Carlos de Jesús Gómez-Abarca[1]
Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Unicach
Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica
“La Base”. Foto: César Bojorquez vía Wikimedia Commons.
.jpg){kind=link}
Introducción
La participación ciudadana es un elemento esencial para comprender el funcionamiento de las democracias. Aunque a menudo se asocia únicamente con el ámbito electoral, la realidad es que esta se manifiesta en diversas formas, tanto electorales como no-electorales, incluyendo expresiones de protesta y otras formas de antagonismo político (Cordourier, 2015). Las instituciones democráticas tienen la responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para que las diversas formas de participación puedan desarrollarse plenamente ofreciendo un sistema de libertades político-electorales y civiles mínimas, tales como la libertad de expresión, asociación y voto, elecciones libres e imparciales y una diversidad de fuentes de información (Dahl, 1997).
Este ensayo ofrece una reflexión sobre el papel de la participación política en Chiapas, considerando tanto la vía electoral como la no-electoral. Las elecciones, como pilar de las democracias liberales modernas son fundamentales para la legitimidad, la rendición de cuentas y la estabilidad democrática, pues permiten a los votantes elegir a sus representantes. Paralelamente, la vía no-electoral, que incluye a activistas, organizaciones y movimientos sociales manifestándose a través de distintas acciones, actúa como un motor de cambio político y social, enfrentando a las élites y autoridades, visibilizando injusticias, e incorporando nuevas voces al debate político.
En el contexto actual estas dos formas de participación enfrentan amenazas significativas, especialmente en entornos marcados por el autoritarismo y la violencia. Este modesto ensayo también se propone explorar cómo la violencia afecta a estas dos vías fundamentales de participación, con la esperanza de contribuir a una mejor comprensión de los desafíos que enfrentan la ciudadanía, los activistas y los movimientos sociales en la vida política de Chiapas.
Elecciones bajo amenaza: el impacto de la violencia criminal
En el proceso electoral de 2017-2018 Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición «Juntos Haremos Historia» —compuesta por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES)— logró llegar a la Presidencia de la República tras dos intentos previos. Esta victoria se consolidó con la obtención de la mayoría de las diputaciones, senadurías y gobernaturas en disputa. En Chiapas, el cambio político se materializó con la elección de Rutilio Escandón Cadenas como gobernador. La jornada electoral en el estado estuvo marcada por distintas expresiones de violencia en varios municipios: robo de casillas y material electoral con personas heridas, quema de urnas, enfrentamientos con víctimas fatales y heridos, incendios en oficinas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) así como destrucción de otros inmuebles institucionales (Gómez-Abarca y Méndez-Gómez, 2021).
A seis años de este giro político-electoral, uno de los grandes compromisos incumplidos por los gobiernos federal y estatal de la Cuarta Transformación (4T) es la reducción de la inseguridad y la violencia. Durante varios años, Chiapas se mantuvo relativamente al margen de la violencia vinculada al crimen organizado, desatada principalmente desde 2006 con el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, desde 2018, se ha experimentado una escalada de violencia sin precedentes. La creciente violencia ejercida contra actores políticos es una de sus muchas expresiones.
El informe Votar entre balas examina las repercusiones y fenómenos asociados a la violencia político-criminal en México entre 2018 y 2023, entendida como “el conjunto de ataques que grupos vinculados con el crimen organizado ejercen contra actores políticos, mediante los cuales buscan incidir de manera más amplia en el control de los procesos electorales, las instituciones políticas y los recursos públicos” (Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, 2024: 3). Entre sus conclusiones señala que la violencia político-criminal en México se ha expandido significativamente en casi todo el territorio nacional durante los últimos seis años. Esta violencia afecta principalmente a personas autoridades electas, candidatas, activistas, militantes de partidos políticos, funcionarias y exfuncionarias, así como a sus familiares y a instalaciones gubernamentales o partidistas. Los ataques contra funcionarias y candidatas son la manifestación más visible de la gobernanza criminal (Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, 2024).
Gráfica 1. Víctimas de violencia político-criminal en México (2018-2023)
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por Animal Político,
Data Cívica y México Evalúa en su sitio: https://votar-entre-balas.datacivica.org/datos-votar-entre-balas.
