José Luis Moctezuma Zamarrón
Centro INAH Sonora
moctezumajose56@gmail.com
José Antonio Flores Farfán
CIESAS
xosen@hotmail.com
Alumnos de escuela, Jalisquillo,Mezquitic, Jalisco.
Imagen del Acervo Digital de Lenguas Indígenas (2013)
Consideraciones generales
En las políticas del lenguaje en México, ha prevalecido un enfoque destinado al desplazamiento de las lenguas originarias que se hablan en el país a favor del español. A pesar de los avances en materia jurídica, ya sea en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos o en la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI), los organismos encargados de llevar a cabo estas políticas, como en educación indígena, a través de la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, entre otros organismos, no han logrado detener los diversos procesos de desplazamiento lingüístico que han experimentado las lenguas originarias. De hecho, varias de estas políticas conculcan los derechos lingüísticos de los hablantes nativos. Más aún, tomando en cuenta las investigaciones y las perspectivas de los propios hablantes, se ha hecho evidente el fracaso de éstas, tanto en el plano cuantitativo como en el cualitativo.
El análisis de los últimos censos y conteos del INEGI (2000, 2005, 2010, 2015 y 2020) muestran un claro incremento del bilingüismo en gran parte de las comunidades originarias, un bilingüismo que se encamina a la sustitución de las lenguas nativas por el español. La gestión del multilingüismo mexicano debería encaminarse a su estabilización y celebración, no a su pérdida inexorable, con todas sus implicaciones negativas.
Entre otros muchos factores, como las lenguas indígenas vinculadas a la pobreza y la marginación, así como la migración de grandes cantidades de hablantes de sus territorios tradicionales en general han propiciado el declive de las tasas de crecimiento de las lenguas originarias y, sobre todo, los bajos porcentajes de niños y jóvenes que hablan lenguas vernáculas en una gran cantidad de éstas, incluyendo las que tienen mayor número de hablantes, como el náhuatl, maya yucateco y zapoteco, por mencionar sólo algunas, que revelan la sombría realidad que experimentan las lenguas y sus hablantes.
En cuanto al aspecto cualitativo, los trabajos lingüísticos y antropológicos, sobre todo los de corte sociolingüístico, han evidenciado la dinámica del mantenimiento y desplazamiento que han experimentado las lenguas investigadas. Sus resultados revelan situaciones altamente complejas, con procesos que van de un desplazamiento gradual en algunos casos, a otros en donde casi se ha detenido por completo la transmisión de la lengua materna, y el español cumple el papel de primera lengua en las generaciones más jóvenes, no sólo en lenguas con un número reducido de hablantes, sino también en otras con cientos de miles que todavía se comunican a través de ellas, como el caso del mayo, otomí, mazahua y maya yucateco (Cifuentes y Moctezuma, 2009).
Son multifactoriales, como se ha mencionado, los procesos que intervienen en el mantenimiento y desplazamiento lingüístico experimentado por las lenguas originarias. Aquí presentaremos algunos de los más relevantes, pensando sobre todo en las implicaciones que tiene el Estado mexicano para contrarrestar la dinámica actual.
El primer aspecto tiene que ver con las políticas del lenguaje que se han manejado en los diferentes gobiernos, sin una clara definición por parte del Estado en términos de sus políticas públicas. Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2020) señala el derecho de uso de las lenguas originarias y la LGDLPI (2003) presenta una serie de derechos que poseen estos hablantes, en realidad las prácticas en las políticas del lenguaje y de las políticas públicas van a contracorriente de estos postulados o, de hecho, son letra muerta, por lo que es evidente una clara contradicción entre los discursos y programas sobre el mantenimiento de las lenguas originarias y la experiencia negativa que han ejercido incluso quienes, se supone, velan por la continuidad de estas lenguas.
No existen políticas lingüísticas bien definidas en favor de las lenguas originarias en los tres poderes de gobierno, especialmente en el poder ejecutivo. . Su labor se centra sobre todo en lo educativo y deja de lado otros aspectos muy importantes sobre los programas que realmente se encarguen de revitalizar o refuncionalizar las lenguas originarias. A eso se añade la falta de coordinación entre las instituciones gubernamentales con las instituciones encargadas del estudio de la diversidad lingüística, social y cultural de los grupos étnicos. Al mismo tiempo y de manera categórica, no existe una verdadera vinculación con los pueblos originarios y sus demandas reales sobre sus necesidades para contener el acelerado desplazamiento lingüístico de sus lenguas. A lo anterior se suma una falta casi total de una política lingüística que rompa con la discriminación y estigmatización por parte de la sociedad nacional y los medios de comunicación hacia las lenguas y sus hablantes.
