Nación plurilingüe en marcha, el reto de la 4ª Transformación

Juan Gregorio Regino[1]
Poeta y etnolingüista

Ilustración Ichan Tecolotl con OpenIA 2025.

El Programa de Formación Profesional de Etnolingüistas que el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) implementó en los periodos de 1979 a 1982 y de 1983 a 1987, del cual egresaron 95 etnolingüistas de diferentes pueblos indígenas, es una gran experiencia de formación profesional, a nivel de licenciatura, en México. Estos egresados, la mayoría, regresaron a sus comunidades y han contribuido en los procesos de planificación lingüística comunitaria de sus pueblos. Una de las primeras acciones que han realizado es el desarrollo de la escritura de sus lenguas, en el que les ha tocado experimentar diferentes momentos políticos y ser parte de diferentes planteamientos como la iniciativa que dio origen a la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en 2003 y la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en 2005.

El marco legislativo actual fortalece las acciones autogestivas que los etnolingüistas vienen acompañando con sus comunidades, quienes con los egresados de la maestría y el doctorado en lingüística indoamericana del mismo CIESAS constituyen agentes etnolingüísticos en territorio, con capacidad profesional para asumir los retos que nacen de que los pueblos indígenas sean considerados sujetos de derecho público. Es en este contexto y como egresado de la segunda generación del Programa de Formación Profesional de Etnolingüistas que realizo las siguientes reflexiones.

La reciente reforma del Artículo 2.° Constitucional en materia de pueblos indígenas y afrodescendientes constituye un marco normativo trascendental para definir la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. En materia de política lingüística, que es el tema al que voy a referirme, tiene implicaciones en las políticas públicas del Estado mexicano y en el ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas.

El contexto político social en el que coexisten los pueblos indígenas y afromexicanos con la población nacional, que es mayoría, y que solo habla español, es un hecho que no debe pasar desapercibido en esta reforma. En esta población no existe una conciencia lingüística que favorezca la coexistencia y alternancia lingüística, por lo que la noción de nación pluricultural y por ende plurilingüe que el Estado mexicano adopte debe considerar la generación de políticas públicas para todos los mexicanos. Es decir, debe ir más allá de una política indigenista de segregación para dar paso a una política nacional de unidad en la diversidad, de una integración real de los pueblos indígenas y afromexicanos a la cultura nacional como sujetos de derecho público, como lo establece la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Para que este proceso pueda avanzar, en materia de plurilingüismo, se requieren acciones en dos horizontes: políticas lingüísticas para una nación pluricultural y políticas lingüísticas en regiones autónomas.

El contexto político social

La población nacional no indígena, es decir mestiza, significa el 93 % de la población nacional. Esta población no tiene el dilema de que sus derechos lingüísticos estén siendo violentados, pues son hablantes de la lengua franca. La política de homogeneización lingüística y cultural del Estado mexicano está expresada en esta población que tiene en común que fue asimilada, está alejada de su origen indígena, es preponderantemente urbana y con mayor conciencia de clase social.

La noción de identidad y de autoadscripción étnica, lingüística y cultural no son aspectos que estén en la agenda de sus demandas. La perspectiva de una nación pluricultural y plurilingüe con políticas públicas diferenciadas no aparece en su imaginario ni en su horizonte social.

Para este contexto homogéneo la implementación de una política lingüística pluricultural carece de sentido y por tanto de factibilidad. Existe una distancia muy grande entre la necesidad de una política lingüística para una población homogénea y otra de carácter heterogéneo para una misma sociedad. Los hablantes del español nunca han visto como una necesidad aprender la lengua indígena de sus antepasados, a diferencia de la población indígena que tiene la necesidad de adquirir el español. Esto marca una diferencia y es un rezago de la situación colonial.

Para la población nacional asimilada el Estado mexicano no ha implementado políticas públicas para reconocimiento y protección de su patrimonio lingüístico, pues ha dejado sus lenguas maternas y por tanto ha dejado de ser parte del “problema indígena” que durante muchos años el Estado combatió. Esta población es el reflejo del ideal del México homogéneo que los ideólogos del nacionalismo impulsaron. Al formar parte de la sociedad mayoritaria ejercen fuerte influencia sobre la población hablante de lenguas indígenas. Muchos de los prejuicios hacia esta población vienen de este sector de la sociedad que creció renegando su identidad y que reproduce los estigmas de una etapa de la historia de México en el que ser indígena era sinónimo de atraso y de vergüenza.

