Robert González García

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Algunas visiones del proceso hacia la independencia que está viviendo Catalunya, atribuyen el mismo a unas supuestas élites etnicistas que están engañando a la ciudadanía catalana. Pero un examen minucioso de lo sucedido en los últimos 15 años nos debela justamente lo contrario. Sin el vigor y la densidad de una sociedad civil como la catalana sería difícil explicar tanto la pervivencia de la identidad, la lengua y la cultura catalanas, como su actual lucha por la República y la democracia. En este artículo intentaré dar unas pinceladas sobre el papel de la sociedad civil catalana en el proceso independentista. El artículo explicará de forma cronológica el papel de las organizaciones civiles en la lucha por la autodeterminación primero, la independencia después, y finalmente, la construcción de una República Catalana.

Un proceso independentista impulsado desde la sociedad civil: Del catalanismo al independentismo (2006-2016)

El conflicto entorno al Nuevo Estatuto de Autonomía (2003-2010), la crisis económica de 2007/2008, el sentimiento de agravio por las medidas recentralizadoras del Estado español[1] y la desafección política de amplias capas sociales (expresada en el movimiento de los indignados del 15M de 2011), son un conjunto de factores que hacen evolucionar al catalanismo social y político hacia el independentismo. Estos factores han llevado a la opción independentista de ser minoritaria (incluso dentro del mismo catalanismo) a ser la minoría mayoritaria en las elecciones y la clara mayoría de la sociedad civil organizada[2].

Para analizar desde la óptica de la sociedad civil la evolución y los motivos de este incremento del apoyo a la independencia en Catalunya hay que describir lo ocurrido en el ciclo de movilización independentista (Martí y Vilaregut, 2017). Después de 23 años de gobiernos del catalanismo conservador de Convergència i Unió (CIU), en 2003 la izquierda catalana se alía para formar gobierno. Además del intento de dar un giro social-demócrata al gobierno autonómico, se inicia un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía que cuenta con el apoyo del 85% de los parlamentarios y con la única oposición del Partido Popular (PP). El proyecto de Estatuto aprobado por el Parlament de Catalunya es sensiblemente laminado en las Cortes Españolas, lo cual provoca la reacción de la sociedad civil y el inicio de una primera fase de movilización liderada por una nueva entidad de la sociedad civil: la Plataforma pel Dret de Decidir (PDD). Esta plataforma aglutinaba en diciembre de 2005 a 700 entidades, 58 ayuntamientos y 4000 personas a título individual, que se unieron para defender el texto tal y como salió del Parlament de Catalunya. La novedad discursiva y organizativa fue el derecho a decidir, que congregaba tanto a sectores independentistas como a otros soberanistas atraídos por el frame democrático. La PDD tendrá sus mayores éxitos de movilización en febrero de 2006 y diciembre de 2007, congregando a centenares de miles de personas en defensa de Catalunya como nación, la necesidad de incrementar las inversiones en infraestructuras y de un mejor trato fiscal que permita el desarrollo de políticas sociales. El éxito de la PDD radica en su capacidad de sintetizar tres argumentos: la cuestión étnico-histórico-cultural (Catalunya es una realidad nacional), el argumento económico (Catalunya está siendo expoliada y tendría mayores posibilidades de afrontar la crisis con el autogobierno) y el argumento democrático (es licito decidir democráticamente el modelo territorial) (Martí y Vilaregut, 2017).

Finalmente el Estatut -a pesar de los recortes- fue aprobado en referéndum en 2006, pero aun así el Partido Popular lo recurrió al Tribunal Constitucional (TC), acompañando el recurso de una campaña de agitación de la catalanofobia por todo el país. La PDD se disolvió entre disputas internas, pero su discurso sobre el derecho a decidir había calado profundamente en la sociedad civil. Eso explica el surgimiento en 2009-2011 de una nueva oleada de movilización independentista protagonizada esta vez por el municipalismo. En esos dos años de produjeron 518 consultas por la independencia en tantos otros municipios de Catalunya. Al final de este periodo de consultas, protagonizado por la sociedad civil local y en el que participaron más de medio millón de personas, se creó la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), que en 2018 aglutina a 787 municipios catalanes de un total de 948.

