada.

En cuanto llegaron los militares a la comunidad, sin pedir permiso, se establecieron en una parcela agrícola que es propiedad privada. En nuestra comunidad, por razones de división del trabajo productivo y familiar, son las mujeres las que juntan leña y con mucha dificultad y esfuerzo la acarrean a la casa para nuestras necesidades domésticas. Los militares, una vez que se asentaron en la propiedad particular y sin pedirle permiso al dueño, también dispusieron de su leña como si la hubieran pagado […] ¿Los indígenas nahuas somos ciudadanos en plenitud de derechos o seguimos siendo esclavos? […]

Estas cartas y denuncias previas, nos muestran que la muerte de Ernestina evidenció una situación de violencia acumulada en la sierra, en la que la violencia contra mujeres y hombres indígenas en contextos militarizados se normaliza y justifica. El caso de Ernestina destapó otras condiciones de violencia, racismo e impunidad. A partir del peritaje médico que confirmó las causas de la muerte de Ernestina, se generó una “guerra de declaraciones”, en la que los diferentes niveles de gobierno desmentían las versiones de los otros. Inicialmente, Fidel Herrera, gobernador de Veracruz (2004-2010), utilizó el caso de Ernestina para oponerse al gobierno de Felipe Calderón y pedir la desmilitarización de la región. Esta postura no duró mucho. Mientras se realizaban reuniones y se desmentía la autopsia desde el gobierno federal y desde la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fidel Herrera negó que Ernestina hubiera sido violada y asesinada e inmediatamente “retiró a la familia de la comunidad”, como comentan testigos, en las mismas fechas en las que todo indicaba un giro de las declaraciones.

Las controversias implicaron una segunda autopsia del cuerpo de Ernestina, la cual confirmó la primera y una serie de declaraciones oficiales que involucraron las que hizo la Secretaría de Defensa Nacional inicialmente, las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desmentía la versión de los peritos de la Procuraduría de Justicia de Veracruz, y, finalmente, la del presidente de la nación Felipe Calderón, quien planteó que Ernestina había muerto de gastritis aguda. Así lo afirmó su expediente, y el caso se cerró en mayo de 2007.

El caso de Ernestina fue uno entre otros que se dieron entre 2006 y 2012 y que las mujeres indígenas organizadas alrededor de la Casa de la Mujer Indígena recuerdan por la violencia sobre los cuerpos y la forma en que las mujeres se encontraron: cuerpos desnudos, con signos de violencia sexual en algunos casos, arrojados en caminos, expuestos. Y en casi todos los casos reinó la impunidad mediante el silenciamiento y amenaza a las familias, con el reparto de dinero por parte de autoridades locales y estatales. Estos sucesos, con el tiempo, quedaron en el olvido.

Los familiares de Ernestina no apelaron la sentencia durante el tiempo que tuvieron para hacerlo. Diferentes testigos en las comunidades refieren las amenazas recibidas y el silencio al que orillaron a la familia. Sin embargo, las autoridades de Zongolica, reunidas alrededor de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de Zongolica (CROIZ) y otras organizaciones como el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM) y la Asociación de Abogadas y Abogados por la Justicia y los Derechos Humanos, exigieron justicia y verdad por el caso de Ernestina y, cuando parecía que su caso quedaría en el olvido como tantos otros, las organizaciones solicitaron el acceso al expediente y agotaron las instancias de justicia a nivel nacional para llevar su demanda hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En los primeros intentos de solicitud, el expediente no sólo se les negó sino que cuando al fin lo obtuvieron encontraron algo por demás ofensivo para la memoria de Ernestina: “Nos ofrecieron una versión testada, lo que la Ley llama la versión pública, en donde toda la información sustantiva estaba tachada. Eran todas las páginas tachadas. Era completamente ilegible cualquier dato”, dijo Carmen Herrera en el foro que organizamos en CIESAS Golfo para dar a conocer el proceso.[2]

Un año y medio después se abrió el caso a revisión, por el criterio per saltum, que se utiliza en casos de niños, personas mayores o desapariciones y que permite hacerse de manera más rápida. Ante las respuestas del Estado ¾que fueron “deshonrosas” al decir de la abogada¾ y el trato agresivo tanto con la imagen de Ernestina, y hacia las personas que están involucradas en los casos, la Comisión Interamericana determinó revisar el caso y atender algunos de los aspectos presentados en la denuncia. En febrero de 2018, la Comisión Interamericana admitió la denuncia por la cual se examinaría al Estado mexicano por discriminación, opacidad e impunidad en el caso de Ernestina.

