Juan Briseño
Investigador, ciesas cdmx

Este trabajo es un intento de síntesis de los resultados de la investigación realizada en los pueblos, yaqui, del estado de Sonora, konaajts (huave) de San Francisco del Mar, en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y nahua del Altepetl de San Francisco, en el municipio de Huazalingo en el estado de Hidalgo, conforme a los registros obtenidos de la memoria histórica y la información documental consultada, desde el último tercio del siglo XIX hasta hoy, han mantenido una permanente defensa de la tierra y el territorio. En este largo proceso, las instituciones comunales, como expresión de las múltiples formas adquiridas y desarrolladas sobre la concepción de las relaciones con la naturaleza y entre los integrantes de cada uno de los pueblos, han sido un factor determinante. En los tres pueblos, las relaciones se basan en el intercambio recíproco entre todos sus integrantes.

En la investigación no se trató de realizar un trabajo comparativo, se intentó conocer las distintas situaciones político-sociales de cada uno de los casos, con el objetivo de identificar los procesos de mayor importancia en la construcción de las decisiones ejecutadas por las instituciones comunales, en defensa de los recursos de las tierras agrícolas, el territorio y, necesariamente de sus integrantes, las coincidencias se identificaron después.

En el contexto político social, la presencia de los pueblos condiciona de manera determinante las características que han conformado a cada una de las regiones y sociedades locales, de las que son parte indisoluble. No sólo a causa de la ocupación efectiva del territorio, también de la persistencia de un proyecto político de desarrollo propio, distinto al promovido, financiado, impuesto con base en la llamada modernidad.

Los intentos de imposición de modelos de desarrollo social, político y económico se han basado en la violencia. La discriminación, el desprecio, la segregación, la represión por uso de lenguas maternas, de los sistemas políticos, religiosos y culturales en contra de los integrantes de los pueblo son sólo una de sus formas. Esta situación, en muchos sectores de la población, es considerada como “natural”. En este contexto, la presencia de concepciones e interpretaciones propias de las relaciones con la naturaleza, algunas de origen prehispánico, han sido identificadas en las sociedades mestizas como la demostración de la ausencia de cultura y causa de la “miseria de los indios”, por la “costumbre” de permanecer en épocas atrasadas de la historia e incapacitados, debido a su condición de indios, para adquirir los elementos necesarios requeridos para salir del atraso. Un producto directo del racismo y la discriminación vigente es ubicar a los pueblos en una situación de aislamiento, lejanía de la civilización, causante de la carencia de cultura, obstáculo central para la adquisición del progreso.

Estos intentos de explicación, no sólo son parte de las formas de discriminación, son una fase de la explotación económica y uno de los argumentos del control político.

En distintos momentos, los intentos de despojo han sido llevados al extremo, como en el caso del pueblo yaqui, al declarar una guerra de exterminio en su contra, con el uso de las tropas del Estado mexicano, la campaña que inició durante el gobierno de Porfirio Díaz se terminó en el sexenio de Lázaro Cárdenas.

En el caso de los otros dos pueblos, aunque no se declaró la guerra de manera oficial, la violencia se mantuvo como el soporte de los intentos de despojo. Las estructuras político-legales del Estado mexicano, no sólo se utilizaron en contra de los pueblos, han sido convertidas en instrumento de los intentos de despojo. Los llamados proyectos de desarrollo político económico se han presentado como superiores por naturaleza, caracterizados como la única opción viable. Con la imposición de modelos de desarrollo se trató de eliminar cualquier alternativa productiva surgida o propuesta con base en los conocimientos productivos creados históricamente por los pueblos.

Aun en las condiciones más adversas, los pueblos y comunidades, han optado por agotar las vías legales establecidas por los distintos gobiernos y regímenes, con el objetivo de defender tierras y territorios ejerciendo sus derechos. Incluso han mostrado una gran pericia en el uso de recursos legales, que por sí sola debería obligar a olvidar la descalificación generado por el racismo, sobre su capacidad de entendimiento de los sistemas legales nacionales. No obstante, los pueblos han sido afectados directamente por la omisión y la parcialidad de los gobiernos en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales.

El Tonal

El Tonal es la Fuerza vital, constitutiva de cada ser vivo, es la capacidad creativa, transformadora, es entendido, como el elemento y objetivo del intercambio.

Es una concepción de origen prehispánico aún vigente, se mantiene en la base de la explicación de las formas adquiridas y las normas comunales construidas de las relaciones con la naturaleza, materializadas casi de manera única por medio del trabajo. Esta es la función esencial de cada uno de los portadores de Tonal, de los humanos, de los residentes responsables de los espacios naturales y sobrenaturales, en ejercicio de la capacidad de transformación productiva, requisito clave del proceso productivo, establecido como cíclico. Es el ejercicio de la capacidad creativa-transformadora para obtener la fuerza vital que permite convertirse en receptores, reproductores y distribuidores, es decir, en eslabones de la circulación de la fuerza.

