Manuel A. Hermann Lejarazu^[1]
CIESAS Ciudad de México

Si bien, por patrimonio de la humanidad entendemos la preservación de los valores y bienes culturales que han sido heredados por diversos pueblos y, que, a su vez, han sido transmitidos de generación en generación para garantizar su conservación en el futuro, la nación que hoy consideramos México es, sin duda, un claro ejemplo de una entidad territorial que goza de un enorme patrimonio cultural.

Sabemos que el rico pasado histórico de México, independientemente de la época o periodización a la que pertenezca, ha producido un sinfín de manifestaciones materiales e inmateriales, culturales y tecnológicas, simbólicas o ritualizadas, escritas y no escritas, que llegan a formar parte de un gran legado que aún se conserva hasta la actualidad. Además de estos elementos que conforman el patrimonio nacional, se ha añadido el valor que tienen las áreas naturales protegidas, en las que se conservan nichos o reservas ecológicas en donde la fauna, la vegetación, el entorno del paisaje o, incluso, la geología u otros ambientes naturales constituyen un agregado patrimonial que también la investigación y el interés científico han dedicado su atención para su resguardo.  

Ante la magnitud de lo que se considera el patrimonio actual de la nación, no quedan del todo claras las implicaciones que repercuten para la población en general la conservación o manutención de tales bienes culturales. Como atinadamente lo mencionó Guillermo Bonfil (2004: 47) hace algunos años, en México existen diversos patrimonios culturales, pero sólo adquieren valor y coherencia cuando estos bienes culturales actúan dentro de los sistemas de significación que le son propios a los diversos grupos de la sociedad que integran al país. Por lo que: “Amplios sectores de la población mexicana emplean, en muchos y muy relevantes aspectos de su vida social, los objetos culturales que forman parte de su propio patrimonio, pero que no son reconocidos ni legitimados como parte del patrimonio cultural nacional” (Bonfil, 2004: 48). De tal manera, que sólo el reconocimiento del pluralismo cultural en México, permitiría abordar el problema del patrimonio nacional siempre y cuando se finque en un proyecto con bases muy distintas a las que actualmente existen (Bonfil, 2004: 52).

En efecto, esta disyuntiva acerca de lo que consideramos patrimonio cultural de lo que no lo es, y la significación o valoración de un bien cultural que llegue a identificar a diversos sectores de la población, la encontramos también en lo que se ha considerado patrimonio documental de la humanidad. Hoy en día este programa patrimonial ha fijado su atención en el resguardo, preservación y difusión de las colecciones documentales del mundo halladas en bibliotecas, museos, archivos públicos y privados, o, en general, en cualquier tipo de acervo en donde se concentren documentos. No obstante, en un país como el nuestro, con enormes desigualdades para el acceso a la información, con la carencia de bibliotecas o centros de documentación adecuados y con la escasa o nula divulgación acerca de lo que es un bien cultural o un patrimonio documental, volvemos a la problemática planteada arriba acerca de quiénes son los destinatarios o para qué se resguarda un bien cultural.

El caso mexicano también es sintomático porque una buena parte de las colecciones documentales de origen indígena o de poblaciones con herencia mesoamericana, ha sido producto de despojos, saqueos o engaños que han derivado en los acervos de testimonios pictográficos resguardados en archivos y bibliotecas nacionales e internacionales. No es necesario remontarse a los tiempos de Joseph Marius Alexis Aubin, en la tercera década del siglo XIX, para destacar las tempranas sangrías de documentación que fueron realizadas por este personaje francés durante sus pesquisas en bibliotecas, conventos y archivos municipales para sacer del país una copiosa colección de manuscritos que hoy en día se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia (León-Portilla, 2003: 179).

Desde luego, se puede aducir que no existía ninguna conciencia de patrimonio cultural, ni documental o algo que pudiera equipararse con nuestras concepciones actuales de protección de los bienes de cualquier cultura; pero, sin duda, Aubin sabía que no estaba obrando bien pues, al momento de llevarse los códices y manuscritos históricos, decidió ocultarlos entre sus pertenencias y valijas cuando estaba por zarpar del puerto de Veracruz, pues temía la incautación de tales tesoros documentales.

