Indígenas en reclusión: un estudio exploratorio

Regina Martínez Casas
CIESAS Ciudad de México


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En junio de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le encomendó al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) un estudio sobre las condiciones en las que personas indígenas en reclusión experimentaron su proceso de detención y su proceso penal. El equipo de investigación para desarrollar el estudio se integró por antropólogos, lingüistas, abogados y politólogos expertos en derechos humanos, diversidad lingüística y cultural, así como intérpretes certificados hablantes de varias de las lenguas en las que condujimos las entrevistas que formaron parte del componente etnográfico. Dicho equipo fue encabezado por Regina Martínez Casas, Iván Ricardo Pérez Vitela, Rolando Hernández Domínguez y María Almendra Rojas Rodríguez. Además colaboraron en el trabajo de campo Jorge Andrade, Alfonso Cóyotl Velázquez, Eusebia Severiano García y Manuel Bautista Medina. Parte del equipo se incorporaría unos meses más tarde al Gabinete Nanginá como parte de las propuestas para realizar investigación aplicada a favor de las personas hablantes de lenguas indígneas. El proyecto de investigación inició en septiembre, fecha en la que se tenía programado el trabajo de campo; sin embargo, derivado de los sismos que ocurrieron ese mismo mes, nos obligó a recalendarizar y ajustar el trabajo de campo que finalizó en diciembre de 2017.

El objetivo principal del trabajo fue documentar las condiciones en las que llegan las personas hablantes de lengua indígena a reclusorios estatales (CERESOS) y el impacto que tiene su encarcelamiento en ellos y sus familias. En particular, interesaba conocer la información que tienen sobre su proceso, el tipo de delito por el que fueron condenados y si contaron con apoyo de intérpretes durante el mismo; es decir, si se cumplió con lo que se señala en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada hace ya 19 años. También buscamos indagar sobre las diferencias regionales y de género en este sector de la población en reclusión y la percepción del personal de los reclusorios, algunos juzgadores, intérpretes en lenguas indígenas mexicanas y familiares de las personas en reclusión que tuvieran como condición ser hablantes de alguna lengua indígena mexicana.

Para atender nuestros objetivos se realizaron 95 entrevistas a personas indígenas (14 en proceso penal y 81 sentenciadas) en cinco CERESOS. De ellas, 13 se realizaron con mujeres y 82 con hombres. Del total de las entrevistas, el 29% se realizó en la lengua materna de los entrevistados. Igualmente se realizaron 15 entrevistas con personal de los reclusorios, juzgadores, intérpretes y familiares de algunas de las personas que generosamente nos permitieron conocer sus casos y sus historias de vida a sabiendas de que el objetivo de la investigación no permitía actuar a favor suyo. Resultó un gran desafío realizar este trabajo pues se trata de un tema que refleja la acumulación de desventajas de uno de los sectores más discriminado del país, además de que las condiciones de trabajo en los CERESOS es difícil para todos los actores involucrados.

Los CERESOS en los que se realizó la investigación se encuentran en la Ciudad de México, Chihuahua, Puebla y Michoacán. Los criterios para la selección de nuestro universo de trabajo se tomaron con base en la información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de la Secretaria de Gobernación, quien informaba que hasta abril de 2017 la población indígena contabilizada en estos Centros de Reinserción era la siguiente:

    • Chihuahua: 388 personas, ocupando el séptimo sitio con mayor población a nivel nacional.
    • Ciudad de México: 462 personas, ocupando el sexto lugar con mayor población a nivel nacional.
    • Michoacán: 150 personas, ocupando el lugar número catorce a nivel nacional.
    • Puebla: 783 personas, ocupando el tercer sitio con mayor población a nivel nacional.

Como parte de esta investigación documentamos de manera detallada el tiempo que transcurre entre la detención de las personas y su sentencia y encontramos que alrededor del 20% de las personas entrevistadas tenían más de cinco años en reclusión sin un fallo definitivo de un juzgado. También encontramos que 30% de ellas no conocen el delito del cual se les acusa y que no habían tenido contacto con su defensor de oficio, ni sus familias pueden financiar un abogado privado. Sobre la posibilidad que tienen de contar con el apoyo de la entonces Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), más de la mitad dijeron desconocer su programa de apoyo a personas que enfrentan procesos judiciales y también desconocían su derecho a contar con un intérprete certificado por el INALI. El 72% mencionó haber sufrido violencia durante su detención y todos señalaron episodios de maltrato dentro del CERESO o en el juzgado.

