Sarah Thompson[1]
Stanford University
La literatura existente sobre consolidación del Estado suele argumentar que las naciones europeas se establecieron al obtener un monopolio sobre el uso de violencia (Tilly, 1990; Olson, 1993). Muchos académicos comparten esta teoría, mediante la cual el Estado es una respuesta al problema del orden y el aumento de su presencia en regiones remotas es de gran importancia para apaciguar la violencia (Herbst, 2014; Fearon and Laitin, 2003).
En un artículo escrito junto a Beatriz Magaloni y Kristóf Gosztonyi (Magaloni et al., 2022) diferí con esta perspectiva centrada en el Estado y la perspectiva europea. En él, argumentamos que los gobiernos autónomos indígenas son capaces no sólo de mantener la seguridad en lugar del Estado, sino también que, en muchos casos, para mantener un Estado de paz se requiere alejarlo de una comunidad (Scott, 2010). En particular, determinamos el impacto de las reformas de 1995 en Oaxaca que legalizaron el sistema de usos y costumbres, permitiendo que dichas comunidades pudieran resistir el aumento de violencia generado durante la guerra contra el narcotráfico.
Descubrimos que aquellas comunidades que obtuvieron autonomía del Estado predatorio, experimentaron menos violencia que aquellas que mantuvieron el sistema partidista tradicional. En lo que sigue, explico cómo nuestro enfoque en métodos mixtos nos permite participar en decisiones más amplias sobre la autonomía indígena.
El panel donde participé en ERIP 2022, en la Ciudad de México, se enfocó en las diversas herramientas con las que comunidades indígenas han logrado obtener distintos grados de autonomía. Mis co-panelistas describieron a detalle varios casos de comunidades que organizaron diversas formas de resistencia. Entre ellas, destacan las negociaciones con compañías mineras conocidas por la extorsión en Argentina, la movilización entre varias regiones para defender bosques en Chimalapas y el influenciar contenido de debates parlamentarios en Brasil. Sin embargo, las herramientas que utilizaron estos investigadores para crear y comunicar sus descubrimientos eran igual de diversas. El uso del Narrative Policy Framework, por ejemplo, permitió desarrollar un análisis sobre la evolución de retórica parlamentaria a través del tiempo. Asímismo, un enfoque etnográfico brindó información exhaustiva sobre una sola región. En particular, la sesión comenzó con un breve proyecto cinematográfico, en el cual miembros de cada comunidad hablaban directamente a la audiencia. Sus palabras no fueron filtradas por las voces de investigadores, traducidas o inclusive recortadas por cuestiones de “brevedad”.
Nuestro proyecto de investigación tomó un enfoque distinto para estudiar la autonomía indígena, que me parece es complementario ante esta diversidad de métodos antropológicos en la conferencia, ya que dos de las tres personas involucradas en nuestra investigación eran politólogas, creamos un plan que podría brindar algo de información sobre procesos causales generados por la autonomía indígena. Esperábamos, a su vez, que estas estrategias podrían ser generalizadas hacia otros tipos de comunidades que han tratado de evadir la influencia del Estado. Este plan involucraba combinar resultados etnográficos y cualitativos que nacieron tras años de investigación en el sur de México por nuestro co-autor especializado en antropología, junto con datos cuantitativos sobre municipalidades autónomas en Oaxaca (aquellas gobernadas por usos y costumbres en lugar del sistema de partidos) y métodos empíricos de inferencia causal.
Datos
Ambas formas de recolección de datos cuentan con pros y contras. Para suplementar nuestros esfuerzos de generalizar información en todas las comunidad indígenas—no solo en Oaxaca sino en todo México—encontramos datos que contienen la población, tasa de analfabetismo, grado de electrificación, porcentaje de la población indígena y conectividad de infraestructura para cada municipalidad iniciando en el año 1990. Existen también encuestas que documentaban la victimización y percepción de corrupción en dichas municipalidades.
Adicionalmente, hicimos una petición formal sobre las cantidades de drogas decomisadas, calculamos la tasa de homicidios anual y clasificamos cada municipio de acuerdo a su capacidad para producir amapola. Así mismo, codificamos miles de periódicos locales en México para rastrear la presencia de carteles mes con mes en cada municipalidad.