Un factor determinante en el desplazamiento de las lenguas ha sido la educación en México, en particular la educación indígena, llamada actualmente intercultural-bilingüe, pero que dista mucho de ser intercultural y bilingüe (para un análisis, véase entre otros Hamel, 2008). Por el contrario, la escuela ha sido uno de los espacios con mayor impacto en contra de las lenguas originarias. Cambiar el modelo actual es una de las prioridades para reivindicar una educación verdaderamente indígena. En muchos casos los maestros bilingües son los que mayor claridad tienen sobre el problema educativo en sus comunidades, por lo que es imprescindible el trabajo con ellos para realizar los cambios necesarios, apoyándolos de distintas y muy diversas maneras que intentamos imaginar y propiciar.
Entre otros, el modelo educativo actual trata de la misma forma a los hablantes de español que a los de las lenguas originarias, y entre sus metas está la de equiparar ambas realidades, lo que implícitamente trae aparejada la pérdida total de las lenguas nativas para llegar a ese fin. Las evaluaciones son las mismas para unos y para otros, sin importar las condiciones de desigualdad entre ellos. Ver el rezago en términos del analfabetismo en español representa una de las mayores falacias del actual modelo educativo. El llamado sistema indígena, reduce el uso de la lengua originaria si acaso a unas cuantas horas de instrucción como objeto de estudio, y no como medio de instrucción o sólo como puente lingüístico para propiciar la castellanización. Estos aspectos representan poderosos factores que han favorecido la pérdida de las lenguas originarias, sin que exista un cambio en las ideologías lingüísticas enraizadas en desigualdades económicas y sociales de herencia colonial.
Por otro lado, la educación se ha centrado en la escritura y en contenidos impuestos a las comunidades originarias, dejando de lado la oralidad, base de la reproducción de estas lenguas y culturas, fuera de sus parámetros pedagógicos (Barriga, 2018). Ello implica que no se toman en cuenta las formas de socialización y las competencias comunicativas propias de los miembros de estos grupos, arraigadas en la tradición oral, desde luego con toda su riqueza lingüística y cultural, con sus valores morales y estéticos, entre otros. La reducción de la educación a la fallida escritura, limitada históricamente a la discusión de alfabetos, sigue siendo un tema recurrente en muchas de las lenguas que se hablan en el territorio nacional, a lo que precariamente se circunscribe la discusión, muchas veces creando faccionalismos y divisiones entre las élites originarias e incluso entre los miembros de las bases mismas. Sin menospreciar el valor que, bien entendida, la escritura puede y debe tener como un elemento simbólico, demostrativo y práctico de las lenguas originarias, la oralidad y sus claves profundas vinculadas a las epistemologías originarias permiten, en primer lugar y ante todo, su reproducción en distintos ámbitos de la vida sociocultural de las comunidades. La oralidad o mejor aún la oralitura debería reposicionarse al frente de las prácticas y valores pedagógicos en las escuelas, no sólo originarias. En este sentido, el impacto que las lenguas y culturas originarias han tenido en la configuración de las variedades del español en México constituye un recurso educativo poco valorado y explorado hasta la fecha (para una excepción cf. Flores Farfán, 2013), que nos provee de una identidad sociolingüística como mexicanos en las distintas regiones del país, incluyendo las distintas formas del español de diversas regiones, como el del altiplano, que tanta influencia ha tenido del náhuatl, por no hablar del español sonorense o yucateco, al igual que otros del sureste del país. La oralidad es la base de estas influencias, no sólo está manifiesto en la pronunciación de nuestro español diverso, sino también en nuestras distintas maneras de hablar el español, de nuestros estilos de habla si se quiere, de nuestra riqueza cultural. De hecho, el español llamado mexicano es un español mucho muy bien articulado por influencia del náhuatl, que podría constituirse como un referente pedagógico para la enseñanza del español como segunda lengua, superando el hispanismo arcaizante prescriptivo que todavía puebla las ideologías escolares, no sólo en México.
