Julio Ulises Morales López[1]
Conahcyt, CIESAS Pacífico Sur
Detalle de mujeres cocinando afuera de una clínica de salud en Oaxaca.
Foto: Julio Morales
Incluso antes de tomar posesión como presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveraba conocer México “por haberlo caminado varias veces”, afirmando comprender las necesidades gracias a hablar directamente con las personas en sus propios contextos. Es importante recordar que él fue candidato presidencial de forma ininterrumpida desde 2006, lo que le permitió recorrer el país y conocer las necesidades locales. Así, su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 está nutrido de proyectos y programas estratégicos que, desde su punto de vista, buscaban atender todo aquello que México requería.
Este documento ofrece una reflexión sobre la pobreza y la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres indígenas en los municipios más pobres de México. Según las métricas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los municipios de Santos Reyes Yucuná (2015-2020) y San Simón Zahuatlán[2] (2020 a la fecha) han sido los más pobres del país, ambos ubicados en el estado de Oaxaca (CONEVAL, 2020).
Apoyado en evidencia empírica recabada durante un sexenio mediante trabajo de campo etnográfico, este documento plantea que la pobreza y vulnerabilidad son elementos concatenados, cuya disminución debe abordarse de manera conjunta. Sin embargo, la crítica central es que los programas sociales y políticas públicas orientados a combatir la pobreza se han enfocado se han enfocado principalmente en el bienestar económico (por ingresos), sin lograr afrontar eficazmente la vulnerabilidad derivada del rezago en derechos sociales.
Para mitigar verdaderamente la vulnerabilidad de las mujeres en estos contextos se requiere implementar estrategias que logren disociar los elementos socioculturales y los órdenes patriarcales que perpetúan las desigualdades de género. En otras palabras, la sola disminución estadística de la pobreza no ha sido suficiente para afianzar la lucha contra la vulnerabilidad estructural que enfrentan las mujeres indígenas en los municipios más pobres de México.
El gobierno federal ha argumentado que, al eliminar intermediarios en la operatividad de las transferencias monetarias, se ha simplificado el acceso a este derecho, garantizando que cada beneficiario reciba determinados ingresos económicos para atender sus necesidades básicas. No obstante, se ha demostrado que es más factible hacer eficiente la entrega de estos apoyos económicos que lograr realmente mejorar las condiciones de operatividad de escuelas, clínicas, hospitales y servicios públicos, los cuales tienen una relación directa con la vulnerabilidad de la población.
Esto sucede porque la correcta operatividad de dichos servicios públicos queda en manos de intermediarios como gobiernos estatales y municipales, lo que genera una disputa de poderes e intereses ya establecidos, sobre todo, ante el imperante sistema patriarcal que garantiza la continuidad de privilegios masculinos.
Según datos del CONEVAL (2023), en México hay 46.8 millones de personas en situación de pobreza. De estas, 37.9 millones son vulnerables por carencias sociales, mientras que 9.3 millones son vulnerables por insuficiencia de ingresos. Estos datos se derivan de un análisis estadístico que mide un indicador de bienestar económico (por ingresos) y seis indicadores de derechos sociales (rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad).
Estos hallazgos indican que la vulnerabilidad contiene a la pobreza, y no al revés. Es decir, la vulnerabilidad es un concepto más amplio que abarca diversos aspectos del bienestar, más allá de la sola carencia de ingresos.
Los tres estados de la república con mayor población indígena se ubican en la región sur del país y, a su vez representan los mayores porcentajes de población en situación de pobreza. Estos estados son Chiapas, con 67.4% de pobreza, Guerrero, con 60.4%, y Oaxaca, con 58.4%. Estos mismos tres estados lideran los índices de pobreza extrema: Chiapas con 28.2%, Guerrero con 22.2% y Oaxaca con 20.2%.
La pobreza no impacta de la misma manera a todas las personas. El hecho de que se concentre en las regiones del sur del país evidencia que está marcada por sesgos derivados de otros ámbitos de interseccionalidad, como la pertenencia lingüística y étnica, la condición de escolaridad y el grupo etario, elementos que caracterizan ciudadanías diferenciadas de la mestiza. Pero, además, el género juega un papel fundamental.
