Libertad Chavez-Rodriguez[1]
CIESAS Noreste
Figura 1. Socavón en Colonia Santa Lucía La Granja, Monterrey. Al fondo barricadas de concreto con denuncias vecinales expresan: «Exigimos avance, qué esperan, tienen $$$» y «50 millones guardados, obra olvidada / Obras pub. incapaz». Archivo fotográfico de campo, 2018. Archivo de la autora.
Resumen
La consideración de la ecología política del sufrimiento ambiental desde perspectivas interseccionales y de género, para ampliarla y nutrirla, ha sido una necesidad expresada por estudiosos del sufrimiento ambiental en México y América Latina (Castillo Oropeza y Delgado Hernández, 2024: 38). Este es el punto de partida del diálogo teórico-analítico entre el concepto de sufrimiento ambiental desde la perspectiva de la ecología política (Castillo Oropeza y Delgado Hernández, 2024) y la noción de posiciones interseccionales de riesgo de la teoría interseccional del riesgo (Giritli Nygren et al., 2020) que se propone y explora en este texto. A través de narraciones de seis mujeres adultas, cinco de ellas adultas mayores, se introduce parte del estudio de caso etnográfico realizado en tres colonias localizadas en la parte baja de las faldas del Cerro del Topo Chico en el municipio de Monterrey, Nuevo León, las cuales son propensas a inundaciones recurrentes, anegamientos y escorrentía superficial, incluso por lluvias estacionales cortas. Los resultados muestran un diálogo fructífero, que enriquece el análisis en al menos dos sentidos. Por una parte, los resultados dan cuenta de la importancia de las dimensiones de género, en intersección, principalmente, con la situación socioeconómica, la edad y la salud en la experiencia y percepción del sufrimiento ambiental de las colaboradoras de la investigación. Por otra parte, repensar los resultados desde la ecología política del sufrimiento ambiental, permite identificar y destacar elementos de sufrimiento social en las posiciones interseccionales de riesgo antes poco destacados en el análisis, revelando dicho sufrimiento como una condición de existencia y a la vez como un motor de las formas de organización y resistencia comunitaria, y de las demandas de justicia socioambiental.
Sufrimiento ambiental y posiciones interseccionales de riesgo: un posible diálogo conceptual
En el verano de 2018, tras unos días de lluvias estacionales en las que se observaron escurrimientos superficiales, anegamientos e inundaciones en varios puntos de la ciudad de Monterrey, realizamos una visita de campo exploratoria a la colonia Valle de Santa Lucía (La Granja).[2] Un incidente vial ocurrido el 8 de julio atrajo nuestra atención: Una camioneta fue arrastrada por la corriente de agua formada en una calle por el agua de lluvia, hasta caer en un socavón de aproximadamente un metro y medio de profundidad y dos metros de ancho. Este socavón formaba parte de las obras públicas para la instalación de un sistema de drenaje de aguas pluviales.
Las impresiones iniciales remiten a un lugar caótico y descuidado en términos de infraestructura pública: no hay pavimento en algunas zonas, hay dos puntos con grandes socavones y otros con encharcamientos, también se observan algunos montones de tierra. Un mal olor a drenaje denota fugas de aguas residuales. Se ven máquinas y materiales de construcción, sin embargo no hay trabajadores a la vista. En el primer socavón están colocadas unas placas de hormigón, como las que se utilizan como barreras en las carreteras, como barricadas alrededor de la zona destruida. Las barricadas muestran frases pintadas con spray exigiendo al Estado solución al problema (ver Figura 1). El tránsito de vehículos motorizados está interrumpido, al igual que el transporte público que debería circular por la avenida principal, donde ahora se encuentran los socavones.
A pocas manzanas de donde se produjo el suceso del vehículo conversamos con algunos vecinos y vecinas, a las puertas de una concurrida tienda de abarrotes. La conversación gira en torno a su opinión sobre el problema de las inundaciones y los encharcamientos. Afirman que hace años las autoridades públicas les prometieron la implantación de un sistema de drenaje de aguas pluviales, pero las obras nunca se terminaron. La calle quedó abierta sin resolver el problema. Los vecinos y vecinas hablan de las medidas que quieren emprender para presionar a las autoridades públicas. También señalan de que el mayor impacto económico de la situación actual lo sufren quienes ofrecen productos y servicios en pequeños negocios familiares situados en las calles inundadas.
