Hacer lo común frente a la amenaza y la desposesión en la península de Yucatán

María Amalia Gracia[1]
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)

Introducción

Entre los puntos de convergencia de las economías popular, social, comunitaria, solidaria y feminista, sobresale la problematización de lo común-comunitario desde experiencias de trabajo, lucha, tradiciones culturales, bagajes teóricos y situaciones de enunciación plurales. Asentándose en una crítica a la lógica de la economía capitalista como forma de explotación del trabajo humano y de la riqueza natural y producida, estas propuestas ponen en el centro a la (re)producción de la vida humana y no humana e invitan a explorar y reconocer opciones de vida que buscan ir más allá de las lógicas del mercado y del Estado a partir de distintas maneras de gestionar lo común en territorios con características ecológicas, geográficas y socioculturales también diversas.

Para entender este tipo de procesos, en estas páginas propongo un recorrido por experiencias socioproductivas y de lucha en las que participan comunidades campesinas de la península de Yucatán —predominantemente aunque no exclusivamente de origen maya yucateco—. Las prácticas que se despliegan en algunas de sus microrregiones pueden ser concebidas como luchas por garantizar la reproducción de la vida colectiva en condiciones de amenaza y despojo. Me baso en un trabajo de acompañamiento y colaboración transdisciplinario efectuado a partir de proyectos de investigación y de prácticas de vinculación que se vienen realizando desde el Grupo Académico Procesos Culturales y Construcción Social de Alternativas de El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, en conjunto con organizaciones de base comunitaria y de sociedad civil.

Hacer lo común desde una economía pospatriarcal

Para entender las propuestas que ponen el centro en la reproducción de la vida es necesario abrir y ampliar la noción de trabajo como actividad humana situada históricamente (Muñoz y Gracia, 2021) y visibilizar el papel fundamental de las diversas actividades realizadas, sobre todo por las mujeres, en ámbitos domésticos y comunitarios, tanto para la reproducción social de la vida humana como de la fuerza de trabajo, cuestión que desde los años 60 y 70 viene clamando el movimiento feminista y las economistas predecesoras de lo que posteriormente se reconocería como economía feminista. A diferencia de la economía neoliberal que no contempla la noción de reproducción social más allá del consumo, la economía clásica entiende el papel de la reproducción social en la creación de valor y, por lo tanto, en la posibilidad de reproducción del sistema económico, político, social y cultural. Sin embargo, su “ceguera patriarcal” (Carrasco, 2017) no le permite ver que la posibilidad de reproducción de la fuerza de trabajo y el plusvalor no sólo se genera a partir del salario sino que el sistema económico capitalista requiere otro tipo de trabajos no remunerados tanto para atender las necesidades vitales de quienes venden su fuerza de trabajo al mercado, como para reproducir la vida de quienes no forman parte de dichos mercados. Lejos de ser un olvido, lo anterior niega y despolitiza el conflicto social producto de la división sexual del trabajo doméstico y de cuidados y reduce todo a un conflicto entre clases. Como afirma Silvia Federici, lo que pone en el centro el feminismo es el expolio a los hogares que realiza el sistema capitalista, lo cual para algunas autoras constituye el punto de partida de la economía feminista (Picchio, 1994).

En un sistema cada vez más desigual que intensifica los tiempos de cuidado sobre todo para las mujeres de sectores populares y exacerba distintas formas de expoliación de la naturaleza, lo que está en crisis es la reproducción social, entendida como la reproducción de la vida digna. En este sentido, Silvia Federici considera que es imprescindible cuestionar las políticas neoliberales y sus proyectos de desarrollo y documentar “la lógica de esta ´financierización de la reproducción social´ y también la lógica del extractivismo que despoja a las personas de la tierra y el territorio, de las aguas, para ponerlos en manos de las compañías mineras, petroleras o de las que impulsan la gasolina verde” (2019: 51).

