Alma Parra Campos
Dirección de Estudios Históricos, INAH | alcaparra99@hotmail.com
Este texto esboza los rasgos más sobresalientes de la relación de una empresaria minera de Guanajuato con la propiedad y el patrimonio familiar forjado a lo largo de varias décadas, Francisca de Paula Pérez Gálvez, en el proceso de transición al México independiente. Esta empresaria desplegó capacidades organizativas notables no sólo para impulsar negocios productivos, sino también por enfrentar diferentes retos y amenazas a sus empresas mineras, agrícolas y ganaderas generadas en el ámbito gubernamental como resultado de la inestabilidad social y política, en el espacio empresarial nacional, así como en las políticas post-independencia encaminadas a liberar el control de los insumos por el gobierno.
Minería y mujeres
Los emprendimientos económicos más exitosos en el siglo XIX mexicano fueron, en su mayoría, aquellos que se ligaban con la minería. Eran en buena medida, el reflejo de una situación propiciada desde los siglos virreinales donde esta industria quedó en el centro del interés gubernamental como fuente fundamental de los ingresos tanto de la Corona española como de los gobiernos republicanos del siglo XIX.
La actividad minera como aquellas actividades o industrias que se movieron en su órbita, se rigieron por marcos legales que evolucionaron al ritmo de las prácticas empresariales. Las leyes que regían a la minería en España se trasladaron inmediatamente a sus dominios y ahí fueron incorporando reglamentos conforme a situaciones especiales y locales que requirieron de arbitrio y que paulatinamente fueron creando un cuerpo reglamentario para su operación.
Pero, distinto a las formas de propiedad de la tierra en sus diferentes variantes con las que la Corona española reconoció la propiedad, las minas, tanto en tiempos virreinales, como en los gobiernos republicanos, fueron siempre propiedad del Estado, del rey o de la Nación. Por esa razón, lo que se conoce como propiedad minera es el permiso que obtenían aquellos individuos dedicados a la minería para explotar las riquezas minerales por medio de un denuncio. Eran concesiones que se otorgaban a cambio de un beneficio para ese Estado traducida de manera fiscal.
La legislación minera nunca hizo distingos sustanciales entre los actores que podrían participar en la minería. Desde las leyes de 1563 donde se asentaba que se “permite la explotación como a los súbditos y naturales de sus reinos, como a los extranjeros”, pasando por las Ordenanzas de 1773 hasta el Código de Minería de 1884 nunca hubo exclusión explícita de las mujeres para gozar de propiedad minera, ni de participar en alguna de las actividades vinculadas a la minería en todas sus fases.
De aquí que la participación de las mujeres en la industria más pujante del país sólo podía haberse visto limitada por otro tipo de condicionantes de tipo social vinculadas fundamentalmente al ámbito de movilidad en el que se desenvolvían las mujeres, básicamente la familia y la legislación incumbente, así como los usos y costumbres de las diferentes esferas sociales. La familia funcionó durante los siglos virreinales y el siglo XIX como centro rector de la transmisión cultural, como de bienes dentro de la sociedad. Ahí es donde se encuentran las claves que permiten entender cómo las mujeres mineras lograron acceso a bienes mineros.
Es por esto que el caso de Francisca Pérez Gálvez, tema de este texto, se inserta en el grupo de mujeres empresarias que lograron un éxito durante el siglo XVIII y XIX que puede entenderse a través de las directrices de análisis que estudios pioneros como los de Edith Couturier, Silvia Arrom, Asunción Lavrín, Pilar Gonzalbo, Cecilia Rabell realizaron, basadas en los aspectos legales que alentaban o limitaban a las mujeres en su participación económica a través de estudios de las familias coloniales, dotando de un marco referencial donde cuna y riqueza determinaban su camino en la esfera económica.
A estos estudios se suman, tanto en México como en América Latina, análisis recientes que están incorporando casos de mujeres que participaron en la economía, en escalas diferentes, y el papel que juega la propiedad. Nos ilustran sobre aspectos de una sociedad más compleja y variada. Con esta lupa se están observando mujeres, desde las esferas de control de capitales y administración de empresas, hasta aquellas en actividades secundarias, fuera del ámbito doméstico.
