Dra. Patricia Torres Mejía,
Profesora-Investigadora, ciesas Ciudad de México.
En este ensayo expongo cómo acciones para prevenir y sancionar la Trata de Personas no siempre son realizadas para capturar a grupos delictivos conocidos y tolerados. Este caso muestra las consecuencias negativas de aplicar la ley contra nueve mujeres, éstas venían trabajando en forma intermitente desde hacía unos diez años vendiendo, acompañadas de sus hijos menores, comida, chicles y artesanías a trabajadores y paseantes en la zona turística de Cabo San Lucas. Trabajo informal que les permitía no separarse de sus hijos e hijas menores, enseñarles a ganar dinero trabajando, evitar dejarlos en casa solos y poder dedicar el día a las labores del hogar y a la supervisión de las tareas. También llevarlos y traerlos de la escuela. Estas 9 mujeres fueron detenidas y separadas de sus hijas, hijos, nieto y nieta por un operativo cuidadosamente organizado por la Procuraduría General de la República conformado por representantes de diferentes instancias, incluida una observadora de la cndh.
Se trató de la primera y única acción registrada en Baja California Sur relacionada con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que fue emitida en México desde 2007. Además, el operativo daba respuesta a quejas y denuncias presentadas desde 2013 por empresarios y comerciantes establecidos en la zona, personas molestas con la presencia de mujeres y menores durante las horas de vida nocturna frente a sus establecimientos.
Aquí muestro los daños irreparables causados por este operativo que enfocó su esfuerzo contra personas migrantes de origen indígena, cuya presencia es molesta porque da cuenta de la pobreza que existe en una de las zonas turísticas más lujosas del país. Aunado a la tensión entre la moral judeocristiana hegemónica en México y los usos y costumbres de las sociedades con cultura indígena.
Primera aplicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas
Los datos de este ensayo, sobre el impacto negativo de la aplicación de la ley, los vengo recolectando desde marzo de 2017, cuando apoyé el peritaje antropológico requerido como parte del proceso de defensa de las nueve mujeres acusadas y encarceladas por Trata de Personas en la modalidad de explotación laboral de menores.[2] Desde entonces mantengo contacto con ellas, las he visitado en varias ocasiones y a principios de este año residí en Cabo San Lucas, en la zona donde viven, y tuve oportunidad de conocer a fondo las consecuencias de la aplicación discriminada de la Ley de Trata en su entorno familiar y en las personas. Las voces compartidas y vidas observadas de las nueve mujeres encarceladas, a quienes he seguido a Cabo San Lucas, son parte de mi investigación realizada en estos últimos meses previos al inicio de la pandemia en México. Agradezco la hospitalidad brindada en Caribe Bajo Invasión y en la colonia suburbana Lomas del Sol, Los Cabos.
La Ley de Trata (como se le conoce) es el resultado de acuerdos y protocolos generados y aprobados en asambleas de las Naciones Unidas desde el año 2000 (Protocolo de Palermo), promovida en México por víctimas de este flagelo, estudiosas del tema, intelectuales y distintas organizaciones de la sociedad, quienes han documentado la gravedad de este delito en México. La ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 27 de noviembre de 2007, las últimas adiciones a la ley son del 19 de enero de 2018.
En 2018 el ordenamiento correspondiente había sido aprobado por la mayoría de los estados del país, pero no por Baja California Sur hasta al momento del cierre de este ensayo. De hecho, me llamó la atención que de acuerdo con el Diagnóstico sobre la Situación de Trata de Personas en México 2019, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta ley federal se aplicó por primera vez en el estado con el operativo aquí referido. El cual se llevó a cabo en la madrugada del 4 de diciembre de 2016 en la ciudad de Cabo San Lucas. Se informó que durante el operativo se había detenido a una banda de mujeres tratantes de 15 menores que las acompañaban, éstos fueron resguardados por el dif de la subdelegación. Esta acción permitió mostrar a las autoridades federales e internacionales “un primer avance” en esta zona turística a diez años de haber sido emitida la Ley de Trata en México (ver cuadro 1).
| Víctimas identificadas por la Procuraduría y la Fiscalía General y rango (2012-2017) | |||||
| De 1 a 19 víctimas | De 20 a 39 víctimas | De 40 a 99 víctimas | De 100 a 499 víctimas | De 500 a 999 víctimas | De 1 000 a 1 999 víctimas |
|---|---|---|---|---|---|
| Baja California Sur | Aguascalientes | Guanajuato | Baja California | Chiapas FEVIMTRA | Ciudad de México (1,506) |
| Campeche | Guerrero | Hidalgo | Chihuahua | ||
| Durango | Michoacán | Quintana Roo | Coahuila | ||
| Jalisco | Querétaro | Tamaulipas | Estado de México | ||
| Nayarit | San Luis Potosí | Veracruz | Oaxaca | ||
| Nuevo León | Sinaloa | Puebla | |||
| Sonora | Zacatecas | Tlaxcala | |||
| Tabasco | SEIDO | ||||
Cuadro 1. Perfil de las víctimas identificadas por las procuradurías y fiscalías generales.
Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), Informe 2019: 19).[3]
Del confinamiento a la libertad bajo fianza
Del 4 de diciembre de 2016 la Toca Penal 186/2016 dice:
siendo aproximadamente las 01:15 horas, se inició la diligencia en mención, estableciéndose sobre la zona turística entre las cuales Boulevard Lázaro Cárdenas y Paseo de la Marina, en la ciudad de Cabo San Lucas, BCS, donde se tuvo a la vista diversas personas quienes se encontraban en compañía de niños, niñas y adolescentes a los cuales se observó que se encontraban pidiendo dinero a los turistas, mismos que entregaban lo obtenido al adulto que los acompañaba.
Los agentes de la Policía Federal Ministerial iban acompañados por personal de la Primera Visitaduría de Derechos Humanos “avalando el actuar de todos los participantes” y con personal que venía del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Ayuntamiento de Los Cabos, Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Salud Mental y Procuraduría de Protección a la Mujer. Un operativo bien planeado.
Durante su declaración en Los Cabos, el abogado de oficio les preguntó sobre su condición indígena, misma que podría ayudarlas, pero ellas lo negaron al seguir el consejo de los abogados particulares que tomaron el caso durante los tres primeros días. El par de abogados contratados por familiares de ellas les prometieron que por 35,000 pesos el lunes mismo saldrían libres, “Es cosa sencilla, nos dijeron”, pero la situación no se concretó, de hecho, se declararon incompetentes cuando se dijo que el caso se llevaría en La Paz por tratarse de un delito grave. Cobraron 5,000 pesos de adelanto por cada una y sin ningún resultado.
Por tratarse de un delito grave, el caso era del fuero federal. Trasladaron a las acusadas al Cereso ubicado en La Paz, capital del estado, a más de 150 kilómetros de sus hogares. Con los cargos y evidencias presentados por la pgr, se les dictó auto de formal prisión “por su probable responsabilidad en la comisión del delito de TRATA DE PERSONAS EN SU HIPÓTESIS DE EXPLOTACIÓN LABORAL, UTILIZANDO PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS Y UN DISCAPACITADO” (auto emitido el 11 de diciembre de 2016 a las 23 horas). Se trata de un delito considerado en la Ley de Trata en los artículos 10 y 24 al imponer una pena de 10 a 20 años de prisión y de 1 000 a 20 000 días de salario de multa. Sus hijos quedaron bajo resguardo del dif en lo que eran evaluados por posibles daños físicos y psicológicos, para pasar después a evaluar la reinserción segura con familiares, decía el auto. Sólo fue entregado de inmediato a un tío materno el joven discapacitado de 19 años por haber presentado convulsiones al ser separado de su abuela.