En el caso de los pueblos originarios, la riqueza de su arte y estética verbal orales, debería conformarse como un bastión de la enseñanza y reivindicación de las comunidades originarias, elementos pedagógicos por excelencia en el mantenimiento de sus lenguas y culturas. Esto permitiría recuperar saberes que están cayendo en el olvido por la desvalorización, no sólo institucional, de la que son objeto, como parte del racismo y la discriminación. Más aún, recuperar la oralidad permitiría desarrollar un modelo de escuela mucho más vinculado a las prácticas comunitarias, como los saberes relacionados con la herbolaria y las prácticas agrícolas o curativas, llevando la comunidad a la escuela y la escuela a la comunidad. Introducir la escritura vía la oralidad como un camino mucho más amigable y familiar, más pedagógico, es otra ventaja de apostar por la oralidad; el recorrido hasta ahora, es el camino inverso, que produce los desastrosos resultados que se viven sobre todo en el medio llamado indígena, aunque no exclusivamente, sino extensivo a todo el modelo escolar mexicano, y que colocan a México con uno de los índices más bajos en educación y más altos de deserción escolar, sobre todo en las comunidades originarias, y que hay que revertir con propuestas como la presente y la del Grupo de Acompañamiento a Lenguas Amenazadas (GALA. ver documento anexo en este número).
En general, se requieren más estudios y materiales que apoyen los postulados y aspectos enunciados, desarrollos en torno a las distintas materias que componen el currículum escolar originario sobre estas bases de soporte oral y de arraigo comunitario, lo cual debería desarrollarse a cabalidad para una educación indígena cuantitativa y cualitativamente relevante. El divorcio entre los saberes originarios y el aprendizaje escolar ha implicado que la escuela se ha aislado de toda relación comunal, ejerciendo violencia cultural, al buscar la estandarización en un solo modelo uniformador, utilizando un modelo centralizador que ejerce violencia sobre las epistemologías originarias a través del modelo escrito, por lo demás muy precario. Todos éstos han sido algunos de los factores más importantes en el fracaso de la educación indígena, junto con la aludida precariedad del sistema en términos de su calidad, cantidad y tipo de materiales educativos y, desde luego, la insuficiente formación de cuadros y gestores educativos profesionales, que se limitan a cursillos de muy poca duración y verdadero impacto formativo del personal docente.
El problema es aún más de fondo, si se toma en cuenta las ideologías en las que la educación en todo el país ha recurrido a un glorioso pasado de las culturas originarias, mistificándolas, y en el mejor de los casos apenas si se mencionan algunos aspectos de las comunidades autóctonas actuales, vivas, señalando cuando mucho únicamente que hablan una lengua particular. No existe una educación que valore la riqueza étnica, cultural y lingüística del país en el ámbito nacional, y mucho menos a nivel regional, en donde se confrontan hablantes de lenguas originarias con quienes lo hacen en español. La mistificación de lo indígena es parte de lo que el Estado ha intentado perpetuar como objetos de contemplación y museografía turística, haciendo caso omiso de las necesidades y derechos de los sujetos originarios mismos, considerándolos más bien, a éstos y sus territorios, como objetos de usufructo, en contra de lo que reclaman los pueblos, un lugar en el concierto nacional, con expresiones como el movimiento zapatista o el Congreso Nacional Indígena.
El racismo y la discriminación que sufren los hablantes de lengua originaria surgen de la familia, la escuela y la sociedad mestiza que reproduce esquemas del neocolonialismo interno que hay que romper. Los medios de comunicación han abonado mucho en este sentido y esto ha impactado terriblemente en las comunidades originarias, incluso muchos miembros de estas comunidades se han visto en la necesidad de apropiarse del español como primera lengua, con todas sus contradicciones y nuevos estigmas y paradojas, incluso interiorizando los discursos e ideologías lingüísticas negativas para tratar de no sufrir estigmas y vejaciones. Este estado de cosas puede y debe cambiar. Contrarrestar estas ideologías y prácticas negativas significa trabajar con las ideologías afirmativas, que han permitido la persistencia de las lenguas originarias, a pesar de todas las presiones que han experimentado a lo largo de su historia y a las que la presente propuesta intenta abocarse como un primer esfuerzo concertado, bien formado e informado, democratizando las estructuras de participación y la toma de decisiones en materia de planeación y política lingüísticas.
