Efrén Sandoval Hernández
CIESAS Unidad Noreste

La agenda de la antropología entre lo legal y lo ilegal consiste en la indagación no de prácticas ilegales sino ilegalizadas, no en la descripción de hechos jurídicamente juzgados como ilícitos sino en la explicación a través de ellos de “tecnologías de poder” (dispositivos) (Foucault, 2009) que procuran la producción de un único orden social en “un mundo… alterado y redefinido por las formas contemporáneas de producción y circulación de riquezas” (Telles, 2009: 156). Al cumplir con tal agenda, la antropología entre lo legal y lo ilegal critica la construcción social de un “debate público” reproducido también entre los cientistas sociales, dominado por una perspectiva estadocéntrica y etnocéntrica (Machado, 2010), que evade la mirada profunda hacia los conflictos de clase; que criminaliza a ciertas poblaciones sobre las que aplica evaluaciones morales y normativas que las sujetan (Foucault, 2009); que reduce los marcos interpretativos a una relación binaria entre lo bueno y lo malo, entre lo legal y lo ilegal, entre la norma y la anomia, entre lo catequizado y lo desviado; y que se olvida de los sentidos dados por los individuos a sus acciones, asunto este que es la verdadera inquietud de una perspectiva científico-social.

Parafraseando a Machado (2018: 494), una pregunta central para la antropología entre lo legal y lo ilegal es: ¿Cuáles son los sentidos, los motivos, las orientaciones subjetivas y las referencias normativas a partir de las cuales, o con las cuales, ciertos individuos realizan las acciones que socialmente son representadas como ilegales? Y otra pregunta igual de pertinente, esta vez tomada del análisis de Misse (2010: 26), es la siguiente: ¿Cuál es la acusación sugerida, la reacción pretendida (muchas veces oculta), la posición (frecuentemente no asumida) y la trampa analítica ejercida cuando usamos la categoría ilegal para describir una situación socialmente representada? Para Machado (2018: 493), la trampa analítica que inevitablemente lleva una posición y con ella una reacción y una acusación, estriba en que “las conductas en cuestión”, es decir, las conductas “ilegales”, sistemáticamente “pasan a ser comprendidas en términos de las reglas violadas, y no en términos del sentido construido” por quienes las ejecutan. De ahí la relevancia del aspecto crítico de la antropología entre lo legal y lo ilegal.

Analizar tal “sentido” debe partir de aceptar que en realidad no hay uno sino muchos sentidos legitimados en el marco de valores, referencias y códigos normativos también distintos, y que por tanto el sentido de la ley o el Estado no es ni el único ni el más importante a la perspectiva de los sujetos. Esta es una de las premisas de la antropología entre lo legal y lo ilegal, la cual se traduce en el análisis de, para seguir a Telles (2009), las porosidades, los tránsitos en múltiples sentidos (y a veces sin sentidos), las oscilaciones, la revoltura, los intermediarismos, las tramas, los circuitos, los tráficos, las capilaridades, las sociabilidades, las desigualdades, las jerarquizaciones, es decir, las moralidades.

Los textos que integran este número del Ichan Tecolotl dan cuenta de algunas de las reflexiones, abordajes y metodologías que componen la perspectiva general de la antropología entre lo legal y lo ilegal. Los dos primeros trabajos lo hacen de manera teórica, sea reflexionando sobre la fuerza política de las tecnologías del poder interesadas por el control del monopolio de la violencia (artículo de Vivanco), sea enfatizando la importancia de descentralizar la mirada estadocéntrica (artículo de Biondi).

La mayoría de los textos remiten a casos empíricos, y su diversidad aboga por la pertinencia del análisis entre lo legal y lo ilegal. Así, en sus trabajos, Martens y Sandoval se interesan por mostrar las diferentes moralidades implicadas en la elaboración de prácticas jurídicamente catalogadas como ilegales, y desarrolladas conjuntamente por agentes tanto estatales como civiles. Martens lo hace a partir del caso del cultivo de marihuana en la región oriental de Paraguay, y Sandoval a partir del caso de un comerciante de piratería en el centro de Monterrey.