En esta situación las relaciones se establecen dentro de la jurisdicción del territorio ancestral, del cual se consideran como integrantes con capacidad y autoridad para participar en los procesos productivos, de circulación y recepción, entre otros; a los vientos, los rayos, el mar, las aguas de los ríos, la fauna, los cerros, las tierras agrícolas, las casas en solares familiares, plantas y fauna, los cerros, los hábitats sobrenaturales y sus residentes, cada uno en sus propios espacios y tiempos, definidos por el trabajo y por la función específica que realizan. Todos son considerados participantes sólo si son potadores legítimos del Tonal.

No todos los portadores tienen las mismas capacidades, en momentos específicos se sitúan como almacén o en consumidores finales, si interrumpen los ciclos, se consideran ilegítimos.

Sobre las relaciones de intercambio, se pueden identificar diferencias entre cada pueblo, cada uno sus respectivas representaciones, políticas y culturales, a grandes rasgos; los io-reme, de la Tribu Yaqui, se asumen como parte constitutiva de la naturaleza y del territorio, en este sentido, no se pueden perder los vínculos con el territorio y sus integrantes, se consideran a sí mismos como los responsables de realizar los trabajos instituidos como necesarios.

Los nahuas del Altepetl, los macehuales se definen esencialmente por asumirse como trabajadores, no se asumen como parte de la tierra o de la naturaleza, sino como individuos dependientes del intercambio de Tonal, con sus semejantes, con la tierra por medio del trabajo agrícola, aunque de manera determinante con la dueña de la tierra, en su fase de almacén y espacio legitimo para la circulación y consumo del Tonal.

Los konaajts de Ti Cambaj, se reconocen como parte constitutiva del pueblo, la más importante pero la más frágil entre todos sus integrantes. En esta situación requieren de manera permanente de la intermediación de las instituciones comunales, derecho obtenido necesariamente por medio de entrega de trabajo a las instituciones comunales del pueblo, el Tequio. Entre los integrantes, los comuneros son las personas con derecho a los recursos del territorio bajo las reglas del intercambio. El pueblo es sinónimo de territorio y almacén de sus recursos, las nubes, los vientos, las aguas marinas y las del “sistema lagunar huave”.

La multiplicidad de las formas adoptadas, adquiridas o construidas por cada pueblo con el objetivo de garantizar el intercambio o la circulación del Tonal, se basa necesariamente en la relación primordial: la comunidad es la propietaria de la tierra. La relación primordial es resultado, no es condición previa.

Las instituciones comunales

En los registros etnográficos actuales y mitos de origen en los tres pueblos, las referencias sobre la construcción de las reglas, leyes, normas y derechos es posible identificar la presencia de especialistas en restablecer, propiciar, crear, construir, garantizar la permanencia de las múltiples formas de las relaciones con la propietaria de la tierra.

La presencia de especialistas, portadores de capacidades extraordinarias para preservar las condiciones más propicias de la aplicación o el ejercicio de los derechos establecidos en “las leyes”, no exime a las instituciones comunales de ninguna de las responsabilidades para las que fueron creadas, en ellas radica en última instancia y de manera inevitable su aplicación.

En términos generales, las leyes se aplican sobre la base de reconocer los mismos derechos a cada uno de los integrantes, entre ellos a las mismas instituciones, éstas se sujetan a esta condición o desaparecen.

Por su propia naturaleza, “de por sí” no es posible equiparar la fuerza portada por las montañas, el mar, los residentes y “dueños” de los espacios naturales, sobrenaturales y la tierra, con la de los macehuales, io-reme y konaajts, especializada en el trabajo.

Las instituciones comunales se constituyen por personas incorporadas para resarcir a la propietaria de la tierra los productos obtenidos de los procesos productivos, dependen de manera absoluta del Tequio. Entendido como el principal recurso de la comunidad, es utilizado para cumplir con las responsabilidades derivadas de los trabajos productivos, relacionados con el control de acceso a las tierras agrícolas, a las aguas y otros recursos. El consumo principal del Tonal aportado por el tequio se destina a garantizar el derecho al trabajo como a su intercambio.

En el ejercicio de intercambio cotidiano con la comunidad, los comuneros, de manera paulatina, incrementan el nivel de su responsabilidad. En condiciones normales se inician realizando la tarea de topil, paso necesario en la obtención de experiencia, base sobre la que se generan las jerarquías de las que depende la autoridad y legitimidad del sistema político comunal.

Todos los comuneros vierten trabajo, sin embargo, no todos lo hacen con la misma calidad, aunque casi todos han trabajado o ejercido funciones en las instituciones formales o comunales más importantes del pueblo, esto no se traduce en la adquisición de las mismas posiciones jerárquicas dentro de las estructuras de construcción de las decisiones en las asambleas constituidas por las Autoridades Principales: los que gobiernan, los que opinan, los que pueden o tienen derecho a hablar, frente a los responsables de los cargos comunales y públicos, los portadores de la autoridad y la legitimidad.