Consonante con lo arriba planteado, un elemento vinculado a considerar en el desplazamiento lingüístico radica en las políticas del lenguaje que han implementado las diversas instancias gubernamentales, mistificador de las realidades originarias más lacerantes y apremiantes. Administrativamente, en la mayoría de los casos no existen programas de política lingüística a corto, mediano y largo plazo; los cambios sexenales en los cargos superiores han inhibido esta posibilidad también; siempre comienzan desde cero y cambian lo planeado en periodos anteriores. A esto se suma la falta de coordinación entre las dependencias y la poca o nula asesoría y trabajo compartido con instituciones académicas y especialistas en este tipo de problemáticas. Todo lo cual abona a la falta de programas de formación y desarrollo, de políticas lingüísticas sostenibles a largo plazo, como los que urge instaurar de revitalización lingüística aludidos, inexistentes en México.
Finalmente, un problema fundamental, el trabajo con los hablantes, los portadores de saberes ancestrales y sus organizaciones internas nunca han sido considerados. Las precarias políticas del lenguaje se han dictado desde arriba y en la mayoría de los casos contando con intelectuales orgánicos que no toman en cuenta a la comunidad e imponen los modelos propuestos desde órganos de decisión centralizados, carentes del conocimiento de la realidad imperante al interior de las comunidades, buscando legitimar al Estado retóricamente en la mayoría de los casos. Las diversas instituciones han preferido tener un séquito de incondicionales, promotores y operadores que negociar con los miembros de las colectividades de base.
Ante esta lamentable situación que está llevando a la pérdida acelerada de una riqueza incalculable de lenguas y culturas originarias y a los cambios políticos ocurridos en México en 2018, creando la esperanza de un cambio radical en las políticas del lenguaje, se conformó el Grupo de Acompañamiento a Lenguas Amenazadas (GALA, entidad afín a los postulados de Linguapax, véase Pereña, en este número del Ichan). Este grupo ha ido creciendo a partir del interés de muchos actores, incluyendo académicos y hablantes de lenguas originarias. Desgraciadamente, su labor no ha dado frutos ante los altos niveles de gobierno, aunque algunas autoridades de diferentes instancias gubernamentales se muestran por lo menos declarativamente interesados en las propuestas. De alguna manera, a partir de las discusiones de políticas del lenguaje, aún no terminadas, se planteó la evaluación anterior y las propuestas vertidas en los planteamientos siguientes.
Propuestas para la renovación y desarrollo de políticas del lenguaje en México
Pensar en la (re)valoración y (re)vitalización de las lenguas originarias mexicanas implica tomar en cuenta los contextos en donde estas lenguas y culturas han sufrido discriminación, racismo y exclusión históricamente, así como sus formas de resistencia (Flores Farfán, 2018). La diversidad de lenguas y culturas va acompañada de una diversidad de factores que entran en juego en las dinámicas del mantenimiento y deslazamiento lingüístico. Esta diversidad sólo puede ser abordada desde una perspectiva multidisciplinaria, multifactorial y tomando en cuenta a los diferentes actores e instituciones, incluyendo, de manera comprometida, a las académicas. No para que dicten la planeación, programas y proyectos de atención a las lenguas, sino como acompañantes en la toma de decisiones de los miembros de las comunidades originarias, lo cual implica una academia en una relación distinta con los hablantes de lenguas originarias, como sugeriremos.
Los principales objetivos generales que nos planteamos incluyen:
Sentar las bases políticas y legales para renovar las políticas del lenguaje en México, incluyendo el derecho, incluso obligación, de todos los mexicanos de aprender una lengua indígena y tener un conocimiento de la diversidad lingüística y cultural, que tenga como propósito eliminar la discriminación lingüística y fortalecer el uso de las lenguas nativas del país.
Reivindicar las lenguas y culturas originarias bajo un esquema global y transversal, en donde se incida en varios aspectos de orden económico, ideológico, político, legal, social y cultural. En donde se tomen en cuenta de manera directa sus problemas de representación, organización social, derechos humanos, culturales, lingüísticos y territoriales; defendiendo sus recursos naturales, incluyendo el agua, así como su educación, bajo un parámetro totalmente distinto al vigente que abone al bienestar de la población originaria.