Otro aspecto de carácter político que es importante resaltar es que el país ha estado gobernado por una élite que ha visto la diferencia étnica, lingüística y cultural como un problema, y las políticas públicas que ha implementado han sido de paternalismo, asistencialismo y de acciones compensatorias desde una perspectiva tutelar, en el mejor de los casos. La población indígena ha sido motivo de políticas públicas como población, no como colectividades con personalidad jurídica.

El aparato gubernamental es otro aspecto relevante en el diseño de la vida institucional. Está constituido desde una visión hegemónica y homogénea. La diversidad lingüística y cultural es declarativa, mas no es parte constitutiva ni central de las políticas públicas y presupuestarias. Las instituciones indigenistas viven en la marginación institucional y sus alcances son limitados, sobreviven a contracorriente, lo que da lugar a una lectura clara: los proyectos que llevan a cabo no son prioritarios para el Estado.

Los pueblos indígenas han vivido en el sometimiento, la restricción, el abandono y el olvido, en una política de dependencia y de subordinación. Cualquier iniciativa que construyan debe pasar por el visto bueno del aparato del Estado, que define las reglas de participación y de operación con base en la normatividad hacendaria. Las características y condiciones en las que coexisten las comunidades indígenas y afromexicanas no repercuten en el diseño de las reglas de operación de los programas gubernamentales.

En estas breves líneas quise dar un contexto general del escenario político social en el que coexisten las lenguas indígenas con el fin de ubicar el lugar que ocupan dentro del contexto nacional, así como el enfoque institucional con el que se atienden y la situación de conflicto lingüístico en la que se expresan.

Políticas lingüísticas para una nación pluricultural

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 2.° establece: “La Nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional; y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (Diario Oficial de la Federación (DOF), 30 de septiembre de 2024).

Al reconocerse constitucionalmente el carácter pluricultural de la nación, el Estado mexicano debe transitar del monolingüismo al plurilingüismo. Esta transformación debe involucrar a toda la sociedad, es decir a los 118 649 379 hispanohablantes y a los 7 364 645 hablantes de más de 68 lenguas indígenas, según datos de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020).

Esta misma fuente revela que en 2015, 23.2 millones de personas se autoadscribieron como indígenas, lo que representa el 21.5% de la población nacional (INEGI, 2015). Este dato es también muy significativo y no debe pasar desapercibido en el momento de diseñar políticas públicas en materia de plurilingüismo.

En términos de colectividades el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) registra la existencia de 70 pueblos indígenas que son entidades que se reconocen como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Respecto de la diversidad lingüística, el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales (CLIN) de enero de 2008 del INALI registra 68 lenguas indígenas nacionales. Cada lengua indígena manifiesta una gran variedad de variantes lingüísticas que en un primer estudio del CLIN sumaron 364.

En esta perspectiva es fundamental tomar en cuenta que para el caso de los pueblos indígenas la constitución garantiza el ejercicio de derechos colectivos, además de los derechos individuales. Al reconocer la personalidad jurídica de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, el Estado otorga atribuciones que se enmarcan dentro de los derechos colectivos.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Para el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se deben tomar en cuenta (…) criterios etnolingüísticos, de asentamiento físico y de autoadscripción (DOF, 30 de septiembre de 2024).

En este marco también resulta fundamental la siguiente definición sobre el carácter colectivo de estas entidades:

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos. (DOF, 30 de septiembre de 2024)

Esta situación es similar a la que presentan otros países que gradualmente han avanzado hacia un proyecto de Estado-nación en el que se garantizan los derechos individuales y colectivos basados en los principios de territorialidad y de individualidad que se articulan dando lugar al ejercicio pleno de los derechos humanos de toda la población nacional.

Al hablar de políticas lingüísticas para una nación pluricultural, y en el marco de la reforma del Artículo 2.° Constitucional, muchas disposiciones jurídicas deben armonizarse, entre ellas la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI), para dar lugar a una ley general de carácter nacional que contemple a toda la sociedad.