Ya en pleno siglo XX se comenzaba a configurar alguna idea sobre la conservación y rescate de los códices que habían sobrevivido a la Conquista española o de aquellos que habían sido elaborados décadas después de la implementación del gobierno virreinal español. En 1934, cuando Alfonso Caso era director del entonces Museo Nacional de Arqueología en la ciudad de México, se adquirió el manuscrito llamado Códice Muro o Códice de San Pedro Cántaros; este último apelativo se debe a que unos años después se logró comprobar que su lugar de origen era el pueblo de San Pedro Coxcaltepec, Cántaros, en la porción noreste del valle de Nochixtlán, Oaxaca. No obstante, las vías que llevaron el manuscrito de esta comunidad mixteca a manos del coleccionista y comerciante español, Félix Muro, en 1933, no son del todo claras, y existieron diversas versiones que impedían descubrir el tránsito de manuscritos en diversos pueblos mixtecos de aquella época.  

Al parecer, el códice había salido de la comunidad de manos de un poblador local que ofreció el manuscrito a la familia Muro, quienes habían cobrado fama en la Mixteca de ser compradores y coleccionistas de piezas y documentos históricos. Diego Abad, cuñado de Félix Muro, fue quien aparentemente compró el códice a la persona oferente por la cantidad de $100 pesos. Pero cuando el propio Félix vio el manuscrito, le restituyó el dinero a Abad quedándose con la pieza (Hermann, 2003: 30-31).

Sin embargo, en realidad Félix Muro quería revender el códice y colocarlo en alguna biblioteca o museo de los Estados Unidos, tal y como ya lo había hecho con otro códice que hoy en día se encuentra en la Universidad de Tulane. Por esta razón, Muro le entregó el documento a una periodista norteamericana de nombre Emma Reh, para que hiciera las gestiones de la venta en alguna institución del vecino país. Pero Reh, lejos de obedecer a Muro, le lleva la pictografía a Alfonso Caso para que de alguna manera pudiera retenerlo y evitar su venta fuera de México. A pesar de que, en aquel entonces, aún no existía una legislación sobre la protección de manuscritos históricos, Caso se queda con la tira de piel de venado de Coxcaltepec y amenaza a Félix Muro de que no podía revender el códice.

Pero como en efecto, Caso no tenía los medios legales para apoderarse del manuscrito, tiene que comprárselo a Félix Muro por la cantidad de $400 pesos, aun con los diferentes reclamos del “propietario”, quien exigía se le devolviera algo que consideraba suyo (Hermann, 2003: 32). Con esta nueva adquisición del Museo, se rescataba un importante documento pictográfico de la Mixteca pues, de no haber sido por la oportuna intervención de Emma Reh y Alfonso Caso, el códice quizá se hubiera perdido para siempre.

Pero no todas las historias tienen finales felices, tres valiosos documentos procedentes de la zona tlapaneca del actual estado de Guerrero, tuvieron que transitar por negociaciones difíciles para que, finalmente, fueran depositados en el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía.  Esta historia comienza a mediados de 1940, cuando se efectuaban las labores de deslinde de los límites ejidales de la comunidad de Azoyú, en la Costa Chica de Guerrero. El encargado de efectuar el levantamiento de los terrenos era el ingeniero Francisco Rodríguez Reyes, funcionario del entonces Departamento de Asuntos Agrarios del gobierno federal.

Para acreditar los derechos de esta comunidad, las autoridades de Azoyú estimaron importante entregar al ingeniero Rodríguez Reyes cuatro páginas de un manuscrito pictórico que consideraban parte de los títulos que amparaban la posesión de sus tierras. No obstante, Rodríguez Reyes, al regresar a la ciudad de México, se puso en contacto con el historiador Salvador Toscano con la intención de venderle las hojas sueltas del códice que le habían entregado. Toscano convenció a Rodríguez Reyes que gestionara la venta de los documentos al Museo de Arqueología (Hermann, 2010: 16-17).

Alfonso Caso, en ese entonces director del INAH, se hizo cargo de la transacción y compró por la cantidad de $350 pesos las cuatro páginas en agosto de 1940. Sin embargo, el propio Rodríguez Reyes mencionaba que todavía existían más códices en la comunidad de Azoyú, incluyendo una “manta” con pinturas.

Después de una “expedición” fallida encabezada por Jiménez Moreno, Agustín Villagra y Salvador Toscano para llegar al pueblo de Azoyú, el licenciado Alfonso Ortega Martínez, abogado consultor del INAH, se trasladó a esta misma comunidad en noviembre de 1942 para entrevistarse con Irineo Germán Roque, quien, además de haber sido el presidente del comisariado ejidal, era descendiente directo de los antiguos señores y caciques de Azoyú y heredero de los códices que mantenía en resguardo a nombre de la comunidad.