Para ello, uno de los primeros pasos, como objetivo específico, de competencia y responsabilidad ineludible del Estado, es establecer una educación indígena pertinente de calidad, rompiendo con el formato actual. Esto implica una amplia discusión sobre las diversas formas de educar, en especial en el llamado medio indígena. Una educación pertinente de calidad implica partir de un modelo en donde las lenguas originarias tengan un papel preponderante en la relación enseñanza-aprendizaje, y no como un vehículo para el paso al monolingüismo en español, como, prácticamente, en todos los casos ha sucedido hasta ahora. El uso de la lengua en todos los niveles del aprendizaje y en las distintas materias curriculares representa la única forma de detener el lingüicidio del que han sido objeto las lenguas nacionales a favor del español, al ser lengua nacional dominante en casi todos los contextos interétnicos y muy en específico en el escolar. Hasta ahora, los programas exitosos de revitalización lingüística, no sólo en las escuelas en otras partes del mundo, implican una total inmersión en la lengua nativa, por no hablar de la educación de las élites que siempre ha desarrollado un enfoque semejante (Grenoble y Whaley, 2006). La revitalización lingüística implica un enfoque holístico, que no se reduce a la escuela, sino que trabaja en todos los ámbitos de la sociedad para ser exitosa, aunque la escuela puede y debe ser un elemento en su activación, como se ha demostrado en otros países donde el desplazamiento es aún más acusado, como en los EE.UU.
Otra posibilidad es la escuela de tiempo completo, en donde se impartan las materias en lengua originaria por la mañana y las mismas en español por la tarde. Con la salvedad de que las materias en lengua originaria estén relacionadas con la propia cultura oral, como se ha señalado, y no una calca del español, como el modelo de subordinación dominante ha desarrollado hasta ahora. Esta propuesta implicaría realmente una educación “intercultural-bilingüe”, una interculturalidad bilateral, y no unilateral como hasta la fecha, y el trabajo de alumnos y maestros con los diferentes especialistas en los saberes de cada cultura en particular, lo que reforzaría los valores propios de cada grupo étnico. Se trata de recuperar y poner al frente los saberes originarios, sus epistemologías propias, revalorándolas y llevándolas a la escuela, entendida ésta como un espacio comunitario de reivindicación de las lenguas y culturas originarias, un lugar para la recuperación y revitalización de las lenguas ancestrales, restituyendo la deuda histórica de lo que la escuela les ha arrebatado, el derecho lingüístico a su reconocimiento y desarrollo.
Esto supone cambiar los modelos de evaluación propuestos por el INEE, al tratar a toda costa de equiparar la educación indígena con la educación monolingüe en español. En este sentido, deben cambiar las formas de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicando otros parámetros, acordes con las distintas realidades diferenciales, incluso entre los propios grupos étnicos. Sin duda, no es lo mismo el sistema educativo en la zona maya que entre los rarámuris, que tienen otros usos y costumbres, otra ecología lingüística y cultural vinculada entre otras cosas al territorio. De hecho, se deberían implementar distintos modelos educativos, según las diversas situaciones sociolingüísticas, culturales y sociales regionales que experimentan las lenguas en comunidades específicas; es decir, distintos modelos educativos acordes con los hechos diferenciales específicos de cada comunidad o región originaria. En suma, deberían operar programas educativos diseñados entre y por los miembros de las comunidades de habla de acuerdo con sus distintas matrices de socialización comunitaria, acompañados por expertos en la materia comprometidos, especialistas en distintas disciplinas, con criterios claros de construcción y potenciación de conocimientos.
Por lo tanto, es necesaria una regionalización de la educación. En este sentido, reiteramos que también cabe rediseñar el modelo de educación “indígena” de acuerdo con las características de cada región, grupo étnico, lengua y comunidad de habla, para hacer realmente viable una educación conforme con cada realidad específica. Esto no significa atomizar la educación. Se trata más bien de romper con el sistema monolítico educativo y operar con criterios más cercanos a una serie de escenarios compartidos por regiones o grupos de lenguas o comunidades de habla que permitan una mejor educación que respete las diferencias regionales, haciendo justicia a las realidades diferenciales, precisamente las diferencias culturales que tienen su asiento en la variedad de lenguas existentes en el país. Además, esto entraña operar nuevos modelos educativos con una gran cantidad de hablantes nativos que han migrado a regiones distintas a sus territorios originales, incluido el extranjero, un desafío mayor que implica entender el tema de la migración y sus implicaciones a cabalidad también.