Entre los principales hallazgos de nuestro trabajo está que las personas integrantes de los pueblos indígenas en México son cotidianamente víctimas de discriminación en tres dimensiones. La primera es la interpersonal, que se materializa como maltrato en las relaciones cara a cara con personas que las consideran inferiores. Esto se ve en la relación que establecen con otras personas en reclusión, pero también con el personal de juzgados y reclusorios. También son víctimas de discriminación institucional en los diferentes espacios de los centros de reinserción social al negárseles derechos que se encuentran consignados en el marco legal nacional, como sería el contar con defensores de oficio que les informen sobre la situación de sus expedientes y con intérpretes certificados durantes sus procesos judiciales. Finalmente, sufren discriminación estructural por las condiciones de exclusión social que los ubican dentro del sector de pobreza extrema del país.

Esto también implica que de manera sistemática se violen sus derechos humanos tanto a nivel individual como colectivo. Tal es el caso de los derechos culturales entre los que destacan los derechos lingüísticos que fueron reconocidos a nivel constitucional desde principios del siglo XXI. Esta continua violación forma también parte de la discriminación estructural que afecta la vida de las personas y las comunidades, además de que las coloca en situaciones en las que su condición étnica desencadena una serie de desventajas que les impiden el acceso pleno a su condición ciudadana.

El Estado Mexicano ha desarrollado un extenso marco normativo y de políticas públicas dirigidas a contrarrestar la discriminación, a garantizar el pleno cumplimiento de los derechos humanos y a reducir la brecha de desigualdad que afecta a los pueblos indígenas. Sin embargo, observamos que en la práctica existe un abismo entre el marco normativo y las prácticas institucionales. Un buen ejemplo son los diversos programas que buscan atender los derechos lingüísticos de indígenas sujetos a procesos penales. Dichos programas cuentan con poco presupuesto, tienen una débil infraestructura, escasa difusión, además de personal poco capacitado, lo que impide que impacten de manera positiva a sus potenciales destinatarios. Esto incluye a las personas indígenas que se encuentran sometidas a proceso o purgan condenas en centros de reinserción social, estatales y federales. Como ya señalamos, esta investigación centró su mirada en CERESOS, ya que según la ENPOL realizada por el INEGI en 2016, la mayoría de las personas indígenas en reclusión se encuentran en penales estatales, sin embargo varias de las personas entrevistadas se encontraban sentenciadas por delitos del fuero federal y de manera generalizada encontramos violaciones al debido proceso por no haber contado con la asistencia o asesoría de defensores de oficio debidamente capacitados e intérpretes profesionalizados que cuenten con herramientas que apoyen los casos de personas que no hablan español como primera lengua.

En términos generales, encontramos que la población indígena en reclusión –así como sus familias– se encuentran en peores condiciones económicas, con niveles de calidad de vida muy por debajo del resto de la población indígena. Es decir, el fenómeno de la prisión y la asociación con hechos delictivos arrastra a este sector hacia una marginación mayor que la que sufren otros indígenas. Esto se refleja en abandono por parte de las redes tradicionales de apoyo familiar o comunitario, así como en la imposibilidad de proporcionar asesoría legal especializada. De las 95 personas entrevistadas, ninguna contó con el adecuado seguimiento legal.

También nos preocupó el tema de las visitas familiares. Más de la mitad de nuestros entrevistados reciben pocas o ninguna visita por parte de sus familias. Esto se encuentra especialmente agravado para el caso de las mujeres y en las personas entrevistadas en Chihuahua, a pesar de los esfuerzos que realizan algunos de los CERESOS para propiciar los vínculos entre los internos y sus redes de apoyo, como pudimos constatar durante el trabajo de campo.

Ninguna de las mujeres entrevistadas recibía visitas regulares de sus familias y en el CERESO donde realizamos entrevistas, ubicado en el estado de Chihuahua, sólo el 20% de las personas indígenas contaba con algún tipo de acompañamiento familiar debido a la lejanía de las comunidades de donde provienen y el costo de los traslados. Esto repercute no sólo en el estado anímico de las personas, sino también en su perspectiva de futuro. Varias mujeres nos comentaron que al concluir su sentencia no tendrían un lugar al cual regresar pues sus familias ya no querían tener algún contacto con ellas.

Es importante mencionar que las experiencias de discriminación más frecuentemente mencionadas en las entrevistas giran alrededor de la condición lingüística de los internos y de su falta de recursos económicos. De los cinco penales visitados, en tres se cobra el llamado pase de lista, que implica que los internos paguen una cuota diaria o semanal para evitar sanciones. Esto confirma los hallazgos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 realizado por la CNDH.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha realizado ya planteamientos sobre el problema de la falta de asistencia de intérpretes y abogados de oficio que auxilien a los indígenas en reclusión a comprender en sus propias lenguas el desarrollo del proceso penal. Esta investigación buscó abonar en dicha dirección mostrando con una combinación de información cuantitativa con base en la ENPOL 2016 y las entrevistas conducidas por nuestro equipo, complementadas con estudios de caso de corte etnográfico, con la finalidad de mostrar la gravedad de las carencias que enfrentan las personas indígenas durante su detención y reclusión.