En el caso de Chiapas, el informe destaca un aumento significativo en la violencia político-criminal, que ha marcado el contexto electoral con intimidación y control por parte de grupos criminales. Se registraron ataques contra candidatos y funcionarios, lo que llevó a un aumento en la sustitución de funcionarios de casilla y a una disminución notable en la participación electoral. Los datos muestran que los municipios con mayor incidencia de violencia experimentaron tasas de participación más bajas, evidenciando cómo el miedo y la coacción afectan directamente la participación electoral, con repercusiones a largo plazo en la gobernanza local, y en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y la integridad de los procesos democráticos, dando continuidad a un ciclo de impunidad y control criminal en la política local (Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, 2024).[2]
El 2 de junio de 2024, la ciudadanía mexicana nuevamente fue convocada a participar en las urnas. En Chiapas, Eduardo Ramírez, candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas encabezada por Morena, resultó ganador, en un contexto de creciente violencia político-criminal y una disputa territorial entre grupos del crimen organizado. Según Burguete (2024), la instrumentalización de la violencia se puede dividir en distintas fases: inicialmente, se eliminaron adversarios indeseados en la competencia electoral. Durante la selección de candidatos, el crimen organizado negoció para imponer candidatos afines. Posteriormente, la población fue asediada con el fin de intimidar y coaccionar el voto hacia ciertos candidatos. Finalmente, el día de la elección, la violencia en casillas y oficinas buscó disuadir a los votantes, consiguiéndolo en algunas localidades. El repertorio de acciones violentas incluyó amenazas, secuestros y asesinatos.
Burguete señala que esta «guerra» ha intensificado la violencia electoral y criminal en Chiapas, colocando a la población bajo amenaza constante y vulnerando sus derechos. La violencia es particularmente grave en la región fronteriza y la sierra. Además de la pérdida de vidas, es preocupante la captura de las instituciones municipales, lo que ha fracturado organizaciones, destruido familias y deteriorado el tejido social. Diversos grupos criminales se han enquistado en la sociedad, instaurando una gobernanza criminal centrada en controlar los gobiernos municipales. Este control ofrece acceso a información privilegiada sobre actores locales, grupos económicos y estrategias de seguridad, convirtiendo la gestión municipal en un «capital» crucial para estos grupos, y presionando a los nuevos gobiernos a repartir ese «capital» bajo coacción (Burguete, 2024).
Violencia y protesta: el desafío para los movimientos sociales
El papel de las organizaciones y los movimientos sociales está condicionado por un conjunto de procesos que pueden incentivar su participación o provocar su desmovilización. La desmovilización merece un análisis por sí mismo que, según Demirel-Pegg (2017), puede realizarse desde tres dimensiones clave: la estatal, la organizativa y la individual. En la dimensión estatal, factores como la represión, las concesiones gubernamentales, la contra-movilización de grupos opositores y los cambios en el liderazgo juegan un papel crucial. A nivel organizativo, la cohesión interna, la capacidad de respuesta y la reacción ante la represión son determinantes. Por último, en la dimensión individual, la pérdida de confianza, el agotamiento y la insatisfacción con los resultados son elementos clave. Asimismo, eventos espontáneos o críticos pueden forzar a los líderes a replantear la estrategia de la movilización.
Entre los procesos más recurrentes y los más analizados se encuentran los represivos.[3] En el caso de Chiapas, en las últimas décadas, se han documentado los procesos de contrainsurgencia que combinan una diversidad de estrategias que incluyen la militarización, la paramilitarización, el aislamiento de los movimientos y las políticas sociales (CDHFBC, 2009; Morquecho, 2011). Recientemente, el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas intitulado “Chiapas: un desastre”, enfatizó que la militarización en México y la expansión de las facultades del Ejército son causantes de un control extendido de las Fuerzas Armadas sobre diversas áreas de la vida pública sin rendir cuentas, manteniendo un manejo autónomo del presupuesto y del fuero militar. Esto, junto con la creciente aplicación de restricciones a la movilidad humana, impulsadas por Estados Unidos y adoptadas por el gobierno mexicano, ha intensificado la represión contra grupos que promueven proyectos alternativos, y contra migrantes en tránsito (CDHFBC, 2023).
Lo anterior confirma básicamente una serie de estrategias estatales de desmovilización. Pero, si consideramos, como sugiere Demirel-Pegg, una definición más amplia, interactiva y dinámica de los procesos de desmovilización, podemos reflexionar sobre otros procesos político-sociales asociados. En un análisis reciente exploramos el efecto desmovilizador tanto de la victoria electoral de la 4T en 2018[4] como de la pandemia de Covid-19, extendida en 2020. El estudio permitió sostener que, a diferencia del impacto significativo que tuvieron la pandemia y el confinamiento en la reducción de las protestas, la victoria de Morena y sus aliados no provocó una disminución notable en estas (Gómez-Abarca, 2024). Sin embargo, tras el confinamiento, los niveles de movilización no volvieron a ser los mismos.