Para llevar a cabo esta titánica tarea es indispensable la formación de cuadros académicos originarios, hablantes de lenguas originarias. Su formación debería realizarse en varias regiones e instituciones académicas que dejen atrás la ciencia “autoritaria”, nosotros la llamaríamos extractiva, al servicio de intereses individuales y academicistas, como lo ha expresado la titular de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, visibilizando los saberes propios que codifican las lenguas y su relación con el entorno comunitario y biocultural, incluso en términos productivos o de salud, como la potenciación de modelos agrológicos, como la milpa o la farmacopea indígena para la atención de la salud, respectivamente, y desde luego para el desarrollo de una educación con pertinencia y pertenencia lingüística y cultural, verdaderamente efectiva y eficaz.
Para ello, los maestros bilingües tendrían que entrar en un proceso de formación continua de calidad para ampliar su preparación acorde con los nuevos modelos educativos de (re)vitalización lingüística y cultural, como los sugeridos. En la reforma educativa no hay una clara definición de cómo proceder en torno a la llamada “educación indígena” y no se tomó en cuenta la opinión de los maestros ni de la comunidad científica, por lo que es trascendental un trabajo conjunto entre éstos, los expertos de la comunidad académica y las comunidades originarias, a quienes va dirigido este tipo de educación, replanteando cuestiones de fondo, como las aludidas.
Al mismo tiempo, es sumamente importante un cambio en la educación no originaria en el país, que revalore la diversidad lingüística, a través del conocimiento de la gran riqueza de culturas y lenguas nativas y modifique sus ideas y actitudes hacia las originarias y sus códigos, asomándose a la diversidad a través de sus propias identidades lingüísticas y culturales, como se ha sugerido también con respecto a la diversidad del español mismo, o español diverso (Flores Farfán, 2013). La escuela y los medios de comunicación deben jugar un papel muy importante en la trasformación de la percepción que se tiene de la enorme riqueza lingüística que posee la sociedad mexicana. Si bien esto está previsto en las leyes de educación, han resultado letra muerta en la medida en que el Estado y sus instituciones han hecho prácticamente caso omiso de estas premisas. En este sentido, es fundamental la participación de las comunidades y sus estructuras internas en la toma de decisiones y en el acompañamiento de los proyectos educativos, de planeación, política y (re)vitalización lingüística y cultural e incluso en la revisión de los instrumentos legislativos, sobre todo desarrollando mecanismos para su real conocimiento, implementación y fortalecimiento en la práctica.
Reiteramos que uno de los campos poco o nada trabajados por las instituciones, ni académicas ni estatales, es la revitalización de las lenguas, fundamental para revertir los acusados procesos de desplazamiento que se viven en todo el país (para una guía en este sentido véase Flores Farfán, Córdova y Cru, (2020). Múltiples instituciones y dependencias trabajan cotidianamente con las comunidades de habla, pero no aciertan a contrarrestar los acelerados procesos de desplazamiento lingüístico y, en la abrumadora mayoría de los casos, pareciera que las políticas del lenguaje van encaminadas a promover la pérdida de estas lenguas en favor del español. Por ello se requiere un claro posicionamiento del Estado ante esta problemática, que permita en verdad (re)vitalizar las lenguas originarias, creando programas específicos de reivindicación lingüística, en coordinación con la academia comprometida, favoreciendo modificar los existentes, que sólo reproducen modelos neocoloniales, desarrollando una ciencia orientada a la mejoría y bienestar de las condiciones de vida de los hablantes de lenguas y culturas amenazadas, una ciencia acorde a las necesidades de las comunidades hablantes del país en esta materia. Con ello se buscaría empezar a superar el colonialismo interno que caracteriza mucho del trabajo académico hegemónico orientado al estudio de los pueblos originarios, que históricamente los ha expoliado viéndolos como “objetos” de estudio. En este sentido, la revitalización involucra el empoderamiento activo de las lenguas originarias con y sobre todo por sus hablantes, no de manera paternalista, en todos los contextos: la escuela, los medios de comunicación, la relación con los distintos órganos de gobierno del Estado, entre otros. Esto supone ir a contracorriente de siglos de desprecio por las lenguas originarias, hecho que ha penetrado profundamente en los miembros de los pueblos originarios mismos y la sociedad en general que urge comenzar a cambiar antes de que sea demasiado tarde.