Esta visita marca el inicio de un estudio de caso etnográfico[3] realizado en tres colonias localizadas en la parte baja de las faldas del Cerro del Topo Chico en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Por su situación geográfica, estas tres colonias son propensas a inundaciones, escorrentía superficial y anegamientos recurrentes, incluso por lluvias estacionales cortas. Con base empírica en dicho estudio, este texto busca entablar un diálogo teórico-analítico entre el concepto de sufrimiento ambiental desde la perspectiva de la ecología política (Castillo Oropeza y Delgado Hernández, 2024) y la noción de posiciones interseccionales de riesgo de la teoría interseccional del riesgo (Giritli Nygren et al., 2020). La intención es contribuir a la investigación con perspectiva interseccional, cuya necesidad fue expresada por Oscar Adán Castillo Oropeza y Edgar Delgado Hernández: “la ecología política del sufrimiento ambiental en América Latina tiene que seguir poniéndose a prueba e incorporar otras dimensiones analíticas como, por ejemplo, el género, la raza, la etnia y su posible interseccionalidad” (Castillo Oropeza y Delgado Hernández, 2024: 38). Para ello se presentan y revisan las síntesis de narraciones etnográficas de seis mujeres adultas, cinco de ellas adultas mayores, recogidas a través de charlas informales, entrevistas semi-estructuradas y entrevistas a profundidad en dos periodos de campo, en verano de 2018, y primavera y verano de 2022.
A grandes rasgos, la ecología política del sufrimiento ambiental trata de
responder de qué manera las relaciones de poder político-económicas destruyen las naturalezas y los territorios y, de forma paralela, producen histórica y espacialmente el sufrimiento socioambiental como una condición de existencia de las poblaciones mayormente afectadas por distintos procesos socioambientales: desastres, explotación minera, [inundaciones,] entre otros. De igual manera, trata de dar cuenta de cómo los sujetos perciben, sienten y experimentan el sufrimiento socioambiental en diferentes realidades situadas y cómo desarrollan o no acciones políticas. (Castillo Oropeza y Delgado Hernández, 2024: 38-39)
Los autores siguen la propuesta de Javier Auyero y Débora Swistun de capturar un tipo de sufrimiento social que, más allá de los “datos duros” sobre los daños y perjuicios ambientales (en particular, la contaminación por materiales tóxicos), expresa las experiencias, los significados y los sentidos atribuidos a ellos por las personas que los viven, las formas en que los afrontan y los sortean, incluyendo sus sentimientos de aflicción como tristeza, miedo, resignación, preocupación, angustia, entre otros (Auyero y Swistun, 2008, citado en Castillo Oropeza y Delgado Hernández, 2024).
Por su parte, la teoría interseccional del riesgo, desarrollada por Katharina Giritli Nygren, Susana Öhman y Anna Olofsson (2020), proporciona herramientas analíticas cualitativas para leer e interpretar prácticas de cotidianas y estrategias de afrontamiento y adaptación a los riesgos. Esta teoría abreva de los estudios de género interseccionales y del campo de la investigación sobre el riesgo con perspectiva social. Esta teoría sostiene, a grandes rasgos, que los riesgos y las desigualdades sociales se constituyen mutuamente y que se refuerzan entre sí para configurar posiciones interseccionales de riesgo, que tienen que ver con la vulnerabilidad social de los individuos y de sus unidades domésticas (ver Chavez-Rodriguez, 2024). El concepto de posiciones intersecccionales de riesgo (Intersectional Risk Positions, Giritli Nygren et al., 2020), que surge de esta teoría, se presenta como una vía efectiva para explicar y comprender las múltiples condiciones de opresión y privilegio que experimenta simultáneamente una persona en un determinado contexto —en nuestro caso en sus viviendas y sus espacios cotidianos, y, en alguna medida, en sus ámbitos laborales y educativos— con base en las intersecciones de género, clase, racialización, edad, condiciones de salud física y mental, entre otras características de desigualdad y diferenciación social, y, también, la variabilidad de tales posiciones en las negociaciones intersubjetivas a lo largo del tiempo y ante situaciones riesgosas de inundaciones, anegamientos y escorrentía superficial, en que deben tomar decisiones a corto o a largo plazo.