Para el caso específico de la minería están los trabajos reunidos en el trabajo editado por Isabel Povea sobre mujeres en la minería, que sirven también para incursionar en aspectos propiamente de dicha industria, que han sido poco tratados, como son la pequeña y mediana minería.
Las minería y las mujeres en Guanajuato en el siglo XIX
La efervescencia que se creaba durante el descubrimiento y auge de una mina en los centros mineros de México era detonador para la multiplicación y variedad de pobladores que se incorporaban a las villas y ciudades en busca de las ganancias potenciales de una mina en bonanza y, por ello, tanto hombres como mujeres participaron activamente en alguna de sus fases, como trabajadores dentro y fuera de las minas, en las haciendas de beneficio o como inversionistas directos e indirectos en las explotaciones mineras.
En lo que toca a las mujeres en Guanajuato, tan sólo en los registros de protocolos de minas de la ciudad de Guanajuato para el siglo XIX se contaban al menos 633 mujeres (vecinas de Guanajuato) escriturando poderes, traspasos, esclavos, tierras, arrendamientos, préstamos, deudas e inmuebles que ya sea por herencia, venta o compra de propiedades.
Pero este número crece sustancialmente cuando se revisan los registros de las diputaciones y agencias de minería, donde se encuentran innumerables denuncios para iniciar explotaciones de minas realizados por mujeres. En las distintas escalas de gran minería, pequeña y mediana, así como la más modesta y artesanal como la realizada por buscones es posible encontrar mujeres mineras que se identificaban como tales.
José Luis Caño, María Guevara, Margarita Villalba son algunos de los autores que han dedicado atención a las mujeres en la minería de Guanajuato particularmente en los siglos virreinales, y esta tendencia se continuó en el siglo XIX.
Uno de los casos más representativos de la participación empresarial de las mujeres en la minería local en el XIX, es el de Francisca de Paula Pérez Gálvez, tema de mis investigaciones mucho tiempo. La señora Pérez Gálvez se destacó por el manejo empresarial y la conservación patrimonial del clan Rul y Pérez Gálvez, una de las principales familias mineras desde fines del XVIII hasta fines del siglo XIX. Fue activa en el manejo de la propiedad minera, pero también en el ámbito del abastecimiento de insumos tanto mineros como en el medio rural.
Provenía de una familia minera de tradición, su abuelo fue el Conde Pérez Gálvez y su madre hija del conde de Valenciana. Su abuela, condesa de Valenciana, María Guadalupe Barrera y Torrescano, ejerció también actividades empresariales a la muerte de su esposo el Conde de Valenciana, que sirvió de ejemplo femenino en el propio seno familiar para Francisca Pérez Gálvez, quien además gozó de una condición particular para involucrarse en actividades empresariales en el momento que obtuvo en 1820 un divorcio resuelto en tribunales eclesiásticos y seculares que le otorgó libertad civil para ejercer control sobre sus bienes.
Recibió herencia de sus padres y la de su hermano Juan de Dios Pérez Gálvez, lo que favoreció que amasara una fortuna respetable y que en 1862 lograra consolidar sus propiedades y las de sus familiares cercanos en una gran empresa. Esa estructura le permitió centralizar decisiones en sus manos para enfrentar las dificultades en el ámbito minero, pero también enfrentar las vicisitudes creadas por los cambios en la legislación liberal, las demandas de múltiples gobiernos en constante apremio económico y las guerras decimonónicas que incrementaron las presiones para los sectores más redituables de la economía.
Por esa razón pudo dirigir desde una posición prominente, las acciones que se encaminaron a proteger sus propiedades, así como el patrimonio familiar y empresarial en los ámbitos judiciales locales y nacionales de las que destacaremos aquí someramente tres de ellas: las acciones directas del gobierno amenazando sus bienes, los desacuerdos con empresarios privados y las acciones del gobierno que modificaron algunos derechos de propiedad afectando su patrimonio.