Políticas lingüísticas en regiones autónomas

El respeto a la libre determinación de los pueblos y, por ende, a su autonomía dentro de un marco de unidad nacional es uno de los postulados del proyecto de nación de la Cuarta Transformación.

Al respecto es importante enunciar el margen de autonomía que tienen los pueblos y comunidades indígenas para adoptar sus propias políticas lingüísticas.

La Constitución establece que:

Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

A. (…)

I.   Decidir, conforme a sus sistemas normativos y de acuerdo con esta Constitución, sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural. (DOF, 30 de septiembre de 2024)

Respecto del tema que nos atañe que son las lenguas indígenas establece lo siguiente:

IV.    Preservar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, material e inmaterial, que comprende todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Se reconoce la propiedad intelectual colectiva respecto de dicho patrimonio, en los términos que dispongan las leyes.

V.    Promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la Nación, así como una política lingüística multilingüe que permita su uso en los espacios públicos y en los privados que correspondan.

VI.    Participar, en términos del artículo 3o. constitucional, en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la Nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje. (DOF, 30 de septiembre de 2024)

Como sujetos de derecho público los pueblos indígenas, como colectividades, están en posibilidad de construir sus propias agendas en materia de política lingüística.

El reto es reconstruir una noción de territorio, así como ejercer ese margen de autonomía como pueblos que la constitución establece para alcanzar procesos de planificación lingüística regionales que involucren a toda la población, incluidas las comunidades hispanohablantes. Lo anterior debe ser con la participación organizada de la población y debe estar acompañado de acciones de investigación, divulgación, promoción y difusión, así como estrategias de transmisión, de enseñanza y de aprendizaje del plurilingüismo a toda la población. Crear conciencia sobre el valor de la diversidad lingüística en una sociedad monolingüe cómoda debe ser una de las primeras acciones que habría que emprender.

Asimismo, una política lingüística debe involucrar a los tres poderes de la nación, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Muy pocos avances existen sobre una política integral nacional que considere a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. La perspectiva de un Estado ampliado, como lo demandan los nuevos tiempos, debe ser parte de la política lingüística actual y un pendiente en la agenda del gobierno de la cuarta transformación a nivel municipal, estatal y federal.

Existen temas que la lingüística tradicional no ha considerado lo suficiente cuando se habla de procesos de revitalización, transmisión y desplazamiento lingüístico, tales como doble identidad, bilingüismo e interculturalidad, así como procesos de autoadscripción étnica e idiomática en contextos urbanos, de migración y de nuevos asentamientos. En la sociedad actual ser indígena y mexicano, así como hablar una lengua indígena y el español, revela el surgimiento de identidades múltiples y una noción emergente de ciudadanía y de prestigio lingüístico. Esta experiencia habría que vincularla con la emergencia de una poderosa literatura indígena contemporánea, así como del empoderamiento de una oralitura comunitaria, de diseño textil y de artes plásticas que fluyen por las venas del arte indígena.

Los pueblos indígenas en la perspectiva de un Estado ampliado y en el reconocimiento constitucional de su autonomía tienen la posibilidad de ejercer su soberanía lingüística para decidir sus propias políticas lingüísticas. La experiencia de los últimos años del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), del cual fui parte, ha sido la planificación lingüística comunitaria, con la participación de agentes etnolingüísticos y los guardianes de la palabra, basada en una estrategia de participación académica colectiva.

El Estado ampliado significa un verdadero ejercicio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y no de subordinación o intervencionismo, sino de corresponsabilidad y nuevas formas de entendimiento y colaboración. Significa también respetar sus formas de gobierno, sus formas de organización político–social, sus pensamientos, sus conocimientos y sus constructos científicos y culturales.

El enfoque etnolingüístico en la planificación lingüística comunitaria

El riesgo de desaparición en el que se encuentran muchas lenguas originarias en el mundo ha dado lugar a diversas acciones internacionales a las que México se ha sumado. Entre las acciones emprendidas destacan tres: la proclamación del Día Internacional de la Lengua Materna, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas (AILI) en 2019, y el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (DILI, 2022–2032). El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en noviembre de 1999. Con esta celebración se impulsaron diversas acciones para visibilizar a las lenguas indígenas en las regiones indígenas. Esta fecha quedó establecida para difundir la diversidad lingüística del país, como lo prueban las diversas acciones autogestivas que se llevan a cabo a nivel nacional. Posteriormente, y con el fin de alentar la adopción de medidas apremiantes para preservar, revitalizar y promover el uso de las lenguas indígenas, la Asamblea General de las Naciones Unidas publicó una resolución en 2016 en la que se proclamó el año 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución A/RES/74/135, proclamó el período comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas (DILI 2022-2032), con el fin de llamar la atención del mundo sobre la difícil situación de muchas lenguas indígenas y movilizar a las partes interesadas y los recursos para su preservación, revitalización y promoción.

