Ilegalismos, Covid y prácticas de aislamiento en Buenos Aires y Río de Janeiro

 

Mariano Perelman*[1] y Lenin Pires**[2]


Fuente: Pixabay.


Una pandemia es un hecho social total y global. Pero esto no quiere decir que ni sus efectos ni sus sentidos sean sólo globales. Una pandemia ocurre cuando un brote epidémico afecta a regiones geográficas extensas (varios continentes) y a grandes sectores de la población.

El virus, podemos pensar, no es un hecho social. Tiene “vida”, es cierto, por fuera de los procesos sociales. Pero surge en condiciones sociales que ponen en contacto agentes (de la naturaleza) que de otra forma no podrían ocurrir. Además, afecta de forma desigual a los grupos sociales. Las acciones que se toman, los debates y las controversias que ocurren son eminentemente sociales y locales. Decimos locales porque más allá de que una misma acción pueda ser tomada en diferentes lugares (como, por ejemplo, el decretar aislamientos), los efectos y las formas de lidiar y negociar con la norma son diferentes.

El respeto a la cuarentena y su incumplimiento, por ejemplo, no son acciones que se opongan abstractamente, sino posibilidades que dependen de situaciones concretas, contextos ecológicos situados y, sobre todo, de saberes y moralidades implícitas con altos niveles de regularidad. Coincidimos con Cueto y Viotti (2020), quienes plantean para el caso argentino, analizando el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), que hay algo más que “un tipo de interpretación que polariza el respeto a la norma oficial en dos: quienes respetan el ASPO, que serían parte del bien común democrático; y los que la rompen, que encarnaría un tipo de individualismo radical”. Para el caso brasileño, mirar a los distintos regímenes de distanciamiento y pensar la propuesta de Campos y Lima (2021) acerca de verticalidad de la ciudadanía, puede resultar verosímil para analizar simultáneamente lo que denominamos regímenes ideológicos, regímenes afectivos, y regímenes utilitarios. El análisis muestra que todos ellos se despliegan sobre la vida cotidiana, produciendo tramas de realidad, moralidad y justicia más amplias y extensas o más íntimas y condensadas.

De ese modo podemos lograr una interpretación alternativa a las miradas que identifican posiciones ideológicas abstractas o colectivos como parte de grupos corporativos previamente definidos como los únicos polos de tensión en relación con el acatamiento o el rechazo de la norma oficial, cuando las hay; el modelo de regímenes de involucramiento plurales nos permite tener una mirada más realista sobre las justificaciones que están en juego en torno al acatamiento o evasión del ASPO, en Argentina, o el rechazo a las ideas de distanciamiento, o el mismo lockdown, en Brasil. Hay un fenómeno crucial que hace a estas relaciones entre normas explícitas y normas implícitas bajo la cuarentena de la Covid-19: el Estado. No deberíamos entender sólo abstractamente las políticas públicas. En este sentido, nos interesa avanzar en mostrar los modos en que se generaron nuevas negociaciones (e ilegalismos) dentro de esas sociedades a partir de sus mercados y con las personas que viven de actividades (i)legales. Nos interesa, más específicamente, aquellos que involucran a los mercados llamados informales, alternativos, entre otras formas de nombrarlos. Como es sabido, en diferentes partes del planeta (tanto en el “Norte” como en el “Sur”), estos mercados ‒entendidos tanto en su vertiente material como simbólica‒ se estructuran de distintos modos. Nos interesa pensar cómo la pandemia (esto es el virus, las normas, sus efectos y las negociaciones) puede haber afectado a los vendedores ambulantes en las regiones metropolitanas de Río de Janeiro y Buenos Aires. Ello implica entonces centrarse, sobre todo, en las cuestiones políticas, pero también sociales. Además de las expresiones (i)legales que se han observado en un lugar y en el otro, ello involucra comprender los distintos modos de conjugar la necesidad de existir de la gente y cómo, al final, fue posible para las personas lidiar con las dificultades impuestas por el contexto pandémico.

La comparación entre Río de Janeiro y Buenos Aires resulta iluminadora en varios sentidos. Por una parte, porque las medidas tomadas por los gobiernos nacionales de los dos países federales han sido las opuestas. Por otra, porque las dos sociedades, por el lugar que ocupa el derecho en términos de referente de las acciones de los actores sociales, son distintas.