Acciones de gobierno y la inestabilidad política
Durante el siglo XIX, los gobiernos republicanos en constante penuria recurrieron frecuentemente a préstamos y exacciones para resarcir los gastos del gobierno que se incrementaban con las constantes guerras. Muchos de los préstamos eran requeridos a concesionarios del gobierno en actividades que antes se encontraban estancadas a cambio de altos intereses y prebendas. Sin embargo, los empresarios privados también fueron objeto de requisiciones por gobiernos y facciones contendientes.
El impulso que Francisca de Paula Pérez Gálvez había logrado mantener en funciones particularmente boyantes hacia mediados del siglo XIX, numerosas minas de su empresa familiar en los distritos de Guanajuato y en el de La Luz, así como también activos los de sus empresas dedicadas al abasto de insumos a la minería, apoyados en sus propiedades rurales, agrícolas y ganaderas que formaban parte de su patrimonio familiar. Éste se extendía a varios establecimientos ganaderos que producían cueros para las labores en las minas, productores de granos y en terrenos salineros ubicados en la zona de San Luis Potosí y Zacatecas. Sobre todo, eran bienes heredados tanto de sus padres como de su hermano Juan de Dios Pérez Gálvez, entre ellos, haciendas en Zacatecas y San Luis Potosí la del Mezquite, Norias, Bocas y Salada.
Para mediados de la década de 1850 Francisca de Paula Pérez Gálvez había logrado concentrar una fortuna de 4 millones de pesos, monto que no pasó inadvertido ni por los diferentes gobiernos apremiados por las constantes guerras a lo largo del siglo XIX, ni por empresarios privados como potencial fuente de recursos. De tal modo, Francisca Pérez Gálvez, como también lo experimentaron sus parientes a lo largo del siglo XIX y muchos otros prominentes empresarios, fue requerida por el Gobierno del Distrito de México en 1855 por 40 mil pesos, por el ministerio de Hacienda, 5 mil en el mismo año, el propio Ejército del Norte en 1858 por 10 mil pesos pertenecientes a la hacienda de Bocas, 2 500 por la Tesorería General de la República en 1860. Pese a sus continuas demandas interpuestas ante los juzgados nacionales, la empresaria minera vio mermado su patrimonio, tanto por el gobierno de Santa Anna, como por los gobiernos liberales, situaciones ante las cuales el único recurso para proteger el patrimonio y propiedad de los bienes que se incautaban era el pago de las sumas requeridas. Aunque el gobierno reconocía y registraba las deudas de este tipo, como el que hizo en el caso de la hacienda de Bocas de la empresaria Pérez Gálvez poco fue lo que el gobierno pudo resarcir a los empresarios.
La guerra entre pares
Otra fuente de ataque que movió a la empresaria guanajuatense a la defensa de sus intereses se manifestó en el ámbito privado. Francisca Pérez Gálvez gozó de los beneficios que la gran bonanza de la mina de La Luz de las décadas 1840 y 1850, donde su familia tenía invertidas grandes sumas y beneficiándola a ella y a su hermano principalmente, Juan de Dios. El distrito de La Luz había logrado un crecimiento importante que guiaba no sólo el crecimiento de Guanajuato sino de la producción nacional.
Pero la expansión trajo consigo conflictos mineros relacionados con la propiedad de las acciones de minas del distrito y los dividendos derivados de ellas, Juan de Dios Pérez Gálvez tenía una participación mayoritaria, pero a su inesperada muerte dejó sin resolver las disputas que esta situación había acumulado recayendo en su hermana Francisca. Los parcioneros de las minas de La Luz y San José de los Muchachos reclamaban en el proceso contra la testamentaria de Juan de Dios Pérez Gálvez utilidades retenidas por éste. La resolución que no pudo darse con Juan de Dios la logró su hermana Francisca a través de un largo litigio Francisca Pérez Gálvez que peleó en juzgados locales y nacionales, donde mostró un despliegue de actitudes empresariales inusuales en mujeres empresarias de su época.
Las políticas gubernamentales y los insumos mineros
Otros métodos que pusieron el patrimonio en peligro fueron los que Francisca Pérez Gálvez tuvo que enfrentar ante los cambios estructurales que la legislación relativa a los insumos mineros.