Fue hasta abril, a casi cuatro meses de iniciado el caso , y a insistencia del abogado defensor, que la Procuraduría General de la República (pgr) realizó el peritaje oficial, el cual reconoció la actuación de las mujeres como “usos y costumbres indígenas” y no como “trata de personas”. Los cargos originales fueron anulados y el delito reconfigurado a “explotación de menores en condiciones de mendicidad” (artículos 10 y 24 de la Ley de Trata, primer párrafo, que indica de 4 a 9 años de prisión con una multa de 500 a 20 000 días de salario). Por tratarse ahora de un delito menor pudieron obtener su libertad bajo fianza. Ésta fue de 40,000 pesos para ocho de las nueve mujeres y 5,000 para la abuela adulta mayor. La cantidad la aportó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi hoy <span style=»font-variant: small-caps;»>inpi</span>, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas).
La liberación formal se logró hasta junio, a los seis meses de estar en prisión. Salieron del Cereso de La Paz pasadas las once de la noche del 7 junio de 2017. Este proceso dio el giro al lograr que ellas aceptaran su origen indígena, y que el peritaje de abogados registrados por la cdi confirmó. Fueron varias personas las que consideraron que el delito estaba sobredimensionado y equivocado: el custodio del Cereso, el abogado defensor de oficio (con sede en Culiacán, Sinaloa), el diputado local del pt, la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, integrantes de organizaciones de pueblos indígenas de La Paz, BCS. Lograr su libertad condicional les permitió regresar a su casa, pero con la obligación de presentarse cada lunes a firmar en lo que eran juzgadas en los tribunales del municipio de Los Cabos, lugar de su residencia.
Debido al peritaje realizado por abogados especializados en asuntos indígenas, el representante de la cdi manifestó que tenían grandes probabilidades de que se les declarará inocentes por actuar de acuerdo con los usos y costumbres de las poblaciones originarias: educar a sus hijos a aprender labores del campo, del hogar y de venta, desde temprana edad acompañados y vigilados por sus padres (El Independiente, 8 de junio de 2017).
Para seguir el caso se les asignó un nuevo abogado de oficio por el sistema de justicia del estado de Baja California Sur. El proceso duró más de un año. Me comentaron que en las pocas reuniones que tuvieron algunas de ellas con el defensor, éste les insistió en que eran culpables del delito de mendicidad y que buscaría que sólo les aplicara una multa y evitar que fueran de nuevo encarceladas.
El 25 de octubre de 2019 se les dictó sentencia –a casi dos años del arresto– fueron declaradas culpables de mendicidad por la jueza local. La sentencia para cada una fue de cinco años de cárcel con multa de 45,000 pesos y la posibilidad de evitar años de prisión con trabajo comunal voluntario. La sentencia les fue formalmente notificada el 30 de octubre con el cargo de “ser culpables por LA COMISIÓN DEL DELITO DE CORRUPCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD EN LA MODALIDAD DE INDUCIR A LA PRÁCTICA DE LA MENDICIDAD.”
No era la noticia esperada, ellas insistieron en que no eran culpables, que eran mujeres trabajadoras que nunca habían pedido limosna y jamás habían inducido a sus hijos o hijas a pedir dinero, sólo a vender los productos que ellas les daban. Sintieron desesperanza, hartazgo, enojo por ser víctimas de la injusticia. El defensor de oficio les dijo que consideraran que dado el delito que cometieron, no era tan grave la pena, y les sugirió aceptarla. Cansadas de la espera y de tener que perder empleos por ir a la firma cada lunes por la mañana, algunas de ellas optaron por aceptarlo, pero otro grupo, más de la mitad insistieron en que no eran culpables que debían apelar. Llamaron a sus mentores de La Paz y de la cdi para que las aconsejaran. Debatieron entre pagar la multa –la cdi les permitiría usar la fianza–, el trabajo comunitario aunque implicaría vivir en condiciones aún más precarias, pelearon entre sí, escucharon consejos y, finalmente, decidieron seguir en grupo e inconformarse para pedir revisión del resultado. Ellas insisten en que no son culpables de Trata de Menores.
Continúan yendo a firmar pero ahora con un costo económico mayor. Deben ir una vez al mes –consiguieron la dispensa de la firma semanal– pero al nuevo Cereso de Los Cabos. Llegar cada mes implica un costo de 700 a 800 pesos en Uber, 300 pesos de gasolina si los lleva algún familiar o 50 pesos en autobús más dos transportes urbanos (27 pesos), más la caminata de tres kilómetros desde la carretera. Cuentan con más libertad de movimiento, algunas han visitado su pueblo, aunque sigue siendo un impedimento para quienes han considerado regresar a su lugar de origen o trabajar en los campos agrícolas. Al momento de escribir este ensayo, el abogado de oficio me comentó que desde que le solicitaron la revisión del caso, pidió el envío de los diez tomos del expediente inicial, a siete meses de ello, parece que ya iban en camino. Usaron el cierre de tribunales por la pandemia como causa del retraso.
Las experiencias de trabajo
Baja California Sur es un estado de inmigración continua, la mayoría de los inmigrantes provienen de los estados del país con más presencia indígena. Datos del Censo de 2010 dan un Saldo Neto Migratorio (snm) positivo para el estado, de hecho, es el más alto del país –le siguen Quintana Roo y Colima–. Se informa que salieron 17 830 personas del estado e ingresaron 73 820; del total de 587 026 personas, 253 123 nacieron fuera del estado. Después de Sinaloa, los estados que más personas aportan a la inmigración son del centro del país.
Cinco años después, la población total del estado llegó a 712 020 (124 994 personas más). De ellas, 352 892 son mujeres y 329 137 son hombres. La mayoría de las personas se concentran en los municipios de La Paz con 272 711 habitantes y Los Cabos con 671 287. Baja California Sur continúa siendo el estado menos poblado de México con diez personas por kilómetro cuadrado (inegi, Conteo 2015).
Las nueve mujeres son parte de las personas inmigrantes al estado, llegaron a principios de este siglo siguiendo a sus padres o cónyuge desde poblados con gran cantidad de población indígena, la única que nació en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, fue en un barrio ocupado por migrantes de Oaxaca y una de ellas se expresa mejor en chinanteco que en español.
Al momento del operativo, todas vivían en colonias marginales ubicadas en el extremo norte de Cabo San Lucas, lugares donde hay mucha población migrante dedicada principalmente al trabajo en la construcción o al servicio en bares y hoteles, en los trabajos menos especializados. Siete de las nueve residían en colonias creadas a partir de invasiones.