Se parte de una perspectiva interseccional de la justicia socioambiental, ya que las injusticias ambientales existen en la práctica en relación con las exclusiones de género, clase o estatus socioeconómico, discriminación racial y étnica, edad, y capacidades físicas y mentales, siendo el género la categoría social estructural más trascendente, ya que se entrecruza con todas las demás formas de diferenciación y de desigualdad social. Las poblaciones con estatus socioeconómicos más bajos son las que están frecuentemente expuestas a un mayor riesgo de segregación socio-espacial, y de un acceso injusto a infraestructura, bienes y servicios; también están excluidas de los procesos de toma de decisiones y de participación social. Una vez que estas comunidades y personas se ven expuestas a las injusticias ambientales, es seguro que les seguirán otras vulnerabilidades y desigualdades, por ejemplo en sus condiciones de salud física y mental y su acceso a servicios de salud, lo que nos remite a la noción de interseccionalidad de las desigualdades sociales y de género. De manera que garantizar el respeto por los derechos de las mujeres, incluyendo su acceso a y control de los recursos naturales no solo resulta crucial, sino que, desde una perspectiva basada en los derechos, también constituye un prerrequisito para lograr con éxito la justicia socioambiental.
Una historia de resistencia comunitaria a los riesgos
Las colonias Valle de Santa Lucía (La Granja), Francisco Villa y San Martín se originaron en la década de 1970. Se encuentran en la parte baja de las faldas del Cerro del Topo Chico en el municipio de Monterrey, en terrenos que formaban parte del ejido Granja Sanitaria. En su momento, las tierras del ejido en propiedad de campesinos con poco o nulo poder político fueron invadidas, fraccionadas en terrenos para uso habitacional de aprox. 140 m2, y vendidas a personas recién llegadas a la ciudad, con el apoyo de grupos sindicales como la CTM (Confederación de Trabajadores de México) y el colectivo Tierra y Libertad, dependiendo del sector de la colonia. Estas colonias han sido habitadas históricamente y hasta la fecha por migrantes internos de varias regiones de México y por personas extranjeras, mayoritariamente provenientes de países de Centroamérica y el Caribe.
A lo largo de los años, los vecinos y vecinas de la zona se han organizado para tratar de encontrar soluciones a la situación de las inundaciones, anegamiento y escorrentía superficial. Desde 2006 hay un trabajo conjunto de los vecinos organizados, la mayoría de los que participan en el trabajo comunitario son mujeres y hombres de entre 60 y 85 años; algunas de ellas participaron en las entrevistas para esta investigación.
Esos son los activistas de esa zona, y son gente muy implicada, claro que todos trabajamos, no vivimos de eso, yo hago mi trabajo, ellos trabajan en el suyo, pero la necesidad nos une. (Gonzalo)[4]
La cohesión social dentro de estas comunidades tiene una fuerte presencia en diferentes acciones para superar los retos del entorno físico y la falta de servicios urbanos básicos en las entonces nuevas colonias. Los colaboradores y colaboradoras de la investigación destacaron repetidamente los lazos sociales y comunitarios desarrollados a través de las experiencias compartidas en las colonias. Se organizaron comisiones vecinales para conseguir el suministro de agua potable y la introducción de otros servicios urbanos básicos como drenaje sanitario, pavimentación de calles, gas entubado y servicio telefónico.