En estos contextos de agudización de la tensión entre capital y vida se pone en el centro la “sostenibilidad de la vida” (Carrasco, 2017). De allí que en las últimas décadas y en distintos contextos geográficos y socioculturales hayan ido desplegándose formas de hacer juntos(as) (Fernández Álvarez, 2016) relacionadas con las economías populares, social-solidarias, comunitarias, campesinas, y feministas. Aun si muchas de las prácticas son denominadas emprendimientos o empresas al requerir de distintos recursos técnicos y económicos para mantener relaciones con el mercado capitalista —como lo hace la mayor parte de la economía popular y muy buena parte de la economía social y solidaria—, a partir del análisis de distintas prácticas y proyectos en América Latina y México, considero que es mucho más fructífero pensarlas como experiencias, dado que ello permite captar su potencia para abrir espacios de experimentación colectiva de prácticas creativas que exploran diferentes maneras de politicidad (Gracia, 2011).

Se trata de búsquedas de hacer en común que no se limitan a los ámbitos rurales (Navarro, 2016) e incluyen “políticas de los comunes” que insisten en recuperar formas más comunitarias y cooperativas de reproducción social frente a distintos despojos (de la tierra, de los conocimientos y sentidos), e incluyen luchas por lo común, que tienen características específicas de politicidad relacionada con las “prácticas conexas con la sostenibilidad de la vida colectiva y las múltiples formas de autorregulación de tales conjuntos prácticos de actividades sociales” (Gutiérrez y Navarro, 2019: 302).

Modos de vida y luchas por lo común en la Península de Yucatán

Distintas prácticas socioproductivas y acciones colectivas que se despliegan en microrregiones de la península de Yucatán pueden ser concebidas como luchas por garantizar la reproducción de la vida colectiva. De acuerdo con Gutiérrez y Navarro, se trata de “luchas recurrentes por lo común, que se cultivan en tiempos cotidianos y gestan, con sus prácticas, las capacidades políticas que se despliegan en tiempos extraordinarios” (Gutiérrez y Navarro, 2019: 303). Considero que esta forma de entender las distintas calidades del tiempo, que retoma a filósofos como Walter Benjamin y Bolívar Echeverría, es muy fértil para entender la manera en que estos procesos enfrentan distintos obstáculos y tensiones, así como para captar sus potencialidades presentes que despliegan futuros posibles.

En la península, observamos cooperativas productoras de chicle y de artesanías (Gracia y Horbath, 2014), o proyectos cooperativos en zonas rurales de selva en Quintana Roo y Campeche liderados por apicultoras y apicultores mayas que exportan la miel a Europa y muestran formas de cooperación que son innovadoras por a la manera en la que se organizan y transmiten conocimientos socialmente productivos (Gracia, 2015). Asimismo, sobresalen proyectos agroecológicos, mercados alternativos y ferias de semillas protagonizados por diversos actores sociales locales, regionales e internacionales interesados en la vida campesina y la soberanía alimentaria (Gracia, 2018; García y Gracia, 2019; Gracia, Roldán y García, 2023).

Se trata de una pluralidad de actores sociales y de experiencias que generan distintas maneras de hacer en común y son muy importantes para contribuir a generar economías locales diversas y sostenibles. Aun en su pequeña escala, estas experiencias, desafían de maneras más o menos conscientes a los proyectos de desarrollo neoliberal que llevan a una “precarización total del trabajo y la vida”. Ejemplos de dichos proyectos, según Federici es la “guerra que el Banco Mundial está haciendo del cultivo de subsistencia, acusado de ser la causa de la pobreza en el mundo” (Federici, 2019: 51-52). Las experiencias y los modos de vida que representan también están amenazados por la desinversión en el campo, las políticas asistencialistas y de despojo —principalmente de tierras— y los efectos del cambio climático que han ido generando el abandono de actividades agropecuarias basadas en el sistema milpa de autoabasto[2] por la migración temporal y permanente —sobre todo masculina y de población joven— hacia las zonas turísticas, principalmente de la Riviera Maya en el estado de Quintana Roo.