Gráfica 2. Protestas en Chiapas (2018 – 2023)
Fuente: Elaboración propia con base en Base de Datos Protestas en Chiapas (2018-2023).
La gráfica que concentra los 454 eventos de protesta documentados entre 2018 y 2023, revela tres etapas diferenciadas en la dinámica de movilización.[5] La primera etapa, desde antes del inicio oficial de las campañas electorales, se ubica entre enero y agosto de 2018. Durante este periodo, se observó una intensificación en la actividad de «precampaña», pero las protestas no fueron altamente visibles en términos de eventos organizados, en una coyuntura en que las tensiones y ajustes entre partidos dominaban el panorama.
La segunda etapa, entre agosto de 2018 y diciembre de 2019, se caracteriza por un notable incremento en la actividad de protesta. Este intervalo arranca con la elección presidencial del 1 de julio de 2018, en la que AMLO Obrador fue elegido presidente y Rutilio Escandón gobernador. Las protestas en esta etapa se centraron en demandas de paz, justicia, derechos humanos, así como cuestiones ambientales y ecológicas. Además, la intensificación de las movilizaciones reveló la importancia de los movimientos autonómicos y los gobiernos comunitarios, evidenciando una respuesta activa a los cambios políticos y sociales.
La tercera etapa se extiende desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, con posibilidad de extensión hasta agosto de 2024 debido a la falta de cambios significativos en la dinámica de movilización. Este periodo estuvo marcado por la pandemia global, que tuvo un impacto profundo en las protestas. Durante los primeros meses del confinamiento, se observó una notable disminución en la frecuencia de las movilizaciones debido a las restricciones de movilidad y medidas de distanciamiento social. Aunque hubo un repunte en la actividad de protesta con la llegada de la «nueva normalidad» entre junio y julio de 2020, y ligeros incrementos en marzo y junio de 2024, la intensidad de la movilización no logró recuperar el nivel del periodo anterior.
En términos generales, es importante notar dos cosas. La primera es que cinco de cada diez eventos de protesta registrados son protagonizados por organizaciones y movimientos sociales que podrían ubicarse dentro del sector de paz-derechos humanos, el ambientalismo-defensa de la vida y los territorios y movimientos autonómicos-gobiernos comunitarios. Lo segundo a destacar es que la represión policial durante las protestas se mantiene en un nivel bajo, en 1 de cada 10 eventos, pero los testimonios y consignas de los manifestantes revelan una situación diferente. Más de la mitad de estos testimonios denuncian agresiones, hostigamiento, intimidación, asesinatos, detenciones injustas y desplazamientos forzados, evidenciando un patrón sistemático de violación de derechos.
Las protestas denuncian diversas formas de violencia. Entre las más reiteradas encontramos: el acoso sistemático por parte del crimen organizado, el aumento del tráfico de drogas y las desapariciones, el incremento en la violencia contra comunidades zapatistas y el hostigamiento por parte del Ejército Mexicano y las policías estatales y municipales, el asesinato de activistas, feminicidios, agresiones a periodistas y violencia de género, la militarización de territorios indígenas, y el desplazamiento forzado de comunidades autónomas. Las acciones colectivas, muchas impulsadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, exigen a las autoridades medidas efectivas para combatir estos actos delictivos, detener la violencia y proteger a las comunidades afectadas.
Reflexiones finales
Los procesos electorales en democracias contemporáneas enfrentan serios desafíos, especialmente en estados como Chiapas, donde la violencia y la intervención de actores como el crimen organizado generan un entorno de inseguridad y desconfianza. Esta situación afecta la legitimidad de las elecciones, al limitar la participación ciudadana e influir en los resultados, lo que debilita la credibilidad de las instituciones democráticas y dificulta la consolidación de un sistema político justo y transparente.
Por otra parte, los movimientos sociales se encuentran en una encrucijada. La creciente violencia y represión no solo desincentivan la acción colectiva, sino que también fragmentan las bases sociales que sostienen estos movimientos, obligándolos a decidir entre permanecer en sus territorios y salir de estos para salvaguardar su vida. En un entorno donde el miedo y la coacción prevalecen, la capacidad de estos grupos para influir en la política y exigir la protección de derechos fundamentales se ve gravemente limitada.
