Martha Patricia Castañeda Salgado
CEIICH-UNAM | marthap@unam.mx
Las denuncias y protestas por el incremento de la violencia de género que se ejerce contra las mujeres en México han estado presentes desde décadas atrás. En marzo de 2020, fue la principal demanda de las manifestaciones que tuvieron lugar en distintas ciudades y localidades del país, con una multitudinaria participación en la Ciudad de México. Con ese antecedente, cuando dio inicio el confinamiento con motivos de la pandemia de Covid-19, las feministas fuimos las primeras en alertar respecto a los riesgos que esa situación traería consigo para las mujeres mexicanas, a lo largo y ancho de la república.
En ese contexto, entre las primeras señales de alerta surgió la pregunta por la situación que vivirían las mujeres indígenas, con las particularidades que cada uno de sus lugares de asentamiento trae consigo. Para abril de 2020, ya había noticias respecto a las dificultades que enfrentaba la población indígena debido a que, en su mayoría, sus condiciones de vida no permitían el confinamiento, la sana distancia ni el lavado de manos constante y prolongado debido a la escasez de agua que han padecido desde mucho tiempo atrás. Por otra parte, el hecho de que la mayor parte de esta población se inserta laboralmente en el sector terciario, incrementaba su vulnerabilidad económica y, en muchos casos, les impidió continuar con las actividades cotidianas que les generaban ingresos. A lo anterior se sumó el reducido y deficiente acceso que tienen a los servicios de salud institucionales.[1]
A la par de lo anterior, se multiplicaban las denuncias de incremento de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico y familiar, adjudicado a la convivencia cotidiana entre personas que habitualmente no lo hacían por tanto tiempo, en especial a la presencia de los hombres en los hogares. Este problema no era exclusivo de México, sino que se denunciaba en diferentes latitudes, lo que llevó a activistas y académicas a hablar de “la otra epidemia” para referirse a la simultaneidad y agudización de la violencia de género y de la Covid (Olvera, 2020; Foresti, 2020).[2] Esta tendencia continuó. El INEGI (2020) reportó en noviembre de 2020 que los efectos del confinamiento en la violencia dentro de los hogares se hicieron más evidentes entre junio y agosto, afectando más a las mujeres que a los hombres.
Los datos del INEGI no desagregan la información por condición étnica, lo cual genera un vacío de datos respecto a las situaciones de violencia de género que viven las mujeres indígenas. Por su parte, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas publicó en su blog, a propósito del Día Internacional de la Mujer Indígena (5 de septiembre), que esta fecha se instituyó en memoria de Bartolina Sisa para recordar que su asesinato “representa cada lucha y muerte de mujeres indígenas exigiendo sus derechos y buscando erradicar la discriminación que continúa contra nuestras hermanas”.[3] Ningún dato estadístico respecto a esta discriminación y a las violencias que se ejercen sobre ellas mereció alguna mención, a pesar de la efeméride. Tampoco lo proporcionó ONU Mujeres en su revisión de las afectaciones que padecían -o podrían padecer- las mujeres indígenas en el marco de la pandemia, aunque sí recomendó “Implementar medidas para disponer de mejor información y estadísticas desagregadas, con enfoque de género e interculturalidad” (2020: 3).[4]
No hay duda de que las mujeres indígenas viven de manera cotidiana los tipos y modalidades de violencia que define la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, en el primer caso; familiar, laboral y docente, en la comunidad, institucional, política y feminicida, en el segundo. Tampoco hay duda de que varias de ellas se han venido agudizando durante la pandemia, articuladas con violencias de orden estructural que han conducido a las mujeres indígenas organizadas a continuar un proceso propio de acopio de información,[5] documentación de agravios y movilizaciones para exigir atención y justicia en los numerosos casos de violencia de género ejercida contra las mujeres y pueblos indígenas. Lo que se observa, entonces, es que durante la pandemia se han mantenido un conjunto de prácticas que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres indígenas, a la vez que se han sumado algunas otras que responden a las nuevas condiciones del contexto.