Ortega Martínez convenció a Irineo Germán que le prestara los códices para revisarlos en la ciudad de México y le aseguró que después se los devolvería. Para mediados de diciembre de 1942, Ortega Martínez entregó a las colecciones del museo los dos códices que hoy se denominan Azoyú 1 y 2 junto con la “manta pintada” que se conoce actualmente como Lienzo de Tlapa y diversas piezas arqueológicas, entre ellas vasijas, cajetes y esculturas de barro procedentes de Cerro Guayabo, cerca de la misma comunidad de Azoyú.

Las cuatro hojas sueltas que habían sido vendidas por Rodríguez Reyes formaban parte del Códice de Azoyú 1 que actualmente está conformado por 38 hojas de papel amate, mientras que el Códice de Azoyú 2 únicamente está integrado por quince folios del mismo material.

Casi un año después de su primera visita a Azoyú, Ortega Martínez llegó a la comunidad de Ometepec, en la misma Costa Chica de Guerrero, donde se reunió con numerosos representantes del pueblo de Azoyú para darles a conocer la noticia de que el gobierno federal había decidido depositar los códices en el museo para su mejor vigilancia y conservación. A cambio de aceptar esta disposición oficial, Ortega Martínez entregó a los pobladores copias fieles de los códices y documentos que amparaban la posesión de las tierras del mismo pueblo, además de prometerles, en recompensa, una planta de luz eléctrica, agua potable, una escuela, máquinas de coser y escribir, entre otras cosas.

Jiménez y Villela (1998: 27) encontraron información complementaria sobre la manera en que fueron adquiridos los Códices de Azoyú. Al parecer, el licenciado Ortega le dijo a Irineo Germán que se llevaba los códices a México con el fin de sacarles copias para el INAH. Un poblador de Azoyú, llamado Guillermo Canuto, fue alojado en el Museo de Arqueología para custodiar los documentos mientras el dibujante Mateo A. Saldaña realizaba las copias. Con la promesa de que las obras públicas eran en beneficio del pueblo, Ortega Martínez no regresó los códices originales, sino que entregó las copias, y les hizo firmar un acta en la que los pobladores concedían al museo el depósito definitivo de los códices.

Sin embargo, para principios de 1949 aún no se habían llevado a cabo las obras prometidas a la comunidad, por lo que hubo consecuencias graves en contra de Irineo Germán por haber aceptado la cesión de los códices; las represalias alcanzaron también a sus hijos, quienes tuvieron que huir a la ciudad de México, mientras otros se trasladaron a diversas poblaciones para ponerse a salvo.  

Todavía en 1968 las autoridades de Azoyú seguían enviando cartas al presidente Gustavo Díaz Ordaz y al subsecretario de asuntos culturales de la Secretaría de Educación Pública, para solicitar el cumplimiento de los acuerdos.

Como podemos apreciar, aún en pleno siglo XX, la manera en que se adquirieron los códices y el Lienzo de Tlapa, para que llegaran a formar parte del patrimonio nacional, fueron realizados bajo criterios muy cuestionables. Desde luego, también podemos argumentar que en ese tiempo no existía una plena conciencia de lo que implicaba o significaba un bien cultural en manos de sus poseedores originales, pues en aquellos años, las instituciones oficiales se empeñaban en fortalecer una identidad nacional basada en símbolos, objetos históricos, arte popular, etcétera; así como fincar un pasado prehispánico común a todos los mexicanos, para que se fortalecieran los rasgos y características de una nación que en realidad siempre ha sido pluriétnica y pluricultural. Pero, en ese tiempo, no se contempló el valor histórico y cultural que los mismos pueblos y comunidades indígenas tenían de sus propios documentos históricos, sino que estos derechos fueron soslayados poniendo por delante un proyecto nacionalista. Los códices quedaron así, descontextualizados de su entorno original, perdieron la significación histórica para sus poseedores, por lo que estas comunidades se quedaron sin su propio patrimonio cultural, aún por muy regional que fuese.

Historia de otros códices mixtecos

Pero lejos de señalar aquí algún tipo de “memorial de agravios” o de condenar lo que con anterioridad se llegó a pensar que era el patrimonio nacional o cómo debía integrarse, en realidad el objetivo del presente trabajo es mostrar la complejidad de cualquier documento histórico, y de tomar en cuenta todos los antecedentes que existen en torno a los bienes u objetos culturales que son susceptibles de considerarse patrimonio del mundo. Para ello, sólo pondré los casos de dos códices más, cuya historia aún está por escribirse e investigarse con mayor profundidad: el Códice de Yanhuitlán y el Fragmento de Nochistlán.