Los siguientes párrafos siguen principalmente el relato de Gonzalo, uno de los líderes comunitarios más conocedores y con más trayectoria, sobre la historia de la organización comunitaria y la resistencia a los riesgos. Durante la década de 1970 existieron dos grupos paralelos de vecinos organizados. Ambos grupos fueron desmantelados y desaparecidos tras dos enfrentamientos en 1976 con las fuerzas armadas, Gonzalo los señala como masacres relacionadas con la llamada Guerra sucia en México. En estos enfrentamientos murieron varias personas, entre ellas uno de los líderes de los grupos vecinales. Gonzalo cuenta que
Después de eso, la gente empezó a tener miedo. Para eso era la guerra sucia. Entonces se llegó a un compromiso con [el presidente] Luis Echeverría y se acordó que parte de lo que pagaban los contribuyentes se destinaría a agua, luz, gas, drenaje y pavimentación. (Gonzalo)
Pero este trato no se cumplió, y los vecinos decidieron realizar una huelga de pago de tierras entre 1976 y 1982 contra la recién creada CORETT.[5] Con el liderazgo de algunos vecinos y vecinas volvieron a organizarse en 1982 con diversa participación de los distintos sectores del asentamiento. Desde 2006, se formó un grupo apartidista, integrado por vecinos de edad avanzada, muchos de ellos afectados directamente por las inundaciones recurrentes en las calles-arroyo donde se encuentran sus viviendas. El objetivo de este grupo vecinal era reclamar inversión pública en un sistema de drenaje pluvial para la zona, para lo cual obtuvieron recursos a través de la Comisión Nacional del Agua. Fue así como en 2012 las autoridades públicas les prometieron la construcción de un sistema de drenaje pluvial para la zona. El proyecto público inició obras, sin embargo avanzaron lentamente y con grandes dificultades constructivas, y quedó inconcluso durante 12 años.
Los vecinos y las vecinas refieren que este tiempo ha sido un largo periodo lleno de omisiones y negligencias de cuatro administraciones locales y tres administraciones estatales y federales en el poder. La obra para la introducción del drenaje pluvial avanzó cuesta arriba, comenzando por la colonia Santa Lucía La Granja, siguiendo hacia colonia Francisco Villa y finalmente hacia la colonia San Martín, donde se encontraba el avance al momento de trabajo de campo iniciado en marzo de 2022. Los trabajos para la introducción del drenaje pluvial concluyeron en enero de 2024. Según comentarios recientes de los vecinos y vecinas, contactados tras las lluvias por la tormenta Alberto, en junio de 2024, la efectividad del drenaje pluvial pudo comprobarse. Por lo que, a primera vista, el problema parecería solucionado. No obstante, también señalan que prevalece un problema notorio de escorrentía superficial y que, aunque el problema se ha reducido significativamente, cuando llueve aun hay agua corriendo sobre las calles.
Las vecinas a través de sus posiciones interseccionales de riesgo
Esta sección presenta una selección de vecinas colaboradoras de la investigación, procurando realizar una descripción sucinta de sus posiciones interseccionales de riesgo (Giritli Nygren et al., 2020). A la par se realiza una lectura que identifica elementos que apuntan al concepto de sufrimiento ambiental, reflejando cómo viven las inundaciones más allá de lo material, cómo afrontan los perjuicios a su salud y las expresiones de sus sentimientos de aflicción (Auyero y Swistun, 2008, citado en Castillo Oropeza y Delgado Hernández, 2024: 34), desde sus posiciones imbricadas de género, clase, edad, origen migratorio y condición de salud. Las conclusiones y reflexiones a partir de esta lectura se presentan en la siguiente sección. Cabe señalar que todas las entrevistas y charlas tuvieron lugar en espacios cotidianos y cercanos a las personas, ya sea el interior o exterior de sus propias viviendas, la banqueta de sus casas y espacios públicos cercanos de las colonias en cuestión.
Sra. Diana Garza
«En 3 años, nadie me hizo caso, ni los medios, ni las autoridades, para resolver el problema», así comienza la conversación con la señora Diana Garza. Ella comparte con gran pesar que recientemente falleció su esposo. Él se encontraba muy delicado de salud y ella se dedicó por completo a su cuidado. Señala que la obra pública inconclusa para el drenaje pluvial
le complicó mucho la vida… por el problema del socavón frente a su casa, la ambulancia no podía pasar, ni tampoco una camilla para sacarlo [a su esposo] cuando ya estaba muerto. (Diana)
Según Diana, su marido murió en paz, en casa, bajo los cuidados de un paramédico; mantenerlo en casa para que pasara sus últimos días fue una decisión difícil que tomó junto con la hija que aún vive con ella.
Comenta que hace 3 semanas rellenaron con tierra amarilla el socavón frente a su casa, pero aún no terminan los trabajos y considera que esta solución no ha funcionado ya que “el agua sigue entrando y socavando los cimientos” de su vivienda.