Para contrarrestar esta situación consideramos que el Poder Judicial tendría que jugar un papel más activo para la creación de equipos de intérpretes, traductores, peritos y defensores especializados con amplios conocimientos sobre las particularidades de cada uno de los pueblos indígenas de nuestro país. Asimismo, se deben desarrollar protocolos y guías de acción para asegurar una adecuada intervención de intérpretes y traductores en los procedimientos y procesos jurisdiccionales en materia penal.

De igual forma se debe contar con presupuestos suficientes y eficientes que hagan posible la construcción de estos equipos de apoyo legal. Los diferentes órdenes de gobierno deben de garantizar presupuestos destinados a la atención y asistencia de las personas indígenas en reclusión. Los programas actuales están muy limitados y no abarcan a la población indígena penitenciaria en su conjunto, a pesar de que ha habido mejoras con el tránsito del CDI al INPI. Sin embargo, el continuo adelgazamiento presupuestal del INALI ha repercutido en la conformación de redes de intérpretes y lo que encontramos en el trabajo de campo es que muchos de ellos trabajan sin recibir pago alguno y con poco apoyo institucional. Para ello se han creado redes de intérpretes en diferentes estados y ciudades, especialmente en la Ciudad de México, donde pudimos trabajar con dos de ellas.

También encontramos que existen esfuerzos focalizados en algunas entidades de la república y a nivel federal, pero la mayoría de estos programas se encuentran sin coordinación, además de que no generan redes con las organizaciones de la sociedad civil interesadas en proporcionar apoyo legal a las personas indígenas que están involucradas en procesos judiciales o con los colectivos de intérpretes antes señalados. Las propias organizaciones de intérpretes y traductores manifiestan esta falta de coordinación entre ellas y las instituciones del Estado, que se traduce en esfuerzos poco efectivos y en experiencias frustrantes para todos los involucrados.

Consideramos que también se requiere de programas de educación, capacitación y sensibilización de todas las autoridades (policías, ministerios públicos, defensores de oficio y jueces) respecto a la diversidad cultural en México, así como la obligación legal de garantizar el debido acceso a la justicia en la lengua indígena de las personas imputadas. A pesar de que existe ya un protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014, en la práctica el sistema de impartición de justicia carece de mecanismos para implementarlo y en las entrevistas que realizamos mostraron que el personal de los juzgados lo desconoce.

Otra propuesta para una adecuada atención implica la publicación de códigos, leyes, reglamentos y políticas públicas en las lenguas indígenas. Se podría iniciar con las lenguas con más presencia en los centros de reclusión del país, así como con programas de alfabetización en dichas lenguas dentro de los penales. Encontramos que muchos de los internos se alfabetizan y escolarizan como parte de sus actividades para la reinserción social, sin embargo, son pocos los que encuentran espacios para mejorar competencias lingüísticas en sus lenguas originarias y aprovecharlas para presentar sus argumentos frente a los juzgadores. No obstante, encontramos importantes esfuerzos del INEA y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para mejorar la trayectoria educativa de las personas en reclusión como un mecanismo para su posterior reinserción social.

Desde el Gabinete Nanginá hemos buscado contribuir al acompañamiento de algunas de las redes de intérpretes que existen, especialmente en la Ciudad de México. A partir de 2018 se han impartido talleres para fortalecer sus herramientas de trabajo con bases lingüísticas y legales para un mejor ejercicio de su quehacer en los juzgados, pero sabemos que estos esfuerzos son todavía incipientes y que requieren una mejor coordinación con otros actores que complementen la formación lingüística que podemos proporcionar desde ese espacio.

Los hallazgos aquí presentados son una muestra de que todavía tenemos grandes desafíos que enfrentar para combatir la discriminación que atenta contra el pleno cumplimento de los derechos humanos de todos los mexicanos, en especial de aquellos históricamente discriminados. Este tipo de investigaciones contribuyen a realizar diagnósticos que buscan generar el fortalecimiento de las labores de la CNDH pero también ponen en evidencia la necesidad de conocer de manera más profunda las problemáticas que atentan contra los derechos humanos y la dignidad de las personas. Los resultados completos de la investigación se encuentran disponibles en la página de publicaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.