En julio de 2010 se produce un hito en este ciclo de movilización independentista: la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC), que mediante la anulación de 14 artículos del Estatut -que hacen referencia al carácter nacional de Catalunya y al blindaje de competencias- perpetra un verdadero golpe de Estado a la constitución territorial española (Pérez-Royo, 2015) e indigna a amplios sectores de la sociedad civil. Con la PDD prácticamente disuelta, es otra organización de la sociedad civil, esta vez una que se dedica a la defensa de la lengua y la cultura catalanas, Ómnium Cultural, la que convoca la histórica manifestación del 10 de julio de 2010 bajo el lema “Somos una nación, nosotros decidimos”. La manifestación fue masiva (1 millón de personas) y desbordó a la clase política (incluso a la catalanista) que quedó en un segundo plano ante el enorme empuje ciudadano.

La crisis económica y el retorno de la derecha catalanista al poder (CIU) con su política de recortes sociales, estarán en la base de otra movilización importante, la del 15 de mayo de 2011 de los indignados. En paralelo, el soberanismo civil se reorganiza en la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que en abril de 2011 -bebiendo sobretodo de las estructuras locales de las consultas por la independencia- emergerá como el actor central de la movilización independentista. En unos meses ya contaba con 80000 socios y presencia en todo el territorio catalán. La respuesta ciudadana a la STC desbordó el marco autodeterminista del derecho a decidir y pasó directamente a la demanda de independencia a través de la ANC. La crisis económica y los recortes presupuestarios, abonaron todavía más al discurso económico, que se seguía sumando al étnico-cultural y al cívico-democrático, empujando los tres en una misma dirección: la independencia como horizonte de solución a múltiples problemas sociales, territoriales y democráticos.

Esta situación social se reflejó en los programas políticos de los partidos catalanistas en las elecciones de 2012, anticipadas por la oposición generalizada a las medidas del gobierno contra la crisis y por la demanda creciente de independencia. Por otro lado, la entrada por primera vez en el Parlament de un partido anticapitalista como las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) fue un síntoma de esta penetración social en las instituciones.

A partir de ahí, el protagonismo social se visualizó especialmente en forma de enormes manifestaciones cívicas los 11 de septiembre (Diada Nacional de Catalunya) organizadas por la ANC y Ómnium Cultural. En 2012 la marcha hacia la independencia congregó a millón y medio de personas en el centro de Barcelona. En 2013, la Vía catalana hacia la independencia, construyó una cadena humana de más de 450 km que unió a dos millones de personas agarradas de la mano de forma simultánea desde Le Perthus (Catalunya Norte, Francia) hasta Vinarós (País Valenciano). En 2014 se dibujó una inmensa V de victoria llenando de 1’8 millones de manifestantes las calles Diagonal y Gran Via, principales arterias de la ciudad de Barcelona.

Como parte de sus promesas electorales, el gobierno de CIU, en alianza con ERC, CUP e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), convocaron el proceso participativo por la independencia del 9 de Noviembre de 2014. Este proceso, prohibido desde el gobierno y la judicatura españolas, se pudo llevar adelante con una primera alianza entre sociedad civil y el gobierno catalán, y contó con la participación de 2,3 millones de personas[3], de los cuales un 80% optaron por la independencia, 10% por la vía federal o confederal y el otro 10% se dividió entre votos anulados y contrarios a la independencia.

Las elecciones de 2015 llevaron al extremo esa alianza cívico-política del sector mayoritario del independentismo. En la plataforma Junts pel Sí, que resultó la coalición ganadora, se aglutinaron los partidos políticos catalanistas de centro-izquierda (ERC) y centro-directa (CDC), con organizaciones de la sociedad civil como la ANC o Ómnium Cultural (a través de sus presidentas), del mundo local (AMI), e independientes del mundo de la cultura (Lluís Llach) y del deporte (apoyo de deportistas de élite). Junts pel Sí fue con mucho la fuerza más votada, pero no llegaba a la mayoría absoluta, lo que dio la clave de gobernabilidad a la CUP que forzó la salida de Artur Mas (Presidente de la Generalitat, de centro-derecha y señalado por la corrupción y los recortes sociales). Puigdemont, alcalde de Girona y de clara trayectoria independentista, fue nombrado presidente en enero de 2016.

