Ana María García Arreola [1]
EDUCA A.C.
Imagen tomada de la página de Facebook Educa Oaxaca
El Contexto
Oaxaca ha sido colocado como unos de los mejores destinos turísticos a nivel nacional e internacional, se vende una imagen de un pueblo con muchas tradiciones y con una extensa gastronomía. El Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, informó que, durante las fiestas de la Guelaguetza 2023, Oaxaca recibió a más de 132 mil turistas nacionales y extranjeros, -7.34 por ciento más respecto al año pasado-, que dejaron una derrama económica de 435 millones de pesos, 10 por ciento más que en 2022[2]. La vida cotidiana de los pueblos y comunidades difiere de esta folklórica imagen.
La economía oaxaqueña, en su mayoría depende de la remesa de migrantes de Estados Unidos y Canadá, el actual gobierno estatal ha apostado por favorecer una economía que dependa del turismo, una industria en pocas manos y donde la población oaxaqueña participa en sectores informales o como trabajadores en hoteles, restaurante, transporte. La idea de crear una marca Oaxaca, ha convertido la cultura como una mercancía. Otra apuesta es favorecer la llegada de inversión extranjera en el istmo de Tehuantepec, en donde se ofertan los bienes como el agua, las tierras, las facilidades administrativas y exención de impuestos para atraer a los polos de desarrollo como solución que permita brindar empleo.
El modelo extractivo por excelencia ofrece un desarrollo sin precedentes.
El modelo extractivo ha sido promovido desde hace varias décadas, como parte de un modelo económico que resuelva las promesas de desarrollo, Oaxaca es sede de dos proyectos mineros en operación, varios parques eólicos, las esperadas autopistas a la costa y al istmo están pensadas en un modelo de enclave turístico y extractivo en donde las disputas por la tierra, el agua, el aire, la infraestructura son desde hace varios años las principales problemáticas en las regiones de Oaxaca.
Durante el año 2023, la empresa minera Fortuna Silver Mines, ha mantenido sus operaciones gracias a una serie de alianzas con las instancias gubernamentales, a pesar de las acciones legales y de denuncia que comunidades, municipios y ejidos de la región de Ejutla y Ocotlán han realizado, se cumplieron 5 años del derrame de la presa de jales al río Coyote, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) atendió una visita, se sancionó con $806,000 pesos a la empresa Cuscatlán, filial de la canadiense, que no llegó ni a la mitad de las ganancias diarias que reportó la empresa en 2018 a sus accionistas.[3]
La otra minería que ha incrementado de manera considerable es la extracción de minerales raros (para la industria) y el material pétreo de los ríos, en las regiones de la costa, mixteca y valles centrales, las comunidades han emprendido acciones territoriales y de denuncia en Unión Hidalgo, Reforma de Pineda y otras frente al temor no han sido denunciadas (caso Río verde, costa de Oaxaca). En este último caso la delegación Oaxaca de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó el impacto ambiental de extracción de material pétreo en el cauce del rio verde.
Las políticas ambientales y programas estatales, continúan basados en programas de atención al campo bajo un esquema de agricultura comercial, utilizando paquetes tecnológicos que incluyen agroquímicos y promoviendo la siembra de árboles frutales, estas últimas prácticas han sido evaluadas como un retroceso para las organizaciones que promueven agricultura orgánica y permacultura, debido a los impactos ambientales y la dependencia que generan. Sin duda alguna un golpe fuerte ha sido la sequía intensa, pues afectó las siembras de temporal a inicios de año en valles centrales y las siembras de junio y julio en otras regiones, tardíamente hubo lluvias que dañaron cultivos que habían logrado sobrevivir, esto sobre todo en las zonas altas de la sierra norte y sierra sur.
También se profundiza la militarización, en particular en zonas donde pueblos indígenas luchan contra la imposición de megaproyectos, además de dotar de presupuestos históricos para la militarización de la seguridad pública. Este despliegue de las fuerzas armadas en Oaxaca ha ido acompañado por un creciente número de quejas en su contra, en particular contra la Guardia Nacional. Muestra de ello, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició 77 quejas contra la Guardia Nacional (19 quejas en 2020, 25 en 2021 y 33 en 2022).[4]
La violencia feminicida sigue en aumento, ya que se registró en el periodo de 2018 a 2022 un incremento de 126% en feminicidios y de 131.7% en desapariciones de niñas y mujeres tan sólo en 2021[5].
En este contexto, se agravaron de manera alarmante las agresiones contra personas defensoras, documentándose 47 asesinatos (2018-2023), ubicando a Oaxaca como el más letal para la defensa de derechos humanos[6].
2.- La defensa de los territorios, procesos regionales.