Diana vive en la colonia Valle de Santa Lucía desde hace 47 años, tiene 79 años y se mantiene activa y saludable, tocando la guitarra, caminando, leyendo y practicando bailoterapia. Actualmente se sostiene económicamente con las aportaciones de sus hijos, aunque trabajó durante 25 años como empleada administrativa en uno de los municipios del área metropolitana de Monterrey y obtiene una modesta pensión. Su marido trabajaba como maquinista (tornero) y estuvo jubilado durante algún tiempo antes de caer enfermo. En 1972 compró el terreno junto con su esposo, y en 1975 la familia se mudó a la entonces llamada Granja Sanitaria. Inicialmente vivieron en dos cuartos que fueron ampliándose poco a poco por medio de autoconstrucción, hasta llegar a construir incluso una planta alta.
Mi casa se ha ido construyendo poco a poco, conforme íbamos teniendo dinero, la parte bonita es la de arriba, ahí tengo un cuarto para hacer fiestas, pienso disfrutarlo ahora. (Diana)
La casa es amplia y cómoda. En la sala cuelga un gran cuadro con fotografías familiares de sus siete hijos e hijas, y de sus nietos y nietas.
Sra. Laura Ramos
La Sra. Laura Ramos, de 84 años, tiene una larga trayectoria de trabajo comunitario en la colonia Francisco Villa. Destaca su activismo para la construcción de la escuela primaria. Vive en la colonia desde 1975 junto a su marido, con el que tuvo siete hijos. La casa fue construida por su esposo y sus yernos, con materiales que fueron obteniendo poco a poco. La conversación es animada, Laura parece ser una persona muy optimista. Dice que mucha gente de la colonia y de los alrededores la conoce por su trabajo en las luchas comunitarias, muchos la llaman «abuela».
Su marido estuvo en la cárcel durante 19 años, por lo que realizó la crianza de sus hijos prácticamente sola. La situación económica de la familia ha sido constantemente precaria. Trabajó muchos años como empleada doméstica, y también es técnica en corte y confección textil. Actualmente vende tamales fuera de una tienda de la colonia. Su marido trabajaba en la construcción, y, ya en edad avanzada, en la recogida informal de residuos urbanos como aluminio y cartón, hasta que empezó a perder la memoria. Laura se ocupó de la salud de su esposo con cuidados en casa, hasta que sufrió múltiples fracturas en una trágica caída doméstica. Él murió “con inmensos dolores en el cuerpo” sin que Laura y su familia conocieran las causas de su fallecimiento y a falta de acceso a una atención médica adecuada.
La casa es extremadamente sencilla, con pocos muebles y objetos en general. Laura menciona que no tiene sentido para ella tratar de conseguir muebles o cosas cada vez, después de tantos años de pérdidas materiales y daños estructurales en la casa debido a las inundaciones.
Sra. Mirna Juárez
La Sra. Mirna Juárez, de 51 años, tiene tres hijos que han formado sus propias unidades domésticas. Ella, sin embargo, se hace cargo de la manutención, crianza y cuidados de tres de sus nietos (de 8, 9 y 12 años). Explica que la situación se debe a la repentina muerte de la esposa de uno de sus hijos. Comenta que su situación económica es extremadamente precaria, ya que su hijo, el padre de los niños, no contribuye a su manutención con regularidad, solo esporádicamente y de forma muy limitada. Mirna trabaja en el servicio de limpieza no doméstica tres veces por semana en un local del centro de la ciudad de Monterrey. Su carga de trabajo es mucha, tanto en su casa como fuera de ella; dice sentirse cansada y cada vez más vieja.
Su marido tuvo un accidente antes de cumplir 30 años y quedó con una discapacidad mental. Ella estuvo a su cuidado hasta su muerte, él podía andar y moverse con independencia, pero tenía ataques de pánico y ansiedad cuando llovía. La casa la construyó ella misma, en parte con su marido y en parte con sus hijos y otros familiares.
Sra. Silvia Arellano
La Sra. Silvia Arellano vive en una casa de autoconstrucción en la colonia San Martín, en su mayor parte construida por su esposo, el Sr. Paco González. La pareja llegó a Monterrey en 1971 y ha sido parte activa de los movimientos comunitarios, especialmente Silvia como parte de las comisiones vecinales de mujeres para la introducción de drenaje, pavimentación, gas entubado y servicio telefónico. Silvia recuerda que cuando una de sus hijas estudiaba en la secundaria tenía que ponerle bolsas de plástico en los zapatos para ir a tomar el camión y no llegar a la escuela llena de lodo o remojada en agua sucia.
