Cecilia Lezama Escalante
Profesor-investigador del Departamento de Estudios Socio Urbanos de la Universidad de Guadalajara
Muchos de los proyectos de desarrollo regional promovidos por el Estado desde mediados del siglo XX se fincan alrededor de la construcción de infraestructura hidráulica, enfocada a eficientar los usos del agua para irrigación, abasto urbano y generación de energía eléctrica. Si bien, las obras cumplen como motor del desarrollo económico nacional, los impactos a nivel local suelen afectar negativamente a la población; porque conlleva el despojo de sus tierras y de su hábitat, aparte de convertirse en víctimas del desplazamiento sin derecho a participar en las decisiones, ni garantía de indemnización justa. Además de los costos sociales que esto representa, los daños a los ecosistemas ocasionados por la construcción de presas y acueductos trastocan irreversiblemente los servicios ecosistémicos de las corrientes fluviales a lo largo de una cuenca.
La infraestructura que se concreta especialmente en megapresas y acueductos para trasvasar agua ha sido una estrategia privilegiada por los gobiernos, considerando que la obra pública implica cuantiosas inversiones que incentivan la actividad económica, generan empleo y desencadenan el desarrollo regional. Con base en ello se fomentaron inversiones en proyectos de numerosas presas en el país. Durante el lapso de las últimas seis décadas se construyeron en México alrededor de 90 grandes presas, muchas de las cuales ya rebasaron su ciclo de vida y se encuentran ahora inutilizadas por azolvamiento.
Actualmente se sigue recurriendo a estos proyectos de infraestructura para solucionar problemas de abasto urbano de agua, como ocurre con la creciente demanda de la Ciudad de México, Monterrey, Hermosillo, Guadalajara y León, entre otras. Las presas y los trasvases pretenden resolver la carencia de agua mediante el transporte de agua de una cuenca a otra, omitiendo los costos ecosistémicos que atentan contra la sustentabilidad de los recursos naturales de la región de origen.
La cuenca del Río Santiago es una de las áreas más afectadas por la cantidad de presas construidas a lo largo de más de 500 kms. de su trayecto del lago de Chapala al Océano Pacífico. Las primeras presas datan de antes de 1960, siendo obras pequeñas para riego y energía para usos industriales y domésticos (El Salto de Juanacatlán, Puente Grande, Las Juntas, La Intermedia, Colimilla). El resto son megapresas cuyas cortinas superan los 15 mts. de altura. Fueron construidas después de 1960 y en su mayoría son plantas hidroeléctricas (Santa Rosa, Aguamilpa, El Cajón y La Yesca). Los problemas de suministro de agua para Guadalajara y León han conducido a la búsqueda de nuevas alternativas para trasvasar agua de fuentes cercanas, como el Río Verde, a su vez tributario del Río Santiago.
Uno de estos proyectos hidráulicos es la presa de “El Zapotillo”, cuyo embalse inundará tres localidades de Los Altos de Jalisco al cubrir aproximadamente una extensión de 4500 has. de la cuenca del Río Verde, ubicada al norte de Jalisco. El proyecto contempla reducir el déficit de suministro requerido por Guadalajara y la vecina ciudad de León, Guanajuato, mediante un acueducto de 140 kms. de longitud. El caso de la presa de “El Zapotillo” atiende a las políticas y estrategias tradicionalmente desplegadas por las autoridades para imponer proyectos de desarrollo regional, con base en la construcción de infraestructura hidráulica. El gobierno estatal contempla beneficiar a más de dos millones de personas, fomentando además empleos directos e indirectos en actividades relacionadas con pesquerías y turismo para la población afectada; esto sin contar siquiera con la participación y aprobación de los afectados en un proceso de consulta pública abierta.
Los afectados ahora enfrentan su virtual desplazamiento de sus territorios y la pérdida de las fuentes de ingreso derivadas de actividades agropecuarias y de la afluencia turística regional a las aguas termales y sitios sagrados; mismas que les generan mejores ingresos que lo que representa potencialmente la pesca y otras actividades ecoturísticas que les ofrecen. Es importante mencionar además, que la mayor parte de la población económicamente activa rebasa los cincuenta años de edad, lo que impide su inserción en otros mercados laborales. Ante la pérdida de las actuales fuentes de ingreso y sustento de la mayoría de los futuros desplazados, es previsible que muchos queden sujetos a un proceso de deterioro y pauperización.