Para entender la(s) pandemia(s) debemos atender a la interfaz entre los procesos globales, nacionales y locales. No sólo por las posibilidades de los Estados de actuar y gestionar acciones en torno al “virus”, sino porque esas políticas tienen sentidos locales en función de arenas legítimas históricas y contextuales. Es a partir de aquí que podemos entender la existencia de esas multiplicidades de maneras de vivir la pandemia (Perelman, 2020), de negociar, así como las soluciones que se esgrimen ante el virus. La comparación, entonces, nos permite echar luz sobre estas formas locales.

Argentina y Brasil: dos modos de administrar la Pandemia

En Argentina, el gobierno nacional optó por una cuarentena estricta como estrategia para evitar los contagios y la propagación del virus. El 19 de marzo de 2020 se decretó que a partir de las 0:00 hrs. del día siguiente habría confinamiento obligatorio en todo el país. La medida obligaba a todxs lxs habitantes de la República Argentina a aislarse en el lugar que se encontraran en el momento en que comenzara a regir la medida. Esta medida fue tomada cuando se habían registrado 128 casos positivos, de los cuales el 80% eran considerados “casos importados” ‒es decir, personas que se habían infectado fuera de la Argentina‒ y los restantes tributarios de contactos cercanos. Además, se habían registrado tres muertes. El aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) preveía una serie de “excepciones” para el personal de salud, funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, trabajadores de los sectores de alimentos, medicamentos y transporte. También contemplaba que los negocios de cercanía se mantuvieran abiertos para garantizar el aprovisionamiento de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. La “cuarentena” se fue extendiendo a través de diferentes “fases” en función del tiempo de duplicación de los contagios. El paso del tiempo generó cierto “relajamiento” en los comportamientos sociales en relación con la norma. Recién en noviembre de 2020 (Decreto de Necesidad y Urgencia 875/2020), el presidente decretó el paso de ASPO a DISPO (Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, que marcaba, entre otras cosas, el fin de la prohibición de circulación) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El gobierno nacional fue marcando los límites de lo posible en torno a las acciones de los gobiernos locales que debían adaptarse a la norma general. Estas acciones de aislamiento fueron acompañadas por una serie de políticas ‒insuficientes‒ tendientes a contener la crisis social y política que la pandemia estaba causando.

Si bien en las primeras semanas el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ‒con Rodríguez Larreta del Pro a la cabeza‒, tendió a implementar medidas conjuntas con el gobierno nacional y de la Provincia de Buenos Aires, luego pese a “acatar” la política nacional, se mostró en contra de las restricciones, a veces alegando que iban en contra de la “libertad”, otras veces, de la economía. El gobierno nacional tendió a generar una serie de políticas en pos de mitigar el impacto del Aislamiento. El 23 de marzo de 2020, a través del Decreto 310/20201, se creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una prestación destinada a aquellos sectores más vulnerables de la población. El IFE se liquidaba vía la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). También se aumentaron los montos de algunos planes sociales y de prestaciones. Además, el Estado se hizo cargo de parte de los salarios de los trabajadores formales, prorrogó los vencimientos de créditos, congeló tarifas, entre otros.

La política de aislamiento tuvo un gran alcance. Como mostramos en otro lugar (Di Virgilio y Perelman 2020), la consigna “quédate en casa” provocó un efecto inmediato en la fisonomía y en las prácticas de urbanidad porteñas.[3] En pocos días la “movilidad” se redujo casi un 90%.[4] Con el tiempo, las medidas de control, los permisos para circular, así como la relajación social fueron cambiando. Sin embargo, para fines de octubre de 2020, los pasajeros del transporte público seguían muy por debajo de los registros anteriores a la cuarentena: 60% menos en colectivos; 81% en trenes; 71% en subte. La fisonomía urbana se modificó en tanto las medidas buscaban desincentivar (cuando no prohibir) la circulación de grupos sociales. A la desolación provocada por la inmovilidad, se agregaba aquella provocada por sus consecuencias económicas. La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba) estimaba que durante el aislamiento preventivo y obligatorio estricto las pequeñas y medianas empresas facturaron entre un 20% y un 30% de lo que facturaba en 2019. Asimismo, proyectaban que el 22% de los comercios no volverían a abrir sus puertas (Defensoría del Pueblo, 23/07/2020). Asimismo, durante la cuarentena estricta los grandes centros comerciales en Buenos Aires permanecieron cerrados. La vida comercial sólo ocurría en los centros comerciales a cielo abierto de los barrios porteños y, por mucho tiempo, tras las bambalinas de las persianas bajas.