El Frente No a la Minería Por un Futuro de Todos y Todas ha mantenido acciones de organización territorial para evitar la expansión del proyecto, pese a esto la SEMARNAT otorgó una prórroga por 12 años a la minera para continuar con la explotación de oro y plata, esta resolución fue impugnada debido a la serie irregularidades en los permisos ambientales, lo que ofreció fue una consulta a modo, las comunidades presentaron más de 40 actas de inconformidad y se negaron a una consulta amañada. “La empresa minera Cuzcatlán utilizó el tráfico de influencias y la corrupción para obtener permisos ambientales de la SEMARNAT, dicha estrategia fue operada por diputados federales y funcionarios de la dependencia encargada de la protección del medio ambiente”, aseguró a través de un boletín de prensa el Frente No a la Minería Por un Futuro de Todos y Todas.[7]
Por otra parte, la Procuraduría Agraria ha sido denunciada por operar a favor de la empresa, El Frente No a la minería por un futuro de todas y todos alertó sobre la actuación mañosa de la Procuraduría Agraria, esto en comunidades que resisten al megaproyecto minero en la región de Valles Centrales de Oaxaca. Ha detenido “en diversas ocasiones actas de asamblea de nombramiento de autoridades y generado documentación agraria errónea con la finalidad de retener los procesos de acreditación e inscripción de actas de nombramiento para favorecer a Fortuna Silver Mines”, denunciaron integrantes del Frente.
En una batalla tremendamente desigual, las comunidades, ejidos y municipios han preparado una nueva etapa de defensa jurídica que se desarrollará en el año próximo, en medio de un año electoral y con una campaña de “obras sociales” de la empresa donde el gasto de publicidad se desconoce, el gasto en cabildeo gubernamental y la promoción de proyectos con jóvenes y mujeres es un reto a vencer.
En la misma región de la costa los ejidos de Agua Dulce y Agua de la Caña han denunciado reiteradamente la extracción ilegal de material pétreo que desde hace más de 20 años un particular realiza en el Río Arena en el municipio de Pinotepa Nacional, este año sostuvieron reuniones con funcionarios de la SEMARNAT, sin ningún resultado, los ejidos decidieron interponer una denuncia ante la PROFEPA, a la fecha tampoco ha habido respuesta de la dependencia.
Problemas compartidos…
Condiciones institucionales y políticas desfavorables para los pueblos y comunidades indígenas. Desde hace 30 años los pueblos y comunidades indígenas del país han exigido al Estado mexicano el reconocimiento y respeto pleno del derecho a la libre determinación y al territorio, a través de diferentes mecanismos han exigido que se modifiquen los marcos jurídicos existentes, sin embargo, el Estado solamente ha reconocido parcialmente el derecho a la libre determinación, y generado un marco para la privatización de la tierra (en el caso del derecho al territorio), la entrega de concesiones (minería y agua principalmente) y el abandono paulatino del campo. Esta condición ha propiciado polarización del tejido social y violencia (a través de grupos de choque), contaminación y privatización de los bienes comunes (en el caso de comunidades que son amenazadas por megaproyectos) y el abandono de las propias formas de organización y producción, principalmente colectiva.
Paralelamente a estos cambios legislativos, los pueblos y comunidades siguen dando la batalla desde los tribunales, una lucha significativa que finalmente tuvo un dictamen a favor en 2023 fue la de Ixtacamaxtitlán donde cancelan definitivamente dos concesiones en Puebla, fue decretado territorio libre de minería; el pasado 9 de febrero en estricto cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Secretaría de Economía declaró que no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su Reglamento. Ante este pronunciamiento el juzgado de ejecución “llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo.”, reconociendo que, “…la autoridad responsable, Secretaría de Economía, consideró que no era factible expedir los títulos solicitados; entonces, se torna innecesario realizar el procedimiento de consulta a la comunidad indígena.”[8]
Otro tema en la agenda ambiental es el relacionado a los ríos y la extracción de materiales pétreos, en este tipo de minería se afectan los caudales de los ríos, se propicia la destrucción de cerros, bancos de piedras, las comunidades se organizan y protestan, pero la PROFEPA, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y SEMARNAT poco han hecho para frenar esta grave problemática. Comunidades denuncian la extracción desmedida de grava y arena de los ríos, lo que ha mermado el caudal del cuerpo de agua y ha provocado, entre otras afectaciones, la extinción de peces y camarones[9].
Durante el año 2023 los fenómenos derivados del cambio climático impactaron severamente los diversos territorios, la falta de lluvia, incrementó la sequía y la pérdida de cosechas en siembra de temporal, los niveles de ríos y pozos se han visto comprometidos severamente en diversas regiones del estado de Oaxaca.
Resulta necesaria una urgente reestructuración no solo jurídica, sino también administrativa que resuelva problemáticas ambientales en un marco de mayor colaboración interinstitucional, de manera expedita y con mucho mayor facilidad para la ciudadanía, hoy muchas instancias ambientales se encuentran severamente cuestionadas y con rezagos. Es lo mismo con las instancias relacionadas al sector agrario.
3.-Alternativas y resistencias frente a embates extractivos.
El modelo neoliberal ha propiciado un fuerte individualismo y contribuido sustancialmente al proceso de re-colonización en los territorios, niega el reconocimiento y respeto hacia otros modelos de vida (comunitaria, colectiva). Esta perspectiva amenaza las formas de vida colectiva y comunitaria que se han construido históricamente en Oaxaca. Lejos de reconocer que existen otras cosmovisiones y relaciones con los bienes comunes y el territorio, las políticas públicas tienden a la mercantilización y privatización de los mismos, en los últimos años incluso la cultura y tradiciones han estado en el objetivo del capitalismo para su apropiación.
Son pues, los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca quienes tienen mayor relevancia para impulsar acciones desde el ámbito local para recuperar el sentido social de la tierra, a través de los ejidos o comunidades agrarias (es importante mencionar que el 80% de la propiedad en Oaxaca es colectiva), el cuidado y defensa de los bienes comunes, el fortalecimiento del tejido social comunitario y el rescate de los saberes ancestrales, por un lado dar seguimiento a las iniciativas jurídicas impulsadas por las comunidades para que se reconozca su derecho al territorio y libre determinación y sus sistemas de organización: asambleas, trabajo colectivo, recorridos territoriales, encuentros y formación-capacitación. En este sentido el gobierno de Salomón Jara dentro de su paquete fiscal 2024, incluyó en la ley de ingresos el programa de Certeza Jurídica, con el cual pretende elevar la recaudación, mediante el pago de impuestos a propiedades que transiten del régimen de propiedad social o propiedad privada, esto ha desatado una polémica y ha motivado que los propios ejidos y comunidades se pronuncien y se organicen frente a esta amenaza.
Las alternativas comunitarias, además de fortalecer los propios sistemas de organización comunitaria, generan esperanza para movimientos sociales en defensa de derechos: es posible generar cambios en el sistema, y relaciones diferentes, en las que el bien común sea el objetivo a alcanzar, mayor igualdad, equidad y justicia para las personas más vulnerables. Estos componentes constituyen un aporte fundamental de las comunidades y una alternativa al modelo de desarrollo extractivista, el cual es necesario que comunidades se apropien, instrumenten y recuperen en los diferentes espacios y ámbito de la vida pública en Oaxaca.
Hay una mayor presencia de mujeres en espacios de gobierno y toma de decisiones, principalmente debido a reformas legales y políticas públicas (cuotas de género) que han fomentado que mujeres sean nombradas en cargos municipales y agrarios, estos son procesos que llevan tiempo, acciones encaminadas a cambios en la cultura patriarcal, que se reflejen en una disminución de violencia política, de mayor reconocimiento a los aportes de las mujeres, a la necesidad de espacios permanentes de formación política, para mujeres, pero también para hombres y espacios comunitarios mixtos.
Las mujeres defensoras en los territorios también han considerado espacios que posibiliten el intercambio de experiencias, espacios de autocuidado colectivo y espacios de formación en temas agrarios, municipales, ambientales y de derechos de las mujeres.
4.-Reflexiones finales
La posición geopolítica de nuestra país ha sido considerada estratégica, la actual política económica no está exenta de los impactos de los cambios económicos a nivel mundial, la disputa por los mercados internacionales de petróleo y minerales, así como el transporte de insumos entre América y el resto del mundo se ha reflejado en la promoción de grandes y viejos proyectos de comercio internacional, una de las principales apuestas es garantizar el tránsito por el Istmo de Tehuantepec, por eso la prevalencia de generar condiciones para atraer las inversiones extranjeras directas e indirectas, en la disputa entre Estados Unidos, China y Europa. Bajo este modelo el agua, la tierra y los servicios son la principal disputa entre las comunidades, pueblos, empresas y gobiernos. El argumento de la generación de empleo es la punta de lanza de los gobiernos federal y estatal para promover los polos de desarrollo. Las oportunidades que las empresas esperan tener bajo relocalización de cadenas de proveedurías necesitan energía eléctrica y suficiente mano de obra y agua.
La violencia establecida en casi todas las regiones del país, la desaparición de personas y la presencia de poderes como el crimen organizado y poderes regionales parece ser una tendencia que seguirá convulsionando la vida de las personas, sin duda alguna la oleada de migraciones se está también incrementándose en esta etapa post-pandémica. Esto representa un reto para mantener los procesos organizados, los procesos comunitarios de defensa de los modos de vía y las alternativas a este modelo depredador. A las desigualdades regionales, se suma el incremento de la presencia del crimen organizado en corredores como la costa del pacifico, la cuenca del Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec, es público que en muchos lugares los poderes formales como ayuntamientos y órganos de representación agraria son vinculados a grupos delictivos en abierta disputa por el control de determinados territorios.
