Pluralismos normativos e institucionales: prisma para analizar las recomposiciones territoriales del México contemporáneo
Gabriela Torres-Mazuera
y Víctor Leonel Juan Martínez
Es verdad sabida que en el concierto latinoamericano hay una gran diversidad de culturas que confluyen en las distintas naciones formalmente constituidas. En México hay 68 pueblos indígenas, más el pueblo afromexicano, además, por supuesto, de la población mestiza, comunidades equiparables a las indígenas y una creciente conformación de nuevas regiones pluriculturales –particularmente en las zonas fronterizas y en las grandes metrópolis– merced a los procesos migratorios, tanto internos, como la que proviene de los países centroamericanos. Ello se refleja no sólo en la riqueza de sus manifestaciones culturales, también genera una pluralidad de sistemas de gobierno, de formas de organización política, de concepciones sobre eso que llamamos “desarrollo”, sobre la “madre tierra” y los territorios, de formas y principios para impartir justicia.
En teoría y en la lógica, a una nación con tal diversidad correspondería un Estado con pertinencia cultural que generarase sistemas de gobierno, entramados constitucionales y jurídicos, así como políticas públicas, con una perspectiva pluralista e intercultural. En México no necesariamente es así. Aun cuando, en décadas recientes, se han dado importantes avances a este respecto, quedan vacíos y contradicciones en el plano normativo e institucional que emergen y se hacen visibles en contextos de recomposición territorial y cambio institucional.
En el marco de la línea de especialización Pluralismos normativos e institucionales y recomposiciones territoriales en América Latina de la Maestría en Antropología Social en el CIESAS Pacífico Sur, los planteamientos arriba señalados fueron el punto de partida de discusiones y trabajos desarrollados por los investigadores y los estudiantes de posgrado entre el 2015 y el 2021. La propuesta temática para el presente número del Ichan Tecolotl recoge algunos de los resultados de esos estudios, en colaboración con proyectos de investigación inscritos en la misma temática en el CIESAS Peninsular.
La línea de “Pluralismos” fue el espacio de convergencia de investigadores y estudiantes, la mayoría mujeres, interesadas en los procesos socio-políticos, económicos y culturales, que revelan conflictividades y disputas asociadas al reconocimiento, definición, vigencia y defensa de derechos y sujetos de derechos, así como al rediseño e implementación de políticas públicas, en espacios caracterizados por la diversidad cultural y ecológica. Durante sus seis años de actividad, la línea de “Pluralismos” generó un espacio de formación interdisciplinaria que desde la antropología socio-cultural, la sociología, la ciencia política y el derecho, permitió a los estudiantes explorar las dinámicas y recomposiciones territoriales a la luz de los pluralismos normativos e institucionales.
Los trabajos comprendidos en este número exploran con fineza etnográfica la imbricación, desfase, contradicción o evasión de normas vernáculas y marcos legales que regulan el uso de recursos como el agua o la tierra, así como el voto y la participación ciudadana, los actores que participan en la definición de derechos, y los empalmes entre jurisdicciones agrarias, ambientales e indígenas.
Es así como Tajëëw Díaz presenta los conflictos electorales en Santa María Guiegolani, comunidad zapoteca ubicada en la Sierra Sur de Oaxaca, surgidos de las nuevas regulaciones locales y el reconocimiento de los sistemas normativos indígenas, los actores y contextos en la lucha por el poder local y los cambios propiciados en su historia reciente. Indira Velasco Viloria, en el mismo sentido, describe las implicaciones que la política de reconocimiento tuvo en la reconfiguración de la ciudadanía en dos comunidades zapotecas: San Jerónimo Tlacochahuaya y Macuilxóchitl de Artigas Carranza, revelando las tensiones y disputas por la autonomía que se han dado entre comunidades que coexisten al interior del mismo municipio indígena. Víctor Leonel Juan Martínez caracteriza algunos de los retos a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas que, de manera general, son inherentes a una diversidad poco reconocida en el marco legal. En concreto, reflexiona sobre las tensiones en materia de autonomía política y autogobierno, el ejercicio de la jurisdicción indígena y las disputas por los territorios. Por su parte, Cinthya Hernández Bautista, reseña el libro colectivo Las otras elecciones. Los sistemas normativos indígenas, del reconocimiento a la praxis, el cual aborda las reconfiguraciones, tensiones, y cambios jurisdiccionales en los municipios de Oaxaca a raíz del reconocimiento a los procesos de elección por las reglas propias de las comunidades indígenas.
Por su parte, Paola Vásquez-Delfín, aborda el caso de Zapotitlán Salinas, comunidad de Puebla, perteneciente a un Área Natural Protegida, para analizar los entramados normativos en la gestión colectiva de los recursos naturales, entre comunidades e instituciones del Estado, y los conflictos intercomunitarios emergentes frente a la intervención de instancias ambientales y la explotación minera a pequeña escala. Sara López Cerón, devela cómo los funcionarios estatales eluden su obligación en la búsqueda de personas desaparecidas, por lo cual son los familiares de aquellas y organizaciones de la sociedad civil quienes asumen tal responsabilidad. En su análisis revela el funcionamiento del aparato estatal, “diseñado, no para ser coherente, eficiente o ágil, sino para absorber cualquier intento ciudadano que busque prescindir de su dominio.”
Pablo Aguilera del Castillo introduce una investigación en curso sobre la diversidad de apropiaciones, usos y normas relativos a las fuentes tradicionales de agua en comunidades mayas de Yucatán, destacando la importancia de un enfoque pluricultural a su manejo. Por último, Gabriela Torres-Mazuera sintetiza algunos de los planteamientos expuestos en el libro colectivo: La regulación imposible. (I)legalidad e (i)regularidad en los mercados de tierra en ejidos y comunidades en México del inicio del siglo XXI, para abordar la creciente conflictividad y litigiosidad agraria del México contemporáneo. El planteamiento central resumido en su contribución al número, es el de la coexistencia y mutua interacción de tres órdenes jurisdiccionales (el agrario, el civil y el indígena) que regulan la tenencia de tierra ejidal-comunal. Los empalmes de las tres jurisdicciones, con principios, normativas, reivindicaciones y actores diferentes amplía los desfases entre lo que se puede considerar como justo e injusto, legal o ilegal, legítimo o ilegítimo cuando se trata de derechos asociados a las tierras ejidales y comunales y deben ser considerados cuando nos proponemos comprender la dinámica de la conflictividad agraria en la actualidad.