Silvia está actualmente en silla de ruedas debido a una operación de rodilla y Paco se encarga, junto con un hijo adulto que aún vive con ellos, de las tareas domésticas más urgentes, como hacer la comida y lavar la ropa; todas las demás tareas se han ido acumulando. Paco comenta que espera que Silvia pueda volver a caminar para que todo vuelva a la normalidad. Ella se muestra preocupada por “no poder hacer nada” desde la silla de ruedas. La casa de la pareja está justo enfrente de las actuales obras de drenaje pluvial, lo que les ha traído muchas dificultades para acceder al lugar, y otros inconvenientes. No obstante, la casa de Silvia y Paco en ocasiones ha servido como refugio temporal para los vecinos durante lluvias extremas, ya que cuentan con un segundo piso, a diferencia de varios de sus vecinos inmediatos.
Sra. Aída Morales
La Sra. Aida Morales tiene 67 años y está casada con el Sr. Pablo Benavides, de 74 años. Llegaron al lugar hace 46 años, a principios de la década de 1980. Tienen tres hijas y dos hijos, que actualmente viven en sus propias unidades domésticas. Aida tiene un puesto de tacos desde hace siete años, en una avenida principal de la colonia. Ella misma cocina todos los guisos diariamente y hace a mano las tortillas para los tacos. Para comprar los ingredientes depende de una nieta que la acompaña en taxi al mercado central, pues ni ella ni su esposo manejan, ni tienen automóvil. Antes de tener el puesto de tacos, fue trabajadora del hogar durante 30 años, pero empezó a trabajar fuera de casa hasta que su hija mayor cumplió 14 años, edad suficiente para cuidar de sus hermanos pequeños. Se describe a sí misma como alegre y bromista.
Pablo, su esposo, trabajó inicialmente como obrero de la construcción, de ahí que pudiera construir su propia casa. Más tarde, consiguió un empleo formal como conserje en una escuela privada, donde pasó 33 años hasta su jubilación, hace 11 años. Actualmente participa activamente en el trabajo comunitario y, en parte, en la venta de tacos junto con Aida.
Sra. Adriana Perales
Adriana Perales tiene 34 años y es la más joven de las colaboradoras de la investigación; tiene seis años casada y no tiene hijos. Es contadora y trabaja a tiempo parcial en esquema de home-office. Llegó a la colonia cuando tenía cuatro meses de edad y vive allí desde entonces. La criaron sus abuelos, junto con seis tíos, que formaron parte de los fundadores de la colonia en los años 70. El abuelo era albañil y construyó el primer piso de la casa. Adriana cuidó de sus abuelos, que eran como sus padres, en su vejez y durante sus enfermedades terminales. Cuando murieron sus abuelos, compró junto con su marido la parte correspondiente de la casa al resto de los hijos herederos. Considera que conoce a la mayoría de los habitantes de los alrededores, algunos de ellos son bastante cercanos a ella. Adriana apoya con frecuencia a grupos de vecinos en la redacción de documentos de solicitud y petición ante autoridades públicas, y con la lectura de cartas de respuesta de las mismas.
Reflexiones sobre el sufrimiento ambiental ante inundaciones recurrentes en las faldas del Cerro del Topo Chico
En las descripciones de la sección anterior pueden destacarse aspectos relacionados con el sufrimiento ambiental desde una perspectiva interseccional, es decir la imbricación estructural e identitaria de las dimensiones o aspectos de género con otras categorías de desigualdad y diferenciación social, en particular, en este caso, con la edad, la condición de salud física y mental y la situación socioeconómica.
A partir de una primera lectura del sufrimiento ambiental a través de narrativas sobre las posiciones interseccionales de riesgo de las personas colaboradoras de la investigación resaltan los siguientes aspectos:
- Las cargas del trabajo de cuidados de infancias, personas enfermas o discapacitadas, y también de otros adultos no enfermos ni discapacitados (Sánchez de Madariaga, 2013), son asignadas en su mayoría a mujeres y niñas desde su socialización, incluyendo el trabajo doméstico y la crianza, como lo muestra el caso de Aida Morales y su hija de 14 años. En las narraciones, aun siendo sintéticas, salen a relucir claramente las dobles y triples jornadas de varias de las mujeres, al asumir también trabajos remunerados, en su mayoría en el sector informal de la limpieza en otros hogares o limpieza no-doméstica, a la par de los trabajos de cuidado que consumen tiempo y energía, son repetitivos, invisibles, no remunerados y poco reconocidos socialmente (Fischer y Tronto, 1990).