El gobierno actual, a pesar de su origen en militancia de izquierda y del movimiento social, tiene ahora una narrativa de descalificar la organización social y no admite crítica a los hechos de despojo y violencia en las comunidades y municipios.
Los modos de hacer política en Oaxaca niegan la vocación e historia de izquierda y movimiento social, pareciera ser que lo de hoy es la cultura, pero una cultura a modo, a modo mercantilista, que pueda vender y distraer de la situación, estos gobiernos que emanaron de procesos sociales, pero que siguen en una réplica económica neoliberal y populista. En este primer año ha sido un reto la vinculación en temas de seguridad de defensores, defensa del territorio y conflictividad agraria.
A nivel municipal y comunitario persiste la resistencia en contra de megaproyectos, luchas desiguales frente a la minera canadiense Fortuna Silver Mines, o frente al corredor interoceánico o frente a los impactos del despojo territorial por complejos turísticos en los valles y costa.
Es necesario poner en perspectiva y comprender que bajo la convivencia de dos sistemas electorales (partidos políticos y sistemas normativos internos) donde 417 municipios representan 417 formas diferentes de elegir a sus ayuntamientos. Estos últimos se encuentran en un proceso de transición normativa hacia la paridad, es decir los cambios se darán gradualmente, en este sentido es clave reconocer que ya hay avances, pero que es necesario acompañar estos cambios legislativos con el acompañamiento a procesos comunitarios, donde se apoyen los liderazgos femeninos, así como también el rol y la asignación de tareas en el ámbito familiar, la generación de acciones formativas comunitarias y especificas con mujeres, pues en el ámbito agrario todavía hay grandes cambios que lograr. Generar narrativas que reconozcan los logros de mujeres en servicios agrarios, municipales y comunitarios, así como un cambio procesual en los ámbitos locales.
Ante la profundización del modelo económico de despojo, es preciso organizarse regionalmente, acumular fuerza, fortalecer el tejido social y reconstruir procesos autonómicos. Es decir, fortalecer la organización autónoma de las comunidades contra los megaproyectos de desarrollo y la violencia. Es importante mantener los espacios colectivos, comunitario de repensar-nos en estos momentos tan complicados y valorar los modos y prácticas de vida que nos permitan mantener esperanza.
En los procesos de organización comunitaria que EDUCA ha acompañado, se han promovido diversas estrategias, mismas que continuarán revisándose, un papel importante es la apuesta por la formación política (lecturas críticas de la realidad, mapeo de actores, etc.).
El año 2024, la agenda de mujeres estará colocada en las agendas electorales, el reto es presentar también la agenda local, territorial que garantice el ejercicio de derechos, desde otra manera de pensar la construcción de una cultura política emancipadora. Las mujeres defensoras han contribuido a generar cambios locales, la formación en mujeres autoridades ha apoyado a que desarrollen sus servicios de manera más acompañada, las actividades de autocuidado también han sido importantes para preservar el cuidado del cuerpo territorio.
La oportunidad de articulaciones con espacios regionales en el ámbito estatal, nacional y mesoamericano ha podido generar espacios de formación política con mujeres diversas y tejer aprendizajes metodológicos, pedagógicos y de encuentro con agendas feministas diversas.
- Correo: contacto@educaoaxaca.org ↑
- https://pagina3.mx/2023/07/132-mil-turistas-en-fiestas-de-guelaguetza-dejan-derrama-de-435-mdp/ ↑
- https://www.educaoaxaca.org/minera-cuzcatlan-filial-de-la-canadiense-fortuna-silver-opera-sin-permiso-ambiental-en-oaxaca/ ↑
- Entre el PRI y MORENA: retrocesos, impunidad y simulación. Los derechos humanos en Oaxaca-informe 2019-2023. Centro de apoyo para la educación y creatividad Calpulli A.C. Et al ↑
- Idem ↑
- https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2023/12/7/en-oaxaca-se-han-profundizado-las-violaciones-los-derechos-humanos-ong-320010.html ↑
- https://www.educaoaxaca.org/minera-cuzcatlan-filial-de-la-canadiense-fortuna-silver-opera-sin-permiso-ambiental-en-oaxaca/ ↑
- https://www.educaoaxaca.org/ixtacamaxtitlan-es-territorio-libre-de-mineria-cancelan-definitivamente-dos-concesiones-en-puebla/ ↑
-
https://www.jornada.com.mx/2023/06/05/estados/029n1est ↑