Entre los aprendizajes que dejó el AILI quiero resaltar los siguientes, que destacan la participación de los pueblos indígenas en la definición de sus políticas lingüísticas:

Para que el apoyo a las lenguas tenga éxito y sea eficaz se requerirá aumentar sustancialmente, y de forma cuantificable la participación de los propios pueblos indígenas. En particular de las mujeres y los jóvenes indígenas, a través de sus propias estructuras de gobierno y órganos representativos. Aunado a ello, es necesario el empoderamiento de los pueblos indígenas, en tanto que se trata de un elemento fundamental para el uso, la preservación, la utilización activa, el apoyo y la promoción de las lenguas.

La defensa de la lengua y la cultura de los pueblos indígenas va de la mano con la defensa de sus territorios y de los recursos naturales que en ellos se encuentran. Para conservar las lenguas indígenas, es indispensable garantizar el bienestar social y económico de sus hablantes. (UNESCO, 2019)

Respecto de la centralidad de los pueblos indígenas, quedó establecida a nivel internacional en la Declaración de Los Pinos “Chapoltepek”, que es el documento final que se alcanzó durante el foro internacional Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas, que con motivo de la clausura del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019 se realizó en la Ciudad de México, el 27 y 28 de febrero de 2020. Este foro reunió a más de 500 participantes de 50 países, entre ellos ministros de gobierno, líderes indígenas, investigadores, entidades públicas y privadas y otros expertos.

La Declaración marca las directrices para la construcción del plan de acción global para el Decenio Internacional, así como para la construcción de una plataforma para acciones conjuntas, dirigidas, y a largo plazo, en la promoción de las lenguas indígenas en todo el mundo.

Este documento establece los siguientes principios:

  1. Centralidad de los pueblos indígenas: “Nada para nosotros sin nosotros”.
  2. Cumplimiento de las normas internacionales.
  3. Acción conjunta, unidos en la acción, para una ejecución eficiente y coherente en todo el sistema de las Naciones Unidas.
  4. Creación de sinergias entre los diferentes marcos internacionales y regionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo sostenible, la reconciliación y la consolidación de la paz.
  5. Asociaciones de múltiples interesados a todos los niveles a fin de fomentar las sinergias, el liderazgo, las respuestas adecuadas, con una mejor participación de los pueblos indígenas y las partes interesadas.
  6. Un enfoque integral de la programación basada en un amplio espectro de derechos humanos y libertades fundamentales. (Declaración de Los Pinos “Chapoltepek”, 2020)

Respecto de la centralidad de los pueblos indígenas, la Declaración

destaca que los pueblos indígenas son actores y beneficiarios centrales. Su liderazgo en la preservación, revitalización y promoción de sus lenguas debe ser integral, abarcando sus costumbres y valores, e incorporar sus cosmovisiones y relaciones con la naturaleza, como requisito mínimo para lograr el éxito de estos planes, políticas y acciones. (Declaración de Los Pinos “Chapoltepek”, 2020)

Los agentes etnolingüísticos y los guardianes de la palabra de México hicieron hincapié en los derechos de los pueblos indígenas a la libertad de expresión, a la educación en su idioma materno y a la participación en la vida pública utilizando sus idiomas, como requisitos previos para la supervivencia de los idiomas indígenas, muchos de los cuales están actualmente al borde de la extinción.

Respecto del uso social de las lenguas indígenas en la sociedad nacional, “se destaca la importancia de permitir el uso de los idiomas indígenas en los sistemas de justicia, los medios de comunicación, la esfera laboral y los programas de salud. También señala el potencial de las tecnologías digitales para apoyar el uso y la preservación de esos idiomas” (INALI, 2021: 83).