Como podemos ver, los desafíos para quienes encabecen el “segundo piso” de la 4T, son monumentales. Enfrentar la violencia, restaurar la confianza en las instituciones y revitalizar los movimientos sociales son tareas indispensables para asegurar la estabilidad y la justicia en el país. Es imperativo que se adopten políticas integrales que no solo fortalezcan la seguridad, sino que también promuevan el desarrollo social y económico, con un enfoque en la reconstrucción del tejido social y el respeto a los derechos humanos.
Bibliografía
Animal Político, Data Cívica y México Evalúa (2024). Votar entre balas. Democracia. El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México. https://votar-entre-balas.datacivica.org/
Burguete, A. (2024, 8 de agosto). Ponencia en el IX Foro Social sobre Democracias Otras. Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica. En CESMECA-UNICACH OFICIAL (2024, 8 de agosto). 9º Foro Social sobre las Democracias Otras (video)
YouTube. https://www.youtube.com/live/YQ1lznjEzJQ?si=sVQMZKPmmjvJqIj_&t=5067
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) (2009). Balance anual sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas.
https://frayba.org.mx/sites/default/files/090528_balance_anual_2008_frayba.pdf (consulta: 15/08/2023)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) (2023). Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado. Editorial Fray Bartolomé de Las Casas. (consulta: 15/08/2023). https://frayba.org.mx/informe-frayba-chiapas-un-desastre
Cordourier Real, C. R. (2015). “Participación ciudadana e instituciones: un análisis desde la teoría democrática de Robert A. Dahl”. Estudios sociológicos, 33(99), 579-605.
Cortez, E. (2008). “Criminalización de la protesta social en México”. El Cotidiano – UAM, 23(150). 73-76.
Dahl, R. A. (1997). La poliarquía: participación y oposición. Tecnos.
Demirel-Pegg, T. (2017, 28 de junio). “The Demobilization of Protest Campaigns”. Oxford Research Encyclopedia of Politics. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.251
Earl, J. (2011). “Political repression: Iron fists, velvet gloves, and diffuse control”. Annual Review of Sociology, 37, 261-284. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.012809.102609
Gómez Abarca, C. y Méndez Gómez, D. (2021). “Elecciones en Chiapas 2017-2018: un análisis de la prensa electrónica”. En M. del C. García Aguilar, C. de J. Gómez Abarca, M. I. Martínez Espinoza, D. U. Méndez Gómez, J. Solís Cruz, P. Uc, y D. Villafuerte Solís, Vuelta de tuerca. Aproximaciones críticas sobre el proceso electoral 2017-2018 y primeros atisbos de la Cuarta Transformación en Chiapas y México (pp. 147-180). Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Morquecho, G. (2011, 5 de agosto). “Deshonra militar, militarismo y militarización en Chiapas”. América Latina en movimiento. http://www.alainet.org/es/active/48560
Tarrow, S. (2018) El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Alianza Universidad.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación (TEPJN) (2018). El TEPJF emite dictamen sobre cómputo final, declaración de validez del proceso electoral y declaratoria de presidente electo. Boletín Sala Superior 260/2018. https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/3360/0.
- Correo electrónico: jesus.gomezabarca@gmail.com ↑
- El registro actualizado es de 112 víctimas de atentado, amenaza, ataque armado, asesinato, secuestro, desaparición a candidatas(os), autoridades de elección popular, integrantes de partido, funcionarias(os), familiares, fuerzas de seguridad fuera de combate del 1 de enero de 2018 al 2 de agosto de 2024. Véase https://votar-entre-balas.datacivica.org/mapa ↑
- Entendidos como una “política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad” (Cortez, 2008: 75) o como “una forma de control político cuyo propósito es prevenir o disminuir los desafíos directos y no institucionales al poder social, cultural o político (es decir, a la protesta, el activismo y los movimientos sociales)” (Earl, 2011: 262). En México tenemos un conjunto amplio de casos paradigmáticos: la matanza de estudiantes en Tlatelolco, en la ciudad de México en 1968 y la “guerra sucia” contra los movimientos sociales y armados durante la segunda mitad del siglo XX en Guerrero. ↑
- Algunos testimonios y análisis apuntaban que la victoria de Morena generó cierto optimismo en amplios sectores de la sociedad, incluidos algunos de los grupos organizados que forman parte de movimientos sociales. Ante esto, se preveía un efecto desmovilizador. ↑
-
Asumimos que las protestas constituyen acciones colectivas impulsadas por activistas y organizaciones, algunos de los cuales acompañan o impulsan movimientos sociales, constituyéndose el rostro más visible de estas formas de participación y asociación política. La información presentada se deriva del monitoreo de eventos de protestas en Chiapas entre 2018 y 2023, que al terminar de escribir este ensayo consta de 454 registros. ↑