Actividades cotidianas y extraordinarias para la sostenibilidad de la vida

A pesar de todas estas amenazas, tanto la milpa como el solar siguen siendo actualmente espacios importantes para satisfacer las necesidades de autoconsumo de los hogares campesinos, principalmente mayas. Actualmente el sistema milpa involucra al “79% de los productores agrícolas a nivel peninsular y tiene una sólida representatividad en Yucatán, con 88% de los productores de la entidad, y en Quintana Roo, con 81%” (USAID, et al., 2016: 18). Estos ámbitos que involucran sistemas productivos y modos de vida campesinos se han mantenido como resultado de procesos de transformación y resistencia (Cabrera Pacheco, 2017) que abarcan temporalidades diversas regidas tanto por actividades cotidianas como extraordinarias.

Entre las actividades cotidianas, podemos nombrar la siembra en la milpa y el solar o la recolección en el monte —que sobre todo se utiliza en momentos en los que las condiciones climáticas adversas impiden alcanzar la seguridad alimentaria—, junto a otras actividades económicas como el empleo asalariado, y la migración temporal o permanente. Estas prácticas socioproductivas se combinan con situaciones extraordinarias como las ferias del maíz que se realizan a partir del trabajo comunitario (Gracia, 2018) o las luchas sostenidas contra los permisos para la siembra comercial de soya transgénica que implicaron la articulación de distintos colectivos y actores para decir “MA” (“NO”) a esos proyectos de despojo (Torres-Mazuera, 2018).

El intercambio de semillas, el compartir conocimientos y saberes localizados (Tiriba, 2007) y territorializados y celebrar comunitariamente la “fiesta del maíz” desde hace veinte años, forman parte de una “estrategia consciente para enfrentar este modelo productivo insostenible para los agricultores en el campo” (Vélez, 2015: 64). Es decir, son parte de distintas luchas que ocurren en tiempos tanto cotidianos como extraordinarios en pos de otros modelos socioproductivos y territoriales en los que la reproducción de la vida está en el centro. Entre los organizadores y convocantes, prevalecen los grupos locales conformados en comités —y en algunos lugares como colectivos— e integrados por campesinos mayas de comunidades de las distintas microrregiones. Estos comités están muy vinculados con organizaciones no gubernamentales e incluso algunos se apoyan en autoridades ejidales o en los mismos ayuntamientos. Cada comité a la vez integra el Comité Peninsular[3] y algunos han avanzado en la creación de redes de guardianes de semillas.

Entre las acciones colectivas contenciosas que se han desarrollado, sobresale la resistencia frente a la entrada de los transgénicos al territorio, en marcha desde inicios de siglo a través de distintos grupos de la sociedad civil organizada en México, y que, para el caso de la península, logró aglutinar a apicultores, milperos, organizaciones de la sociedad civil, y otros actores sociales y políticos que, luego de más de una década de luchas, obtuvieron las primeras victorias legales en 2015 (Torres-Mazuera, 2018). Todos estos colectivos, ubicados en el sur de Yucatán, sur poniente de Campeche y sur de Quintana Roo, presentaron amparos que fueron atendidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En palabras de uno de los integrantes del colectivo de Semillas:

Ese amparo, que se interpuso en contra de los que dieron el permiso, creo que es una de las cosas más importantes que hemos hecho porque, a partir de ese momento, se dio a conocer que la semilla nativa estaba en riesgo, no solo en nuestra región sino a nivel estatal y nacional. Se hicieron ruedas de prensa donde se dio a conocer nuestra postura. Y en lo que respecta a la invasión de tierras… Porque eso de que vienen a comprar tierras… Prácticamente uno ve como si fuera legal, pero es una invasión que vienen haciendo gentes que tienen dinero. Compran y despojan a la gente de sus tierras, entonces uno de nuestros propósitos como Consejo es eso: interponer ante las autoridades cuando alguna empresa o una institución está metiendo algo que agrede a la tierra. Una de las cosas que vimos eran los transgénicos que, si nosotros no hacíamos nada, pues tarde que temprano Monsanto iba a invadir toda esta región y a contaminar no solamente nuestros productos sino muchas otras cosas. (Entrevista a miembro del Colectivo Much K´anan l´inaj, noviembre 2020)