Las mujeres indígenas han elaborado categorías propias para nombrar formas de violencia específicas, directamente vinculadas con los procesos clasistas, etnicistas y racistas que sustentan y reproducen los mecanismos a través de los cuales los grupos hegemónicos y las instituciones pretenden mantener la subordinación de las mujeres indígenas. Así, denuncian la violencia espiritual, la violencia medioambiental y territorial, la violencia obstétrica y la violencia lingüística, además de subrayar que el modelo extractivista es, en sí mismo, violento y amenazante de la vida toda, y de la vida de las mujeres y pueblos indígenas en particular, por tener una presencia devastadora en los territorios que habitan.
Las zonas habitadas por poblaciones indígenas, sean rurales o urbanas, están insertas hoy día en contextos violentos y con violencia extrema, lo que ha redundado en que sean diversos los sujetos y actores que ejercen violencia contra las mujeres indígenas. Por una parte, están los hombres -y en ocasiones mujeres- con quienes conviven cotidianamente en los ámbitos familiares y domésticos, así como parientes y personas conocidas de la comunidad. A ellos se suman las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, así como paramilitares, narcotraficantes, tratantes de personas y otros integrantes del crimen organizado.
Como han señalado distintas autoras y activistas, la pandemia de Covid-19 se asentó en condiciones de profundas desigualdades sociales y de género, las cuales se han ahondado a lo largo de los meses. Hablando del aspecto sanitarista, una nueva veta de esas desigualdades y su correlato en exclusiones se encuentra en la monopolización de las vacunas contra el SARS-COV2, no sólo por parte de los países industrializados, sino al interior de sociedades en las que las brechas entre clases sociales son cada vez más grandes.[6] En México, la aplicación de la vacuna está siendo segmentada, lo que abre interrogantes respecto a cuándo alcanzará a la mayoría de la población indígena, aun cuando sea habitante de las ciudades.
Esta situación está íntimamente vinculada con la insuficiente cobertura del sistema de salud en las regiones indígenas y con las consecuencias de la política de austeridad presupuestal que impuso el gobierno federal antes y durante la pandemia. Esta política afectó de manera directa a las Casas de la Mujer Indígena (CAMIs), uno de los pocos recursos de atención a la salud y las consecuencias de la violencia que se ofrecen a las mujeres que viven en esas regiones.[7] La movilización social encabezada por la Red de CAMIs fue una expresión de la experiencia acumulada de acuerpamiento político frente a las violencias locales y regionales, pero también de denuncia de las violencias institucionales, económicas y patrimoniales que pesan sobre las mujeres indígenas, sus formas de organización y las instancias que les dan protección y acogida.
En estos contextos violentos, las aproximaciones androcéntricas, etnocéntricas y racistas sobregeneralizan sus apreciaciones sobre las violencias que se ejercen sobre las mujeres indígenas a partir de un profundo desconocimiento de las formas de organización y de parentesco de los pueblos indígenas, lo que impide el registro de manifestaciones específicas derivadas del confinamiento, de la interrupción de la continuidad en la movilización de las mujeres en las ciudades y dentro de sus regiones, así como las diferencias que se dan entre generaciones de mujeres.[8] La violencia espiritual nos remite a los prejuicios culturales con los que se juzgan los conocimientos y las prácticas indígenas, el desconocimiento sobre el lugar que ocupan las mujeres en la organización del parentesco y de la vida comunitaria, así como en la preservación de la vida, para el cuidado de la salud-enfermedad y en el acompañamiento en la muerte.
Otra manifestación de violencia emergente se relaciona con la limitación -y en algunos casos, suspensión- de los rituales funerarios. Las restricciones en términos de contacto con el cuerpo de la persona fallecida, el velorio y el entierro que se impusieron en algunas localidades y en asentamientos urbanos han agudizado la situación de estrés social que viven mujeres y hombres indígenas.
Las indígenas migrantes y las jornaleras agrícolas también han debido enfrentar formas de violencia que se suman a su situación de sobreexplotación. En el primer caso, la reducción de la movilidad dentro y fuera del país las ha orillado a tomar decisiones de tránsito o permanencia que ponen en riesgo su vida, además de que en los periodos de mayor peligro de contagio han vivido grandes precariedades económicas y alimentarias. Las jornaleras agrícolas, por su parte, han estado sobreexpuestas al contagio debido a que sus empleadores no cerraron los campos ni suspendieron la producción, pero tampoco proporcionaron a sus trabajadoras y trabajadores las mínimas condiciones sanitarias para garantizar su salud, como lo denunció la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (s.f.).