Así, se requieren políticas públicas que verdaderamente ataquen los múltiples problemas relacionados con el desplazamiento lingüístico, como los mencionados y otros de gran calado, como la pobreza extrema. Para ello, hay que instaurar los inexistentes programas de revitalización, generar empleos vinculados con las lenguas, para lo cual habría que implementar y modificar las normas jurídicas a favor de las mismas, favoreciendo a los pueblos originarios al promover sus usos y costumbres en todas las áreas de la vida pública, reconociendo sus derechos consuetudinarios y formando auténticos profesionales en ámbitos como la traducción e interpretación, la producción de materiales, la revitalización lingüística y cultural, por mencionar algunos sin preparar precaria o parcialmente a unos cuantos como hasta ahora, con serios problemas por la premura y falta de verdaderos programas para su instrucción, por no hablar de su falta de conexión con el mercado de trabajo. Por ejemplo, el derecho agrario y al manejo de sus recursos naturales deben pasar también por la profesionalización en lengua originaria, los peritajes lingüísticos que urgen en el ámbito penitenciario, incluso para los migrantes encarcelados en el extranjero (en los EE.UU.), deberían contar con profesionales en el conocimiento de sus lenguas, conocedores de las leyes y su aplicación. Sólo así los pueblos nativos podrán estar en condición de defender explícitamente sus derechos y profesionalizarse, a la vez que se crea un mercado de trabajo para ellos, con lo que esto implica en términos de (re)valorización de las lenguas y el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos en la práctica. Lo mismo en la formación de profesionales de la salud, tanto en la medicina alopática como tradicional, con la formación de médicos y enfermeras conocedoras de las lenguas originarias, así como traductores en las distintas áreas médicas. Es indispensable el reconocimiento de los saberes de la medicina tradicional y promover su reproducción al interior de las comunidades y en la sociedad mayor. En todos estos casos, las lenguas nativas son primordiales en el conocimiento de la relación salud-enfermedad.
En cuanto a los ineludibles y urgentes programas de (re)vitalización lingüística, éstos deben plantearse siguiendo una verdadera planeación lingüística que implica varios niveles (Fishman, 1991, 2001; Hinton y Hale, 2001; Hinton, Huss y Roche, 2018 y UNESCO, 2020) apostando robustamente al diseño e implementación de micro-políticas lingüísticas desde abajo, de lógica ascendente, reconociendo las agendas de las propias comunidades hablantes.
A nivel estatal, debería haber una coordinación entre las instituciones encargadas de las políticas indigenistas, evitando la duplicación de funciones y optimizando los recursos, incluidas la SEP, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Cultura, la SSA, el Consejo de la Judicatura Federal, entre otros, para aplicar nuevas políticas lingüísticas a través de diversos modelos de planeación y gestión lingüística innovadores y efectivos, que trasnversalicen su aplicación y permitan una eficaz (re)vitalización lingüística. Reiteramos que el poder legislativo debe promover las normas que se requieran para incluir aquellos aspectos legales pertinentes para contar con el marco jurídico en aquellos casos que se requieran para llevar a cabo las nuevas políticas lingüísticas, así como destinar suficientes recursos en los presupuestos de egresos para subsanar el rezago que viven los grupos étnicos y sus lenguas nativas. El ejercicio de los derechos lingüísticos en un modelo de práctica de los mismos, es lo que permitiría verdaderamente implementarlos, superando la retórica demagógica a la que se han confinado hasta ahora.
En otro nivel, las instituciones se deberían coordinar con especialistas de instituciones académicas, como la UPN, UNAM, UAM, CIESAS, El Colegio de México, ENAH, EAHNM e INAH, UdeG, UAN, UNISON, UV, UAQ, AUCH, universidades interculturales, etc., para contar con voces autorizadas, expertas en la materia, y así tener conocimiento de causa en las acciones positivas que pueden emprenderse a favor de las lenguas y culturas originarias, respetándolas. Su labor tiene que ser interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria. No se ubica solamente en la lingüística y sus diversas disciplinas, son importantes otras ciencias como la sociología, antropología, economía, educación, salud, medio ambiente, derecho, etc.. De hecho se trata de desarrollar enfoques pluridisciplinarios, conocimientos de frontera que superen el academicismo y desarrollen una ciencia comprometida con la sociedad, en particular con los pueblos originarios y sus lenguas.