A partir de estas acciones también se fueron visibilizando liderazgos femeninos como el de la apicultora maya Laydy Pech, de Hopelchén, Campeche, que recibió en 2020 el Premio Goldman por su trabajo de resistencia territorial contra las semillas transgénicas[4] y la preservación de los conocimientos heredados. En el sur de Quintana Roo, sobresale el hecho de que las distintas acciones de defensa territorial que se venían desarrollando desde 2012 dieron lugar a la conformación de organizaciones de mujeres campesinas. Tal es el caso de la Colectiva K-luumil X’ko’olelo’ob, “Tierra de Mujeres” en maya peninsular, que surgió en 2016 y que ha entrado al tema enfocándose en los efectos que tienen los proyectos de agroindustria en la salud comunitaria, dado que las cuestiones ligadas a la tenencia de la tierra o a temas jurídicos no lograban generar una participación sostenida de las compañeras, en razón de la falta de acceso a la tierra por parte de las mujeres, lo que constituye una de las principales problemáticas en el sistema de tenencia ejidal. En los estados de la península de Yucatán, las mujeres tienen acceso a menos del 20 por ciento de la tierra ejidal y comunal (RAN, 2019). Se trata de una cuestión generalizada en los territorios de Abya Yala. De acuerdo con Claudia Korol, aun en los casos en los que se dio un mayor avance de inclusión y reforma agraria, persisten las dificultades para asegurar el derecho de las mujeres al acceso a la tierra. Algo que enfatiza y considero muy importante es la necesidad de reforzar “también la conciencia sobre la necesidad de analizar este aspecto de los derechos de las mujeres, en el contexto del conjunto de la producción y reproducción de la vida social, evitando la fragmentación de la mirada, que reduce el tema al factor económico de la propiedad” (Korol, 2016: 72-73).

Iniciativas alimentarias, pandemia y desafíos para la equidad de género y justicia socioambiental

En un trabajo de investigación sobre iniciativas alimentarias de economía popular y solidaria que llevamos a cabo durante 2020 en conjunto con organizaciones y universidades en distintas regiones de México (Gracia y Cendejas, 2023), observamos que en la península de Yucatán muchas personas retornaron a sus comunidades y volvieron a sembrar la milpa en el periodo de confinamiento. El solar/huerta también sobresalió como un lugar sumamente importante en el aprovisionamiento y preparación de alimentos en espacios urbanos y rurales lo cual es elocuente sobre la importancia de estos espacios que representan una estrategia importante de las mujeres para mantener una agrobiodiversidad adaptada a las condiciones ambientales locales, pero, sobre todo, a las preferencias sociales y culturales de la familia y la sociedad a la que pertenecen (Cano, 2016).

Asimismo, destacaron distintas redes agroalimentarias que ya existían en cuanto a su capacidad de formular alternativas ante la pandemia que conectaran espacios urbanos y rurales y apelaran a la reciprocidad y cooperación social. Sin embargo, tanto en esta como en otras regiones del país, constatamos que, a pesar de que los discursos públicos reconocían el valor de una dieta sana, las regulaciones y medidas para combatir la pandemia terminaron favoreciendo a las grandes cadenas de distribución de alimentos en detrimento de los productores y consumidores locales, lo cual habla claramente de las tensiones que supone para las experiencias y organizaciones incidir y relacionarse con las políticas públicas y el Estado.

En la península y en otras regiones del país también pudimos notar una sobrecarga de trabajo de las mujeres, quienes generalmente se encargan de la promoción y gestión de las iniciativas alimentarias. La participación mayoritaria de mujeres en estas iniciativas refleja la división sexual del trabajo; la preocupación por la alimentación y la participación en tareas no remuneradas fuera del hogar constituyen señales de que aún hace falta mucho diálogo entre la economía solidaria y la economía feminista y, por ende, una mayor participación masculina en los trabajos considerados “reproductivos” o “de cuidados” que son indispensables para sostener las iniciativas (Cendejas, 2017).