En las entrevistas que les realicé en prisión sobre su historia laboral en su lugar de origen, relataron que desde pequeñas trabajaron al lado de sus padres. Casi nunca se quedaban en casa con los mayores y menos solas. Reconocieron que llevar a los niños y niñas menores a trabajar con sus madres era una práctica aceptada y fomentada; dejar a un menor sólo o a cargo de un hermano adolescente es muy criticado.
De hecho, se ve con malos ojos que las madres pongan en riesgo a sus hijos al dejarlos solos, con otras personas y menos con tíos o padres dados a beber. Para mí queda claro que se trata de una práctica reconocida en comunidades indígenas.
Recordaban que desde muy pequeñas iban al campo con su madre y cuando ya caminaban las ponían a ayudar en las tareas del campo. “Mi mamá me llevaba al campo a recoger fruta: capulines, duraznos y manzanas de los huertos. Recuerdo que a los cinco años me gustaba mucho recoger los huesitos de los capulines, recogía muchos y me felicitaban, ganaba mi buen dinero.” Otra relata: “Mi recuerdo de mi primer trabajo es como a los seis años, mi mamá venía con los menores, uno en brazos, a dar de comer a mi papá y a mi hermano mayor y ayudábamos en el campo; que quitar zacate, llenar los costales, y jugábamos mucho.” Otra recuerda,
Empecé a ayudar a mi papá desde los siete años, era chiquita y me subía a la yunta, bien buena que era para guiar al animal y sacar derechito el surco, decía que era trabajo de hombres, pero yo lo hacía mejor que mis hermanos. Ya más grandecita, mientras crecía la milpa, me salía a la puerta de la casa a vender que refresquitos o rebanadas de piña, así hacía mi dinerito y cooperaba.
Otra de ellas enfatiza, “Yo nunca dejé de trabajar, sólo los ratitos en que había maestra en la escuela; siempre para ayudar a mi mamá, que vender pan, que gelatinas y desde muy chica.”
Trabajar en Cabo San Lucas
De esta manera definen su vida como trabajadoras migrantes algunas de las entrevistadas: “Como ya no hablamos la lengua [sólo una de ellas se comunica en su casa en chinanteco y se expresa con dificultad en español… ya no vivimos allá en el pueblo, nos vinimos acá para mejorar”; “No nos gusta decir que somos de pueblo indígena porque acá nos insultan, se burlan, de por sí nos dicen Marías patarrajadas, nos desprecian los mexicanos; nos apoyan y compran los americanos”; “Los alguaciles de la mañana, tan prietos como nosotras, nos dicen indias, nos quitan la mercancía, la multa es de ochocientos pesos y por ello es mejor vender por la noche”.
Mujeres con hijos pequeños o con nietos pequeños a su cargo, optaron por trabajar algunos días de la semana vendiendo comida, artesanías y chicles a trabajadores y turistas de la zona de bares, discotecas y restaurantes. Ellas llegaron a Cabo San Lucas en la primera década de este siglo siguiendo a su padre o a su esposo en busca de trabajos mejor remunerados, algunas lograron entrar a trabajar en casa o en la construcción, pero en cuanto las veían embarazadas, o faltaban por no tener con quien encargar a sus hijos eran despedidas. Vecinas que ya vendían en la playa o en el muelle y que veían su situación les sugirieron que realizaran este trabajo que les permitiría llevar a sus hijos menores. Experiencia de cuidado que todas ellas tuvieron cuando niñas en sus pueblos. La inversión en chicles y “choros” (artesanías pequeñas) era muy baja.
Cuando salían a vender siempre lo hacían llevando a sus hijos o nietos menores de seis años y así lo relatan “De noche es menos cansado y se junta más pronto para el gasto”;, “Uno se da cuenta pronto de que si los niños venden les da gusto […] tener para sus cosas”. En ocasiones llevaban a hijos e hijas mayores (hasta de 12 años) quienes se podrían quedar, pero insistían a sus mamás en que querían acompañarlas o ayudarles a vender porque “Es más divertido que quedarse en casa.” El dinero que obtenían de estas ventas dijeron que era dedicado de forma exclusiva para la manutención, para útiles, uniformes escolares y algún capricho. Para la mayoría de ellas se trataba de un ingreso complementario al salario de sus cónyuges, y en el caso de las madres solteras, complemento a otros trabajos que realizaban durante la semana.
Los testimonios de los menores lo corroboraron. En las transcripciones se lee que todos los que estaban en edad escolar iban a la escuela en el turno vespertino, Podían levantarse tarde y aún con tiempo para hacer deberes. Algunas citas de la transcripción:
mi papá se dedica a la venta de elotes y mi mamá a la venta de choros y chicles… le ayudo a vender en las noches… Mi mamá me da para gastar de 30 a 35 pesos en la escuela y yo guardo dinero para comprarme lo que me gusta, como una ‘tablet’ que ya me compré… Mi mamá me cuida cuando me enfermo y mi papá también; mis hermanos estudian, nos compran mandado, yo [no] me siento cansada del trabajo porque duermo y ya me acostumbré.
Se señala en los expedientes que no encontraron daños emocionales ni físicos. Sin duda, y de acuerdo con la moral dominante y pronunciamientos sobre derechos humanos de los niños, sus madres no los llevaban con ellas al trabajo para evitar los riesgos de sacarlos de noche; ellas podrían trabajar en la construcción, en restaurantes, en el aseo de casas o villas, lavar y planchar ajeno, y pagar a una hermana o una vecina para que se encargara de sus pequeños mientras ellas estuvieran fuera. Podrían optar por otras formas de enfrentar la pobreza sin arriesgar a sus hijos. Estas mujeres migrantes de poblados rurales tenían poca o nula experiencia de vida urbana –sólo dos de ellas la tenían– y con poca educación formal, sólo dos tenía la primaria terminada. Algunas ya habían trabajado durante el día con diferentes tipos de patrones y patronas y perdieron ese tipo de trabajos por estar embarazadas, y la solución que encontraron fue trabajar vendiendo en la noche unos días u horas a la semana, les resultó más conveniente para no descuidar a sus menores.
En seguida presentaré algunas consecuencias de la aplicación de la justicia a personas y sus familiares en condición de pobreza. El operativo para detenerlas estuvo bien organizado y permitió a las autoridades de los tres niveles y a las federales, mostrar el primer resultado de la aplicación de la Ley para Erradicar y Prevenir la Trata de Personas; dar solución a la presión y denuncias de empresarios por la molesta presencia de estas mujeres y erradicar de la mirada de turistas la extrema pobreza en un lugar de turismo internacional. Detallo aquí tres de los agravios que ellas y sus familiares sufrieron a raíz, y sufren, de aplicarse esta Ley de Trata de forma selectiva contra personas que “no importan”, como diría Judith Butler, “cuerpos que son desechables”.
Primer agravio. La detención y separación de los menores de sus madres y abuelas
En la madrugada del domingo, ya para irse a sus casas, fueron invitadas por un grupo de seis personas vestidas de civil a que las acompañaran con los menores a subir a unas camionetas. Dijeron que eran del gobierno y que no temieran, que sólo querían hacerles una pregunta. Ninguna recuerda que se hayan identificado, pero ninguna recuerda habérselos pedido, sólo una recuerda que al subirse a la camioneta vio cómo bajo la chamarra de uno de ellos se veía un gafete de la pgr. Además, ya conocían a dos de las mujeres, eran del dif.