El excesivo protagonismo y delegación de una parte de la sociedad civil organizada en la clase política convencional generó una cierta sensación de estancamiento, aunque las movilizaciones masivas siguieron produciéndose, especialmente los 11 de septiembre de 2015 y 2016. Ese mismo año, el 9 de Noviembre de 2016, fruto de esa presión social, el Parlament aprobó, pese a las amenazas continuas del Gobierno español y la judicatura, la declaración de inicio del proceso de desconexión. En los temas sociales la legislatura no pudo avanzar mucho, puesto que hasta 14 leyes del Parlament fueron anuladas por el TC a instancia del gobierno español o de las formaciones nacionalistas españolas como PP y Ciudadanos[4].

El 1 de octubre y la República Catalana: desobediencia civil catalana ante la involución de la democracia española (2017-2018)

Los días 6 y 7 de setiembre de 2017, el Parlament aprobó la ley del referéndum y ley de transitoriedad hacia la República Catalana, lo cual desató la represión violenta por parte del aparato estatal y la respuesta ciudadana en forma de desobediencia civil y movilización[5]. En esta fase decisiva del ciclo de movilización toman protagonismo nuevas formas organizativas de la sociedad civil como los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) y el Movimiento Escuelas Abiertas. Los CDR nacen como respuesta de la sociedad civil a la prohibición por parte del Estado español del ejercicio de la democracia en Catalunya para decidir su futuro territorial. Surgen en centenares de municipios catalanes como punto de encuentro de diversas tendencias del catalanismo y la izquierda social, se organizan de forma asamblearia, descentralizada y sin liderazgos, con el objetivo común de defender la democracia ante la deriva autoritaria del Estado español y garantizar la celebración del Referéndum del 1 de octubre. Por su parte, el Movimiento Escuelas Abiertas, aglutina a madres y padres de familia que abren las escuelas[6] con actividades lúdico-educativas el fin de semana del referéndum para garantizar la celebración del referéndum.

El resultado de esta enorme movilización de la sociedad civil catalana es que miles de personas defienden los 4300 colegios electorales durante todo el fin de semana. A pesar de la represión de las fuerzas policiales españolas -que generó más de 900 heridos, algunos grabes (incluyendo ancianos, niños y mujeres golpeadas)- 2.3 millones de catalanes consiguieron votar[7].

El gran impacto internacional de las imágenes de la policía agrediendo a pacíficos ciudadanos que con sus cuerpos defendían el derecho al voto, detuvo las cargas policiales. La indignación con la respuesta violenta del Estado a un acto democrático generó la convocatoria de una huelga general el 3 de octubre, la más grande desde los años 80 y con las manifestaciones más grandes de la historia en muchos municipios del país. Esa huelga expresó una fuerte unidad de las fuerzas políticas, sindicales y de la sociedad civil en torno a la defensa de los derechos humanos y de la democracia.

Los partidos políticos españolistas (PP, Ciudadanos y PSC-PSOE) fueron los únicos que no la secundaron y en cambio intentaron movilizar a una supuesta “mayoría silenciosa” favorable a la unidad de España. Grupos de españolistas unionistas bienintencionados, mezclados con grupos fascistas violentos y personas que provienen de fuera de Catalunya, se movilizaron también[8].

Los días posteriores al 3 de octubre los ciudadanos esperaban que las instituciones hicieran efectiva la República Catalana, pero los partidos políticos intentaron agotar todas las vías de negociación con el gobierno español. Mientras tanto, la represión se agudizó y los líderes de ANC y Omnium fueron encarcelados, acusados de grabes delitos de rebelión y alzamiento violento. Finalmente la declaración de independencia del 27 de octubre fue respondida por la mayoría del Senado español con la aprobación del artículo 155 de la Constitución, que supuso la anulación de la autonomía de Catalunya y la disolución de sus instituciones. Dos días más tarde, siete miembros del gobierno catalán fueron encarcelados, mientras que otros 5, incluidos el President Puigdemont, se exiliaron, en un primer momento a Bélgica. Esta situación generó un giro anti-represivo y de defensa del mandato del 1 de octubre en el movimiento popular catalán. Los CDR se rebautizaron como Comités de Defensa de la República y tuvieron un papel decisivo en la convocatoria de una nueva huelga general el 8 de noviembre. La aplicación del artículo 155 aumentó la represión y la asfixia fiscal y política de Catalunya, pero la población, de nuevo convocada a las urnas por efecto de dicho artículo, volvió a votar masivamente a las opciones independentistas el 21 de diciembre de 2017. Los lazos amarillos como símbolo de la petición de libertad para los presos políticos y el libre retorno de los exiliados, se convirtieron en el símbolo de esta desobediencia civil catalana que se expresó de nuevo de forma masiva en las manifestaciones del 11 de noviembre de 2017 y del 15 de abril de 2018.