Con la aparición de tres folios originales del Códice de Yanhuitlán, se pudo recuperar y reconstruir parte de la historia de este manuscrito, cuyas secciones o partes se encuentran distribuidas en tres diferentes repositorios documentales: La Biblioteca Lafragua, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; el Archivo General de la Nación, en la ciudad de México y la Biblioteca Francisco de Burgoa del Centro Cultural Santo Domingo en Oaxaca. Particularmente, los folios que se encuentran en este último repositorio, lograron aclarar la función que en algún momento de su historia tuvo el códice que ahora conocemos como de Yanhuitlán.  

En efecto, las secciones que están en el Centro Cultural Santo Domingo y en el Archivo General de la Nación, demuestran el uso y la vitalidad que tenían los códices después de haber cumplido su función original, pues, probablemente, a principios del siglo XVIII, el códice fue disgregado o pasó por un proceso de recomposición por parte de sus antiguos poseedores. Esto es, el manuscrito fue separado o desarticulado de su forma original para añadirse a los expedientes y títulos de los antiguos yya o señores de la Mixteca que reclamaban posesiones ante las autoridades virreinales. En el volumen 272 del ramo Vínculos del Archivo General de la Nación, está un expediente de 84 folios con un apéndice compuesto por cuatro hojas del Códice de Yanhuitlán. El expediente fue conformado por don Agustín Carlos Pimentel y Guzmán cacique de Teposcolula y Tututepec, quien en 1717 reclamaba legalmente la posesión de varios territorios que le pertenecían en Juchiatengo y San José Ixtapa en la Mixteca de la Costa (Códice de Yanhuitlán, 2015: 41).

Don Agustín Carlos fue uno de los más importantes caciques de la Mixteca, y a raíz de las herencias y traslados de tierras que recibió de sus padres, tíos y primos llegó a tener posesiones y cacicazgos en las tres regiones mixtecas: Alta, Baja y de la Costa (Spores, 2015). Para los caciques mixtecos, todo documento que demostrara la pertenencia de sus tierras, pueblos y tributos, era de vital importancia durante los juicios y procesos que se llevaban a cabo en la administración de justicia virreinal. Por esta razón, los códices o documentos pictográficos jugaron un papel fundamental dentro de sus instrumentos legales, pues estos manuscritos formaban parte de sus archivos personales y los códices eran parte de su herencia como sucesores de los antiguos linajes señoriales que habían mandado a pintar los códices.

De esta manera, el Códice de Yanhuitlán pertenecía a don Agustín Carlos Pimentel, quien decidió emplearlo como documento que comprobara la posesión de sus tierras en los enormes cacicazgos que poseyó en la Mixteca. Incluso, sabemos que el Códice Colombino también formaba parte de sus documentos familiares.

Finalmente, otro documento que también pudo pertenecer a esta enorme familia de caciques fue, quizá, el Fragmento de Nochistlán (ver figura 1), que se encuentra actualmente resguardado en el Museo de Etnología de Hamburgo, Alemania.

Figura 1, lámina 1 del Fragmento de Nochistlán, Museo de Etnología de Hamburgo,
Foto: Mónica Pacheco (18/09/2014). [Agradezco la intervención y gestiones de la doctora Mónica Pacheco para realizar la consulta del documento]

Si bien son muy pocas las noticias acerca de la historia del manuscrito, al menos es posible relacionar el Fragmento de Nochistlán con el Códice Becker II, pues ambas pictografías tienen algunas similitudes que permiten suponer que pertenecían a un documento más grande. Al parecer, el Fragmento fue comprado en el pueblo de Nochistlán en 1928 por un comerciante alemán de nombre Hans Heine originario de Wedel/Holstein, Alemania (Lebuhn-Chhetri, 2012: 43); no obstante, en los registros del Museo de Hamburgo, sólo se menciona el año de 1963 como la fecha en la cual ingresó a las colecciones y no se especifica el año de compra (Lebuhn-Chhetri, 2012: 43). Por lo que aún quedan dudas acerca de cuándo se adquirió el manuscrito, así como el lugar de donde proviene (ver figura 2).

Figura 2. Fragmento de Nochistlán, detalle. Museo de Etnología de Hamburgo,
Foto: Mónica Pacheco (18/09/2014).