Así, del total de la población en pobreza, el 65.2% son personas indígenas, frente a al 33.1% no indígena (CONEVAL, 2023). Y, de este grupo, una mayor proporción son mujeres indígenas en zonas rurales, donde la pobreza moderada y la pobreza extrema se adhieren con mayores estragos. Esto se debe a que en ellas confluyen múltiples condiciones de interseccionalidad que dificultan romper con los ciclos intergeneracionales de pobreza. En consecuencia, la probabilidad de vivir una vida en pobreza es significativamente mayor si se nace mujer indígena en áreas rurales.
Sobre esta intersección entre ingreso y derechos sociales es que las políticas públicas de combate a la pobreza han sido diseñadas en las últimas décadas. Sin embargo, aunque las necesidades se encuentran “allá abajo” a ras de suelo, la política federal está “arriba”, y desde ahí se designan los planes y perfilan resultados. Su implementación compete a los tres niveles de gobierno donde sucede, por lo que los estados y los municipios pueden operativizarlas.
En este sentido, es meritorio realizar un análisis de la relación entre pobreza y las mujeres, para dar cuenta de la actuación en los gobiernos locales, advirtiendo una mirada crítica a los elementos socioculturales que ratifican procesos de vulnerabilidad. Esto dado que las políticas públicas no han logrado atender adecuadamente las intersecciones entre ingresos y derechos sociales, lo que se ha traducido en un impacto diferencial y desproporcionado en las mujeres.
Resulta fundamental analizar de manera conjunta la pobreza y vulnerabilidad que enfrentan las mujeres. Los planes y programas destinados a combatir esta problemática deben vincular ambos conceptos, pues solo así será posible acercarse a la eficacia deseada.
Es destacable comprender que parte de esa pobreza-vulnerabilidad femenina es ratificada de manera cotidiana por quienes han asumido el poder político-administrativo. Al respecto, diversos estudios han reflexionado sobre cómo los gobiernos municipales indígenas, bajo las normas tradicionales y la costumbre, imprimen tratos desiguales que van en detrimento de la calidad de vida de las mujeres (Hernández-Díaz, 2015; Vázquez, 2014). Es decir, se trata de analizar cómo el patriarcado indígena se ratifica desde las propias estructuras administrativas locales.
No es interés central de este documento hacer una discusión teórico-conceptual profunda sobre pobreza y vulnerabilidad. Para ello, se recomienda la consulta de obras como el libro editado por el CIESAS que ofrece un robusto análisis de estos conceptos (González de la Rocha y Saraví, 2018).
Lo que sí se busca discutir aquí es que, en sociedades capitalistas, el concepto de vulnerabilidad está fuertemente asociado al de pobreza. Sobre todo, al comprender cómo las personas pobres se las arreglan para sobrellevar sus vidas. En este sentido, las estrategias de sobrevivencia y el capital social (Roberts, 2006; Feijoó, 2003; González de la Rocha, 1986; Duque y Pastrana, 1973) se vuelven piezas clave. De esta forma, el foco se pone en las capacidades adaptativas de las personas y sus grupos para afrontar la pobreza, tomando en cuenta los recursos disponibles, las formas de usarlos, las estrategias desarrolladas y los riesgos que enfrentan.
Por vulnerabilidad debe entenderse la susceptibilidad que tienen las personas y los grupos a sufrir impactos negativos en sus condiciones de vida, derivados de cambios en sus entornos, provocados por diversos elementos familiares, medioambientales, económicos, sociales, entre otros.
Este enfoque de la vulnerabilidad permite analizar las diversas maneras en que los ambientes influyen en los sujetos, así como las formas en que estos se relacionan con todo tipo de recursos. De esta manera, es posible comprender no solo los efectos de los programas sociales y sus impactos a la pobreza, sino también los elementos que están provocando que dichos impactos no sean los deseados.
La pobreza no afecta de la misma manera a hombres y mujeres, sobre todo en sociedades donde el rol de las mujeres está relegado a lo reproductivo y lo privado, y es infravalorado con respecto a lo masculino. Este es el caso de algunas comunidades indígenas que he podido analizar en más de dos décadas de trabajo etnográfico en el sur de México, principalmente aquellas consideradas como las más pobres del país.
Las mujeres de estas sociedades no solo son más pobres, sino que también son las más vulnerables, pues socialmente poseen menor capital social y sus estrategias de sobrevivencia están limitadas por las costumbres y normas culturales que se encuentran en dialogo con los ordenamientos patriarcales vigentes.