Desde luego que todo esto debe contar con la voz y coordinación de organizaciones originarias y civiles de la sociedad mayor que trabajan a favor de las lenguas originarias, las academias de las lenguas originarias, los maestros bilingües y, sobre todo, los miembros de las comunidades hablantes de las lenguas originarias mexicanas y sus autoridades tradicionales, respetando cabalmente el derecho a la consulta formada e informada, que tanto se les ha negado o simulado.
El empoderamiento de las lenguas originarias supone ir a contracorriente de siglos de desprecio a sus hablantes, hecho que ha penetrado profundamente en los miembros de los pueblos originarios. Contrarrestar estas ideologías negativas, significa trabajar con las ideologías afirmativas que han permitido la persistencia de las lenguas originarias a pesar de todas las presiones que han experimentado a lo largo de su historia. Al mismo tiempo, es imprescindible educar al resto de la sociedad nacional y poner en todos los niveles educativos y los medios de comunicación, la riqueza y valor de las lenguas y culturas originarias a nivel nacional, estatal y regional. Una política lingüística real debe ir de la mano con la conscientización de una sociedad altamente racista en contra de los grupos originarios. En suma, para llevar a cabo la planeación lingüística y su gestión exitosa en la forma de, sobre todo, los proyectos de (re)vitalización lingüística urgentes que requiere el país, es preciso formar grupos colegiados en donde participen, tanto los especialistas como todos los actores sociales clave, conocedores de las problemáticas específicas para acompañar la toma de decisiones y su puesta en marcha conjuntamente con los miembros de las comunidades lingüísticas. Es en este nivel comunitario en donde verdaderamente se puede producir un cambio en la gestión del multilingüismo mexicano, abonando a desarrollar buenas prácticas de (re)vitalización lingüística y cultural. Ya no planteando los proyectos desde arriba, de lógica descendente, sino trabajando en correspondencia con los representantes hablantes de los pueblos originarios desde una lógica de política lingüística ascendente, con un acompañamiento riguroso y respetuoso de la comunidad científica comprometida, como la que representa GALA.
A manera de conclusión
Nuestra propuesta de (re)vitalización incluye el trabajo equilibrado entre tres grupos: las instituciones del Estado, las comunidades originarias y sus autoridades tradicionales, así como la academia, además de un cambio en la educación nacional en todos los niveles y en los medios de comunicación. Las instituciones tendrían el papel de planeación y apoyo para la realización de los programas de (re)vitalización. Las comunidades serían las encargadas de proponer y colaborar en los programas, de acuerdo con sus intereses y necesidades. En este caso, jugarían el rol principal en una nueva dinámica lingüística, cultural y social. Por su parte, la academia tendría el papel de participar en la concurrencia en todos los procesos y en acompañar el buen desempeño de los programas. Las metas se plantearían en etapas de corto, mediano y largo plazo, más allá de los planes sexenales. Contar con un observatorio y evaluación del funcionamiento de la política del lenguaje y sus resultados permitiría hacer un seguimiento de los últimos para analizar aciertos y fallos para definir su continuidad o cambio, partiendo siempre de la búsqueda del mantenimiento de las lenguas originarias. Todo ello requiere un amplio trabajo colectivo y coordinado o las lenguas originarias podrían desaparecer en una o dos generaciones, dependiendo de los grados de resistencia que les han permitido, a pesar de tantas presiones, seguir en uso hasta bien entrado el siglo XXI. Una propuesta más pormenorizada de cambio de política lingüística que ha generado el grupo GALA se incluye como anexo, en la que se tienden líneas específicas de acción consonantes con el espíritu de reversión del desplazamiento lingüístico y cultural planteado en el presente artículo, abonando a construir sinergias positivas en este recién inaugurado Decenio de las Lenguas Indígenas declarado por la UNESCO y cambiar la narrativa y, sobre todo, la práctica al respecto.
Bibliografía
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