Sin embargo, hemos de reconocer los problemas inherentes a los cuantitativos. La gran mayoría de la información que usamos proviene del gobierno mexicano. Ignorando la posibilidad de manipulación de agentes estatales, los datos pueden ser sistemáticamente de peor calidad para las comunidades rurales. Dada la inhabilidad del Estado para reducir el nivel de violencia, es probable que varios homicidios no fuesen reportados o descubiertos; e inclusive si tuviésemos datos completos, nos faltarían las matices de este problema.
La tasa de homicidios no considera tipos de violencia no-letales, o violencia de género. De manera similar, un sistema de codificación donde se marca con un “1” la presencia de usos y costumbres y un “0” su ausencia, es incapaz de expresar las variantes entre cabeceras municipales y sus pueblos aledaños. Usar solamente un análisis cuantitativo puede resultar en una pérdida de comprensión sobre los métodos causales o cómo se desarrollaron estos procesos en cada pueblo. De manera inversa, realizar casos de estudio para cada comunidad puede dificultar todo intento por demostrar causalidad, ya que no importa cuánto uno logre incorporarse en una comunidad, nunca podremos observar lo que hubiese pasado sin que ocurriese la intervención deseada—en este caso, lo que pasaría si ese mismo poblado careciese de gobierno propio.
El comparar niveles de violencia en comunidades con usos y costumbres contra aquellas gobernadas por el sistema de partidos es, a su vez, un intento fútil, ya que los tipos de municipalidades eran diferentes (aquellas con usos y costumbres tienen a ser más pequeñas y tener mayor población indígena) y la adopción de un sistema de gobierno podría ser resultado de los mismos factores que influenciaron niveles de violencia posteriores. Si esto segundo fuese verdad, seríamos incapaces de separar el efecto que tiene el tipo de gobierno a esos de otros factores, como oportunidades económicas o la existencia de capital social. Para contestar nuestra pregunta sobre las maneras en que comunidades autónomas y otras estructuras paralelas de gobierno impactan la tasa de homicidio, necesitamos combinar las fortalezas de investigaciones cuantitativas y cualitativas.
Nuestro enfoque
En conjunto, nuestras fuentes de información crearon una imagen colorida de comunidades a lo largo del territorio mexicano. Esto nos permitió comparar las municipalidades con usos y costumbres de Oaxaca con aquellas que compartían muchas características pero carecían de un gobierno autónomo indígena. Consideramos que este grupo de municipalidades similares era una versión hipotética, pero sensata, de una realidad alterna. ¿Cómo se verían estos 418 municipios de Oaxaca si la Constitución local no hubiese legalizado el sistema de usos y costumbres en 1995, y cómo se habrían enfrentado a la narcoviolencia? Este se volvió nuestro grupo de “control”, el cual construimos usando una puntuación de propensión que los vinculaba en características claves que pudieron influenciar la adopción de usos y costumbres.
Subsecuentemente, utilizamos la experiencia de Kristóf en el campo de investigación para teorizar tres diferencias claves entre municipalidades con usos y costumbres y aquellas gobernadas por partidos políticos que influenciaron sus respuestas ante incursiones de narcotraficantes y la corrupción de burócratas. En primer lugar, las comunidades con usos y costumbres tenían mayor supervisión de sus alcaldes y mayores poderes para asambleas locales.
Los alcaldes eran elegidos a través de elecciones locales solamente cuando tenían un historial claro de apoyo a la comunidad a través del sistema de cargos y las asambleas locales requerían que justificaran la distribución de presupuestos así como el gasto público. Es también más difícil que narcotraficantes se infiltren a un grupo de decisión de mayor tamaño en comparación a su habilidad de sobornar o corromper a un solo alcalde.