Evidencias
Como evidencias de los expuesto, en el municipio de Santos Reyes Yucuná, Oaxaca, considerado el más pobre de México entre 2015 y 2020, en julio de 2021 un grupo de aproximadamente 20 personas tomó la Presidencia Municipal. La mayoría eran mujeres que exigían acciones a favor de diversos grupos, entre ellos ellas mismas. Específicamente, demandaban el uso de la partida presupuestal destinada a proyectos para el bienestar de las mujeres, exigiendo al presidente municipal no devolver ese dinero al gobierno estatal, sino aprovecharlo para su desarrollo.
Dos semanas después, la Presidencia fue liberada luego de que se hiciera el compromiso de capacitar a las mujeres en cursos que les beneficiaran. Tres meses más tarde, las mujeres recibieron un curso de tejidos artesanales con fibras sintéticas.
Algunas mujeres de las demandantes compartieron verbalmente que las autoridades municipales son machistas y que hacen de todo menos atender aquello que tenga que ver con ellas. A pesar de sentirse victoriosas por haber forzado a las autoridades a ejercer ese recurso presupuestal, pues “los hombres no quieren recibir consejos de las mujeres, mucho menos que uno los mande”, expresaron también un sentimiento contradictorio.
Estaban decepcionadas del tipo de curso que recibirían, ya que ellas esperaban algo fuera de lo tradicional, que les permitiera romper las barreras que las someten al control masculino. En sus propias palabras:
“ese curso está bien, pero aquí ya casi todas sabemos tejer, desde chiquitas tejemos palma, quizá es más difícil por ser fibra sintética y hacer bolsas, pero rápido agarramos el modo… Yo creo que lo que en verdad necesitamos son cursos psicológicos o educativos para saber más del mundo y lograr liberarnos.” (Juana, mujer de 34 años, con educación secundaria y hablante bilingüe mixteco-castellano)
“nuestro problema no es producir artesanías sino venderlas, todas tenemos bolsas, sombreros, servilletas en nuestras casas que nosotras mismas hacemos, pero el problema es cómo venderlas, por eso exigíamos otro tipo de proyectos que nos permitieran avanzar, y yo creo que este curso de tejido de fibras sintéticas nos deja casi donde mismo.” (Rebeca, mujer de 29 años, educación secundaria trunca, hablante bilingüe)
“no podemos salir a vender solas y como no podemos estar siempre acompañadas entonces no vendemos… Necesitamos apoyo en comprender cómo poder hacerle para cambiar las cosas y que nuestra situación mejore.” (Irene, mujer de 41 años, educación primaria, bilingüe)
A través de sus demandas, estas mujeres han advertido varios problemas y quizá rutas de atención. Sin embargo, la autoridad municipal respondió conforme a la lógica cultural de mantener a las mujeres bajo el control doméstico, lo cual concluye en un detrimento de sus actividades económicas.
Cabe destacar que, al buscar vender sus productos en mercados regionales, algunas mujeres han tenido que enfrentar conflictos familiares, enfrentando celos y enojo de sus parejas, quienes rechazan que se ausenten de su supuesto rol doméstico. Esto evidencia cómo las estructuras patriarcales dificultan y obstaculizan los intentos de las mujeres por lograr mayor autonomía económica.
Otra serie de evidencias, y quizás de las más concluyentes, se encuentran en el plano de los servicios públicos. Estas situaciones son generalizadas tanto en Santos Reyes Yucuná como en San Simón Zahuatlán, este último actualmente considerado el municipio más pobre de México.
En ambos municipios hay una operatividad muy básica de las clínicas de salud, servicio esencial para el bienestar, pero también para el en mantenimiento económico de las familias, y sobre todo de las mujeres. Esto se debe a que los desembolsos por gastos médicos son altos y reiterados, derivados de los ciclos reproductivos de las parejas adolescentes-jóvenes, así como de las enfermedades crónico-degenerativas que afectan a la población adulta mayor.
Mural sobre salud en la clínica. Foto: Julio Morales.
En estas sociedades, la salud es considerada un asunto principalmente de las mujeres, ya sea como beneficiarias de servicios de salud o como cuidadoras de la salud de otros miembros del hogar. Al entrevistar a diversas autoridades, es notable el desdén que manifiestan hacia estos temas.