En Brasil, por otra parte, no hubo una política centralizada para enfrentar la pandemia. Antes bien, fue al revés. El Gobierno Federal ha actuado todo el tiempo negando la gravedad de la situación, desestimulando el uso de máscaras o la práctica del distanciamiento físico. Durante meses ha destilado sospecha hacia las vacunas y no tomó las medidas necesarias para fortalecer el sistema de salud. El presidente Bolsonaro puso en su gobierno cientos de militares que actúan en los ministerios sin la necesaria calificación y quedó buena parte de su mandato amenazando el llamado “autogolpe”, donde suena con poderes ilimitados. Así, el gobierno federal no ha ocupado un lugar de liderazgo en el enfrentamiento a la Covid-19 y, por razones electorales anticipadas (2022), acusa a los gobernadores que tomaron medidas sanitarias ante la situación.

Sin embargo, el hecho es que el distanciamiento no ha sido obligatorio en ningún lado o momento. Salvo en una u otra ciudad, donde los intendentes impusieron reglas más estrictas y tuvieron que enfrentarse a los molestos apoyadores del presidente que reproducían sus palabras y acciones. Parte de la sociedad, bajo las orientaciones de la Agencia de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), ha acatado el aislamiento social. Sin embargo, en sentido estricto ello no ha sido por más de tres meses, ya sea por razones de trabajo, salud o cansancio. Aunque las escuelas públicas se han mantenidas cerradas la mayor parte del tiempo, eso no pasó con las privadas. Los comercios, los shoppings, los bares y restaurantes por algún tiempo tuvieron poco movimiento. Ello se debió mucho más a la actitud del público que, insistimos, nunca dejó de circular totalmente. Del mismo modo, los empleados domésticos no se quedaron por mucho tiempo en casa. La presión social por la circulación siempre fue muy fuerte. Es posible que por todo eso la segunda ola llegó mucho más temprano a Brasil, creando incluso una variación propia del virus.

El “auxílio

Un aspecto muy interesante entre los brasileños es que, desde los primeros momentos, diferentes sectores buscaron defender los “derechos” de existir de los informales. Durante los primeros días de la Pandemia, en marzo y abril, se multiplicaron los protectores y defensores de la “informalidad”. Eso ha creado la posibilidad de existencia de un auxilio emergente que costó algunos miles de millones de reales.

En la mayoría de las ciudades y regiones del país no hubo una política para lidiar con la inusitada situación. En las primeras semanas de la Pandemia la presión de la situación de los desempleados y de los llamados “informales” impulsó sectores de la política nacional en el Congreso a imponer al gobierno de Bolsonaro ‒en particular al ministro ultraliberal Paulo Guedes‒ la aprobación de un auxilio emergencial de seiscientos reales por tres meses, entre abril y junio de 2020. El auxílio como fue llamado, fue objeto de la Ley 13.982/2020 y tenía como principal objetivo atender a los vendedores ambulantes, feriantes u otros trabajadores informales. El candidato al auxilio debería tener más de dieciocho años, no tener empleos ni otra forma de ingreso formal.

Al principio el gobierno federal propugnó un valor menor ‒doscientos reales‒ y achicar lo máximo posible la receptación de los recursos, dirigiendo los mismos sólo a aquellos que estaban listados en un Cadastro Único (CadÚnico) sobre el que se basan muchas políticas de asistencia social en Brasil. La presión, sin embargo, permitió que hubiera nuevas inscripciones en una página creada con ese fin específico. Gracias a ese movimiento político, involucrando representaciones sociales, partidos de oposición, iglesias de las más diferentes matrices religiosas, entre otros actores, fue posible haber una política emergencial, por un corto espacio de tiempo.

El discurso que lo tornó posible vehiculizaba la idea de que las personas deberían aislarse para bajar los efectos de la Pandemia. Sin embargo, eso no sucedió. Incluso con el auxilio emergencial, nunca hubo lockdown restricto en Brasil.

Un Río de oportunidades

No hay espacio para hablar de la fuerte crisis política en Río de Janeiro, donde el gobernador fue sobreseído acusado de desviación de plata para tratar el Covid-19 y, por ser año electoral, de importantes cambios en el manejo de la capital. Pero adelantamos que todo eso impactó muy fuertemente la llamada “informalidad”.

