El propósito de este texto es mostrar una faceta que ha quedado relativamente en el silencio en la literatura que aborda los procesos del despojo o desposesión. Esta literatura identifica a la desposesión como la etapa del neoliberalismo donde el capital en colusión con los Estados quita a los productores sus medios de subsistencia para convertirlos en trabajadorxs explotables, es decir, la llamada acumulación por desposesión a partir de la acumulación originaria (Harvey, 2005). La literatura es extensa y muy fructífera en estas discusiones (Navarro, 2021). Pero ¿qué ocurre en la cotidianidad de los procesos de despojo cuando lxs productorxs se movilizan para intentar detener la desposesión? ¿Cómo enfrentan estos desafíos especialmente en situaciones donde quienes se movilizan enfrentan a las mineras y a los Estados nacionales por medio de la judicialización? ¿Cómo se defienden y cómo enfrentan el poder del Estado a través de los juzgados federales? Las rutinas de la judicialización son centrales en el despojo porque los juzgados cuentan con un formato jurídico a través del cual los sujetos deben desahogar sus argumentos. Pero no solo es el formato sino las dinámicas de las múltiples instancias que intervienen en la demostración de las evidencias en el proceso judicial. Y aunque existe lo que la literatura denomina el uso contrahegemónico del derecho (Aragón 2013) este uso contencioso en el caso que expongo aquí pasa de todas maneras por las instancias judiciales cuyas decisiones y procedimientos en la aplicación de la justicia suelen estar fuera del alcance de las comunidades quejosas. Estos procedimientos, rutinas, burocracias y decisiones son cruciales en el desenlace judicial de los procesos de despojo.