Rafael Bautista Patiño
Antropólogo Social

Lago de Texcoco. Fotografía de Betsabé Piña Morales (2016).

Este artículo indaga en los procesos de despojo y de resistencia que se articulan en los territorios que fueron altamente afectados por las obras asociadas al megaproyecto fallido del aeropuerto en Texcoco; particularmente, por la extracción de material pétreo de las poblaciones circundantes al polígono proyectado para la edificación de la terminal aérea y de las pistas de aterrizaje; y por la construcción del tramo de la carretera Pirámides-Peñón-Texcoco, que atraviesa los núcleos ejidales de Atenco y Tocuila. Dichas obras han repercutido en diversas dinámicas socioambientales, de localidades y municipios de la Zona Oriente del Estado de México (ZOEM), que cuentan históricamente con población originaria. Para este trabajo se retomaron datos etnográficos, documentales y hemerográficos obtenidos de dos investigaciones previas (tesis) en la región, en los periodos 2015-2017 y 2019-2021. Se busca caracterizar las dinámicas extractivistas y las estrategias de despojo, a partir de las formas en que gobiernos y empresas han intervenido en dichos territorios para la instrumentación de megaproyectos que han impactado en el entorno ecológico; han alterado el modo de vida local; y han provocado, además, una serie de agravios, tensiones internas y malestar social. Con este análisis se intenta comprender la dinámica del conflicto y las capacidades de respuesta de los distintos actores involucrados en la defensa del territorio.

Introducción

Los terrenos donde se impone la autopista Texcoco-Pirámides, alterna a la barda perimetral del aeropuerto y parte de ese polígono que el gobierno y las empresas afirman “ya son propiedad de estas”, en realidad son tierras comunales y ejidales que pertenecen a los pueblos; el peaje, para trasladar los materiales de construcción extraídos de los cerros de otras comunidades, que pretenden imponer sobre las calles de los pueblos con grupos de choque que incluso se atreven a cobrar a los transportistas, y golpear y amedrentar a los vecinos afectados que se oponen; […] y todo el veneno que el gobierno federal ha desencadenado en las comunidades, echan por tierra la mentira de que nuestros pueblos no serían afectados por el gran negocio aeroportuario. En Atenco y toda la rivera de Texcoco, se comete un despojo bestial. El saqueo y destrucción de cerros y pueblos sí existe, por eso es que no hemos dejado de movilizarnos, por eso es que nos seguimos organizando y ejerciendo el derecho a defender de manera legal y legítima nuestro territorio

Blog del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), 2017.

La Zona Oriente del Estado de México (ZOEM) posee una serie de características geofísicas e hidrológicas únicas en nuestro continente, así como una alta riqueza en biodiversidad. Sus montañas, cordilleras y sistemas volcánicos alternados con extensas planicies y remanentes de cuerpos de agua permitieron el desarrollo de la agricultura y de las civilizaciones lacustres de origen mesoamericano. Diversos hallazgos arqueológicos muestran que, desde Teotihuacán, hasta Tenochtitlán, se encuentran artefactos líticos y restos paleontológicos, que indican una ocupación ancestral del territorio (Pineda, 2015). Una de las civilizaciones que convivieron en el lecho del Lago de Texcoco, fueron los acolhuas o texcocanos, cuyas prácticas agrícolas y acuícolas transformaron la dinámica de los suelos salinos que, hasta el día de hoy, se conservan a través del manejo de las actividades productivas de origen local, y del aprovechamiento racional de los bienes naturales.

Sin embargo, existen otros factores que han propiciado la transformación de este entorno socioecológico a lo largo de la historia moderna, éstos son: el desalojo de las aguas de la cuenca del Lago de Texcoco (Legorreta, 2006), por el proyecto colonizador originado a partir de la conquista europea; el “proceso de conurbación cada día más intenso, donde urbanismo y demografía van unidos a la articulación de estructuras económicas y sociales” (Moreno, 2015: 73); las actividades antropogénicas referidas al mal manejo de los recursos naturales que propiciaron los problemas ambientales en la región (Coordinadora #yoprefieroellago, 2021); y la intervención gubernamental para la instrumentación de un megaproyecto de aeropuerto, apoyado en reformas estructurales enmarcadas en el contexto de la globalización, mediante el autoritarismo, la corrupción, el arrebato de tierras y la violencia (Bautista, 2018; Kuri, 2008; Vázquez, 2018, 2020; Zamora, 2010).

