Eric Léonard
IRD y LMI MESO
eric.leonard@ird.fr
Introducción
En la segunda mitad de los años noventa del siglo pasado, los estudiosos de la rural en México concentraron su atención en dos fenómenos principales: por un lado, los procesos emergentes de movilidad humana, desde regiones que hasta entonces habían sido poco concernidas por la migración internacional, un tema que sigue de mucha actualidad; y por otro, las expresiones y efectos de las reformas al artículo 27 constitucional, que habían transformado las modalidades de ejercicio de la llamada “propiedad social” y del gobierno local en los ejidos del país.[1] La reforma constitucional de 1992 se proponía robustecer los derechos individuales de los poseedores de parcelas (la posibilidad de arrendar, empeñar y vender su tierra a otros residentes de la comunidad) y redefinir las modalidades de la gobernanza local (el desempoderamiento de las instancias ejidales y la transferencia de sus competencias en materia de administración de los bienes públicos y de interlocución con los gobiernos municipales, estatales y federal: Azuela, 1995).
Su aplicación descansaba en la realización de un programa de certificación agraria, el Procede,[2] que imponía a las comunidades ejidales y a las familias de ejidatarios delimitar y explicitar la distribución de los derechos sobre la tierra y su contenido entre sus miembros, acorde con su estatuto sociopolítico y a los arreglos interpersonales que regían su funcionamiento (Leonard et al., 2004). En efecto, el programa de certificación era facultativo, y su implementación dependía de los acuerdos tomados por la asamblea ejidal relacionada con las zonas que serían objeto de delimitación y del registro de sus titulares (solares urbanos, parcelas agrícolas, zonas de uso común). El Procede requería, pues, la formalización de consensos en cuanto a los derechos que serían registrados (limitados a los ejidatarios titulares, o inclusivos al conjunto de los usuarios de los diferentes espacios: ejidatarios, avecindados y posesionarios, retomando las categorías oficiales).
En otros términos, la certificación imponía clarificar los sistemas de gobernanza agraria y los estatutos sociopolíticos que organizaban el acceso a los recursos naturales y los espacios de participación política dentro de cada ejido, a la vez que mantenía como prerrogativa legal de la asamblea ejidal la decisión de concentrar en las manos de los ejidatarios, o de abrir al conjunto de la población el acceso a los derechos de propiedad. El presente artículo propone acercarse a las lógicas y los dispositivos efectivos del gobierno local sobre los recursos naturales y los hombres, a través de la representación cartográfica de las expresiones locales del Procede en los ejidos de la región de Los Tuxtlas, en el estado de Veracruz (figura 1). Busca relacionar dichas expresiones con los procesos pasados de apropiación y distribución de la tierra, y las huellas que dichos procesos dejaron en los paisajes agrarios, marcando profundas diferencias entre las comunidades, acorde a su dinámica demográfica y política.
Figura 1. Ubicación de la región de Los Tuxtlas y estructura de la propiedad agraria
Fuente: elaboración de Eric Leonard.
Mapear el Procede: la diversidad de las lógicas de regulación del acceso a la propiedad
En la parte central de Los Tuxtlas, el proceso de certificación y delimitación de las tierras se llevó a cabo entre 1995 y 1999, y generó al parecer una amplia aceptación en los ejidos, a diferencia de lo observado en otras zonas del sur de Veracruz (Velázquez, 2010). Sus expresiones inmediatas dejaron sin embargo entrever lógicas de regulación heterogéneas. En una primera aproximación, confronté el número de beneficiarios de los nuevos certificados agrarios con el de los sujetos agrarios oficialmente establecido por las resoluciones presidenciales de dotación y ampliación de ejidos. La relación de ambos registros evidenciaba dos tendencias claramente diferenciadas (figura 2): la primera de fuerte incremento en el número de titulares de parcelas agrícolas (entre un 60 y un 115%) comparado con el número de ejidatarios, en 13 de los 31 ejidos de la muestra; la segunda de retención de los nuevos certificados por los ejidatarios (entre 14 y 19% de incremento) en las otras 18 comunidades de la zona. En este último caso, el incremento correspondía principalmente a lógicas de formalización de cesiones anteriores, realizadas a favor de cónyugues o de colaterales (hermanos) entre la generación mayor de 60 años; la tierra seguía concentrada en manos de la tercera parte de los jefes de familia, en lo esencial hombres mayores ‒el promedio de edad de los titulares rozaba o rebasaba los 55 años‒ (figura 3). En algunas zonas, las dos lógicas podían corresponder a ejidos colindantes, y a veces imbricados en sus estructuras territoriales.
Figura 2. Las expresiones locales del Procede en la parte central de Los Tuxtlas, 1995-1999
Fuente: elaboración de Eric Leonard con datos de la Procuraduría Agraria, Residencia San Andrés Tuxtla.
Figura 3. Estructura por edad y sexo, y estatuto agrario de los jefes de hogares en cuatro localidades representativas de las lógicas de certificación ejidal
Fuente: Registro Agrario Nacional, Delegación de Veracruz, Xalapa.
Las tramas parcelarias observables a través de las imágenes satelitales de Google Earth, reflejaban esa divergencia entre las lógicas de gobernanza local de los recursos naturales y la manera en que se habían plasmado en ocasión del Procede. Un ejercicio de restitución gráfica de esas tramas, en el espacio delimitado por los ejidos de Bodegas de Totoltepec, Soyata, Tulapan y Cuesta Amarilla, todos colindantes, permite visualizar esas divergencias (figura 4). La foto satelital de 2001 deja ver una docena de tramas parcelarias distintas en los ejidos de la zona, las cuales se pueden relacionar con tres grandes modelos. El primero remite a una organización del espacio en cuadrícula o tablero, cuya unidad básica tiene una superficie de 8.6 a 8.8 ha en Apixita, 7.7 ha en la parte del ejido de Soyata controlada por el poblado de La Redonda, y entre 6 y 6.25 ha en Bodegas de Totoltepec. El segundo tipo de trama, en forma de rombos irregulares y de tamaño variable (entre 3 y 5 ha), se encuentra en el ejido Tulapan. Finalmente, un tercer modelo está caracterizado por la forma irregular y la superficie muy heterogénea de las parcelas, como en la comunidad de Los Naranjos, y encuentra una expresión exacerbada en el ejido Cuesta Amarilla. Ahí, aunque de un tamaño promedio muy inferior al de los ejidos del primer tipo (alrededor de 2.2 ha), las parcelas siguen un patrón de distribución muy desigual y su superficie varía entre 0.5 y 10 ha. Estamos, pues, en presencia de formas de pensar el espacio comunitario, las relaciones de propiedad entre miembros de la comunidad y la distribución de los recursos casi antagónicas.
Figura 4. Las tramas parcelarias en el espacio central estudiado en 2001
Fuente: elaboración de Eric Léonard con una imagen satélital tomada de Google Earth del 08/12/2001.
Lo que se ve cuando se mira: las huellas de un cambio institucional endógeno, pequeño tratado de historia agraria local
Una mirada más atenta, a una escala de análisis menor, lleva sin embrago a matizar una lectura en exceso estilizada y esencialista de dos modelos divergentes de gobernanza local. El paisaje agrario de Bodegas de Totoltepec, ejemplo paradigmático de organización del espacio en cuadrícula y retención de la propiedad por los ejidatarios, evidencia un tejido complejo de huellas de cercas vivas y plantaciones (trazos amarillos), que rompen con la lógica geométrica del parcelario registrado por el Procede (figura 5).[3] Un poco como si éste hubiera roto con una organización anterior, más compleja e irregular, próxima a las que podemos visualizar hoy en día en comunidades vecinas como Cuesta Amarilla o Los Naranjos. ¿Qué procesos subyacieron a esta superposición de tramas agrarias?
Figura 5. Huellas de superposición de tramas parcelarias históricas en el ejido Bodegas de Totoltepec en 2001
Fuente: Chouquer (2010), http://www.formesdufoncier.org/pdfs/EtudeEjidos.pdf
El trabajo etnohistórico permite elaborar elementos de respuesta. Bodegas de Totoltepec, al igual que la gran mayoría de los ejidos de la zona, fue creado a raíz de procesos de micromigraciones que, en ocasión del reparto agrario cardenista, condujeron a la ocupación de grandes propiedades ganaderas por jóvenes campesinos provenientes de pueblos indígenas vecinos, y a la formación de nuevas comunidades que combinaban una inserción asumida en el dispositivo institucional y político del estado posrevolucionario con la reivindicación de “usos y costumbres”, o de principios de economía moral, que reconocían a todo jefe de familia, sea cual fuese su estatuto agrario oficial, un derecho de acceso y uso de los recursos naturales locales (Leonard, 2004; Leonard y Velázquez, 2009). Este pluralismo institucional asumido llevó, por un lado, al surgimiento y la consolidación de un estrato de dirigentes locales que llegaron a concentrar en sus manos el conjunto de los instrumentos y funciones de mediación política y económica, con la burocracia agraria y sindical y con el dispositivo comercial regional que se reorganizaba en torno a la expansión de la propiedad ejidal. Luis Toto, en Bodegas de Totoltepec, fue una de las figuras más sonadas de dicho grupo y llegó a ejercer el dominio sobre una red de crédito y comercio de granos que irrigaba buena parte de los ejidos de la región. Por otro lado, la prevalencia de normas de acceso abierto a las tierras llevó a una ocupación muy rápida del espacio agrario en los nuevos ejidos. Dicha expansión tuvo dos facetas: en primer lugar, la instalación de nuevos productores por los dirigentes locales, con el fin de expandir sus clientelas comerciales y políticas y consolidar su poder local y regional; y en segundo lugar, la capitalización de los excedentes comerciales de los dirigentes locales y sus allegados más cercanos a través de la constitución de hatos bovinos, mismos que eran mantenidos mediante el “encierro” de grandes áreas de pastizales del territorio ejidal.[4]
De esta manera, se desarrolló en los ejidos recientemente formados un doble procesos de fragmentación de la propiedad a manos de pequeños productores, tanto ejidatarios como “comuneros” sin derecho legal a las tierras, instalados en parcelas reducidas, cultivadas con herramientas manuales (azadón y machete fundamentalmente); y de concentración de amplias áreas de pastoreo, cercadas por las pequeñas élites políticas y comerciales locales. Esa desigualdad en los procesos de apropiación de los recursos naturales no se realizó sin generar tensiones e inconformidades. Tan pronto como la mitad de la década de 1940 se desarrollaron en varias comunidades demandas de redistribución del espacio ejidal entre los únicos beneficiarios del estatuto de ejidatario; en forma sistemática, dichas demandas fueron acalladas por la burocracia sindical y agraria, atenta al papel central que desempeñaban los dirigentes locales en el sistema de gobernanza rural. En algunos ejidos, cercanos a los márgenes norte y sur de la región, las tensiones pudieron ser tratadas mediante la dotación de ampliaciones de tierra, como fue el caso en Tulapan. En otros casos, el proceso de colonización agraria de las franjas litorales y del istmo central veracruzano permitió canalizar las demandas de tierra hacia nuevas fronteras agrarias. Pero en muchos ejidos esas tensiones siguieron creciendo sin encontrar un cauce de expresión institucional.
Fue hasta la década de los setenta, cuando la combinación de la oferta pública de créditos y nuevos insumos (fertilizantes, herbicidas, semillas híbridas), que rompía los monopolios comerciales privados y permitía a los campesinos ampliar su productividad, siempre y cuando pudieran expandir sus cultivos, y del cambio generacional, con el paulatino reemplazamiento de los fundadores del ejido por sus hijos y nietos hicieron posible un cuestionamiento global del régimen de gobernabilidad que se había construido desde la década de los treinta del siglo pasado. Bodegas de Totoltepec fue la primera localidad donde, en 1976, la asamblea ejidal decidió proceder a redistribuir en forma igualitaria la tierra entre los ejidatarios, y transferirles la responsabilidad de organizar el acceso de sus familiares a los medios de producción (tierras y créditos) de los que eran los únicos beneficiarios legales (Leonard, 2015). Las grandes superficies acaparadas por Luis Toto y su séquito favorecieron una coalición entre los ejidatarios y la población sin estatuto agrario legal. Es precisamente esa reconfiguración del paisaje agrario local, a través de lo que se dio por llamar “parcelamiento convencional”, que deja entrever la imagen satelital de 2001 (figura 5).
Este proceso localizado prefiguró una dinámica de largo aliento que recorrió toda la zona, marcó profundamente las dinámicas políticas y estructuró las coaliciones de actores en torno a la conquista y la defensa del poder local durante las dos décadas siguientes. Entre 1975 y 1985, en Apixita, El Remolino, Abrevadero, Río de Tuxtla y en la congregación de La Redonda, es decir, en toda la zona de mayor desarrollo ganadero, los ejidatarios impusieron la redistribución de las tierras a su favor. En Tulapan, ésta se dio, pero en forma desigual, acorde a las redes clientelares de patronazgo privado en las que se insertaba cada ejidatario y que fueron movilizadas para financiar los trabajos de medición y delineamiento de las parcelas.
Sin embargo, en las zonas más céntricas, donde las densidades de población eran mucho mayores (entre 250 y 350 habitantes/km2), los ejidatarios no lograron construir una convergencia de intereses y consensos que les permitieran llevar adelante sus reivindicaciones. En Cuesta Amarilla, Chuniapan, Soyata, Los Mérida, las familias dirigentes de viejo cuño lograron perennizar su alianza con los “comuneros” sin derecho legal para que el régimen de acceso abierto, o “comunal”, a la tierra se mantuviera vigente y las posesiones de cada quien, por muy pequeñas que fueran, se respetaran. En algunos casos, como en la primera comunidad mencionada, las tensiones llegaron a expresiones violentas y a la expulsión de algunas familias de ejidatarios.
Son esos arreglos, producto de coaliciones, negociaciones y confrontaciones locales en torno a la (re)definición de los derechos de posesión de la tierra y los estatutos de ciudadanía validos en los espacios comunitarios, que fueron validados y plasmados en las estructuras parcelarias en ocasión del Procede. Son esos regímenes de gobernanza rural que dejan traslucir las tramas parcelarias de las imágenes satelitales.
Bibliografía
Azuela, Antonio (1995), “Ciudadanía y gestión urbana en los poblados rurales de Los Tuxtlas”, en Estudios Sociológicos, vol. XIII, núm. 39, pp. 485-500.
Baitenmann, Helga (1998), «Experiencias locales en la transformación del orden rural: el PROCEDE en el centro de Veracruz», en S. Zendejas, P. de Vries (eds.), Las disputas por el México rural, vol. I, Actores y campos sociales, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, pp. 321-335.
Baños Ramírez, Othón (1998), “PROCEDE: Gateway to Modernization of the Ejido? The Case of the Yucatán», en R. Snyder, G. Torres (eds.), The Future Role of the Ejido. San Diego, University of California-Lynne Rienner Publishers-Center for US-Mexican Studies, pp. 31-47.
Chouquer, Gérard (2010), “La morphologie agraire des ejidos à San Andrés Tuxtla (Mexique)”, en Observatoire des formes du foncier dans le Monde, Paris, FIEF, https://manoma.hypotheses.org/1475, consultado el 20/05/2022.
De Janvry, Alan, Elizabeth Sadoulet, Davis B., Gustavo Gordillo (1996), “From Land Reform to Rural Development”, en Laura Randall (ed.), Reforming Mexico’s Agrarian Reform, Armonk, NY, M.E. Sharpe Editors, pp. 71-106.
Goldring, Luin (1996), “The Changing Configuration of Property Rights Under Ejido Reform”, en Laura Randall (ed.), Reforming Mexico’s Agrarian Reform, Armonk, NY, M.E., Sharpe Editors, pp. 49-60.
Leonard, Eric (2001), “Un Paisaje de las relaciones de poder: el Procede y sus expresiones locales en la Sierra de Los Tuxtlas”, en Relaciones, vol. XXII, núm. 85, pp. 17-55.
——————– (2004), “La réforme agraire comme processus de frontière. Logiques d’autonomisation, ancrage de l’État et production institutionnelle dans la région des Tuxtlas (Mexique)”, en Autrepart, núm. 30, pp. 97-116.
——————– (2015), “Conflictos por la Apropiación de los Recursos Locales y Cambio Institucional Endógeno. Las Luchas por el “Parcelamiento Convencional” en los Ejidos de los Tuxtlas, Veracruz, México, en Revista de Pesquisas e Estudos sobre as Américas, vol. 9, núm. 3, pp. 93-127. http://periodicos.unb.br/index.php/repam/article/view/17961
——————–, André Quesnel, Alberto del Rey (2004), “De la comunidad territorial al archipiélago familiar. Movilidad, contractualización de las relaciones intergeneracionales y desarrollo local en el sur del estado de Veracruz, en Estudios Sociológicos, vol. XXII, núm. 66, pp. 557-589.
——————– y Velázquez E. (2009), «El reparto agrario y el fraccionamiento de los territorios comunitarios en el Sotavento veracruzano: construcción local del Estado e impugnación del proyecto comunal», en Emilia Velázquez et al. (coords), El Istmo mexicano: una región inasequible. Estado, poderes locales y dinámicas espaciales (siglos XVI-XXI), Mexico, CIESAS-IRD, pp. 399-454.
López Sierra, Pilar y Julio Moguel (1998), “La reforma ejidal en el Istmo de Tehuantepec. Los casos de Charis y Emiliano Zapata”, en Julio Moguel, José Antonio Romero (coords.), Propiedad y organización rural en el México moderno. Reforma agraria y el Procede en Veracruz, Oaxaca y Sonora, México, México UNAM-Juan Pablos Editor, pp. 101-124.
Nuijten, Monique, (2003), “Illegal Practices and the Reenchantment of Governmental Techniques. Land and the Law in Mexico”, en Journal of Legal Pluralism, núm. 48, pp. 163-183.
Núñez, María Cristina (2005), Ejido, caña y café. Política y cultura campesina en el centro de Veracruz, Xalapa, Universidad Veracruzana.
Pérez Castañeda, Juan Carlos (2002), El nuevo sistema de propiedad agraria en México, México, Editorial Palabra en Vuelo.
Torres Mazuera, Gabriela (2015), «Deregulating the Social Life of Property: Neoliberalism and the Proliferation of Normative Dissonances in Mexico», en The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, vol. 48, núm. 1, pp. 1-17.
Velázquez, Emilia (2003), “Apropiación del cambio legal por los actores locales: el parcelamiento de tierras ejidales en la Sierra de Santa Marta, Veracruz, México”, en Éric Léonard, André Quesnel y Emilia Velázquez (coords.), Regulaciones y políticas agrarias. Juegos de actores y dinámica de los poderes, Mexico, CIESAS-IRD-Porrúa, pp. 269-296.
——————- (2010), “Politiques publiques et politique locale. Le processus de certification foncière en zone indienne au Mexique”, en Jean-Philippe Colin, Pierre-Yves Le Meur, Eric Léonard (eds.), Les politiques d’enregistrement des droits fonciers. Du cadre légal aux pratiques locales, París, Karthala, pp. 406-444.
- Ver al respecto, desde diferentes perspectivas y sin pretender a la exhaustividad: de Janvry et al. (1996), Goldring (1996), Baitenmann (1998), Baños (1998), López Sierra y Moguel (1998), Léonard (2001), Pérez Castañeda (2002), Nuijten (2003), Velázquez (2003 y 2010), Nuñez (2005), Torres Mazuera (2015). ↑
- Programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares. ↑
- Agradezco a Gerard Chouquer el haber llamado mi atención sobre las evidencias que manifestaba la imagen satelital de la zona. G. Chouquer (2010) ha publicado un estudio sumamente interesante sobre las “formas agrarias” de la parte central de Los Tuxtlas a partir de nuestras conversaciones. ↑
- A principios de los años 1950, Luis Toto y media docena de allegados habían cercado 350 ha para el pastoreo de sus hatos en el ejido de Bodegas, correspondientes a la tercera parte de la superficie del ejido. ↑