Entre los insumos básicos para la minería se encontraba la sal que, como otros insumos usados en la minería, se encontraba estancada durante el periodo virreinal, otorgando a la Corona el privilegio de controlar su distribución en el contexto de su política de fomento a la minería. A partir de la independencia se consolidó un proceso de “desestancamiento” que consistió en liberar tanto la explotación como la distribución de estos insumos. Mientras que el mercurio fue liberado temprano en el siglo XIX, en los terrenos salinos en 1843 se introdujeron nuevas disposiciones autorizando el denuncio de terrenos salinos inactivos como medida para impulsar la minería, proceso que se activó principalmente en yacimientos que se encontraban en el centro norte del país. Esto desató un proceso especulativo provocando denuncios en espacios de propiedad privada.
Muchas de las propiedades ganaderas de Francisca Pérez Gálvez se encontraban en esta región y contenían salineras. Hasta entonces tanto ella como miembros de su familia encargados de esas propiedades, mantenían sus lagunas saladas para el mantenimiento y cuidado del ganado de las haciendas. Al no darles uso masivo y encontrarse inactivos los yacimientos en sus propiedades quedaron sujetos a denuncio por cualquiera que estuviera en posibilidad de desarrollar una empresa salinera.
Desde 1844 varias de las haciendas de la señora Pérez Gálvez fueron afectadas por denuncios de yacimientos salados por Matías Espinosa de los Monteros, quien aprovechando la posibilidad ofrecida en la ley de denunciaba vertientes de pozos de agua salada en San Luis Potosí y Zacatecas, que fomentaban asentamientos y la formación de compañías para explotar las salinas. En 1847 nuevamente sus haciendas en Zacatecas fueron ocupadas.
El problema de los denuncios en realidad parecía derivarse de un conflicto legislativo. La liberación de los estancos sujetó a los yacimientos de sal, en las mismas condiciones que los metales preciosos, ante la presentación de un denuncio y un compromiso para explotar y mantener los trabajos activos era suficiente para dar la concesión a un particular.
Francisca Pérez Gálvez peleó ferozmente la afectación a los derechos de propiedad junto con otros, como Cayetano Rubio y Joaquín de Errazu, los dueños y concesionarios de las salinas del Peñón Blanco, que veían amenazado su propio negocio por la competencia que provendría de la multiplicación de empresas salineras.
Francisca de Paula Pérez Gálvez contó al menos momentáneamente con el apoyo del gobierno de San Luis Potosí al que acudió para resolver los problemas de su hacienda de Salinillas, que se localizaba en esa jurisdicción, pero no así con el del gobierno de Zacatecas, donde estaba su hacienda del Mezquite, donde también compañías como la Zacatecano-Mexicana venían con no malos ojos la posibilidad de que la dependencia de las Salinas del Peñón Blanco se minimizara a través de la multiplicación de abastecedores de sal en la región. La defensa por la propiedad y patrimonio en ese renglón fue continua y exitosa.
Se ha señalado en este breve texto que aun cuando existieron casos donde las mujeres lograron éxito económico en la gran minería, existieron imponderables ajenos a la propia industria que requirieron del uso de recursos adicionales para la protección del patrimonio de las empresas que lograron consolidar. Se identificaron algunos factores que afectaron el patrimonio de Francisca Pérez Gálvez, de Guanajuato, que la obligaron a trascender el ámbito judicial local, aproximarse al nacional y realizar alianzas de gran impacto con otros empresarios con el fin de proteger el patrimonio y propiedad familiar. La legislación española aplicada en Nueva España, todavía en transición en las primeras décadas del siglo XIX, le facilitó libertad civil para actuar en los negocios de manera independiente, mientras que la legislación post-independiente particularmente la que afectó a los insumos mineros, área fundamental en la que se desempeñó y que contenía una fuerte tendencia a incorporar la presencia de capitales privados, le creó serios conflictos que tuvo que atender desplegando cualidades empresariales particulares en un contexto empresarial dominado por varones.