Consideraciones finales

Las distintas temporalidades involucradas en los proyectos y luchas constituyen tramas que van modelando las características de los cambios sociales, políticos y culturales. A partir de ellas, la “trans-formación social deviene en el despliegue de la capacidad humana de producir y reproducir formas colectivas de habitar el mundo desde otro lugar que no es el de la dominación, la explotación y el despojo” (Gutiérrez y Salazar, 2015: 18). Claramente, eso no significa que estén exentas de tensiones ni que no se observen desigualdades, sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso a la tierra y a la sobrecarga de labores para las mujeres, procesos que es necesario considerar en el conjunto de las dinámicas sociales (Korol, 2016).

Entender el tiempo de esta manera permite captar la forma en la que se amalgaman y conjugan las prácticas cotidianas y extraordinarias y cómo se movilizan saberes e identidades (Gracia, 2015) para formular distintos tipos de acciones colectivas. También posibilita visibilizar prácticas de resistencia frente al poder y la dominación, y entender cómo se articulan discursos que pueden suponer tanto una reconfiguración identitaria de lo maya (Torres-Mazuera), como una recuperación de aspectos que se habían soslayado (memoria de la lengua, importancia de la milpa, las semillas nativas como herencia de los abuelos, etc.) por diversos traumas e impactos socioculturales.

Respecto a una actividad cotidiana como el solar que involucra sobre todo el trabajo de las mujeres y que es fundamental para la seguridad y autosuficiencia alimentaria —como se vio en el periodo más álgido de la pandemia y en distintos momentos de crisis cada vez más recurrentes—, es necesario comprender, como afirma Cabrera Pacheco (2017), que se trata de un espacio muy dinámico bajo constantes transformaciones que ha sobrevivido y permanecido como una unidad básica habitacional y un elemento continuo en la región a través de su historia.

Bibliografía

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  1. Profesora investigadora en El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)| Correo: magracia@ecosur.mx.

  2. En contraposición con el modelo agroindustrial, el sistema de milpa maya es una estrategia de uso múltiple del territorio, donde la agrobiodiversidad adaptada localmente y las preferencias sociales y culturales determinan el aprovisionamiento y la preparación de los alimentos (Cano, 2016), así como los ritmos de trabajo, descanso, y celebración. Esta estrategia combina las actividades de la milpa o parcela, la apicultura, la pesca y la caza con la recolección de materiales de construcción, de leña y de plantas ornamentales, medicinales y ceremoniales (García-Frapolli, Toledo y Martínez-Alier, 2008), así como la producción en huertos de traspatio o solares coordinados y trabajados sobre todo por mujeres. La producción en la milpa o parcela involucra un sistema de policultivo de temporada basado en el maíz (elemento principal), el frijol y la calabaza, asociado también a la producción de bienes como la yuca, el macal, chiles, camote, entre otros.

  3. La función de este Comité es generar distintos tipos de acuerdos: (a) determinar el precio del kilo de maíz (se calcula a partir del precio de CONASUPO, del costo que tenía en la feria anterior y considerando un precio accesible para los campesinos); (b) determinar dónde iniciará la feria (fiesta) de la semilla, que por lo general es la comunidad con mayor necesidad de semillas, para determinar lo cual se efectúa un diagnóstico previo; y (c) cuidar la calidad de las semillas (etiquetas con lugar de procedencia, productor, color, ciclo de producción) (Gracia, 2015).

  4. En este video Laydy Pech comparte la visión de las mujeres mayas sobre las formas de vida en el territorio donde están los pueblos, las semillas, los conocimientos que sobreviven porque conectan a los pueblos: https://www.youtube.com/watch?v=3nx0veG5K34.