Ese día una de las vendedoras de chicles y “choros” iba con dos de sus siete hijos y ese día animó a una de sus hijas mayores, recién abandonada por su tercera pareja y sin ingresos, a que se fuera a vender, su hija llevaba a su hijo de 5 años y al bebé de ocho meses en brazos. Ambas reconocieron a las mujeres y eso las animó a seguirlas, así recordó el agravio de la detención:
Pasada la una de la mañana, esperando pedir los taxis para la casa, cuando ya estábamos listas para regresar, se acercaron unas personas que eran de la delegación y yo pues reconocí a la del dif, ella había ido a mi casa, nos dijeron que los acompañáramos a las camionetas con los niños. Yo tan ingenua creí que nos iban a dar alguna despensa o regalos por la Navidad, no pusimos resistencia, los acompañamos. Hasta iba contenta, pues yo pensé que nos iban a dar algo. Hasta que nos bajaron en un hotel y nos separaron de los niños.
Otra de ellas, dedicada a la venta de cenas y de artículos de catálogo, llevaba a sus dos hijas menores para que no se quedaran solas, recordó durante la entrevista a tres meses de la detención:
Yo iba cansada, había tenido un buen día de cobros, de las cenas y de los perfumes que vendo por abonos. Creo que traía como seis mil pesos más otro tanto en mercancía. Me subí a la camioneta y ya cuando vi que nos bajaban en un hotel, pedí permiso para usar el celular y avisar a mi mamá, y que nos amenazan a todas, “No pueden llamar a nadie, entréguenme sus celulares y sus bolsas, aquí van a descansar hasta mañana”. Pero ya no dejaron bajar a mis niñas de la camioneta. La oía gritarme “Mamá a donde nos llevan, mamá no nos dejes”.
La más joven de las detenidas relató:
Como a esas horas en que nos agarraron, yo llorando, porque me quitaban a mi bebé, porque le dije a la señorita “No me lo quite y mi [otro] niño diciéndome “Mamita, ¿dónde nos llevan?” Yo trataba de calmarlo, diciéndole que no pasaba nada, que me agarrara, y a la vez le preguntaba a la señorita que ¿qué pasaba? Le dice [al niño] “Ahorita te van a llevar al doctor”, pero se le empieza a salir el gafete a uno de la pgr y yo pensaba a dónde me iban a llevar. Al principio cuando estábamos en el hotel, decían que quitaran todos los celulares […] porque ellos nos recogieron todo y nos llevaron una a cada cuarto y ahí había un hombre y una mujer, unos extraños pues, y cuando íbamos a hacer una llamada, se enojaron y les dijeron que nos quitaran a todos nuestros celulares, o sea, nos sentimos como secuestradas.
Otra de ellas, quien no solía ir a vender recuerda que su hija relató que ese día fue a insistencia de su nieta, que estaba pasando una temporada con ella. Quería ir a jugar al muelle con sus primas. La convencieron y se fue con su hija, quien llevaba a sus tres pequeños, el menor, bebé aún de pecho. Recuerda que el día de la detención su hija hizo de inmediato una llamada, la única que lo logró, no consultó, sólo la hizo. Llamó de inmediato por su celular a su papá para decirle que las habían detenido y no sabía a donde las llevaban. Que avisara a la familia de su suegra. Durante una de las entrevistas así me lo contó.
Ya en el hotel nos quitaron todo, empezando por los hijos. después los celulares y luego bolsas, mercancía, sin más. Eran como seis personas, incluyendo la del dif, la reconocí porque habían ido unos días antes a la colonia. [Mi hija] puso mucha resistencia cuando le quitaron a su bebé de sus brazos, quería gritar, pero no lo hizo para no despertarlo. A los niños se los iba a llevar la gente del dif, nos dijeron, “Allí estarán resguardados, ustedes van a quedarse aquí y mañana podrán llamar.” Y que estábamos detenidas por presunto delito de trata.
Una más con enojo recuerda: “Una angustia en el hotel, ni descansar, sólo pensando en los niños, en mi nieta que me dejó mi hijo mientras arreglaba bien lo de su separación. ¿Qué era eso de trata de menores? Tal vez nos acusaban de maltrato, pero era absurdo, todas tratando de entender qué pasaba.”
La mayor de ellas, de 72 años, solía ir a vender con su nieto en silla de ruedas, entonces de 18 años, quien sufre de una discapacidad mental y a quien cuida desde que nació. Pensaba que sería cosa de una noche, que al día siguiente estaría con su nieto, pero lo que más recordaba con tristeza era lo que le contó su hijo mayor cuando la fue a visitar a la prisión en la Paz:
Como no llegaba a la casa con mi nieto, y vio mi esposo que se llevaron a mi hijo en la patrulla alegando algo de mí, se puso muy nervioso y decidió ir a buscarme. Él llevaba tiempo sin trabajar por estar enfermo y yo era la que llevaba dinero a la casa para nosotros y para mi nieto que está enfermo desde que nació. Mi esposo se desesperó y así enfermo, se salió de la casa como a las seis de la mañana para irme a buscar, caminó y caminó hasta llegar al muelle y [ahí] le dijeron que nos habían detenido. Se puso muy mal, y alguien se compadeció y lo llevó a la casa donde ya estaba mi hijo con el niño y le explicó.
El agravio de la detención incluye, además de quitarles a sus menores, el no entender por qué las apresaban. Qué era eso de trata: ¿maltratar? Las cito:
Porque como dice uno, cuando nos detuvieron nos dieron el papel de trata de personas, pero ni siquiera sabíamos qué era eso hasta que llegamos aquí, en el Cereso [de La Paz]… De hecho, cuando llegamos le preguntamos qué es trata de personas, y nos dijeron que es cuando las personas prostituyen a niños que ni son sus hijos, y que los venden. Nosotras no hacíamos nada de eso, el Señor [se refieren a dios] lo sabe bien.
[Otra voz] Nunca pensé que esto era delito… Nos pasaban los fiscales, los policías, y nunca me dijeron nada, aunque ellos dicen que avisaron, ¿qué devuelvo, que es el delito, trata de mujeres, trata de blancas, pues no, tenía otro nombre, trata de infantiles?
Todas trataban de entender el delito, pero al explicárselos, insistían en que si trabajaban de noche y con sus hijos, es porque era el mejor trabajo que habían encontrado para alimentarlos, vestirlos, cubrir gastos de la escuela y hasta sus caprichos. Tema que todos los niños mayores de cinco años tenían claro cuando respondieron a las trabajadoras sociales y psicólogas.[4]
Segundo agravio. La cobertura en la prensa
La prensa local cubrió la detención siguiendo la nota que entregó la pgr. Aparecen fotografías de ellas y los niños en la noche en la zona de bares y discotecas. La más repetida es la de la madre más joven con su bebé en brazos, sentada en las afueras de un bar observando a su hijo ofrecer artesanías. Fotos que se repiten en la prensa local revisada en línea: El Sudcaliforniano, BCS Noticias, El Independiente y el semanario Zeta. La noticia del arresto inició el 6 de diciembre y terminó el 13 de diciembre cuando se les ingresó en el Cereso de La Paz. Más adelante en abril, hay dos de cuando se hizo rueda de prensa para solicitar su libertad y el 7 de junio al ser liberadas. Las notas de diciembre son un agravio por la manera en que se refieren a ellas antes de ser procesadas.