Se trataría del primer proceso desde México en el que no son los familiares los que llevan adelante el proceso a la justicia y, en caso de pasar a la corte, sería la tercera vez que el Estado mexicano enfrenta un proceso legal internacional por violación a los derechos humanos de mujeres indígenas en el que están involucradas las fuerzas de seguridad, situación a la que se suman las recomendaciones que recibió por parte de la CIDH por los casos de las hermanas González Pérez, víctimas de tortura sexual por parte del ejército en Chiapas.

Los avances de este caso en las instancias de justicia internacional y los efectos de la respuesta militarizada hacia la inseguridad en regiones indígenas, coincide con la gran preocupación por parte de diferentes sectores acerca de la creación de la Guardia Nacional. Zongolica se consideró uno de los 154 municipios más inseguros del país, según el documento de trabajo que se dio a conocer el pasado 26 de diciembre y, aunque su alcalde lo negó y solicitó revisión de los datos en los que se está basando, será integrado en el plan de seguridad junto a otros 14 municipios del estado de Veracruz, al contemplarse junto con el Estado de México como los dos estados que contienen los municipios más inseguros.

El caso de Ernestina visibiliza no sólo las consecuencias de la respuesta militarizada hacia los problemas de violencia que afectan a las regiones indígenas y que se documentó en numerosos peritajes, como analiza Aída Hernández en este número, sino también la manera en que su tratamiento desnudó la violencia de Estado en todas sus formas, por las revictimizaciones que sufrió su cuerpo y las amenazas que vivió su familia. Carmen Herrera, abogada en el caso, habló de la importancia de descentralizar la legitimidad de la posibilidad de justicia sólo en los familiares, porque “cuando no están las condiciones, no hay justicia”.

Este proceso instala una pregunta necesaria acerca de localización del agravio que para la justicia, y en general los movimientos por los derechos humanos, se circunscribe a los afectados directos y cercanos: el individuo y la familia. Ante el asedio y el silenciamiento que se impone en las regiones indígenas, como en el caso de la región de Zongolica, ampliar y extender la participación de la comunidad y la ciudadanía en la búsqueda de justicia y verdad se vuelve una acción estratégica que, sin embargo, enfrenta varios retos. Uno de ellos será el trabajo comunitario alrededor de este proceso legal para que la memoria y la verdad tejan, desde sentidos propios, nuevos horizontes de justicia y no repetición.

 


[*] Este texto forma parte de mi trabajo de investigación “Violencias interseccionales y acceso a la justicia y seguridad. Memorias y testimonios de mujeres indígenas en Veracruz” (2016-2018). Se basa en reflexiones surgidas del Foro “México ante la justicia internacional: violaciones a los derechos humanos de mujeres indígenas”, que detallo en el texto. Agradezco la colaboración de Erika Suárez, estudiante huésped del CIESAS Golfo, por la relatoría del evento.

[1] Agradezco a Patricia Benítez del Centro de Estudios Municipalistas Heriberto Jara (CESEM) por facilitarme documentos publicados ¾entre ellos esta carta¾ sobre los foros convocados en 2007 alrededor del caso de Ernestina.

[2] El 23 de noviembre se llevó a cabo en CIESAS Golfo el foro “México ante la justicia internacional: violaciones a los derechos humanos de mujeres indígenas”, convocado por el Seminario Violencias contra mujeres en Veracruz, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, la Asociación de Abogadas y Abogados por la Justicia y los Derechos Humanos y el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa.