Edgar Córdova Morales | Doctorante de Antropología en CIESAS-CDMX
Rubén Figueroa | Coordinador sur-sureste del Movimiento Migrante Mesoamericano
Las pandemias no son solo de orden natural, sino que surgen y se extienden a través de sociedades con características socio-políticas y económicas sumamente desiguales, haciendo que ciertas personas – las más vulnerables- sean más propensas que otras a enfermarse. En efecto, esta exposición asimétrica ante el COVID-19 se basa en las históricas y profundas desigualdades de clase, raza y género que han sido profundizadas tras décadas de políticas neoliberales alrededor del mundo. Si la cuarentena y el confinamiento han sido algunas de las estrategias más empleadas por los gobiernos del mundo para intentar ralentizar el paso de la pandemia, afirmamos también que la viabilidad de estas medidas ha sido muy limitada, cuando no imposible, entre poblaciones bajo condiciones materiales de existencia precarias en términos de vivienda, acceso a servicios básicos, trabajo, entre otros factores.
Mientras que una parte del mundo vive por primera vez –desde la comodidad de sus casas- los efectos del confinamiento, la cuarentena y el aislamiento, millones de personas del sur, entendido aquí no como un espacio geográfico, sino como “un espacio-tiempo político, social y cultural (…) metáfora del sufrimiento humano injusto causado por la explotación capitalista”, viven cotidianamente en condiciones de hacinamiento (De Sousa, 2020)[3]. En este gran sur, cientos de miles sobreviven además privados de su libertad y confinados del resto de la sociedad de forma permanente: los migrantes irregularizados en distintas estaciones migratorias del sureste mexicano.
“Llevamos aquí muchos días acampando y el Gobierno mexicano no da respuesta alguna. Nos sentimos como en una cárcel porque no podemos transitar, ni movernos libremente (…) el Gobierno nos quiere controlados aquí como perros” nos cuenta Remi, un migrante camerunés, desde las afueras de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula (Chiapas), el centro de detención migratorio más grande de Latinoamérica. Un día antes, un taxista estacionado en las inmediaciones del Parque Hidalgo en el centro de la ciudad nos aseguraba que los migrantes provenientes de África traen enfermedades infecciosas en sus campamentos. Mientras escuchamos estos comentarios, cientos de militares de la Guardia Nacional y de policías desplegados por las carreteras del sureste mexicano interceptan, encarcelan y confinan cotidianamente a miles de migrantes, que solo ejercen su Derecho a la libertad de tránsito.
No, ni Remi, ni sus connacionales están infectados por el COVID-19, porque este virus aún no existe: estas charlas etnográficas fueron realizadas en abril de 2019 cuando centenares de migrantes de distintas nacionalidades africanas acampaban durante semanas en condiciones de hacinamiento y sin atención humanitaria alguna, esperando que el Gobierno mexicano les brindara un salvoconducto para transitar libremente por México. Sin embargo, consideramos que el léxico pandémico – con el cual una gran parte de la población recién se familiariza en el mundo – forma parte de la jerga habitual desde hace años cuando se hace referencia a las poblaciones migrantes y al intento de gobernarlos como enemigos de guerra en las zonas fronterizas de México, espacios por donde anualmente transitan en condiciones sumamente precarias que se enmarcan en un continuum de múltiples violencias bajo una genealogía colonial y de desposesión.
Las narrativas, los imaginarios y las metáforas asociando los migrantes en confinamiento con “animales” o “seres infecciosos”, han sido objeto de análisis en distintos espacios como los centros de detención libios en África del norte (Vaughan, 2015[4]). Más allá de simples metáforas utilizadas como meros recursos lingüísticos, seguimos a Vaughan (2015) al afirmar que el discurso de animalización por los migrantes no son simples dispositivos lingüísticos de lamentos e ira, sino más bien una descripción política de sus condiciones materiales en que sus experiencias y luchas tienen lugar. Así, resaltar el carácter del confinamiento en espacios cerrados, los cuales no se alinean con parámetros “humanos”, evidencian cómo las formas de detención que buscan “animalizarlos” son tecnologías espaciales de poder, como las que emplean las autoridades migratorias en México cotidianamente.
Imagen 1. La zona fronteriza sur militarizada durante la pandemia covid-19. @RubenFigueroaDH
Dicho esto, aseguramos que la pandemia de COVID19 ha agravado aún más las condiciones ya sumamente difíciles de miles de migrantes centroamericanos y africanos en las zonas fronterizas del país así como en las estaciones migratorias del INM (Instituto Nacional de Migración). En esta línea, destacamos cuatro situaciones insólitas que han derivado por la contingencia actualmente: 1) el cierre de todas las fronteras de los países de la región, 2) un descenso brusco e histórico de 95% de las migraciones entre los países de Centroamérica y Estados Unidos, 3) un toque de queda prolongado en distintos países centroamericanos impidiendo así la movilidad, y 4) miles de migrantes centroamericanos atorados en México sin poder ir hacía Estados Unidos o regresar a casa, muchos de ellos en distintos centros de detención.
Imagen 2. Cierre de la frontera El Ceibo entre México y Guatemala. @RubenFigueroaDH
Imagen 3. Joven de origen salvadoreño aguardando en una caseta de inspecciópn migratoria tras el motin registrado en la cárcel migratoria Tenosique, Tabasco @RubenFigueroaDH
No obstante este complejo panorama de fronteras cerradas en la región, las prácticas anti-migratorias no se han detenido, sino más bien se han sofisticado: desde el principio de la pandemia el 21 de marzo, Estados Unidos cerró su frontera y acordó con México una ruta de expulsión de migrantes centroamericanos hacía territorio mexicano. Una vez ahí, las autoridades mexicanas se han encargado de trasladar los migrantes arrestados lo más cerca de la frontera sur, es decir, en distintos centros de detención del INM, sin acceso a sus derechos. Basado en el Programa de Protección al Migrante MPP[5], este acuerdo ha significado en un primer lugar la saturación de las ya sobrepobladas cárceles migratorias, dando lugar a una serie de motines, como el ocurrido el 31 de marzo en la Estación Migratoria de Tenosique (Tabasco) en donde falleció un migrante guatemalteco.
Imagen 4. La cárcel migratoria Tenosique (Tabasco) durante la noche del motín e incendio en donde un guatemalteco falleció. @RubenFigueroaDH
Por su parte, la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) ha solicitado reiteradas veces al INM no solo medidas cautelares para preservar la seguridad de los migrantes ante la crisis sanitaria por el COVID-19, sino alternativas a su detención como la regularización ante condiciones de vida deshumanizantes en estos centros. A su vez, el Movimiento Migrante Mesoamericano ha podido documentar cómo las autoridades mexicanas se han limitado a dejar a su suerte a cientos de migrantes sin ningún tipo de protección sanitaria, ni orientación legal.
Presentados como actos humanitarios, estas “liberaciones” han dejado a cientos de migrantes en la calle y sin la posibilidad de poder regresar a sus países de origen por el cierre de fronteras en la región. Sin embargo, estas fronteras nunca han estado cerradas para el Instituto Nacional de Migración, quien entre el 21 de marzo y finales de abril ha deportado a 3653 migrantes hacía Guatemala, El Salvador y Honduras, intentando liberar espacio en sus 65 instalaciones migratorias para acomodar las miles de personas expulsadas de Estados Unidos en el marco de este nuevo acuerdo bilateral.
Auténticos agujeros negros, consideramos que los centros de detención de migrantes en México se inscriben en una gramática regional y global de securitización hacía miles de migrantes en la frontera sur, actualmente bajo un proceso de intensa militarización en donde los migrantes han sido históricamente concebidos como una amenaza a los Estados en términos securitarios, económicos, sociales, políticos, y más recientemente raciales con la llegada de miles de migrantes provenientes de distintos países de África. En definitiva, el confinamiento y el aislamiento son tecnologías de poder que históricamente se han aplicado a estas poblaciones, cuya movilidad es esencial para sus objetivos de vida.
En este complejo e incierto contexto, tenemos la certidumbre que los flujos migratorios se reanudarán tras la apertura de las fronteras de los países centroamericanos y el cese de toque de queda. La pandemia es solo una pausa, concuerdan la mayoría de los defensores de los derechos humanos de los migrantes, quienes documentan las migraciones en la región desde hace muchos años. Inclusive, la agravación de la ya existente crisis económica en la región nos hace pensar que la movilidad migratoria será aún más intensa y numerosa frente a una frontera mexicana cada vez más militarizada, cuyos agentes han hecho de la detención y la deportación prácticas cada vez más comunes.
Imagen 5. El tren “La Bestia” en el sureste mexicano a finales de 2019, poco antes del inicio de la pandemia. @RubenFigueroaDH
- Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social https://www.ciesas.edu.mx ↑
- https://movimientomigrantemesoamericano.org ↑
- De Sousa, B., (2020), Al sur de la cuarentena, Página 12, 9 de abril de 2020, https://www.pagina12.com.ar/258640-al-sur-de-la-cuarentena ↑
- Vaughan-Williams, N. (2015), “We are not animals!” Humanitarian border security and zoopolitical spaces in EUrope, Political Geography 45, p.1-10 ↑
- Implementado a principios de 2019, dicho programa posibilita al gobierno norteamericano retornar a los migrantes irregularizados a territorio mexicano durante la duración de sus trámites y juicios migratorios. https://mx.usembassy.gov/es/tag/protocolos-de-proteccion-a-migrantes/ ↑