En las notas publicadas aparecen en la sección policial repiten que se trata de una banda de mujeres dedicada a la trata de menores. En ninguna de las notas se dice que los menores son sus hijas, hijos, nieta y nieto.
Las primeras noticias aparecieron el martes 6 y el jueves 8 de diciembre.
Fueron detenidas nueve mujeres presuntas responsables y puestas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de explotación de menores, ya que los utilizaban para que pidieran dinero y ofrecieran a la venta diversos artículos a los turistas en altas horas de la noche, obteniendo así, beneficios de carácter económico.
Las y los menores habían sido sustraídos del seno familiar en diferentes estados del país, para traerlos a la zona de Los Cabo, Baja California Sur para su explotación. E inclusive, entre los adolescentes asegurados, hay dos bebés (El Sudcaliforniano, 6 de diciembre de 2016).
Se dio a conocer a través de los medios de comunicación locales que alrededor de 15 menores de edad, eran explotados laboralmente por una banda integrada principalmente por mujeres, quienes exponían a los niños a altas horas de la noche, a fin de que éstos recibieran beneficios económicos por parte de las personas que recorrían la zona.
Ante esto fueron detenidas 9 mujeres responsables y puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de explotación de menores; se sabe que los menores habían sido sustraídos del seno familiar en diferentes estados del país, para traerlos a la zona de Los Cabos, para su explotación (nbc Noticias, 8 de diciembre de 2016).
El 12 y 14 de diciembre se lee la noticia de que se les dictó auto de formal prisión en la nota policiaca, tanto en sección de los Cabos como en la de La paz.
El Juez Segundo de Distrito en la entidad dictó ayer auto de formal prisión en contra de 9 personas, acusadas por el Ministerio Público de la Federación por el delito de Tratas de Personas, en la modalidad de explotación de 15 menores en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se aclara que los hechos datan desde el año de 2013 y se ventilan en el sistema tradicional (El Sudcaliforniano, 12 de diciembre de 2016). La Procuraduría General de la República, tomó medidas jurídicas contra estas nueve mujeres detenidas, obteniendo un Auto de Formal Prisión, por su responsabilidad de delito de Trata de Personas, en la hipótesis de Explotación Laboral. […]
Se lograron resguardar a 15 niños menores de edad, mismos que se encontraban vendiendo diversos artículos a extranjeros a muy altas horas de la noche, obligando a los niños a trabajar, a pesar de su evidente cansancio y el frío del sitio.Luego de que los pequeños fueran asegurados, recalcando que dos de ellos eran bebés, y uno más tenía una discapacidad, fueron llevados ante el resguardo del Sistema de Desarrollo integral de la Familia (dif), para que de esta forma se garantizara su salud física y psicológica, así como su estabilidad jurídica, por lo que recibieron atención médica y psicológica teniendo una estadía en dichas instalaciones, hasta que las investigaciones con parientes próximos sean favorables para los niños […] que tenían en estado deplorable (El Sudcaliforniano, 14 de diciembre de 2016).
El Representante Social de la Federación, pudo recabar e integrar las pruebas donde se afirmó que los niños eran obligados a pedir dinero y a vender […] para que dichas personas obtuvieran un beneficio económico, a costa de su bienestar físico y emocional (nbc Noticias, loc. cit.).
El Zeta, semanario que se publica en Tijuana, el 14 de diciembre colocó como titular del reportaje especial hecho en torno al caso del operativo sorpresa “Niños explotados, ‘un secreto a voces’”. En esta amplia crónica, hace un recorrido del caso citando diferentes voces, la de uno de los niños, la de un trabajador del Ayuntamiento, la del presidente de la asociación local de empresarios, la del Secretario General de Gobierno. Todo encaminado a destacarlo como un acto de la justicia hacia los menores al detener a una parte de la red de trata en la que participan sus padres.
Para mostrar cómo orientan la noticia para reportar una buena acción de las autoridades, sólo entrevistaron a los acusadores, en ningún momento se entrevistó a sus familiares ni a vecinos. Destaco algunas voces citadas al respecto: “Me pedían que pidiera dinero, mínimo 500 pesos como cuota para poder irme a dormir, era muy cansado pero sí se juntaban. Sí nos llevaban a la escuela, pero saliendo nos mandaban para allá”. Fue el testimonio de un menor de 12 años, el cual estaba “siendo explotado” en la marina de Cabo San Lucas.
Testimonio que no encontré en el informe de las entrevistas realizadas a los niños por las Trabajadoras Sociales en el dif, hay cierta semejanza a la de la única niña que dijo que su mamá le pidió vender 500 pesos para alcanzar a cubrir lo de su tablet.
Los menores de edad que eran víctimas de explotación laboral, se les veía constantemente en la zona turística de Cabo San Lucas. Para algunos habitantes de la comunidad era una escena constante, incluso algunos ciudadanos ya lo consideraban normal. La verdad daba pena cómo los niños en algunos casos solo sabían decir one dollar, de ahí en fuera eran las únicas palabras que sabían hablar, ni siquiera el español”, expresó un habitante y trabajador del Ayuntamiento de Los Cabos, que por obvias razones solicitó anonimato (Zeta 14 de diciembre).
De lo dicho por el Secretario General de Gobierno resalto:
Es un tema de gran importancia el que se vulneren los derechos de las niñas y los niños y adolescentes, y en la marina ya estaba a la luz, a la vista de todos el que estos niños estuvieran en la madrugada siendo explotados, vendiendo dulces y cuando sea así […] La pgr está atendiendo, la detención se hace en flagrancia cuando estaban siendo explotados en horas de la madrugada, y por supuesto que se está haciendo en total cuidado. Una investigación de pgr es hasta donde resulte y contra quien resulte responsable, yo ahorita no te pudiera señalar a nadie en especial, pero lo que tenga que hacer la pgr lo tendrá que hacer contra quien resulta[e] responsable. (Zeta, loc. cit.).
Y tras destacar que por fin hay una ley que tipifica el abuso a los niños, ignorando que está vigente desde 2008, citan a un agente quien dice que puede llegar a la red de tratantes:
En el último operativo se pudo evidenciar que la manera de trabajar y protegerse quienes están detrás de la red, es llevándoles con mujeres al parecer la ‘madre’ de los menores. Es lo que se ha sabido durante los recorridos, pero no se ha podido ubicar, como que están protegidos. Dijo el agente consultado por ZETA.
Destaco de la entrevista hecha al representante de la Coparmex:
Se debe esclarecer verdaderamente este hecho, y obviamente que se castigue con toda la fuerza de la Ley a los que hayan ejercido este tipo de acciones totalmente contrarias a las buenas costumbres, a la cohesión social y a la Ley que priva y debe privar en Baja California Sur, es necesario que los ciudadanos tengamos información donde verdaderamente nos quede claro que así era, que sí eran responsables. (Zeta, loc. cit.).
El reporte menciona el posible origen indígena de los niños.