- Según Matxalen Legorreta Iza, el cuidado no solo se asume como un trabajo femenino, no remunerado e invisibilizado, “el cuidado consta de una dimensión moral vinculada con el deber. Las mujeres, por nuestro aprendizaje de género, tenemos interiorizado que cuidar es nuestro deber y nos crea sentimiento de culpa no poder cuidar como y cuando se supone que debemos hacerlo” (Legorreta Iza 2021: 9). Por eso Silvia Arellano se siente preocupada por no poder hacer nada por estar en silla de ruedas.
- Además, los cuidados tienen lugar no solo en espacios domésticos, por lo que puede imaginarse la aflicción de proveer cuidados en entornos inundados o trayectos con agua corriendo o llenos de charcos, por ejemplo la desesperación y la vergüenza de llevar a los hijos a tomar el autobús para la escuela entre el lodo y el agua contaminada que expresa Silvia.
- Además de estas cargas de trabajo, la feminización de la responsabilidad del trabajo comunitario para la mejora de las condiciones de la vida cotidiana se encuentra muy presente en las narrativas de las colaboradoras de la investigación, al menos en las primeras décadas de la colonia, en sus luchas por obtener acceso a los servicios urbanos básicos y a la educación. Se trata también de un trabajo no remunerado y poco reconocido socialmente; sin embargo, es frecuentemente uno de los pocos espacios, aunque en las escalas jerárquicas inferiores, de participación política social de las mujeres.
- Las condiciones y situaciones de salud y enfermedad, con especial enfoque en aquellas que han determinado y condicionado las experiencias durante inundaciones y anegamientos, así como las posibilidades de afrontar tales fenómenos. En particular resultan desgarradoras las narraciones de Diana Garza y Laura Ramos, cuyos esposos murieron en condiciones extremas y deshumanizantes en términos de atención médica.
- La situación socioeconómica de las unidades domésticas, donde predominan situaciones de precariedad y múltiples carencias, en particular en las etapas tempranas de formación de las familias, aunque en algunas unidades domésticas la situación persiste hasta la actualidad. En este aspecto, resaltan en particular los casos de Laura Ramos y Mirna Juárez, con la coincidencia de que ambas han tenido que cuidar a un esposo con condiciones delicadas de salud mental y sobrellevar tanto en los cuidados como en el trabajo remunerado la ausencia de sus parejas en las etapas de crianza de hijos, y también nietos en el caso de Mirna.
- La etapa del ciclo doméstico en la que se encuentran las unidades domésticas. Por tratarse de adultos y adultas mayores en su mayoría, la etapa predominante es la de dispersión, aunque también se presentan hogares dona (abuelas con nietos y nietas) y unidades domésticas en etapa de consolidación (ver González de la Rocha, 1994).
- La condición de autoconstrucción de las viviendas de las diversas unidades domésticas que habitan las colaboradoras y los colaboradores de la investigación, que habla de una vida de esfuerzos, luchas e inversiones materiales y emocionales en el lugar, a pesar del engaño inicial acerca de la localización de los terrenos en zonas propensas a inundación. La autoconstrucción se percibe como un factor de orgullo que fomenta el apego al lugar y el sentido de pertenencia, incluyendo cuestiones de cohesión social, identidad del lugar y los lazos emocionales y afectivos (ver Chavez-Rodriguez, 2024).
- Finalmente, las narraciones reflejan en el fondo el añejo dolor de la discriminación étnico-racial relativa a su condición inicial de migrantes del campo a la ciudad, junto con la estigmatización por la ocupación de tierras ejidales, aunque estas se las hubieran apropiado previamente organizaciones sindicales, como CTM y Tierra y Libertad.