Un grupo de mujeres indígenas particularmente afectadas es el de las trabajadoras del hogar en términos de violencia económica. En el inicio de la pandemia, a muchas de ellas se las obligó a permanecer en la casa de sus empleadores, sin posibilidades de regresar a sus casas o visitar a sus familias. Después se las obligó a cuidar a personas infectadas, poniéndolas en un grave riesgo de contagio y sin garantizarles apoyo y soporte económico en caso de que contrajesen Covid. A otras, por el contrario, se les despidió, dejándolas sin ingresos en un contexto crítico. Pocas fueron las que contaron con el “permiso” de volver a sus casas y permanecer en ellas sin que se les cortara o disminuyera el sueldo. [9]
Con la pandemia y el confinamiento muchas cosas se detuvieron, pero muchas otras continuaron con sus propias dinámicas. La violencia política contra las mujeres indígenas ha sido una de las segundas. A lo largo de 2020 se tuvo noticias de amagos, atentados de distinta índole, violencia física y sexual e incluso feminicida ejercida contra políticas y lideresas indígenas. Lo mismo ha ocurrido con defensoras de derechos humanos.[10]
Las mujeres indígenas organizadas han denunciado las situaciones aquí descritas a lo largo de la pandemia. A pesar de la brecha digital que las condiciona, han podido mantener activas sus redes y han hecho de los espacios virtuales foros de denuncia de las violencias, las injusticias y la conculcación de derechos que les vienen afectando desde antes de la pandemia.[11]
Esta breve enumeración de las violencias que se ejercen contra las mujeres indígenas tiene sentido si se la lee como una muestra de las continuidades, permanencias y cambios en las relaciones de las mujeres indígenas con los hombres indígenas, con las instituciones del Estado y con la sociedad no indígena, así como de la conciencia política que muchas de ellas han desplegado a partir del cuestionamiento de la imbricación entre capitalismo, patriarcado y racismo. En los años recientes, las mujeres afromexicanas han iniciado también un recorrido de exigencias políticas en torno a su reconocimiento como grupo diferenciado y como sujeto político, estableciendo una articulación con las organizaciones de mujeres indígenas.
Las demandas de las mujeres indígenas organizadas hablan claramente de las tensiones, contradicciones, ambigüedades, omisiones y violencias en que incurren tanto el Estado mexicano como las personas no indígenas que mantienen posturas sexistas, racistas y discriminadoras, incapaces de reconocer y respetar la diversidad étnica y racial de la población que habita este país. De ahí la profunda implicación del lema con que cierra sus documentos la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (2020): mantener sus demandas y convocatoria a que México sea un país plural y democrático, “Hasta que nuestra dignidad se les haga costumbre”.
Bibliografía
ANPMI (Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas) (2020), “Declaratoria 5 de Septiembre ANPMI”, 4 y 5 de septiembre , https://anpmi.com.mx/declaratoria-5-de-septiembre-anpmi/ Consulta: 2 de febrero de 2021.
Bonfil Sánchez, Paloma (coord.) (2018), Violencia de Género Contra Mujeres en Zonas Indígenas de México, México, Secretaría de Gobernación-Conavim-CIESAS-Conacyt.
Castañeda Salgado, Martha Patricia (2021), “Acciones de las mujeres indígenas organizadas en el contexto de la pandemia de COVID-19”, en, Rodríguez López, Patricia y Alba Carosio (coords.), Miradas y Horizontes Feministas, Boletín del Grupo de Trabajo Feminismos, Resistencias y Emancipación, núm. 2, Clacso, pp. 29-35.
Foresti, Rosa Virginia (2020), “La otra pandemia… De la que también merecemos salir”, en Ic-Contornos del NO-Revista de Industrias Culturales, vol. IV, núm. 4, septiembre, pp. 11-16.
INEGI (2020), “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)”, Comunicado de Prensa núm. 568/20. 23 de noviembre.
Jones, Carly, Renée Monchalin, Cheryllee Bourgeois y Janet Smylie (2020), “Kokums to the Iskwêsisisak. COVID-19 and the Urban Métis Girls and Young Women”, en Girlhood Studies, vol. 13, núm. 3, pp. 116-132.
Khoo, Su-Ming, Anique Vered y Sayan Dey (2020), “In Medias Res: Decolonial Interventions. Editorial Introduction”, en Journal of International Women’s Studies, vol. 21, núm. 7, pp. 1-7.