Una de las líneas de investigación lleva a zonas remotas de las sierras en Oaxaca y Chiapas, incluso Guerrero, donde los niños son adquiridos a modo de enganchadores y éstos pagan una renta a los papás y luego los trasladan al estado, en muchos de los casos los padres los acompañan para trabajar en otros encargos, algunos en ranchos agrícolas o construcciones. (Zeta, loc. cit).
Concluye con la preocupación de los empresarios.
Lo que temen los empresarios es que una vez que se detuvieron, se cumpla el plazo de la investigación y puedan abandonar a la justicia absueltos, primero, por una mala integración de los elementos en el proceso, y la segunda, que sean absueltos por no encontrar pruebas suficientes; de ser así, esto llevaría a que la red de trata de personas incremente su fuerza, pues es sabido que de no buscar una alternativa tanto para el agresor o las víctimas, el agresor buscaría otros medios para evitar ir a la cárcel.[5]
Además de la prensa reconocida ya citada, en las colonias donde residían, recordaron familiares, se perifoneó el caso como “Cae la banda de mujeres traficantes de niños”, misma que acompañaba para su venta de una separata de la noticia publicada en periódicos locales, incluía fotografías.
Las notas en los periódicos locales, algunas reproducidas y comentadas por redes sociales, y de su perifoneo por diferentes colonias ubicadas en las colonias donde vivían, tuvieron graves consecuencias en los familiares. La forma en que se habla de ellas y de los menores fue un agravio más a ellas en prisión y a sus familiares fuera de la cárcel. Como me dijeron muchos de ellos, les dolió mucho que hablaran así de su madre o de su pareja, de sus tías, mujeres proveedoras y dedicadas al cuidado de ellos. ¿Banda de traficantes de niños?, ¿exploración infantil?, imposible de aceptar. Además, de los problemas causados en el seno de cada familia, tuvo efecto también en el comportamiento de vecinos hacia ellas, en las escuelas y en el trabajo.
Los menores, jóvenes y familiares fueron identificados por sus vecinos, la prensa dio nombres y apellidos de todas ellas, publicó fotografías que fueron subidas a las redes. En la escuela, en la calle, en las tiendas, recuerda una de sus hijas de 16 años, entonces embarazada de su primer hijo.
Sentía bien feo, me señalaban quienes sabían de mi mamá, hablaban a mis espaldas y algunos hasta se burlaban, y yo con la angustia de mi bebé, de cómo ayudar a mi mamá, de no saber de mis hermanitos, no me dejaban ir a verla y me dolía mucho pensar que no estaría conmigo cuando naciera mi bebé.
Otro niño de 12 años recuerda que cuando llegó a la escuela se burlaron de él. “Decían que mi mamá era una ratera, que era mala, que robaba niños, ya no quise volver, me fui corriendo a la casa. Quería ver a mi mamá y a mis hermanitos.”
El padre de dos de las detenidas recordó lo mal que se sintió con la detención.
No sólo el coraje de irlas a recoger, cuando las detuvieron nos avisó mi hija y logramos dar con ellas en la mañana. Escuchar por qué las detenían, quesque de trata, que eran una banda de tratantes de niños. La impotencia de uno, los malos abogados que nos sacaron dinero. El enojo con mi mujer. Y qué decirles a mis hijos de que su mamá no regresaría. Ir al trabajo donde los compañeros enterados y preguntándome con el periódico en la mano. Mucha desesperación y el temor de perder el empleo, de no poder recuperar a mis nietos del albergue. Sentía como vergüenza, coraje contra ella pues yo la proveía de todo, con muchas deudas, pero cumpliendo.
La hermana de dos de las detenidas, casada y con dos niñas me comentó:
Sentí más feo cuando oí que voceaban la noticia por las calles, yo sabía que hablaban de mi mamá y de mi hermana, sólo yo sabía que esa banda no existía, que todo era mentira, pero la gente que compraba el periodiquito qué iba a saber, qué injusto. Mi mamá sólo iba a vender con mis hermanitos, yo de chica vendí con ella y la pasé muy bien.
Sus relatos indican que el agravio del manejo del operativo y de la prensa alcanzó a sus familiares. Este tipo de operativo debió considerar dar apoyo legal y psicológico a familiares. Reconocieron que sólo el diputado del pt y su equipo estuvieron atentos a su situación y apoyándolas para poder visitarlas. Aún ahora en libertad bajo fianza, viven con el temor de volver a prisión, lo mismo que sus cónyuges, hijas e hijos. Las que no han logrado un empleo se ven procurando que, de tener que ir a vender al muelle, lo hagan por menos horas y más temprano, tres de ellas dicen que, de no hacerlo, ya estarían en la calle y muertos de hambre.
La prensa cambio de tono a raíz de la defensa ante el Congreso local que hizo el diputado del pt, de los eventos y conferencias de prensa en plazas públicas para solicitar la liberación de ellas por organizaciones de indígenas, con la presencia de sus familiares y cuando se les entregó la nota de la liberación bajo fianza de las mujeres. En seguida presento algunas de ellas.
Agrupaciones de indígenas radicados en Baja California Sur pidieron al gobierno federal liberar a las 9 mujeres indígenas detenidas en Cabo San Lucas en diciembre de 2016 por la pgr, por el supuesto delito de Trata de Personas en su modalidad de explotación infantil, una acusación sin sustento que no corresponde a la realidad y que fue interpuesta por empresarios de la marina que no quieren a estas indígenas porque “les afean” el lugar, sólo porque son indias pobres y llevan a sus hijos a trabajar vendiendo chicles, enchiladas y avena, debido a que no tienen con quien dejarlos. Esta demanda fue expuesta ante el delegado de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Millán Bueno, por parte de representantes del Consejo de Organizaciones Indígenas que lidera Gil Simeón, por Silvano Ordaz, de la Asociación de Oaxaqueños radicados en Baja California Sur y por Carolina Espinoza, presidenta de la Unión de Comerciantes Indígenas (El Sudcaliforniano, 4 de abril de 2017).
Otra nota más, ese mismo día en la sección Local del mismo diario, es la entrevista a la madre de dos de las detenidas, al asistir con otros familiares de las víctimas:
Un grupo de familiares de las 9 mujeres indígenas detenidas por la pgr en la marina de Cabo San Lucas por el delito grave de Trata de Personas en su modalidad de explotación infantil, acudieron al Congreso del Estado para exigir la libertad de las recluidas y denunciaron que restauranteros de Los Cabos fueron los que pagaron para que las metieran a la cárcel, debido a que a los empresarios les molestaba ver a los hijos de las hoy consignadas vendiendo chicles en esa exclusiva zona turística, una de las de mayor plusvalía en el mundo (El Sudcaliforniano, loc. cit.).
