Los pueblos indígenas en la encrucijada de la transformación planetaria
El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Por tal razón, la mirada antropológica del boletín Ichan Tecolotl en este mes se dirige a la situación de los pueblos indígenas originarios de América, que coloca a primera vista las deudas históricas pendientes con ellos.
Por esa razón, en esta edición de Ichan Tecolotl proponemos una perspectiva de análisis construida colectivamente por las y los investigadores del CIESAS y académicos invitados, quienes colocan su mirada antropológica crítica en las comunidades indígenas para observar el incumplimiento de los Estados nacionales latinoamericanos de su promesa de progreso y desarrollo que, después de la Segunda Guerra Mundial, la modernidad les prometió a los pueblos indígenas, a cambio de su sumisión..
Más de medio siglo después, actualmente el régimen neoliberal los somete mediante novedosas formas de servidumbre humana, las cuales reciclan en el presente la explotación medieval esclavizadora de las personas indígenas instituida en el pasado, en el contexto de la globalidad imperante en nuestros días.
La crisis por la pandemia nos enfrenta en estos momentos con las insuficiencias estructurales del Estado mexicano para responder a las necesidades de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Por ejemplo, de acuerdo con las normas internacionales mínimas establecidas en el Acuerdo 169 de la OIT, que orienta la atención gubernamental a los pueblos indígenas y afrodescendientes, con base en principios como la pertinencia cultural y lingüística, los cuales constituyen directrices universales para que los Estados nacionales los atiendan respetando desde sus contextos étnicos, culturales y lingüísticos. Sobre todo, en las circunstancias actuales, en las que dichas comunidades se encuentran en las condiciones de mayor vulnerabilidad respecto a los demás grupos de la población de nuestro país.
En este contexto crítico es imprescindible destacar la importancia del Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, instrumento legal que en las condiciones actuales puede ayudar a las personas indígenas, a sus comunidades y a sus pueblos originarios.
La reforma constitucional que hubo en México en el año 2011, colocó al Acuerdo 169 de la OIT en un proceso nacional de armonización con las leyes de nuestro país, que comienza con la ley suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual los contenidos del Acuerdo entran en vigor en primer orden de importancia en su aplicación desde el Artículo Primero, dedicado a los Derechos humanos.
Ante la desigualdad imperante en nuestro planeta, el derecho que tienen los pueblos indígenas a la consulta, previa, libre e informada en sus lenguas, es uno de los baluartes legales de dicho Acuerdo. Desgraciadamente, debido a la subutilización de ese derecho, en México todavía no existen las condiciones legales plenas para su cumplimiento.
Además, están a la vista los despojos que los pueblos indígenas sufren reiteradamente de sus territorios ancestrales, circunstancias que los obligan al abandono de sus espacios vitales y de las formas ancestrales de reproducción de la vida asociadas a ellos, acosados por las empresas transnacionales mineras y eólicas que los empujan al abismo de la violencia, el desempleo y el hambre.
Ahora vemos aparecer el problema relacionado con el desabasto de agua a las comunidades indígenas de las naciones yaquis y guarijíos, originarios de regiones ancestrales localizadas en los estados fronterizos de Sonora y Chihuahua, afectados profundamente por la deuda mexicana con Estados Unidos que debe pagar de ese líquido.
También podemos observar a los cucapáh en su resistencia para no perecer ante la desecación del delta del río Colorado, lo que propició la destrucción de sus territorios ancestrales. Recientemente también hemos visto a los kumiai, también integrante de la familia de los pueblos yumanos, protestando en el tramo de frontera Tecate-Tecatito, de Baja California con California, en contra del muro de la ignominia, porque divide a sus comunidades y destruye sus territorios sagrados ancestrales.
De esta manera, dichas comunidades se ven perjudicadas por los acuerdos políticos de los Estados nacionales, en los cuales los pueblos originarios son excluidos y con los cuales se destruye su vida comunitaria, al provocar el desplazamiento forzado de sus territorios de origen, debido al despojo de sus aguas territoriales, mismas que también constituyen sus núcleos legales de biodiversidad.
En Chiapas los pueblos indígenas de la región de Los Altos también son despojados de sus mantos acuíferos. Ahí, en ese caso, los tzotziles enfrentan el poder avasallante de una refresquera transnacional que los despoja de su agua, lo cual la coloca como la beneficiaria indiscutible de los recursos hídricos localizados en dicha región indígena, para su explotación y aprovechamiento privados.
El racismo mexicano dominante y su régimen discriminador fortalece la acción depredadora de las transnacionales, en este caso una refresquera global, en contra de los mantos acuíferos. Hay de por medio gobiernos que les facilitan el saqueo de recursos, de lo cual también reciben beneficios, mediante corrupción que desvía recursos destinados a los pueblos originarios y sus comunidades indígenas, hacia el beneficio privado.
Esta circunstancia de pandemia que nos tiene en emergencia sanitaria global vino a cumplir la función de catalizador de las reacciones sociales, manifiestas en los meses recientes. Se trata de comportamientos individuales y colectivos discriminatorios que ahora, en estas nuevas condiciones de convivencia, se expresan brutalmente en contra de las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad, ante la catástrofe mundial de salud pública que se nos vino encima a todos.
La presente crisis mundial, en el ámbito nacional, dejó al descubierto el racismo mexicano que nos atraviesa de norte a sur y de este a oeste. Racismo mexicano con componentes clasistas y patriarcales que mueve las entrañas, los hilos más delicados de las esferas públicas y de las esferas privadas, y hace de la nuestra una sociedad altamente discriminadora.
Esta sociedad, que sistemáticamente atenta contra sus pueblos indígenas y que propicia su atraso, también está en crisis. El miedo a morir mueve aceleradamente su impulso de sobrevivencia, lo que la coloca, como nunca antes, frente a la necesidad ineludible de salir urgentemente de ella misma, pues de lo contrario perecerá.
A las sociedades mestizas de nuestro país les urge salir de su laberinto de la soledad individualista en la que les ha sumido el sistema neoliberal durante los últimos años. Un sistema de dominación que les oculta su derecho a la identidad, y que no les permite reconocer al otro. La condición supremacista de las sociedades mestizas les impide reconocer y valorar la diferencia étnica, cultural y lingüística, diferencia que hoy le puede salvar la vida, debido a la experiencia vital que la diversidad contiene.
La parte mestiza de nuestra sociedad nacional necesita romper su propio cerco de intolerancia racista que ideológicamente la separa de la diversidad plena que realmente somos como país, y acceder al reconocimiento de dicha diversidad, como alternativa segura para continuar en este camino tan incierto para todos.
Esta crisis generalizada, en la que el racismo y la discriminación clasista y de género se colocan como problemas de primer orden, lleva urgentemente a México, reconocido constitucionalmente como nación pluricultural, al diálogo intercultural entre las sociedades mestizas, los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes.
Este dialogo, el intercultural, para que resulte enriquecedor, requiere en principio el respeto y reconocimiento de la riqueza de saberes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la valoración cultural de sus cosmogonías y de sus lenguas, mismas que contienen en la oralidad su sabiduría ancestral, tangible e intangible, tan necesaria para todos en estos tiempos aciagos.