Conclusiones

Un primer elemento de conclusión del papel de la sociedad civil en el proceso catalán es la crisis de las democracias representativas y su necesaria evolución hacia un mayor protagonismo ciudadano, quizás como única salida a la deriva autoritaria y a la solución represiva, penal o violenta de los conflictos. Las democracias representativas se han visto cuestionadas en todo el mundo por dos fenómenos opuestos derivados de la globalización. En primer lugar, una creciente individualización que se traduce en escepticismo y alejamiento de muchos ciudadanos de cualquier espacio de movilización colectiva, abonando el campo al crecimiento del populismo y el autoritarismo; mientras que otros ciudadanos, en cambio, optan por implicarse en espacios políticos alternativos -como los movimientos sociales, el municipalismo y las organizaciones de la sociedad civil-, desde los cuales se ejercen compromisos colectivos renovados. En el caso catalán el papel de ANC, Omnium Cutural, la AMI y los CDRs, se enmarcarían en esta tendencia democratizante. Lo novedoso del caso catalán es la articulación compleja y a veces conflictiva, de esta sociedad civil con los partidos políticos y las instituciones. De algún modo la República Catalana podría ser la oportunidad para generar un proceso constituyente que desembocara en una democracia más participativa y radical.

Otro aspecto de la nueva emergencia de la ciudadanía catalana que se pone en juego con el proceso explicado es el de la identidad. Ante los cambios acelerados del proceso de globalización, una visión situaría el retorno al localismo como recurso defensivo y diferenciador. Esta visión esencialista de la identidad, que busca unas raíces estables y profundas (basadas en la historia, la biología o la religión) que den coherencia al propio espacio vital, ha recibido el nombre de identidad refugio (Castells, 1998). Desde la identidad refugio se reinterpreta la realidad externa al grupo de pertenencia cómo agresiva. Esta identidad suele estar muy presente en los discursos sobre la migración de la población autóctona, y se manifiesta como reacción al proceso de globalización neoliberal. Esta identidad está detrás del crecimiento de la derecha populista y xenófoba en Europa, principalmente en sus Estados-Nación dominantes, como Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y España. En oposición, existe una versión más compleja, la identidad proyecto, que sólo se manifiesta en contextos de acción, comunicación e interpretación, que rompan el aislamiento a que son sometidas las diversas comunidades en los contextos multiculturales que propicia la globalización neoliberal. Esta identidad se estructura a través de elementos racionales mediante los cuales los ciudadanos llegan a acuerdos sobre derechos y responsabilidades comunes. Por tanto, la identidad proyecto implica conciencia, conocimiento del “otro” y acciones conjuntas. La identidad proyecto genera identidades compartidas desde las cuales se pueden establecer acciones hacia el cambio social y espacios del devenir (Deleuze y Guattari, 2002). Estos espacios trascenderían incluso la racionalidad, para convertirse en espacios de afinidad y simbiosis entre partículas adyacentes, desde los cuáles generar subjetividades orientadas a la acción transformadora (Braidotti, 2004). Fenómenos como el muncipalismo, los movimientos de indignados o las nuevas luchas de liberación en las naciones sin Estado como Catalunya, se articulan a través de potentes movimientos sociales y redes diversas de ciudadanos activos.

Cabría una tercera conclusión sobre la cuestión económica. Una explicación complementaria al surgimiento tanto de alternativas autoritarias como progresistas al establishment, es la que tiene su raíz en la crisis de los Estados del Bienestar y el empobrecimiento de las clases trabajadoras y medias en todo el mundo como consecuencia de las políticas neoliberales defendidas tanto por las izquierdas como por las derechas hegemónicas. Los nuevos autoritarismos o populismos reaccionarios (donde podríamos englobar la victoria de Trump, el auge del lepenismo en Francia o el Bréxit en Gran Bretanya) son fenómenos que han contado con el apoyo de amplias capas de las clases trabajadoras derrotadas por el neoliberalismo. A este sector se dirige también el españolismo en Catalunya (especialmente Ciudadanos), dada la coincidencia de que un sector importante de la clase obrera catalana procede de la emigración española y podría no identificarse con un nuevo Estado catalán. Sin embargo las leyes sociales impulsadas por el Parlamento catalán, el peso de los sectores progresistas y de izquierdas en el movimiento independentista (claramente mayoritarios) y el horizonte de una República Catalana de carácter social, han atraído también a amplios sectores populares. Quizás en esta pugna se encuentre el fiel de la balanza en este conflicto entre la República Catalana y la Monarquía Española.