La madre de dos procesadas, negó tajantemente que sus hijas … y el resto de las indígenas, estuvieran explotando a sus niños como aduce la autoridad federal y afirmó que lo único que hacían era ganarse la vida ‘como Dios les da a entender’, vendiendo tamales, enchiladas, avena y algunas golosinas. Ver https://www.rompeviento.tv/exigen-libertad-de-nueve-mujeres-indigenas-detenidas-por-la-pgr/
Finalmente fueron consideradas mujeres indígenas porque así lo dictaminó el peritaje de la pgr. En palabras del defensor de oficio asignado por la Federación: “Llevaban a trabajar a sus hijos siguiendo usos y costumbres de no dejarlos solos y para enseñarlos a trabajar desde pequeños.” Ello fue reconocido en la prensa local. Pero el daño del insulto, de la burla y bullying en las escuelas no ha sido reparado. De hecho, en 2019, el 30 de julio el tema reapareció en la prensa local a raíz de la conmemoración, por autoridades locales, del Día Mundial contra la Trata de Personas. Sigue habiendo venta de artesanías y chicles por mujeres migrantes que no encuentran otra solución para cuidar y alimentar a sus hijos. De nuevo el 18 de mayo de 2020, aparece una nota en nbc Noticias sobre una reunión de autoridades de los tres niveles para acabar con la mendicidad.
Durante mi estancia en casa de una de las detenidas y en casa de una hermana de otras dos de las detenidas, recuerdo comentarios de vecinos o familiares de cónyuges o parientes políticos con quienes conversé, a quienes realicé entrevistas. Uno reiterado se refería a la condición de convictas de algunas de sus familiares: “Ella es buena persona, lástima de su familia, vienen de gente mala”; “Yo como madre nunca llevaría a mis hijos a mi trabajo” o “Pues se merece que la haya dejado su pareja, ella lo dejaba sólo para ir a vender y luego con sus hijos cuando la tomaron presa.”; “Yo no quiero que mis nietos se acerquen a esas…” Escuché muy pocas voces de empatía. El agravio de la calificación en la prensa tal vez nunca sea superado.
Tercer agravio. La ausencia de la madre-esposa y de madre proveedora
Si el cautiverio carcelario fue desesperante para las jefas de hogar, mujeres con pareja y madres solteras por la separación de sus pequeños, éste se agravó por no saber por unas semanas si sus pequeños serían entregados a sus parientes, y saber que no contarían con su ingreso semanal. Los hijos y parientes respondieron de diferentes maneras cuando se les pidió recuperar a los niños. Fueron dos casos los que causaron más angustia a dos de las madres al enterarse de que se los entregaron a sus padres, uno alcohólico de quien ella “Ya había logrado echarlo de la casa” reclamó la custodia de los dos menores y decidió regresar a la casa de su esposa para ser atendido por la hija embarazada. El otro, adúltero, y quien llevaría a su nueva pareja para atender a sus tres hijos recuperados del albergue, llevaría a la otra mujer a la casa de la familia. Agravio que se cruza con la falta de los ingresos de las madres al regresar los niños a sus familiares.
No existe evidencia de que el dif u otra institución haya hecho alguna indagatoria respecto a la capacidad o no de dar una buena atención a los menores cuando fueron entregados a familiares. Debían presentar identificación oficial y algún papel de identidad de los menores, según me explicaron dos becarios del diputado del pt encargados de dar seguimiento y apoyo a los parientes para que pudiesen visitar a las mujeres cuando estuvieron presas. En el caso de las madres solteras, pidieron a abuelas y tías que fueran por ellos. La primera entrega a un familiar fue la misma mañana del día de la detención, pues el joven minusválido de 18 años tuvo convulsiones al ser separado de su abuela. De inmediato fue enviada una patrulla a casa de la abuela para buscar a algún familiar que se hiciera cargo. La abuela sugirió a su hijo soltero de 53 años, albañil, quien ayudaba en el cuidado del joven. Al ser identificado por su madre, le dijeron que ya se lo podía llevar. “Yo les insistía que, si algo le pasaba a su nieto, ellas eran las responsables, requería de dieta especial y había que cambiarle el pañal.”
Al parecer el dif quería entregarlos antes de la Navidad, pero no todos sabían dónde estaban los documentos de los niños, algunos sólo contaban con la boleta del registro de nacimiento, pero sin actas, o los adultos no tenían una identificación vigente. Los trámites para conseguir los documentos requeridos y los procedimientos en época de fiestas navideñas los rebasaron. Para finales de enero ya estaban la mayoría fuera de los albergues y con dificultades de reingresar a sus escuelas.
Una abuela recordaba con tristeza “Sólo se quedó al final mi nieta que estaba a mi cargo mientras sus papás arreglaban su divorcio. Qué mal me sentí cuando supe que ya estaba solita y por mi culpa. Mi hijo [su papá] se vino en cuanto supo, pero sin documentos, la sacaron hasta que los trajo mi nuera.” Dos mujeres adolescentes, hijas de madre divorciada, no fueron reclamadas por su abuela. La abuela explicó que ella era mayor, sin cónyuge, trabajaba ocho horas fuera de la casa y no podría hacerse responsable de dos adolescentes. Ellas fueron entregadas a un albergue en la colonia Cangrejos, único sitio con espacio para adolescentes apoyado por donativos del Club de Rotarios y otros extranjeros. La abuela procuró visitarlas los domingos. Las jovencitas salieron hasta que su mamá salió de la prisión en junio de 2017.
A continuación presento algunas consecuencias de este proceso lleno de denuestos y agravios que observé durante el trabajo de campo de este año. Dos jóvenes, quienes iniciaban sus estudios superiores apoyados por el dinero de las ventas de su mamá, abandonaron sus estudios y se pusieron a trabajar para apoyar a sus hermanas menores recién recuperadas. Su papá se dedicó a la bebida y a salir con otras mujeres.
El papá alcohólico, quien regresó a su casa, no consiguió trabajo estable como albañil por culpa de su adicción. Los mayores, de 15 y 17 años, dejaron sus estudios para buscar trabajo informal, uno en la construcción, el más chico terminó vendiendo droga. Sus ingresos le permitieron dar de comer a ellos, cuatro hermanitos y a los cuatro sobrinos, hijos de su hermana que también estaba en prisión. La hermana de 16 años estaba embarazada y sin pareja, ella quedó al frente de la casa y al cuidado del bebé y de su hermana. Cuando tuvo a su niña, recibió apoyo de su hermana mayor. Aceptó llevarse a su casa a sus dos hermanos pequeños, de 7 y 9 años, a quienes pudo mandar a la escuela. Al paso del tiempo todos fueron abandonando sus estudios, de hecho, prácticamente todos los niños perdieron ese año escolar. A la fecha, sólo uno de los siete, ahora de 9 años, volvió a estudiar. Su madre volvió para encontrarse con muchos más problemas. Ya no tenía despensa ni tarjeta de ayuda de programas de gobierno. Trató por diferentes caminos de encontrar trabajo y reorganizar su vida. Al final ha vuelto al muelle a vender, cuando llegan cruceros con turistas a la marina.
Las dos jóvenes embarazadas, ambas de 16 años, resintieron que sus respectivas mamás no estuvieron en su parto para aconsejarlas y ayudarlas en los primeros meses de sus bebés, como habían visto que lo hicieron con sus hermanas mayores. El joven padre de tres hijos no pudo con la carga de ellos, no podía trabajar, su mamá y su suegra estaban también entre las detenidas. Empeñó lo que pudo, abusó del crédito que tenía su esposa, y la mujer que trajo a la casa se fue, cansada de hacerse cargo de los tres menores. Las hermanas de su esposa lo ayudaron llevando comida, llevándose a los niños a dormir cuando él no regresaba. Los tres niños cambiaron de casa en más de una ocasión por diferentes razones. Cuando ella regresó se encontró endeudada y con su camioneta chocada e inservible. Un marido violento y frustrado abusando del consumo de marihuana.
