Velia Torres Corona
Doctorante, CIESAS Ciudad de México
Fuente: Imagen tomada del Facebook de la Escuela Normal Rural Mactumatzá FECSM (31 de mayo de 2021).
El pasado 18 de mayo del presente año, normalistas rurales de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, Chiapas, fueron desalojados por policías antimotines de la caseta que tenían “tomada”, en la autopista San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Esta acción formaba parte de la jornada de lucha que habían comenzado desde el 11 de mayo, cuyo fin era (y sigue siendo) hacer pública la convocatoria para nuevo ingreso a la escuela y lograr que el examen de admisión sea presencial y escrito, no en línea como planteó el gobierno del estado.
El saldo fue la detención de 74 mujeres y 19 hombres, acusados de los delitos de motín, pandillerismo, robo con violencia y ataques a las vías de comunicación. Sobra decir que dicha detención fue con lujo de violencia. Las detenidas denunciarían más tarde que, en su caso, hubo además agresiones sexuales como tocamientos y desnudamientos.
En las redes sociales, las condenas de la represión y el uso desproporcionado de la fuerza en contra de las y los normalistas fueron unánimes en ciertos sectores sociales: las demandas eran justas y legítimas, sobre todo porque las condiciones materiales y de conectividad de las comunidades rurales, campesinas e indígenas chiapanecas, comunidades de origen de la gran mayoría de las y los aspirantes, impiden el cumplimiento del requisito que el gobierno quiere imponer con el examen virtual.
Ante la presión de familiares de las y los detenidos junto con las acciones políticas de otros normalistas rurales del resto de las 15 Escuelas Normales Rurales (ENR) del país, así como las muestras de apoyo por parte de docentes, activistas, organizaciones sociales, académic@s y demás simpatizantes del movimiento normalista rural, se logró la liberación el domingo 23 de mayo, bajo libertad condicional, hay que decir, de las 74 mujeres, mientras que el martes 25 de mayo los 19 hombres detenidos fueron vinculados a proceso, en prisión preventiva por 45 días. Sin embargo, al cierre de esta nota, todavía el lunes 31 de mayo la policía volvió a “disuadir”, con gases lacrimógenos y balas de goma, una manifestación de normalistas y padres de familia de los 19 detenidos que se encontraban pidiendo la liberación de estos últimos. Es decir, la violencia por parte del gobierno chiapaneco continúa.
En redes sociales fue posible observar cómo los recuerdos y las referencias a la Noche de Iguala, con los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa desaparecidos, fue recurrente: en el uso de la fuerza, en las detenciones arbitrarias, en la violencia inusitada hacia estudiantes empobrecidos, racializados y criminalizados.
Sin embargo, si se realiza una mirada de largo aliento y procesual, tanto la detención de las y los alumnos de Mactumatzá, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa forma parte de una histórica agresión hacia estas escuelas por parte del Estado mexicano que, desde 1940, decidió eliminar de los planes de estudio la formación “rural” que daba al alumnado de las ENR existentes, justo en el marco del fin de la educación socialista y la desaparición de todo lo que tuviera que ver con el proyecto cardenista. De esta manera, el protagonista del proyecto educativo posrevolucionario, junto con las ENR como una de sus apuestas centrales, pasó a convertirse en un sujeto/a social criminalizado, desdeñado e invisibilizado de la política educativa.
Además, esta histórica agresión hacia las ENR se ha construido a partir de dos tipos de guerras: una más explícita y violenta, de “alta intensidad”, con un componente más agresivo en los últimos años (Hernández, 2013), donde la desaparición de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa y ahora la detención de las y los normalistas de Mactumatzá son puntos cúspide y mediáticamente visibles, pero que han sido consecutivos desde 1940: irrupción violenta en los internados por parte de autoridades estatales o federales, detenciones arbitrarias de autobuses en retenes de las autopistas federales o la icónica desaparición de casi la mitad de las ENR en 1969 con desalojos violentos por parte del ejército de las y los normalistas cuyas escuelas fueron cerradas.
La otra guerra, más velada pero igualmente violenta, puede llamarse de “baja intensidad”, porque alude a las condiciones precarias en las que se tienen a los internados como las raciones insuficientes de comida, la constante amenaza de desaparición de las ENR y la reducción de la matrícula de ingreso, así como la disminución del presupuesto económico para las mismas. Esta guerra de “baja intensidad” se encuentra relacionada, en los últimos años, con las políticas educativas de corte neoliberal que han obligado a los Estados a dejar de invertir en educación pública y así preparar el terreno para la privatización del sistema educativo. Para el caso específico de las Escuelas Normales, el hecho más evidente fue la escandalosa disminución en un 95% del presupuesto 2021 para estas escuelas (Carro, 2020; Roldán, 2020), lo cual fue duramente criticado por diferentes actores educativos y sociales y se resolvió con una reasignación de recursos de casi 150 millones de pesos más. Solución a medias y sumamente contradictoria de un gobierno que se “comprometió” a apoyar a las Normales en el discurso pero que en la práctica no dudó en someterlas a la austeridad republicana.
A la par de estas políticas educativas se encuentran las políticas anticampesinistas, antiagrícolas (Hernández, 2013), de “vaciamiento” de los territorios, estrangulamiento del campo y nuevas formas de despojo (políticas neoliberales neo-extractivistas y depredadoras), que han traído como consecuencia un abandono del campo, la disminución del ingreso del campesino, el incremento de la pobreza rural y el aumento de la migración hacia las ciudades, entre otras cosas. Políticas que han afectado a la población campesina e indígena, donde se encuentra el grueso de las y los aspirantes de las ENR, pero también que refrendan lo inviable y caduco, según la propia perspectiva del Estado, de un proyecto educativo que enarbole la formación para el campo y el campesino.