El énfasis en la centralidad de los pueblos indígenas que hemos retomado nos remite a compartir algunas experiencias comunitarias sobre procesos de planificación lingüística en territorio.

La centralidad de los pueblos indígenas

La centralidad de los pueblos indígenas, en mi experiencia en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), se vio como la posibilidad de dinamizar la participación de agentes etnolingüísticos que desde diferentes frentes estaban realizando acciones. Los agentes etnolingüísticos estuvieron conformados por activistas, académicos, promotores, escritores y estudiantes. En esta perspectiva se visibilizó también la figura de los “guardianes de la palabra”, que se refiere a personalidades comunitarias que han fungido como una especie de embajadores de sus lenguas y culturas, dentro y fuera de sus comunidades. Ambas figuras fueron y son esenciales para la articulación de pensamientos y para la construcción de estrategias que permitan alcanzar mayor conciencia para el diseño de políticas lingüísticas comunitarias y regionales, es decir políticas propias.

La base principal de la centralidad es que las acciones deben desencadenarse desde la comunidad, que parta de la idea de que la participación decidida, consciente y comprometida de los hablantes de las lenguas indígenas es la base para revertir los efectos del desplazamiento, amenaza y riesgo de desaparición en los que se encuentran sus lenguas. Un principio orientador de la centralidad es la conciencia de que se busca acompañar procesos de autodeterminación:

De igual forma, se buscó impulsar la autodeterminación de los pueblos indígenas, derecho consagrado en el artículo segundo constitucional, mediante la generación de condiciones que permitieran a las personas hablantes de las lenguas indígenas (promotoras, activistas, profesionistas, autoridades tradicionales y comunitarias) organizarse, principalmente en colectivos que, desde un modelo de planificación lingüística comunitaria, orienten e impulsen acciones de revitalización, fortalecimiento y desarrollo de sus lenguas en coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno. Con este principio, se busca contribuir en la generación de las condiciones para avanzar en el fortalecimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. (INALI, 2023: 14)

Este planteamiento también encuentra sustento en la Declaración de Los Pinos “Chapoltepek”, que plantea

hacer explícito el reconocimiento de los pueblos indígenas como actores centrales en el desarrollo de políticas públicas, planes gubernamentales, programas y proyectos destinados a favorecer a las lenguas indígenas en el mundo. El liderazgo de cada una de las comunidades y pueblos indígenas en la preservación, revitalización y promoción de sus lenguas debe ser integral, incluyendo sus costumbres y valores, e incorporando las visiones del mundo y las relaciones con la naturaleza, como punto de partida de esos planes y políticas, ya que la exclusión social, económica y política, incluida la discriminación (en su sentido más amplio), son factores determinantes en la pérdida de diversidad y riqueza lingüística. (Declaración de Los Pinos “Chapoltepek”, 2020)

Una primera experiencia de centralidad de los pueblos indígenas a nivel nacional consistió en la construcción del Plan de Acción de México del DILI 2022–2032. Este proceso significó una experiencia interesante de diálogo, construcción y posicionamiento colectivo. La participación de los agentes etnolingüísticos y guardianes de la palabra de cada una de las 68 lenguas implicó todo un reto, pero era fundamental lograr sus aportaciones.

La primera estrategia consistió en agrupar la participación por regiones, de esta forma se conformaron cinco regiones etnolingüísticas: 1) Región del Norte, 2) Región del Bajío-Pacífico, 3) Región del Centro-Huasteca-Golfo, 4) Región del Pacífico Sur y 5) Región del Mayab o del Sureste. A partir de esta distribución fue posible entablar comunicación y coordinación con instancias de cultura y lenguas indígenas de las diferentes entidades federativas, logrando con esto un trabajo coordinado entre la federación, los estados y los municipios. En un ejercicio sin precedentes, se logró conformar el Plan de Acción de México para el DILI, consensuado por los agentes etnolingüísticos de todas las regiones, que en un foro denominado Presentación del Plan de Acción de México se suscribió por todos los presentes el 28 de febrero de 2020.