Las autoridades locales aluden a las fallas de los gobiernos estatal y federal en cuanto a la falta de médicos, medicamentos o problemas de atención. Incluso, se declaran incompetentes y, en muchos casos, eluden cualquier responsabilidad al respecto. Al cuestionarles sobre alternativas para resolver algunas de estas necesidades, concluyen que no se puede hacer nada si el Estado mexicano no lo financia.
Por otra parte, las mujeres dan cuenta de dos aspectos importantes. Por un lado, evidencian el desinterés de las autoridades frente a los temas que son socialmente considerados “de mujeres”, como la salud y la educación. Esto contrasta con la activa participación de las autoridades en otros asuntos, como las fiestas, las construcciones de vías de comunicación o lo relacionado con el trabajo agrícola, que les resultan más relevantes. Por otro lado, también señalan que los cambios en los programas sociales han tenido un impacto negativo en la forma en que acceden a la salud y la educación. Tal es el caso de la transformación del sistema de salud al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que ha resultado en mayor vulnerabilidad para la población en general, por la falta de médicos, medicamentos y brigadas médicas en las comunidades alejadas de las cabeceras municipales. De igual manera las afecta la reducción de becas escolares a una sola beca por familia, en comparación con administraciones federales previas, que otorgaban becas por cada estudiante escolarizado.
Estas situaciones de precariedad en los servicios públicos recaen con especial carga en los cuerpos y vidas de las mujeres. Ellas experimentan un mayor uso de tiempo, estrés por la lucha por la sobrevivencia, crisis de cuidados y notables gastos económicos. Sin embargo, no tienen en las autoridades locales interlocutores capaces de ayudarles a sobrellevar estas problemáticas. Por el contrario, señalan a sus representantes con acusaciones de corrupción, beneficio personal y familiar, robo, negligencia, desinterés y desdén.
Para las mujeres, la forma en la que se están ejerciendo las gobernanzas indígenas locales impide el goce pleno de sus derechos y amplía aún más sus vulnerabilidades, ya definidas por factores de clase, etnia y género.
La documentación recopilada mediante trabajo de campo de seis años con seis distintos cabildos (tres por cada municipio) da cuenta de una historia cíclica. La observación señala un claro desinterés y omisiones de las autoridades en los aspectos concernientes a lo culturalmente asociado a lo femenino, mientras que en los asuntos masculinos muestran incluso ostentaciones.
Por ejemplo, las casas de salud, clínicas y escuelas se encuentran en estado muy precario, careciendo de servicios básicos como agua, luz e instrumental adecuado. En el mejor de los casos, en el municipio de Yucuná funcionó el Programa de Cocinas-Comedores Comunitarios en todas las agencias y la cabecera municipal. Sin embargo, en San Simón Zahuatlán, este vital programa se perdió desde la pandemia, sin que las autoridades puedan dar cuenta de por qué es inviable su recuperación. En contaste, estas mismas autoridades si tienen conocimiento detallado del Programa de Pavimentación a Cabeceras Municipales.
Ahora presento algunos extractos de entrevistas que dan cuenta de lo anterior:
“Aquí no hay medicamentos y entonces si vamos a consulta a la cabecera es perder un día, porque es salir de aquí muy temprano, llegar allá y formarse, luego al final no recibiremos medicinas, entonces mejor pagamos un carro y nos vamos a Mariscala o a Huajuapan, pero solo cuando es muy urgente porque de otra forma no se puede porque no hay dinero… cuando nos vamos es casi una emergencia y ahí sacamos dinero de donde sea ¡prestado! porque ya no es elección sino urgencia.” (María, mujer de 48 años, sin educación escolar y bilingüe)
“Antes sí había comedor y ahí iban los niños y también nosotras cuando cocinábamos, pagábamos un poco, pero comíamos bien. Ahora eso ya se acabó, comemos lo que podamos cuando hay.” (Ester, mujer de 29 años, secundaria trunca y bilingüe)
“A las mujeres nos ven como menos, como diciendo ¿qué hace allí?, como si nomás deberíamos estar en la casa y sí, ahí es donde nos dice nuestros maridos, pero también deberíamos pedir por nuestros beneficios, pero tenemos que rogarles que hagan algo por nosotras cuando eso debería ser lo de siempre. Los hombres [del cabildo municipal] también tienen hijos y ellos tienen necesidad de atenderse con el médico, pero ni por eso les importa, ¡ah, pero si se trata de llevar camiones de tierra porque tal camino ya se desbordó ahí van todos!” (Delfina, mujer de 42 años, secundaria terminada y bilingüe)
La asociación entre pobreza y vulnerabilidad femenina no es automática. Para entenderla, es necesario reflexionar sobre cómo las acciones u omisiones de las autoridades locales tienen impacto directo en el detrimento del bienestar familiar y de las mujeres. Esto pasa por realizar una crítica a la cultura y a las formas tradicionales de hacer las cosas en estos contextos. Los ejemplos dados son puntuales, pero son una muestra del acontecer cotidiano en un abanico mucho más amplio de reiteraciones.