El cuidado y los gastos de sus hijos e hijas, hermanos, padres, compañeros, tíos y tías y la falta de ingresos de la madre fue devastador: si los ingresos del hogar disminuyeron notablemente, también lo fue la atención a los menores.
Al momento de escribir este ensayo no cuento con copia de los documentos entregados al abogado de oficio federal que les fue asignado en La Paz. Recuerdo que todos los entrevistados mayores de cinco años dijeron que estaban estudiando en turnos vespertinos. Que sus tareas las hacían por la mañana antes de ir a la escuela, que les gustaba ir a vender en vez de quedarse en casa, que sus mamás les compraban lo que querían y si no querían vender pues los dejaba ir a jugar con los otros niños mientras ellas vendían con los más chiquitos en brazos.
Los niños pasaron la Navidad en los albergues, recuerdan que tenían que cuidar de los menores, confortarlos y decirles que ya vendrían por ellos. No entendían por qué los habían separado de sus mamás, todavía no lo entienden. Les pedían hacer la limpieza de sus cuartos y ayudar en otros quehaceres. Cuando salieron no les dejaron llevar los regalos que les dieron “los gringos” en Navidad. Ninguno pudo terminar el semestre escolar y cuando fueron entregados a sus familiares, la mayoría no tuvo quien los llevara a la escuela, por ello que perdieron ese año escolar. Cuando sus madres fueron liberadas, ya era muy tarde.
Dos de ellos, un niño y una niña, se negaron a seguir en la escuela por el acoso escolar o bullying de que fueron objeto al volver a la escuela. En las colonias donde residen alumnos o alumnas se difundió y perifoneó para su venta la noticia periodística sobre “La banda de mujeres traficantes de menores detenida”. En la separata periodística había fotos en donde se les podía identificar.
En mi trabajo de campo reciente constaté la resistencia de los tres para seguir estudiando, uno de ellos se escapó de la casa ante las amenazas de su madre. “Yo no quiero ir, se burlan de mí y prefiero trabajar o ir a otra escuela que terminar siempre a golpes.” Me comentó uno de ellos, ahora de 13 años de edad y enganchado en estupefacientes baratos. Antes del encierro de sus madres iban a la escuela, seis meses sin ellas, sin recursos económicos a los que estaban acostumbrados mientras estudiaban y trabajaban con ellas. El ingreso a adicciones y narcomenudeo fue otra de las consecuencias de la ausencia de una madre proveedora y vigilante, como pude observar en más de una de las casas. Presencié cómo uno de ellos al negársele dinero, le gritaba a su mamá “¿Por qué te dejaste agarrar, porqué nos abandonaste, ahora quieres que estudie, con qué?”
Como me comentó el diputado que dijo ante el Congreso en su discurso en defensa de estas mujeres:
A los tres niveles de gobierno les salió peor el remedio que la enfermedad, porque al querer verse como desarticuladores de “grandes mafias”; las familias de las mujeres fueron separadas, los padres/esposos perdieron sus empleos y escasos ahorros, los niños dejaron el ciclo escolar y, además, no recibirán apoyos del Programa Prospera por señalamientos de haber cometido un delito federal.
Considero que el caso aquí presentado muestra cómo quienes aplicaron la Ley de Trata en una zona turística del país lo hicieron de manera discriminada. El operativo realizado para dar cuenta del cumplimiento de la ley se puso en práctica sobre personas más vulnerables, mujeres indígenas y del sector más pobre de la población. Las consecuencias humanas de esta acción provocaron daños irreparables, aquí doy cuenta de algunos de ellos. Espero que con este trabajo quede claro que existe una tensión entre la moral judeocristiana, hegemónica en México, con la moral construida en las sociedades indígenas.
La tensión queda puesta en evidencia al observar cómo justifican su acción las autoridades y cómo argumentan estas madres porqué deben llevar a sus pequeños al trabajo.
Bibliografía
Butler, Judith (2009) (2004), Vida precaria. El poder del duelo y la violencia, Buenos Aires, Paidós.
Cacho, Lydia (2009), Los demonios del Edén, México, Grijalbo.
___(2010), Esclavas del poder: Un viaje al Corazón de mujeres y niñas en el mundo, México, Grijalbo.
Castañeda Salgado, Martha Patricia y Patricia Torres Mejía (2015), “Concepciones sobre la violencia: una mirada antropológica”, en El Cotidiano, núm. 191, mayo-junio, pp. 7-19. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh) (2019), Diagnóstico sobre la situación de Trata de Personas en México, México.
——– Informe de actividades 2019, México.
Núñez Chaim, Andrea Margarita (2017), “Precariedad y criminalización de mujeres migrantes centroamericanas en la frontera sur de México”, tesis de maestría en Antropología Social, CIESAS, Ciudad de México.
Paginas consultadas
BCS Noticias https://www.bcsnoticias.mx Página visitada de 2016 a 2020.
Conapo http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Proyecciones/Cuadernos/03_Cuadernillo_BajaCaliforniaSur.pdf Página visitada el 20 de octubre de 2016.
Diario El Independiente. Baja California Sur. https://www.diarioelindependiente.mx Página visitada de 2016 a 2020.
El Sudcaliforniano https://www.elsudcaliforniano.com.mx/policiaca/ Página visitada de 2016 a 2020. https://www.elsudcaliforniano.com.mx/policiaca/auto-de-formal-prision-contra-9-mujeres-2335364.html)
INEGI http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bcs/poblacion/densidad.aspx?tema=me&e=03 Página visitada el 20 de febrero de 2020.
ZETA. Libre como el viento. https://zetatijuana.com/ Página visitada de 2017 a 2019.
https://zetatijuana.com/2016/12/ninos-explotados-un-secreto-a-voces/ Página visitada en 2019.
https://www.rompeviento.tv/exigen-libertad-de-nueve-mujeres-indigenas-detenidas-por-la-pgr/
Leyes consultadas:
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
- Se conoció con esta frase al grupo de mujeres detenidas el 4 de diciembre de 2016 porque eran nueve y estuvieron en la celda diez. ↑
- Agradezco a la Dra. Aída Hernández y al Dr. Juan Carlos Marínez, colegas del ciesas por su apoyo y orientación para el peritaje. Al Lic. Bulmaro Sánchez del ProSIG-CSH del ciesas Ciudad de México por su pronta respuesta a la localización de los lugares de nacimiento e identificación como poblados indígenas, así como por la elaboración de los mapas que aquí presento. ↑
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh), Informe de actividades 2019, México. ↑
- Sólo una niña de 12 años dijo que su mamá le obligaba a trabajar cuando quería que le comprara algo caro, como su tablet. ↑
- https://zetatijuana.com/2016/12/ninos-explotados-un-secreto-a-voces/
Presento en extenso este reportaje porque no dudo que será citado sin ser puesto en duda. ↑