La elaboración del Plan de Acción de México para el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022 – 2032 constituyó una experiencia inédita en el quehacer institucional. Las Jornadas Nacionales por la Reconstrucción Lingüística significó movilizar de manera virtual y presencial a organizaciones, personas guardianas de la palabra, activistas, académicas, creadoras y promotoras en foros regionales para perfilar las 50 líneas de acción que contiene el Plan, lo que habla de la gran diversidad y complejidad de la realidad sociolingüística de la nación. Esta acción significó una experiencia trascendental que encontró eco y gran respuesta comunitaria, lo que generó una red importante de interlocutores y un posicionamiento mediático a nivel de las regiones y comunidades. Dicho Plan se presentó en el Complejo Cultural Los Pinos el día 14 de octubre de 2020. (INALI, 2023: 7)

En la perspectiva etnolingüística que hemos mencionado se conformó y formalizó la figura colegiada denominada Consejos de Planificación Lingüística Comunitaria, en que la participación de los y las etnolingüistas, así como de los y las egresadas de la maestría en lingüística indoamericana, formados por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) fue de gran importancia.

Estos consejos fueron originalmente creados para la generación de normas de escritura y, actualmente, también se ocupan de otros procesos de planificación lingüística comunitaria. Hasta el momento, se han conformado los Consejos de Planificación Lingüística Comunitaria de las lenguas ngigua/ngiba (chocholteco), mazateca, yaqui, yoreme (mayo), comcáac (seri), tuꞋun savi (mixteco), ralámuli (tarahumara), lhimaꞋalhaꞋmaꞋ/lhimasipij (tepehua), oꞋdam/auꞋdam (tepehuano del sur), ndee/nnee/nde (apache), Uza’ (chichimeco jonaz), hñähñu (otomí) y mèꞋphàà (tlapaneco), así como de Grupos Indígenas Residentes de Baja California. (INALI, 2023: 16-17)

Una primera tarea de estos consejos fue participar en los procesos de normalización lingüística de sus lenguas, tarea que requirió de acciones de investigación y de integración de agentes comunitarios, así como de representantes de las diferentes variantes lingüísticas. Los municipios han tenido un lugar destacado en algunos de los casos, comisionando a sus representantes. El proceso de normalización requirió avanzar en estrategias de armonización y de consensos para alcanzar la normalización lingüística. Esta estrategia se fundamentó en la planeación de corpus, planteamiento que contribuyó a lograr una primera versión de las normas de escrituras, las cuales se legitimaron en congresos nacionales, como una forma de institucionalizar su uso en la administración pública.

La publicación de las normas de escritura en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ha significado un avance en el estatus de las lenguas indígenas, les otorga un carácter oficial y propicia su uso oral y escrito sin restricciones en los ámbitos públicos y privados.

Este ejercicio ha contribuido a fortalecer los procesos autogestivos, lo que significa de alguna forma una ruptura con el intervencionismo, el extractivismo, el asistencialismo y paternalismo que ha caracterizado a la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. En materia de planificación lingüística estas acciones abren la perspectiva para generar políticas lingüísticas comunitarias en un contexto de plurilingüismo a nivel regional y nacional.

La intraculturalidad

El proceso de construcción del conocimiento no es único, la noción de verdad es diversa, cada pueblo indígena tiene sus esquemas mentales, sus filosofías y sus formas de explicar la experiencia humana. La manera de hurgar en los procesos de construcción del conocimiento de cada pueblo indígena y sus formas de expresión es a partir de sus lenguas, por eso resulta importante un enfoque intracultural que permita poner en valor las diferentes formas de pensamiento empírico, científico, artístico, cultural y tecnológico que subyacen en las culturas de los pueblos indígenas. La intraculturalidad es también una forma de detonar el potencial del pensamiento indígena y la posibilidad de crear nuevos paradigmas.

La intraculturalidad es también una forma de descolonización intelectual, de recuperación de las lenguas como herramientas para regenerar las bases y los sentidos del pensamiento propio, de recuperar la filosofía ancestral, de sembrar nuevos conocimientos, de reconstruir la visión del mundo, así como un elemento político de lucha para la transformación social.

La intraculturalidad es el cimiento de la cultura, es el patrimonio y bagaje propio adquirido en la familia, en la relación con las personas de las comunidades donde nacimos, nos criamos y nos desarrollamos. En mi perspectiva, es una condición para que pueda fluir la interculturalidad con equidad, inclusión y con justicia.

La etnolingüística es parte de este proceso al promover encuentros, diálogos y reflexiones en y desde las lenguas indígenas.