Olvera Lezama, Blanca Ivonne (2020), “Feminicidio en México, la otra pandemia”, en Revista Mexicana de Ciencias Penales, núm. 11, mayo-agosto, pp. 19-31.
ONU Mujeres y UNESCO (2021), Mujeres indígenas en contexto de Covid-19 ¿Cómo les impacta? https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2020-nuevo/mayo-2020/mujeres-indigenas Consulta: 2 de febrero de 2021.
Red de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (2020), La población jornalera agrícola interna en México frente a la pandemia de COVID-19. S.f. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/COVID/NGOs/Red_Nacional_de
_Jornaleros_y_Jornaleras_Agr%C3%ADcolas_-_Mexico.pdf Consulta: 15 de febrero de 2021.
UNFPA (2020), Implications of COVID-19 for Indigenous People in Latin American and the Caribbean, Technical Brief, abril.
- Consultar: Hernández Urzúa Laura, Fabiola Del Jurado Mendoza, Patricia Torres Sandoval, Laura VillasanaAnta, Isabel Gómez López y Margarita Gutiérrez Romero: “Cuando dejar de trabajar o de salir a la calle no es una opción”, en La Jornada del Campo, 19 de abril de 2020 núm. 151, suplemento informativo de La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2020/04/19/delcampo/articulos/no-es-opcion.html ↑
- Si bien no suscribo esta equiparación, considero necesario mencionarla por formar parte de los debates y denuncias que se dieron en el contexto de la agudización del problema sanitario. ↑
- https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/dia-internacional-de-la-mujer-indigena-2020?idiom=es ↑
- Diversas organizaciones de mujeres indígenas, activistas y académicas han alertado durante varios años acerca de la necesidad de contar con instrumentos e investigaciones que analicen la violencia de género contra las mujeres indígenas con enfoque de género, de interculturalidad y de derechos humanos. Uno de los esfuerzos recientes más notables en esta dirección es el texto Violencia de género contra mujeres en zonas indígenas de México (ver bibliografía). ↑
- Ejemplo de ello es la iniciativa “Emergencia Comunitaria de Género” impulsada por la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas desde 2013. ↑
- Su-Ming Khoo et al. (2020) ponen de relieve que hay un engranaje entre desigualdades sociales e injusticias estructurales a nivel mundial que se expresa en una clara conculcación de derechos en el contexto pandémico. ↑
- En mayo de 2020 se anunció una drástica reducción del presupuesto destinado por el INPI a las Casas de la Mujer Indígena (CAMIs), lo cual provocó una rápida movilización de la Red de CAMI’s, que gestionó apoyos políticos de distintas instancias activistas, académicas y de cabildeo político para impedir que esa medida se aplicara tal como se anunció en un principio. Como parte de esta movilización, la Red publicó una numeralia en la que se señalaban las consecuencias que tendría llegar a un punto de ahorcamiento presupuestal que condujera al cierre de varias de las CAMIs, dejando desprotegidas a muchas mujeres. Esa numeralia es uno de los pocos recuentos cuantitativos de violencia contra las mujeres indígenas sobre la pandemia con lo que se contó durante 2020. Como lo señaló UNFPA (2020), la dificultad para tener datos sobre la situación de las poblaciones y mujeres indígenas durante la pandemia es una problemática internacional. ↑
- Un análisis interesante sobre estas afectaciones diferenciadas de la Covid en el caso de abuelas y nietas métis en Canadá se encuentra en Carly Jones, et al., 2020. ↑
- Consultar García, Ana Karen (2021), “Dignificar el trabajo del hogar es una deuda histórica y la pandemia una oportunidad para pagarla”, en El Economista. 14 de febrero de 2021. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Dignificar-el-trabajo-del-hogar-es-una-deuda-historica-y-la-pandemia-una-oportunidad-para-pagarla-20210214-0012.html ↑
- Consultar Redacción AN/AG: “Violencia política contra las mujeres en razón de género, la otra pandemia que crece en Oaxaca”, en Aristegui Noticias. 24 de noviembre 2020. https://aristeguinoticias.com/2411/mexico/violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero-la-otra-pandemia-que-crece-en-oaxaca/ ↑
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Consultar Castañeda, 2020. ↑