Asimismo, es un error obviar que las propias personas saben lo que necesitan. El por qué las autoridades no hacen caso a las demandas de las mujeres puede tener múltiples explicaciones, pero lo que aquí se discute son los impactos en el bienestar y las consecuencias que se derivan de ello.
Si bien recibir ingresos a través de transferencias monetarias es un derecho y se entiende como una forma de justicia social, también ratifica una postura pasiva de las personas beneficiarias. Su efectividad estará en entredicho si no se potencia con otras acciones que permitan a las mujeres acceder a más ingresos por otras vías.
En ambos municipios analizados, las mujeres buscan alternativas a través de sus estrategias, pero a nivel local no hay apoyo para potenciar estos deseos. Es decir, sus estrategias pierden efectividad y se ven diluidas por fuerzas que se les contraponen.
A modo de cierre
Una discusión ahora clásica en las ciencias sociales gira en torno a la relación entre estructura y agencia. En este caso, cabe preguntar ¿cuánto de esa pobreza extrema que viven las personas en Santos Reyes Yucuná y San Simón Zahuatlán podría mitigarse a través de programas sociales? Y, por otro lado, ¿de qué manera las actuaciones locales pueden disminuir la eficacia de dichos programas?
El concepto de vulnerabilidad da cuenta de los contextos situados y las formas en que los recursos pueden ser maximizados o neutralizados. Por lo tanto, no basta con considerar únicamente los ingresos, sino también las necesidades específicas de estas poblaciones. Es probable que las personas más pobres tengan que gastar más en servicios como salud y educación, que en otros contextos son más asequibles. Asimismo, debe valorarse el acceso a capacitaciones, cursos formativos y a los beneficios que estos puedan generar.
En otras palabras, la mitigación de la pobreza no depende solo de la implementación de programas sociales, sino también de cómo estos interactúan con las dinámicas y estructuras locales, que pueden potenciar u obstaculizar su efectividad.
En el párrafo inicial de este artículo se hizo alusión lo que se cree que se debe hacer para combatir la pobreza. Sin embargo, esta es una visión principalmente masculina y “desde arriba”, que no necesariamente refleja la comprensión de los contextos locales. Es loable la filosofía que subyace al slogan presidencial de “por el bien de todos, primero los pobres”. No obstante, es importante tener en cuenta que no son un grupo homogéneo, y las diferencias no deben ser pasadas por alto.
Si bien los recorridos del presidente a lo largo del país pueden brindar cierta visión sobre las necesidades, esto no garantiza una compresión profunda de las mismas. Las soluciones generales para la pobreza pueden tener puntos de éxito, pero también cuentan con elementos que dificultan seriamente su efectividad, sobre todo si no logran vincular adecuadamente los conceptos de pobreza y vulnerabilidad.
Es necesario comprender que para combatir la pobreza de las mujeres es imprescindible reducir al máximo el patriarcado, por ser un sistema que rentabiliza la desigualdad y la diferencia entre los géneros. Esto representa un gran reto y una deuda pendiente con las mujeres indígenas pobres, y requiere de voluntad y un amplio criterio para comprender lo que el machismo y la misoginia producen.
Además, se necesita ser capaces de advertir aquello que en principio es inadvertible, por estar enraizado en las estructuras mismas. La actual administración federal nos ha demostrado que es más sencillo unir dos océanos, o conectar la península de Yucatán mediante trenes, que “tocarle un pelo al patriarcado local indígena”. Esto evidencia la complejidad y la urgencia de hacerlo.