Modelo de planificación lingüística comunitaria

El diseño de un modelo de planificación lingüística de carácter comunitario es una estrategia que el INALI ha venido desarrollando y que llevó a cabo durante mi gestión. Este modelo se sustenta en la idea de que son los pueblos y comunidades indígenas los que deben asumir el control del proceso de desarrollo de sus lenguas, ejerciendo su soberanía intelectual y libre autodeterminación. Con este enfoque es posible diseñar políticas lingüísticas micro y macrorregionales que tengan impacto en lo local y en lo nacional. Asimismo, se fortalece la idea de un Estado ampliado, en el que también los pueblos indígenas, como sujetos de derecho público, puedan desarrollar sus propias políticas en sus territorios.

En lo que respecta a la planificación lingüística aquí referida se plantea como un proyecto amplio y de largo aliento construido desde las bases comunitarias, a través de un proceso endógeno que involucre la participación de todos los integrantes de la población o comunidad indígena en corresponsabilidad y colaboración con los tres órdenes de gobierno. Toda vez que la planificación lingüística comunitaria planteada tiene como fundamento la centralidad de los pueblos indígenas, porque no es posible seguir haciendo programas y acciones que no surjan directamente de la voz, la voluntad, los deseos y proyectos de los propios hablantes. (INALI, 2022b)

A manera de conclusión podemos afirmar que estamos viviendo un momento histórico en el que tanto el Estado como los pueblos indígenas y afromexicanos tienen la oportunidad de revisar, replantear y construir una nueva relación. Ante la perspectiva de nuevos programas y acciones en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, en el que pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos aparecen como sujetos de derecho público, habrá que reconocer las políticas lingüísticas comunitarias que existen y que no han sido vistas como planteamientos formales y legítimos. Este tema sería un punto de partida institucional en el que sería de gran importancia arribar a estrategias que permitan conocer cuáles son los avances de los procesos de planificación lingüística comunitaria, interactuar con sus agentes etnolingüísticos en sus territorios, conocer sus instituciones y sus colectivos, sus redes de interlocución, sus necesidades presupuestales y sus aportaciones, en una perspectiva de nación plurilingüe en el que la lengua franca, el español, también tiene un lugar central.

La reforma del Artículo 2.° Constitucional plantea sin duda un enorme reto para el Estado mexicano y para los pueblos indígenas y afromexicanos. La Ley General sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos debe dar lugar a nuevas reconfiguraciones jurídicas, así como avanzar en la construcción de un Estado ampliado, en el que se deben poner en la agenda temas como soberanía, regionalización y co-gobierno. La relación Estado–pueblos indígenas debe considerar, entre otros temas, la generación de políticas lingüísticas plurilingües, así como acuerdos multilaterales con cada pueblo indígena, convenios de corresponsabilidad, y presupuesto justo para reparar el daño causado al patrimonio lingüístico y cultural de los pueblos indígenas.


Referencias

Declaración de Los Pinos “Chapoltepek” (2020, 28 de febrero). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/568555/declaracion-de-los-pinos-julio-2020.pdf

Diario Oficial de la Federación (DOF) (2008, 14 de enero). Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales.

Diario Oficial de la Federación (DOF) (2024, 30 de septiembre). DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) (2023). Construyendo políticas públicas para una nación cultural y lingüísticamente diversa. Memoria de la gestión 2017-2022. https://www.inali.gob.mx/pdf/memoria_sexenal-2017-2022/Memoria_sexenal_gestion_2017_2022.pdf

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) (2021). Memoria del congreso internacional de lenguas en riesgo y evento de alto nivel. https://site.inali.gob.mx/INALIDhuchlab/assets/files/memoriadelcongreso.pdf

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) (2022a). Plan de Acción de México, Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022 – 2032. https://www.inali.gob.mx/pdf/plan-de-accion-de-mexico.pdf

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) (2022b). Planificación lingüística comunitaria, orientaciones para su implementación (Versión preliminar).

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2020, 23 de enero). Derechos de los pueblos indígenas [Resolución A/RES/74/135]. https://digitallibrary.un.org/record/3848623/files/A_RES_74_135-ES.pdf?ln=en

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2019). Informe del Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2021). Plan de acción mundial para el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022 – 2032. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379851_spa


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