Estas características permiten sostener que, más que un abandono del proyecto político pedagógico del normalismo rural, como otros estudios han descrito (Civera, 2015; Bertely, 2015; Padilla, 2009), tendría que nombrarse como una estrategia de “ahogamiento” y debilitamiento intencional y deliberado de estas escuelas. Estrategia que no ha estado exenta de acciones de resistencia por parte de las y los normalistas rurales, donde el caso de las y los normalistas de Mactumatzá es un claro ejemplo, sino que también se ha implementado con especial ahínco y violencia inusitada en los estados donde las y los normalistas rurales cuentan con más arraigo comunitario, son cercanos a los problemas y necesidades sociales de los contextos, como lo es Guerrero, Oaxaca y Chiapas, precisamente.
Es decir, las y los normalistas rurales se vuelven sujetos/as criminalizados y racializados no sólo por la pobreza de sus contextos de origen, sino por el potencial político históricamente construido y acumulado durante años en aquellos contextos empobrecidos donde llegan a trabajar y desde donde construyen su base de apoyo. Una buena parte de este potencial, sin duda, se configura en su formación académica pero también política recibida en sus escuelas, que les permite constituirse como sujetos/as sociales y políticos potencialmente subversivos (González, 2021: comunicación personal). Por lo tanto, las acciones políticas y las protestas sociales, propias del movimiento normalista rural encabezado por la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM),[1] junto con las denuncias que realizan de los atropellos e injusticas sociales que organizaciones sociales han defendido y con las cuales se han solidarizado,[2] se vuelven argumentos para criminalizarlos. Es precisamente este poder real y concreto, visto ahora en el apoyo que organizaciones sociales y comunidades chiapanecas han dado a las y los normalistas de Mactumatzá, que vuelven a las y los normalistas enemigos/as del Estado.
En ese sentido, el caso de Mactumatzá y el tipo de respuesta desmedida y desproporcionada del gobierno de Chiapas que, dicho sea de paso, pertenece a la supuesta “transformación” de México, tiene que ser situado y leído en el marco de esta histórica agresión, desprestigio y criminalización de estas escuelas y su alumnado. Sólo de esta manera será posible comprender la legitimidad de sus demandas, casi todas históricas también, así como lo concreto y “real” de sus denuncias, ante la larga lista de los atropellos, por decir lo menos, que han experimentado a lo largo de estos años. Sólo así será posible entender la importancia de su lucha y la resistencia que han emprendido desde 1940 por el mantenimiento de sus escuelas que no sólo han sido “opciones de vida” (Civera, 2008) para hijos e hijas de la población campesina, rural, indígena o simplemente de sectores sociales que “viven al día”, como me comentó una normalista rural de Oaxaca, sino espacios de configuración de sujetos y sujetas políticas y sociales que responden, desde las aulas y desde la lucha social, ante las injusticias, lamentablemente también históricas, vividas y experimentadas en las comunidades rurales, campesinas e indígenas más recónditas del territorio mexicano.
Cierro así con una cita de una normalista rural de Oaxaca con la que pude platicar en 2019, como parte de mi investigación doctoral que desarrollo, en donde me comenta lo que ha sido la Normal Rural para ella y lo que ha “aprendido” en ésta:
“Sí nos abren un tanto los ojos a las problemáticas de la sociedad, es ahí donde cambió, donde digo ah bueno yo tengo derechos y debo exigirlos, y es donde empieza la lucha, sí nos volvemos unas mujeres muy luchadoras, muy… muy este… no sé, qué exigimos mucho, la verdad sí, y pues no me miraba así yo así exigiendo o apoyando otras organizaciones en sus problemas”.[3]
Bibliografía
Bertely Busquets, María (2015), “Breve historia de las Escuelas Normales Rurales en la conformación de subjetividades estudiantiles de base campesina. ¿Una manera de aparecer a los desaparecidos de Ayotzinapa?”, en Ichan Tecolotl, 25 (293): pp. 14-17.
Carro Nava, Abelardo (2020), “El presupuesto 2021 para las escuelas normales: ¿crónica de un desmantelamiento anunciado?”, Faro Educativo, Apunte de política núm. 20, INIDE de la UIA, México.
Civera Cerecedo, Alicia (2008), La escuela como opción de vida. La formación de maestros normalistas rurales en México, 1921-1945, El Colegio Mexiquense, Estado de México.Poner ciudad de publicación.
____________________ (2015), “Normales rurales. Historia mínima del olvido”, en Nexos. http://www.nexos.com.mx/?p=24304, consultado el 30 de junio de 2016. Consultado el 3 de abril de 2018.
González Apodaca, Erica Elena (2021), Comunicación personal.
Hernández Navarro, Luis (2013), No habrá recreo. Contra-reforma constitucional y desobediencia magisterial, México, Fundación Rosa Luxemburgo.
Roldán, Nayely (2020), “En 2021 castigarán a maestros: recortan 95% de presupuestos a normales y 49% a capacitación”, en Animal Político. https://www.animalpolitico.com/2020/09/2021-castigaran-maestros-recortan-a-normales-capacitacion/.
Padilla, Tanalis (2009), “Las normales rurales: historia y proyecto de nación”, en El Cotidiano, núm. 154, pp. 85-93.