En el Estado de Río, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), hay 3 millones de personas que viven del “trabajo en negro”. Entre ellos, miles de vendedores ambulantes. En la ciudad de Río de Janeiro, la capital, hay solamente 60 mil regularizados, pero el Movimiento Único de los Comerciantes Ambulantes (MUCA) calcula que hay, por lo menos, 5 veces más. Es comprensible que la posibilidad de acceder al auxilio de emergencia se haya transformado en un alivio social, no obstante, muchos trabajadores tuvieron dificultades para colocarse en condiciones de ser blanco de esa política pública. Sobre todo por la necesidad de tramitarlo por internet, entre otras requisiciones prácticas que debían ser hechas a distancia. Esto hizo que mucha gente, en un año electoral, asistiera a los necesitados, transformándose el auxilio en una moneda de troca política.

El hecho es que con el auxílio se han verificado varias cosas. En términos comportamentales, hubo gente que no debería tener acceso al mismo, pero lo hizo. Gente de clase media, con plata, incluso. Eso porque, en términos normativos, alcanzaba que no tuviera ingreso oficial. Ello fue criticado, pero no ha generado ningún juicio o trámite administrativo para su devolución. Siquiera un fuerte rechazo social. En términos políticos, aun y con el presidente Bolsonaro en contra de la política, la movilización de su red de apoyo le permitió aumentar su aceptación popular en varios municipios. además, partidos de izquierda fueron apoyados por los movimientos sociales ampliando sus representaciones en la Cámara de Concejales.

Hubo, por así decir, una ampliación momentánea del concepto de “informalidad” frente a la episódica aceptación social de esa condición. No obstante, en todos los momentos que para controlar la pandemia se hizo necesario restringir los movimientos, la acción de la policía o de las guardias urbanas se desplegaron sobre los ambulantes. Ellos fueron tomados como chivo expiatorio para el bien o para el mal.

Ilegalismos y negociaciones en Buenos Aires

Como dijimos, en Argentina la “norma” fue la prohibición del movimiento. Esto afectó de forma considerable a los sectores populares que viven de/en actividades informales que vieron desaparecer su fuente de trabajo. Ellos se encontraron, en los primeros meses, en un aislamiento casi total, calles vacías, un transporte público sólo permitido para personas “esenciales”, personas comprando en negocios de cercanía, controles policiales en las fronteras administrativas y en puntos centrales de la ciudad. Además, el miedo al contacto y a la circulación del virus vía los productos generó cierto rechazo en parte de la población en el acceso a bienes.

En términos generales, sin embargo, el uso del tapaboca, así como la prohibición de la circulación han sido constantemente negociados. Esas negociaciones se han dado de forma desigual según el territorio y los diferentes grupos sociales. Las prácticas durante la cuarentena dan cuenta de los privilegios de clase. Esto se ha visto claramente en el diferente accionar y prácticas en distintos barrios de la ciudad. La posibilidad de inscribir una acción en una ruptura con la norma se dio de forma diferenciada.

El control estatal a partir de la policía ‒como órgano administrativo (Tiscornia 2004: 80)‒ ha contribuido a delimitar negociaciones. Las personas saben de la norma y juegan con ella, como muestra el meme que circuló por las redes sociales cuando fueron decretadas nuevas restricciones. De todas formas, en la cotidianidad la cuestión es más compleja. El transitar mismo es “negociación” muchas veces implícita, y otras bien marcada (falta de controles en ciertos barrios y grandes controles en otros). La restricción de la circulación afectó de lleno a la venta ambulante. A diferencia de Brasil, la norma aquí fue la prohibición de circular. entonces la presión política (de los que estaban en contra de la norma o del Gobierno Nacional) tendían a buscar la libre circulación. Pero para los grupos más vulnerables ello no fue posible.

Como muestran varios trabajos, ha existido una creciente dificultad para la vida de los trabajadores informales (Benza y Kessler, 2020; Fernández Álvarez et al., 2020). Muchos de ellos pudieron acceder al Ingreso Familiar de Emergencia decretado por el Gobierno Nacional. Sin embargo, el ingreso necesario para el acceso a la reproducción social no era suficiente.

Es posible decir, entonces, que la venta y la movilidad se transformaron en una práctica de negociación en Buenos Aires. Esas negociaciones se generaron sobre todo en la circulación en lo cotidiano.