Por otra parte, más allá de la criticable preservación de privilegios de las élites de poder indígenas, también es importante reconocer y celebrar los aspectos benéficos de las autonomías y los gobiernos locales.
Instituciones como las asambleas comunitarias y el tequio han logrado que, en cientos de municipios de Oaxaca, las propias comunidades puedan acceder por sus propios medios a mejores infraestructuras y acciones que proporcionan una mayor calidad de vida a sus habitantes. Estos elementos positivos de los gobiernos y autonomías indígenas no deben ser soslayados, sino más bien valorados y potenciados.
Sin embrago, también es necesario reconocer lo que la comandante Esther señaló hace ya casi un cuarto de siglo, el 28 de marzo de 2001: “Hay tradiciones y costumbres indígenas que dañan a las mujeres”:
“Como somos niñas piensan que nosotros no valemos, no sabemos pensar, ni trabajar, cómo vivir nuestra vida… nosotras las mujeres indígenas no tenemos las mismas oportunidades que los hombres, los que tienen todo el derecho el derecho de decidir todo… Nosotras sabemos cuáles son buenos y cuáles son los malos usos y costumbres…” (Enlace Zapatista, 2001)
De perspectiva estructural, es posible afirmar que las autoridades municipales indígenas no advierten que, mediante sus actuaciones y omisiones, están preservando la pobreza y vulnerabilidad de las mujeres. Ellos simplemente actúan conforme a la norma establecida.
Desde la agencia, se puede decir que estas autoridades obtienen beneficios al conducirse de esta forma, siendo conscientes de sus privilegios y los riesgos que les significaría actuar de manera distinta. Mientras tanto, se produce una mezcla de ambas dimensiones: estructuras estructurantes que imponen habitus bourdianos.
En este escenario, si “desde arriba” o “desde abajo” no surge la necesaria introspección y cuestionamiento, la agencia de las mujeres indígenas seguirá enfrentándose al muro misógino que no por ser indígena deja de ser lo que es: un sistema patriarcal que perpetua la desigualdad, prolongando así la vulnerabilidad de las mujeres.
Bibliografía
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Duque, J. y Pastrana, E. (1973). Las Estrategias de Supervivencia Económica de las Unidades Familiares del Sector Popular Urbano: Una Investigación Exploratoria. Programa ELAS / CELADE.
Enlace Zapatista. (2021, 28 de marzo). Discursos de la comandante Esther en la tribuna del Congreso de la Unión. https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2001/03/28/discurso-de-la-comandanta-esther-en-la-tribuna-del-congreso-de-la-union/
Feijoó, M. (2003). Nuevo país, nueva pobreza (2ª edición). Fondo de Cultura Económica.
Hernández-Díaz, J. (2015). Discurso y práctica del liderazgo femenino en la política local en un ámbito intercultural. En C. Curiel, J. Hernández-Díaz, J. Aranda, y E. Puga (Coords.), Repensando la participación política de las mujeres. Discursos y prácticas de las costumbres en el ámbito comunitario (pp. 47-87). Plaza y Valdés.
González de la Rocha, M. (1986). Los recursos de la pobreza. Familias de bajos ingresos en Guadalajara. Colegio de Jalisco / CIESAS.
González de la Rocha, M., y Saraví, G. (2018). Pobreza y vulnerabilidad: debates y estudios contemporáneos en México. CIESAS.
Programas para el bienestar (2024, 25 de enero). Programas para el bienestar – Avances 2024. Jueves 25 de enero de 2024. https://programasparaelbienestar.gob.mx/wp-content/uploads/2024/01/25012024-Avances-Programas-Para-El-Bienestar.pdf
Roberts, B. (2006). Pobreza y exclusión: balances y perspectivas para América Latina. En G. Saraví (Ed.), De la pobreza a la exclusión social. Continuidades y rupturas de la cuestión social en América Latina (pp. 201-228). CIESAS / Prometeo libros.
Vázquez, V. (2014). Mujeres y autogobierno en un territorio indígena: Oaxaca, México. Eutopía: Revista de Desarrollo Económico Territorial, (5), 51-65. https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/6544/1/RFLACSO-Eu5-03-Vazquez.pdf
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