Los rasgos del sufrimiento ambiental son múltiples, se llevan en los cuerpos y en las memorias individuales y colectivas: los dolores de las personas enfermas, los duelos de las pérdidas materiales y humanas, la desesperanza expresada en el desdén por las posesiones materiales después de múltiples pérdidas, la desesperación de no poder recibir o proveer atención médica, los ataques de pánico y ansiedad por las lluvias, las angustias de no poder salir y perder el trabajo o los exámenes escolares, la vergüenza de llegar embarrado de lodo a la escuela, … el enojo por la negligencia gubernamental para concluir el proyecto del drenaje pluvial.
Considerando esta primera lectura, el sufrimiento ambiental se revela como una condición de existencia de las personas y unidades domésticas que colaboraron en este estudio, sufrimiento que coincide con las posiciones interseccionales de riesgo —es decir, con las múltiples condiciones de opresión y privilegio que experimentan y negocian las personas, pues su capacidad de agencia está también presente—. Por ello, a la vez el sufrimiento ambiental puede considerarse como un detonador de sus formas de organización y resistencia comunitaria, como se aprecia en las síntesis narrativas, y de sus demandas de justicia socioambiental. Justicia socioambiental tanto en términos de distribución de bienes e infraestructura urbana y de distribución de perjuicios por inundaciones, anegamientos y escorrentía superficial recurrentes, como debido a sus demandas de participación ciudadana y reconocimiento social, buscando dejar atrás su estigmatización como invasores o arribistas urbanos venidos del campo, y exigiendo ser considerados como ciudadanos y dignos/dignas habitantes de sus colonias y de la ciudad de Monterrey.
Referencias
Auyero, J., y Swistun, D. (2008). Inflamable: Estudio del sufrimiento ambiental. Paidós.
Castillo Oropeza, O. A., y Delgado Hernández, E. (2024). Prolegómenos para una ecología política del sufrimiento socioambiental en América Latina. En Castillo Oropeza, O. A., y Roca-Servat, D. (eds.), Ecología política, sufrimiento socioambiental y acción política (pp. 27-46). CLACSO.
Chavez-Rodriguez, L. (2024). ‘We live with the floods’ – Intersectional Risk Theory in the analysis of household’s flood risk in Monterrey, Mexico. Journal of Risk Research, 27(9), 1119–1132. https://doi.org/10.1080/13669877.2024.2387333
Fisher, B. y Tronto, J. C. (1990). Toward a feminist theory of caring. En Abel, E. y Nelson, M. (eds). Circles of care: Work and identity in women’s lives (pp. 35-62). Sunny Press.
Giritli Nygren, K., Olofsson, A., y Öhman, S. (2020). A Framework for Intersectional Risk Theory in an Ambivalent World. Palgrave Macmillan.
González de la Rocha, M. (1994). The resources of poverty: Women and survival in a Mexican city. Blackwell.
Legorreta Iza, M. (2021, 23 de abril). ¿De qué hablamos desde los feminismos cuando hablamos de cuidados? El Salto. https://www.elsaltodiario.com/cuidados/de-que-hablamos-desde-feminismos-cuando-hablamos-cuidados
Sanchez de Madariaga, I. (2013). From women in transport to gender in transport: Challenging conceptual frameworks for improved policymaking. Journal of International Affairs, 67(1), 43-65. http://www.jstor.org/stable/24461671
- Correo: libertadchavez@ciesas.edu.mx ↑
- Agradezco a Ana Luisa González Rosas, en aquel entonces asistente de investigación del proyecto “Ecología política de las inundaciones urbanas en el Área Metropolitana de Monterrey”, por su invaluable acompañamiento en campo, la documentación de la visita y las reflexiones iniciales sobre la misma. Por supuesto, asumo la responsabilidad del análisis y opiniones vertidas en este texto. ↑
- Este estudio forma parte del proyecto de investigación “Desigualdades de género y vulnerabilidad social ante amenazas hidro-meteorológicas en Monterrey. Percepción del riesgo y prácticas de afrontamiento, adaptación y supervivencia en el contexto del cambio climático”, conducido por la autora de 2021 a 2024 en CIESAS Noreste. ↑
- Por razones de protección de datos personales y confidencialidad, los nombres de las personas colaboradoras de la investigación han sido cambiados. ↑
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CORETT es el acrónimo de la, ahora inexistente, Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra a nivel federal en México. ↑