Ante las perspectivas de inundación y desplazamiento que sufrirán los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, se suma una campaña de presión y hostigamiento de parte de las autoridades para forzar la venta de tierra y propiedades, recurriendo a humillaciones y amenazas de expropiación si no aceptan su reubicación y la indemnización. La incertidumbre se ha vuelto una sensación permanente entre la población, debido a que las autoridades no ofrecen información suficiente y confiable respecto al nuevo centro de población. Por lo mismo, nadie está dispuesto a negociar a ciegas, ni aceptar promesas a cuenta de su patrimonio. La mayoría cuenta con un patrimonio que incluye tierras de cultivo de buena calidad más fuente de trabajo, mismas que no les será posible recuperar en el entorno de un nuevo centro de población.
Por todo lo anterior, la presa de “El Zapotillo” ha generado el rechazo total de las comunidades locales, quienes se han manifestado para protestar e interponer amparos ante diferentes instancias de gobierno y organizaciones internacionales en defensa de sus derechos humanos. También han creado sus propias organizaciones para nulificar el proyecto y luchar en contra de lo que consideran un acto autoritario y arbitrario del gobierno federal. Su participación en organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la defensa de ríos, mares y lagos y en contra de las presas, les ha permitido difundir su movimiento a nivel mundial. La movilización y resistencia de los afectados se ha mantenido fuerte por más de doce años (2005-2017), con lo cual han obstaculizado el avance de la construcción de la presa y del acueducto, conforme al plan preestablecido. En agosto de 2013 se obtuvo la suspensión definitiva de la obra, atendiendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece detener la cortina de la presa a 80 metros de altura.
La validez del proyecto gubernamental se ha justificado bajo la idea de que persigue el beneficio de la mayoría. Con base en ello se justifica la inundación de tres pequeños pueblos y su desplazamiento de un lugar a otro, como si fueran objetos. Pareciera que la importancia de los pueblos que eventualmente serán afectados por la presa se mide en función de su tamaño y los bajos costos de reubicación. Pasa desapercibida la función que estos pueblos tienen en su inserción en la construcción histórica de una región a lo largo de varios siglos, así como el entorno construido que representa parte del patrimonio cultural que identifica a estas comunidades. El entorno construido incluye no sólo los centros ceremoniales, sitios sagrados, panteones, áreas administrativas y recreativas, sino también las áreas habitacionales donde invierten su capital y reproducen las costumbres sociales y familiares que tanto enorgullecen y los identifican como comunidad.
Muchos de los migrantes, conocidos como hijos ausentes, siguen siendo proveedores del hogar paterno y suelen invertir también en nuevas propiedades, negocios y en la construcción o remodelación de sus casas, porque a la larga planean regresar a vivir al pueblo para jubilarse y disfrutar la tranquilidad de su tierra. Aquellos que vienen por temporadas prolongadas, comentan que les conviene invertir parte de sus remesas en obras para el servicio comunitario, contribuyendo así al desarrollo social y económico local. Ahora ven con tristeza que los esfuerzos y sacrificios invertidos en mejorar sus comunidades de origen están por desaparecer bajo el agua.
Las pérdidas más importantes que se vislumbran con la inundación de los tres pueblos alteños son las referentes a un patrimonio cultural intangible. Se trata de un patrimonio vivo que se expresa en aquellas tradiciones, costumbres y relaciones sociales que otorgan un sentido de identidad, pertenencia y continuidad a las comunidades. Son aquellas prácticas sociales, rituales y festividades que se reproducen y recrean constantemente por las comunidades, reflejando sus valores culturales, su interacción con la naturaleza y su historia social. En la medida que estas comunidades son expulsadas de su territorio, se disgregan sus componentes y se desintegra el tejido social que permite transmitir y reproducir estas costumbres de generación en generación. Si bien es cierto que la emigración ha expulsado a muchos residentes, éstos no han perdido los lazos sociales que los identifican con su territorio y sus raíces culturales; siempre tienden a regresar por motivos familiares y para disfrutar las fiestas tradicionales. Con la inundación de estos pueblos los lazos se perderán y con ello los valores culturales, sociales y económicos que los sostienen.
El proyecto de la presa “El Zapotillo” muestra una nueva acción unilateral de parte de los gobiernos federal y estatal, sin considerar los desajustes socioeconómicos que acarrearán a las unidades domésticas de los desplazados. La factibilidad de la presa ha sido analizada solamente en términos técnicos y económicos, sin evaluar los costos sociales implicados. Se considera que el simple traslado de personas de un lugar a otro mantendrá el concepto de comunidad que tiene un pueblo. Los costos se miden básicamente en función del reducido número de habitantes que habrá que indemnizar, sin importar los altos costos sociales involucrados para la población afectada.