Segundo, las comunidades con usos y costumbres solían contar con policías comunitarias y un sistema de justicia ajeno al Estado. Las fuerzas policiales suelen formarse por topiles (policías municipales) electos a través del sistema de servicio comunitario, lo cual implica que están arraigadas en su comunidad, cuentan con la confianza del pueblo y están bien posicionadas para obtener información sobre grupos criminales emergentes en la localidad. A su vez, el sistema judicial puede moverse de manera eficiente en contra de incursiones criminales o amenazas locales, mientras que las asambleas comunitarias pueden reunirse para juzgar criminales con mayor eficiencia que el famosamente corrupto e incompetente sistema judicial mexicano. Esto, también, quita el incentivo para que ocurran más intervenciones a futuro.
Finalmente, teorizamos que una cohesión social fuerte y la presencia de valores comunitarios pueden aumentar la capacidad para acciones colectivas de comunidades indígenas. Mayormente, argumentamos que esto es resultado de las mismas instituciones de gobierno y no sólo de condiciones pre-existentes de capital social. Los vínculos horizontales se fortalecen constantemente por la existencia de rutinas y necesidades de comunidades con usos y costumbres, donde el servicio comunitario es una fuente de reputación y estima, mientras que la falta de cooperación resulta en sanciones que varían desde la crítica social a multas económicas e inclusive, pueden llegar a la expulsión de la comunidad. Estas diferencias son claves para separar comunidades con gobiernos autónomos de aquellas que no lo tienen permitiéndonos entender el efecto de nuestro grupo de interés.
De esta teoría derivamos una serie de hipótesis que explican cómo la evasión del Estado y la existencia de gobiernos locales influencian cinco resultados empíricos. Esperamos encontrar menos presencia de carteles, menos corrupción policial y por ende, mayor confianza comunitaria en la policía dentro de municipalidades con usos y costumbres.
También sostuvimos la hipótesis que esto, a su vez, resultaría en menor violencia, presencia de pandillas y extorsión. Con estas teorías en mente, combinamos todas las fuentes de nuestros datos para construir el caso alterno de municipalidades sin usos y costumbres para analizar la presencia de carteles y las tasas de homicidio usando el método de diferencias en diferencias y así probar nuestros mecanismos.
Resultados
Nuestro resultado más sorprendente fue el de la diferencia anual entre la tasa anual de homicidios predicha para usos y costumbres se comparaba con la de municipalidades con el sistema partidista. La Figura 1 muestra una comparación año-por-año de las municipalidades entre 1990 y 2017.
En parte por la construcción del modelo—ya que hicimos nuestro grupo de municipios con base en los niveles de violencia anteriores a 1995—, la tasa de homicidio entre los dos tipos de instituciones se mantiene similar hasta el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2007. Luego, en el primer año después de la implementación de usos y costumbres, los municipios afectados experimentaron, en promedio, 15 homicidios menos por cada 100 mil habitantes que los municipios con gobiernos partidistas.
Al llegar 2010, los municipios con usos y costumbres experimentaron 43,8 homicidios menos por cada 100 mil habitantes. Estos efectos negativos son grandes y estadísticamente significativos para todos los años posteriores a la implementación de la política, con la excepción del 2017. Asímismo, encontramos resultados similares cuando analizamos el número de cárteles como nuestra variable de interés, en lugar de la tasa de homicidio. En conjunto, interpretamos estos resultados como evidencia de que, como nuestras hipótesis especulaban, las instituciones de usos y costumbres aíslan a los municipios de los cárteles y la violencia posterior.
Figura 1.
Fuente: Elaboración propia.
Para poner a prueba nuestra teoría etnográfica y por motivos de solidez, también estimamos modelos de regresión logística para los datos de la encuesta de victimización (ENVIPE) en los casos de municipios rurales. Los resultados respaldaron fuertemente nuestras hipótesis de que la policía en municipios con usos y costumbres es menos corrupta, que las comunidades son más capaces de reducir el número de delitos contra la población y como consecuencia, cuentan con mayor capacidad para eliminar pandillas y células criminales locales. Nuestro modelo predijo una probabilidad de 42% de evaluar a los policías municipales (topiles) como corruptos en los municipios con usos y costumbres contra más del 64% en los municipios partidistas. En cuanto a cuestiones de crimen, predijimos una disminución de cerca del 50% en la probabilidad de tener pandillas en los municipios con usos y costumbres (9% contra 17%). También descubrimos que los residentes en municipios con usos y costumbres reportan ver menos venta de drogas (10% contra 16%) y menos extorsión (4% contra 7%).