Por su parte, Pimentel et al., muestran la articulación, no casual, entre economías legales e ilegales a partir del caso del robo de autos en Sao Paulo, Brasil. Siguiendo los casos de jóvenes dedicados al robo de auto, y de propietarios de vehículos víctimas de robo, demuestran cómo las compañías aseguradoras, de investigación y de subastas, se enriquecen mientras se conforman nuevos tipos de desigualdades y jerarquías en cuya posición más baja están los jóvenes negros de las favelas brasileñas. Por su parte, Segura también muestra la jerarquización del trabajo en las economías ilegales, y el papel “desechable” que en ello tienen niños y jóvenes que participan del tráfico de drogas en la frontera de México con Estados Unidos.

Trujillo y Sánchez también analizan aspectos propios de economías ilegales que se articulan con otras supuestamente legales en las capitales latinoamericanas. Trujillo analiza el uso que de la ley se hace para beneficiar a poderes políticos y económicos concentrados en el contubernio entre empresas inmobiliarias y agentes del Estado (funcionarios, diputados, etc.), en perjuicio de la ciudadanía en la ciudad de México. Por su parte, Sánchez se pregunta sobre las nuevas estrategias que los intermediarios del mercado bonaerense de dólares y cheques en blue, han debido desarrollar en el marco de la pandemia para poder dar continuidad a sus actividades, las cuales fuerzan a la interacción cara a cara y al paso “de mano en mano” de tales documentos y dinero.

Con su trabajo, Sánchez abre paso a dos textos más que también se interesan por lo sucedido con ciertas prácticas de sujeción, discriminación y uso de la ley, en el contexto de la pandemia causada por el coronavirus. En ese marco, Perelman y Pires se preguntan sobre las implicaciones de la pandemia en la economía y la práctica de la venta ambulante en Buenos Aires y Sao Paulo, y dejan en claro que esa situación ha traído consecuencias críticas para ciertas poblaciones que además de lidiar con un contexto de amenaza a su salud, lo hacen también con dispositivos sociales y legales que se aplican en su contra. Algo similar es demostrado también por Serna, esta vez para el caso de los “vagoneros” del sistema colectivo Metro de la Ciudad de México, víctimas de las contradicciones legales que abren espacio a prácticas de corrupción y abuso por parte de diferentes agentes de vigilancia.

Finalmente, Rossal et al., comparten un artículo esperanzador al mostrar el caso del “Colectivo Ni Todo está Perdido” (Nitep), constituido por personas en situación de calle en Montevideo, quienes, gracias a la organización y la solidaridad, han podido gestionar y emprender actividades que los saquen de la posición en que sociedad y Estado los sujetan cotidianamente.

Así pues, invito al público del Ichan a dar lectura a estos artículos que, desde puntos diversos, convergen en eso a lo que hemos venido llamando, ya desde hace algún tiempo, como Antropología entre lo legal y lo ilegal.

Bibliografía

Foucault, Michel (2009), Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, México, Siglo XXI.

Machado da Silva, Luiz Antonio (2010), “‘Violência urbana’, segurança pública e favelas -o caso do Rio de Janeiro atual”, em Caderno CRH, vol. 23, núm. 59, pp. 283-300.

———————– (2018) “Sociabilidad violenta: por una interpretación de la criminalidad en el Brasil Urbano”, em Brenda Brigel y Antonio Brasil (coords.), Antología del pensamiento crítico brasileño contemporáneo, Buenos Aires, CLACSO, pp. 483-508.

Misse, Michel (2010), “La acumulación social de la violencia en Río de Janeiro y en Brasil: algunas reflexiones”, em Co-herencia, vol. 7, núm. 13:, pp. 19-40.

Telles, Vera da Silva (2009), “Ilegalismos urbanos e a cidade”, em Novos Estudios, vol. 84, número de Julio, pp. 153-173.