Maarten Jansen (1994: 196) menciona que el pueblo de Nochistlán es un importante centro comercial en la Mixteca Alta, por lo que él considera poco probable que el Fragmento se haya elaborado ahí, puesto que se trata de un lugar donde convergen intereses comerciales de diversos lugares de la Mixteca. Sin duda, Jansen se refiere al pueblo de Santa María Asunción Nochixtlán, cabecera del distrito del mismo nombre y que, en efecto, desde principios del siglo XX ya se había consolidado como un importante lugar de comercio, mercados y punto estratégico del paso de mercancías. Pero, por otro lado, creo que, quizá, se pudiera considerar también al pueblo de San Juan Nochistlán, en la Mixteca Baja, como el lugar que estaría relacionado con el Fragmento, al igual que el Códice Becker II, aunque este documento estaría vinculado con señoríos como Juxtlahuaca y Tecomaxtlahuaca.

Consideraciones finales

Códices, lienzos, mapas y cualquier otro manuscrito pictográfico indígena en general es considerado patrimonio documental de México y del mundo. Pero, a diferencia de cualquier otro bien natural o cultural que constituya parte del patrimonio de nuestra nación, los códices son muy distintos a un sitio arqueológico, un monumento, un pueblo “mágico”, un paisaje o una reserva natural de incalculable valor ambiental, geográfico o geológico. Los códices antes de convertirse en un objeto cultural fueron manuscritos elaborados con la intención de registrar la historia antigua de los señores fundadores de un linaje o de una casta gobernante. Si bien, el valor intrínseco del códice puede ubicarse por su muy original sistema de registro que empleó elementos figurativos para remitirse a conceptos o unidades determinadas del habla, no por ello dejaron de ser manuscritos particulares que se heredaban entre los descendientes de los grupos de poder, por ello, muchos códices quedaron en los papeles o archivos de los antiguos caciques pero, con el paso del tiempo y con el cambio en las estructuras de poder en el seno de las comunidades indígenas, los documentos particulares se convirtieron en los papeles del pueblo, del cabildo, del ayuntamiento o del municipio, creándose, entonces, una conciencia colectiva sobre el valor histórico, jurídico y simbólico de los antiguos códices mesoamericanos.

Bibliografía

Bonfil Batalla, Guillermo (2004), “Nuestro patrimonio cultural: un laberinto de significados”, en Enrique Florescano (ed.), El patrimonio nacional de México, I, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA)-Fondo de Cultura Económica, Biblioteca Mexicana, Serie Historia y Antropología, pp. 28-56.

Códice de Yanhuitlán (1520-1544) [2015], edición comentada y facsímil, Sebastián van Doesburg, Manuel A. Hermann Lejarazu y Michel Oudijk (pp. 28-56.), Oaxaca, México, Fundación Alfredo Harp-Helú-Biblioteca Francisco de Burgoa-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-Archivo General de la Nación.

Hermann Lejarazu, Manuel A. (2003), Códice Muro. Un documento mixteco colonial, Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca-Secretaría de Asuntos Indígenas.

———————- (2010), “Los Códices de Azoyú y el Lienzo de Tlapa”, en Arqueología Mexicana, vol. XVII, núm. 102, Historias de los Códices Mexicanos, pp. 16-17.

Jansen, Maarten (1994), La gran familia de los reyes mixtecos. Libro explicativo de los llamados códices Egerton y Becker II, Austria, México, Akademische Druk-und Verlagsanstalt-Fondo de Cultura Económica, Códices Mexicanos, IX.

Jiménez P., Blanca y Samuel L. Villela (1998), Historia y cultura tras el glifo: los códices de Guerrero, México, INAH.

Lebuhn-Chhetri, Jenny (2015), “El Fragmento de Nochistlán. Ikonographische Analyse einer mixtekischen Bilderhandschirft”, tesis de maestría, Universidad de Hamburgo, Hamburgo.

León-Portilla, Miguel (2003), Códices. Los antiguos libros del Nuevo Mundo, México, Aguilar.

Spores, Ronald (2015), “Un súper cacique mixteco: don Agustín Carlos Pimentel Guzmán y Alvarado, cacique de Teposcolula, Tututepec y otros pueblos y recursos de las Mixtecas en el siglo XVIII. Sus antecedentes y descendientes”, en Manuel A. Hermann Lejarazu (coord.), Configuraciones territoriales en la Mixteca. Estudios de historia y antropología, vol. I, México, CIESAS, pp. 239-253.