El caso de los trabajadores precarizados de las Apps (Rappi, Pedidos Ya, entre otros) puede ser pensado como una excepción, pero también puede ser referida como una negociación desigual en torno a las formas de circulación de bienes y servicios. Si los vendedores ambulantes forman parte de un circuito en el que circulan bienes y servicios, pero a diferencia de otros grupos, quedan fuera de la posibilidad de trabajar. Esto se produjo más allá de la falta de circulación de personas en la vía pública.

¿Y aceptamos la ideologización de la pandemia en vez de negarla?

Es necesario pensar en la ideologización de la pandemia. Esto no implica tomar como punto de partida nuestras posiciones ‒que sí las tenemos‒ sino poner en juego las valoraciones morales que existen en torno a la pandemia. Si por un lado como investigadores al estudiar los procesos sociales buscamos desmoralizar las prácticas sociales, eso sólo es posible porque existen posiciones morales en torno a la pandemia.

Parte de reconocer el carácter ideológico de la pandemia implica comprender las luchas de poder que se están suscitando y los efectos a partir de las soluciones que los diferentes Estados plantean. En Brasil, dadas las medidas, la lucha política pudo tener curso a partir de los usos del trabajo informal. A su vez, ello modificó la noción misma de “los informales”. En Argentina, la preocupación por el trabajo “en negro”, por los no registrados, fue un componente central de las políticas desde el gobierno. Así, reconocer (i)legalismos en la pandemia nos permite mostrar ese carácter social (e ideológico) de las acciones de gobierno y de los diferentes grupos sociales.

La política que (re)construye la informalidad en pandemia es parte de ese juego de poder de los cuales los (i)legalismos son un componente central (Telles 2009). También, los casos muestran que las negociaciones dependen del punto de partida en un doble sentido. Por un lado, los procesos históricos que construyeron el mundo popular y las relaciones entre diferentes actores; por otro, la política misma en torno a la pandemia que termina configurando el campo de experiencia y de negociación de los (i)legalismos en una coyuntura donde actores de las dos sociedades están frente a lo inusitado, buscando operar posibilidades de conjugar la actual experiencia desde elementos presentes e profundizados en sus sistemas de creencias más profundizados en los discursos y sus prácticas.

Bibliografía
Benza, Gabriela Gabriel Kessler (2020), La ¿nueva? estructura social de América Latina. Cambios y persistencias después de la ola de gobiernos progresistas, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Campos, Marcelo da Silveira y Roberto Kant de Lima (2021), Vertical “Citizenship as an Obstacle for Preventive Policies in the Covid-19 Crisis: the Unfortunate Encounter between Public Safety and Public Health Policies in Brazil“, Center for Brazil Studies One Pager, Issue núm. 17, mayo. https://ou.edu/cis/sponsored_programs/brazil-studies

Del Cueto, Carla by Nicolás Viotti (2020), “Ni solidarios, ni egoístas. Moralidades prácticas durante la pandemia”, en Prácticas de Oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales, núm. 25, pp. 85.101.

Di Virgilio, María Mercedes y Mariano Perelman (2020), “Las nuevas territoriales de y en la pandemia: desigualdades y conflictos en tiempos de aislamiento en Buenos Aires”, mimeo.

Fernández Alvares, María Inés, et al. (2020), La economía popular  durante  la  cuarentena.  relevamiento realizado  en  el  marco  del proyecto monitor laboral COVID-19, Buenos Aires, Citra.

Perelman, Mariano (2020), “Entre la libertad y el cuidado. Regímenes de valor en tiempos de aislamiento Social. Reflexões Na Pandemia”, https://www.reflexpandemia.org/.

Telles, Vera da Silva (2009), “Nas Dobras Do Legal e Do Ilegal: Ilegalismos e Jogos de Poder Nas Tramas Da Cidade”, em Dilemas – Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, vol. 2, núms. 5–6, pp.: 97-126.

Tiscornia, Sofía (2004), “Entre el imperio del ‘Estado de policía’ y los límites del derecho”, en Nueva Sociedad, núm. 191, pp. 78-89.

  1. * UBA- CONICET mdperelman@gmail.com
  2. ** Universidad Federal Fluminense leninpires@gmail.com
  3. https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#distanciamiento
  4. https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/datos/movilidad

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