La última conclusión tiene que ver con la vigencia de la desobediencia civil como estrategia de avance de los derechos democráticos y sociales ante la emergencia de un legalismo autoritario. La ejemplar acción democrática de la sociedad civil catalana el primero de octubre estaba efectivamente en los límites de la legalidad española, igual que lo estuvo la afroamericana Rosa Parks cuando el 1 diciembre de 1955 decidió sentarse en un autobús y desobedecer las leyes de segregación racial en los Estados Unidos. En estos momentos de crisis sistémica en los que, parafraseando a Gramsci, lo viejo se derrumba y lo nuevo está todavía por nacer, la desobediencia civil puede ser la única forma de afrontar la emergencia de monstruos como el legalismo autoritario del Estado español que está amenazando a su propia forma democrática y de derecho.

Referencias

Braidotti, R. (2004): Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómade. Gedisa Editorial, Barcelona.

Candel, F. (1964). Els altres catalans. Barcelona: Edicions 62.

Castells, M. (1998) La era de la informacion. Economia, sociedad i cultura.,Madrid. Alianza Editorial.

Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) (2018). Barómetre d’Opinió Pública. Recuperado de http://ceo.gencat.cat/ca/barometre/detall/index.html?id=6668 (Consultado el 16/05/2018).

Deleuze, G. y Guattari, F. (2002): Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia. Pre-textos, Valencia.

González, R. (2013). Ley Wert. Una embestida contra la lengua catalana, en Viento Sur, http://www.vientosur.info/spip.php?article7565.

Martí, S y Vilaregut, R. (2017). Política de la contienda en Cataluña y la batalla de los significados: el derecho a decidir. En Cortina y Engelken (eds). Crisis y retos a la democracia. Bilbao: Fundación Betiko.

Parlament de Catalunya (2017). Resultats definitius de les eleccions al Parlament del 21 de desembre.

Pérez-Royo, J. (2015). La reforma constitucional. Madrid: Los Libros de la Catarata.

^[1]Especialmente los intentos de acabar con la política lingüística y el modelo educativo catalanes, como la Ley Wert (González, 2013).

^[2]Entre 2006 y 2018 el apoyo a la independencia ha pasado del 14 al 48% (CEO, 2018), con unos resultados electorales de 47,8% de apoyo a las candidaturas independentistas en las elecciones de septiembre de 2015 y de 47,5% en las de diciembre de 2017, estas últimas con la participación más alta de la historia, cercana al 80% del censo electoral (Generalitat de Catalunya, 2017).

^[3]37% del censo, ya que podían votar extranjeros y mayores de 16 años.

^[4]Leyes contra la pobreza energética, por el derecho a la vivienda, de protección ambiental o contra la violencia de género, entre otras.

^[5]La Guardia Civil cerró 120 páginas web y se registran medios de comunicación e imprentas, se requisan papeletas y sobres (no encuentran las urnas) y se suspende de facto la autonomía interviniendo economía, policía y relaciones exteriores. La detención el 20 de setiembre de 14 altos funcionarios y los registros en las secretarias de economía y finanzas por parte de las fuerzas policiales españolas (se habían desplegado más de 10000 unidades), son respondidas de forma ejemplar por la ciudadanía, en forma de manifestaciones espontaneas de resistencia activa no-violenta, desobediencia civil, autorganización.

^[6]En Catalunya y en toda España la mayoría de colegios electorales son escuelas.

^[7]Los 400 colegios clausurados por los distintos cuerpos policiales y que no pudieron reabrir representaban a otros 700000 ciudadanos. La participación fue del 43%, que se elevaría al 49.5% si excluimos del censo los colegios colegios clausurados y las boletas robadas por las fuerzas policiales. Fue todo un éxito dadas las circunstancias represivas. La respuesta de la ciudadanía catalana movilizada a la pregunta ¿quiere usted que Catalunya sea un estado independiente en forma de República? fue clara: 90% Si, 7% No, 2%Blanc y 1% nulo.

^[8]El impacto social de estas movilizaciones es mucho menor que el del movimiento soberanista, llegando a las 100000 personas en su manifestación más grande el 12 de octubre (día de la raza).