Realizamos una variedad de pruebas de densidad estadística para descartar explicaciones alternativas que vinculen estas instituciones autónomas de gobierno con niveles más bajos de violencia. Entre ellas estaban cuestiones geográficas y la presencia de capital social preexistente. Asímismo, consideramos el caso del levantamiento purépecha en Michoacán para mostrar cómo esta teoría puede aplicarse inclusive en situaciones donde el Estado aún no ha legalizado la autonomía.
A grandes rasgos, los resultados presentados en nuestro artículo sugieren que los gobiernos autónomos indígenas pueden producir mejores resultados que el ser integrados a la estructura del Estado. A diferencia de sus contrapartes gobernadas por partidos políticos, los municipios indígenas con usos y costumbres en Oaxaca evitaron en promedio, los picos de violencia asociados con el inicio de la guerra contra el narcotráfico. También mostramos evidencia de que esto ocurrió al aislarse de actores armados con tendencias abusivas y del Estado.
Discusión
Como lo demostró el panel de metodologías diversas en ERIP, comprender las estrategias relacionadas con la autonomía indígena y los efectos que tienen sobre el bienestar de los ciudadanos indígenas es imposible con una sola técnica. La ruralidad y la insularidad de la mayoría de las comunidades indígenas, por ejemplo, representan un desafío para investigadores externos en términos de obtener acceso a las poblaciones de interés. Aquellos investigadores que obtienen acceso a algunas comunidades deben preguntarse cómo las características que determinaron dicha selección y el acceso pueden afectar los resultados que obtendrán. El muestreo de comunidades de manera aleatoria es una forma de superar sesgos en la selección y de generalizar toda declaración, al igual que aumentar el número de unidades que pueden ser observadas y emplear métodos de inferencia causal. Además, los temas de autonomía indígena suelen ser en general, bastante delicados. Los investigadores deben preguntarse cómo pueden cambiar sus comportamientos a media jornada y cómo las respuestas que reciben en entrevistas pueden verse afectadas por el sesgo de deseabilidad social, el cual no es necesariamente malo), las motivaciones políticas y el miedo a las represalias.
El número de países que reconocen legalmente la gobernanza tradicional dentro de sus fronteras aumenta cada año (Baldwin, 2016; Holzinger et al., 2019; McMurry, 2020). De igual manera, deberían aumentar las percepciones causales sobre este difícil tema. El trabajo a futuro sobre la autonomía indígena debe aprovechar una pluralidad de métodos para establecer relaciones causales y continuar participando interdisciplinariamente para cuestionar la validez de nuestras conclusiones.
Bibliografía
Baldwin, Kate (2016), The paradox of traditional chiefs in democratic Africa, Cambridge, Cambridge University Press.
Fearon, James and David Laitin (2003), “Ethnicity, insurgency, and civil war”, en American Political Science Review, vol. 97, núm 1, pp. 75-90.
Herbst, Jeffrey (2014), States and power in Africa: Comparative lessons in authority and control, Princeton, Princeton University Press.
Holzinger, Katharina , Roos Haer, Axel Bayer, Daniela M Behr y Clara Neupert-Wentz (2019), “The constitutionalization of indigenous group rights, traditional political institutions, and customary law”, en Comparative Political Studies, vol. 52, núm. 12, pp. 1775-1809.
Magaloni, Beatriz, Kristóf Gosztonyi y Sarah Thompson (2022), “State-evading solutions to violence: Organized crime and governance in indigenous Mexico”, en Social Science Research Network, disponible en: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4007565.
McMurry, Nina (2020), “From Recognition to integration: Indigenous autonomy, state authority, and national identity in the Philippines”, en American Political Science Review, vol. 116, núm 2, pp. 547-563.
Olson, Mancur (1993), “Dictatorship, democracy, and development”, en American Political Science Review, vol. 87, núm 3, pp. 567-576.
Scott, James (2010). The art of not being governed: An anarchist history of upland Southeast Asia, Singapore, NUS Press.
Tilly, Charles (1990), Coercion, capital, and European states, A.D. 990-1990, Oxford, Blackwell.
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