En los tres pueblos “existen, han existido y van a seguir apareciendo” personas dotadas de capacidades extraordinarias, atributo recibido de manera directa de las fuerzas superiores, con la obligación de ejercerlas exclusivamente en la protección de la circulación y reproducción del Tonal, de sus portadores y, principalmente, de los derechos de comunidad y su territorio.

El trabajo de mantener los vínculos necesarios, con las fuerzas naturales y sobrenaturales, con sus respectivos portadores, definidos todos por la condición de ser integrantes del territorio, de la comunidad, es considerado una tarea de alto riesgo. Este trabajo, no lo asume o se entrega a cualquier comunero, se requiere portar la capacidad recibida por las mismas fuerzas para ser el interlocutor reconocido y legítimo, con el permiso para transitar entre los distintos niveles y espacios que conforman los hábitats de la naturaleza siempre en el territorio ancestral, para realizar el viaje o la visita se requiere del poder para hacerlo. Su tarea, la obligada, es proteger a las Autoridades Principales.

No es cosa menor el poseer la facultad de restablecer la salud de los macehuales, recuperar los nahuales perdidos o robados, restablecer la calma, la convivencia familiar y comunal, incluso gestionar o mediar con otros espacios ajenos al territorio, en los límites constituidos por la historia de las relaciones del pueblo y la comunidad.

En distintos tiempos y situaciones no se incorporan de manera formal a las tareas de gobierno comunal, cuando así ha ocurrido, se generan condiciones extraordinarias favorables para la lucha de defensa de los pueblos. La Fuerza, sólo es viable si se concreta esencialmente en la defensa del territorio.

La identidad y la cultura de la resistencia

A lo largo de la historia se ha descalificado a los conocimientos, el sistema político y las concepciones de las relaciones con la naturaleza establecidas en los tres pueblos, se tratan como brujerías, mentalidades atrasadas, etc. No son simples expresiones racistas, se han usado para tratar de justificar la persecución y represión, son formas impuestas a las relaciones con la llamada sociedad nacional, el Estado mexicano y las políticas de desarrollo en las que se ha incluido a la educación.

La mayoría de las políticas del Estado se han tratado de aplicar no sólo por medio de las instituciones públicas con sus niveles de gobierno, en los tres casos se han generado eslabones o interlocutores útiles al control político, muchas veces utilizando de manera deliberada a integrantes de las comunidades y pueblos en su contra. Esta es una de las causas frecuentes de la división.

En cualquier intento de caracterización del concepto de comunidad, entre los factores más importantes para su análisis, se debe incluir la división, en ningún caso, son sinónimo de unidad, normalmente están y se presentan divididas, sobre todo en los niveles de representación política formal. Persiste la división, producto de la dinámica de generación estructural de las jerarquías necesarias en el ejercicio de gobierno de las Autoridades Principales, son parte del proceso de renovación de las instituciones comunales.

En la historia de la relación de las comunidades con los distintos gobiernos y en las condiciones sociales vigentes, la creación de la división al parecer es un elemento necesario de la política oficial, basada en la ausencia de la representación jurídica correspondiente, no se reconoce a las instituciones comunales la capacidad legal para establecer vínculos, para ello recurre a la creación de comités, figuras asociativas legales, organismos, programas y proyectos, con las atribuciones requeridas. Estos mecanismos de supuesto carácter operativo son el factor central en la división: disputan desde la legalidad las atribuciones de las autoridades comunales.

Por otro lado, se han incrementado los intentos de imponer a titulares de los cargos públicos, que atiendan intereses ajenos a la defensa de los recursos del territorio ancestral.

Las instituciones comunales, que constituyen un solo sistema político comunal, las podemos ubicar en dos grandes grupos. Las derivadas de los marcos legales de carácter nacional y las construidas por los integrantes de la organización comunal, generadas con base en las concepciones propias, del ejercicio de la autoridad, las leyes y legalidades del gobierno comunal. Los dos grupos, sin importar su origen, están subordinados a la máxima autoridad comunal, no dependen de la legislación nacional. Las actuales instituciones que constituyen al sistema político son resultado de la construcción, a veces de manera urgente, de instrumentos de defensa o requeridos por las relaciones con las respectivas instituciones del Estado nacional.

Cuando los cargos públicos formales corresponden con los de las Autoridades Principales y son acompañadas en los procesos de construcción de las decisiones por comuneros portadores de capacidades extraordinarias, se generan condiciones propicias para la defensa de las tierras y el territorio. En estas situaciones la importancia de la autonomía del sistema político comunal y de la legitimidad de sus instituciones crece en la medida de la necesidad de la defensa del territorio.

La cultura de la resistencia es un proceso nutrido de manera cotidiana con el objetivo de proteger a las instituciones comunales, a los responsables de realizar los trabajos encomendados y, en general, a todos los integrantes de la comunidad sin importar su jerarquía.