En este marco, la modificación que se realizó en 1992 al artículo 27 constitucional, va a ser fundamental, ya que es donde se establecen las bases para poder apropiarse de las tierras ejidales y comunales, de campesinos y de comunidades originarias en todo el territorio mexicano, mediante el asesoramiento a ejidatarios para hacer el cambio de uso de suelo.^[2] Otro acontecimiento importante que se encuadra en este contexto, es la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), en el año de 1994. Además de la producción de nuevas políticas que priorizan la construcción de grandes obras de infraestructura para facilitar el acceso mercantil a territorio nacional, por parte de las grandes corporaciones transnacionales (Ortega, 2005: 4). Esto representa la antesala en donde los megaproyectos hacen su aparición, como detonantes de nuevas tensiones por y en el territorio, agudizando las ya existentes, que se derivan de distintos procesos sociohistóricos.

Acumulación por desposesión y extractivismo

Estos mecanismos de desalojo y apropiación territorial se entienden bajo el esquema de la acumulación por desposesión (Harvey, 2004), como la forma de acumulación de capital que se erige por encima de la reproducción ampliada; producida a nivel global en las últimas cuatro décadas, mediante la depredación, el fraude y la violencia. Bajo esta fórmula se explica la rampante privatización de bienes y servicios públicos, que encontró su materialización en las políticas neoliberales, y que es producto de constantes crisis de sobreacumulación. Así, la acumulación por desposesión se puede observar en la apropiación de patrimonios sociales; la negación de derechos heredados, como tierras y recursos naturales; la descomposición del entramado social; y la imposición de un nuevo orden organizacional de lo social, que deriva en el conflicto entre la matriz capitalista y los grupos sociales emplazados en un territorio local (Garibay, 2014).

Pero, también está presente en las dinámicas extractivistas, que consisten en el saqueo y acaparamiento de los bienes primarios, a través de las concesiones mineras a cielo abierto, en las que se extraen millones de toneladas de tierra, ya sea para la mercantilización de minerales metálicos y no metálicos, o commodities (Svampa, 2012); para la construcción de megaproyectos (aeropuertos, proyectos de desarrollo inmobiliario, entre otros); o para ambas; provocando varios riesgos para las comunidades y para su entorno natural (Azamar, 2020); y produciendo desterritorializaciones y reterritorializaciones (Haesbaert, 2013: 26), al efectuar la destrucción de paisajes y ecosistemas enteros en el proceso de explotación. Así, la actividad minera es consecuencia y a la vez característica de esta dinámica de acumulación de capital. Otro ejemplo típico de acumulación por desposesión se encuentra en la instauración de proyectos carreteros, que dividen los territorios indígenas y campesinos; violando múltiples derechos humanos y territoriales.^[3] Estas políticas han sido operadas en el marco de tratados y planes de libre comercio y desarrollo; y han sido financiadas por los Estados-nación y empresas, la mayoría de tipo trasnacional (Navarro y Cesar, Pineda, 2009).

En el caso mexicano los megaproyectos se han intentado instrumentar bajo una serie de estrategias de desposesión, que consisten en la capacidad de adaptarse a los contextos; aprovechar las coyunturas políticas; y estudiar las dinámicas de los movimientos de resistencia, para lograr rearticular discursos y poder hacer posible la materialización o rearticulación de proyectos como el del aeropuerto en Texcoco.

El conflicto aeroportuario inicial

Durante las últimas dos décadas ha habido dos intentos por construir un nuevo aeropuerto internacional en la ZOEM, que han detonado múltiples conflictos de los que se desprende una de las organizaciones principales en el territorio: el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). El primero de ellos ocurrió en octubre de 2001, mediante el anuncio de un decreto expropiatorio de los núcleos ejidales, correspondientes a los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán, el cual no se logró materializar por la resistencia que pobladores y ejidatarios unidos emprendieron, durante varios meses. Este triunfo se explica por “el menosprecio que el gobierno federal y el local tuvieron sobre los antecedentes de organización política existentes en esta región” (Kuri, 2008: 125). Tras los acuerdos que se firmaron con el gobierno federal, en agosto de 2002, para la abrogación de los decretos expropiatorios, el movimiento se involucró en la atención de las demandas de distintos sectores sociales, de varias partes de la región. Posteriormente, el 3 y 4 de mayo de 2006, los habitantes del municipio de Atenco fueron objeto de una brutal represión policial, que dejó un alto costo social y en materia de derechos humanos (Zamora, 2010), principalmente por los asesinatos; la tortura sexual; los encarcelamientos y la criminalización de la protesta social. Estos actos coercitivos se interpretan como una venganza de Estado, dirigida hacia los pobladores que desafiaron al poder político y a los grupos financieros, en 2001:

La violencia estatal desplegada a raíz del conflicto con un grupo de floristas texcocanos no sólo fue una respuesta desmesurada orientada a cobrarle una vieja factura a una serie de comunidades que consiguieron revertir el despojo de sus tierras, sino, sobre todo, tuvo como objetivos centrales desarticular a un actor colectivo en aras de ejecutar el proyecto aeroportuario, quebrantar el entramado social que nutrió dicho actor y, finalmente, dejar un referente memorable sobre los alcances que puede tener desafiar al poder estatal y a los intereses del capital nacional e internacional (Kuri, 2008: 207).

Este antecedente organizativo en combinación con el memorial de despojo (Kuri, op- cit.), van a estar presentes en los conflictos subsiguientes, así como la experiencia vivida por la represión que dejó huella en esta población.

El engaño detrás del proyecto de rescate ecológico

En 2008 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desplegó una política de restauración ambiental en el territorio, mediante el proyecto Zona de Mitigación y Rescate Ecológico (ZMRE); anunciando discursivamente la construcción de un atractivo parque ecoturístico, como un intento por contener la expansión de la Ciudad de México, hacia esta zona ya deteriorada por la desecación del vaso del Lago de Texcoco. Para ello argumentaba que era necesario hacer la adquisición de los terrenos ejidales, a través de la compra-venta (legal e ilegal) que obtuvo parcialmente, mediante una serie de estrategias, como: la carente información sobre dicha iniciativa; la intromisión en las asambleas ejidales para cambiar el uso de suelo a dominio pleno; el convencimiento de ejidatarios de manera individualizada a través del ofrecimiento de un mejor precio por las tierras (que aumentó de 7 pesos por metro cuadrado en 2001, a 200 y 250 pesos).

Estos actos de opacidad y discreción detonaron otro conflicto en el territorio. El rechazo tanto de la venta de las tierras como del proyecto de rescate ecológico, por parte de los integrantes del FPDT, se produjo de manera contundente. Esto se deriva de la creencia de que se trataba de una estratagema para imponer nuevamente el megaproyecto del aeropuerto; y es por medio del control de la asamblea ejidal, que se logran defender dos de los núcleos en los que se concentra la mayoría de los simpatizantes del movimiento en defensa de la tierra: San Salvador Atenco y San Miguel Tocuila (Bautista, 2018). Aun así, la dependencia adquirió más de la mitad del total de parcelas, debido a que, según ellos mismos, ya “habían iniciado pagos en siete ejidos y se habían pagado o comprometido 2,589 MDP en pago de terrenos por una superficie de más de 1731 ha que equivalen al 69% de lo planeado” (Conagua, 2012: 260).

La reactivación del megaproyecto del aeropuerto en Texcoco

En el marco de la transición de la nueva administración en el 2012, se generó una discusión entre funcionarios a cargo del ZMRE y personal del gobierno entrante, quienes argumentaban que era necesario reactivar el proyecto del aeropuerto en Texcoco. El resultado del debate fue el rechazo del programa de restablecimiento ecológico, con este suceso se establece el inicio de las evaluaciones y valoraciones de la zona, a través del Salvamento Arqueológico en el Lago de Texcoco (LATEXO), para trasladar el actual aeropuerto de la Ciudad de México a la ZOEM. A partir de este momento aumenta el grado de conflictividad, a nivel intra e intercomunitario. Esto se debe a que los trabajadores del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), junto con policías federales y el Ejército Mexicano, habían incursionado en el territorio de Atenco y Tocuila, a pesar de que se declaró públicamente que “no requerirían terrenos adicionales a los actualmente disponibles, los cuales son propiedad del Gobierno Federal” (Ortigoza FPDT y Alcántara, 2014).

Bajo estas circunstancias los pobladores que se resisteeron a vender sus parcelas, van a enfrentar activamente a grupos de interés, que recurren a la confrontación, el hostigamiento y la violencia, para lograr el cambio a dominio pleno de los terrenos. En este contexto se inserta otra estrategia de organización de una asamblea ejidal de forma ilegal, encabezada por el entonces comisariado de corte priista Andrés Ruiz Méndez, para hacer el cambio de uso de suelo; excluyendo la participación del FPDT. Por su parte, los frentistas van a generar una respuesta de cara a este ignominioso plan, mediante una batalla legal para anular la asamblea (Bautista, 2018:104).

En septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto –quien estuvo involucrado directamente en la represión del 2006–, anuncia el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), como la gran oportunidad de México para acceder al primer mundo; afirmando que todas las actividades vinculadas al proyecto se harían con apego a la ley y respeto a los derechos humanos. El NAICM contaría con seis pistas de operación a construirse en distintas fases, que concluirían en el 2020; en una superficie de 4 430 ha del polígono federal del Lago de Texcoco (GACM, 2017), y dos terminales en la etapa final.

Entre las ventajas que se exponían en el portal de internet del nuevo aeropuerto, se encontraban los siguientes puntos: la cercanía con la Ciudad de México y con el aeropuerto “Benito Juárez”; la factibilidad técnica, ambiental, hidráulica y administrativa de la zona; la existencia de terreno de propiedad federal suficiente para la construcción del aeropuerto; la reutilización de algunos recursos existentes del aeropuerto de la Ciudad de México; y la aprobación de las máximas autoridades en materia aeronáutica, como un proyecto viable en términos meteorológicos y de tráfico aéreo. El megaproyecto también se presentaba a sí mismo como un aeropuerto sustentable, que atendería una serie de acciones en los rubros social, ambiental, económico e hidrológico.

Otros compromisos consistían en la generación de alrededor de 160 mil empleos; la edificación de centros de salud y viviendas; la reactivación de servicios públicos; y el mejoramiento en la conectividad en cuestión de transporte y vialidad, en los municipios de Texcoco, Atenco y Chimalhuacán. En el sector económico, se exponían los beneficios en materia de importación y exportación, ya que habría más capacidad de entradas y salidas de mercancías, además de potenciar el turismo en México (Nuevo Aeropuerto Internacional de México, 2016).

En la arena pública, una serie de expertos reunidos en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), aseguraban que las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) del megaproyecto eran engañosas, pues los argumentos que lo avalaban como un proyecto sustentable sólo se concentraban en las soluciones ambientales del aeropuerto, no de las comunidades contiguas. Es decir, no contemplaba los problemas generados a partir de su construcción, en las zonas circunscritas a la poligonal. Así, la UCCS afirmaba que el nuevo aeropuerto texcocano, había sido impuesto por el gobierno federal; aprovechando la situación precaria de la legislación ambiental (Córdova y otros, 2015).

Los Pueblos Unidos Contra el Nuevo Aeropuerto y la Aerotrópolis

A partir del 2015 dieron comienzo las obras de preparación del sitio para la edificación de la nueva terminal aérea. Lo primero en construirse fue la barda perimetral de 33 km, fue parte de una estrategia para resguardo y seguridad del polígono, lo cual representó otro despojo del territorio para los pueblos ribereños. Consecuentemente inició la construcción y ampliación de las autopistas alternas al aeropuerto, así como sus entronques. La autopista Pirámides-Peñón-Texcoco detonó otro conflicto en el ejido de Atenco, que sigue irresuelto hasta la fecha. Una de las estrategias de defensa más importantes del FPDT fue la interposición de un amparo en el que se buscó la suspensión de todas las obras asociadas al NAICM, mediante un peritaje antropológico, que demuestra que los habitantes de esta región del Valle de México son pueblos campesinos equiparables a las comunidades indígenas.

El informe de esta investigación es concluyente, con respecto a la existencia de prácticas alimentarias, religiosas y medicinales vinculadas con una cosmovisión mesoamericana, que se distingue por la observación del medioambiente y de un modo particular de ordenar el entorno y el territorio, en el que se incluye el ciclo agrícola. Otro hallazgo consiste en que las instituciones sociales de estas poblaciones, conforman una estructura fundamental en la reproducción de su identidad y su cultura. Se trata, pues, de colectividades cuyas formas organizativas se han construido históricamente, con características tanto civiles como religiosas, propias de los pueblos indígenas. Lo anterior evidencia una dinámica vital de relaciones familiares, comunitarias y regionales, que se arraigan íntimamente con el territorio y la cosmovisión mesoamericana (Pineda, 2015).

Respecto a los recursos estratégicos para desarticular el movimiento, surge en diciembre de 2015, la llamada “ley Atenco”, que buscaba “legitimar los actos represivos en contra de los movimientos sociales y las manifestaciones populares, y proteger jurídicamente a los responsables –políticos y funcionarios públicos–, que son quienes emiten la orden a la fuerza pública” (Bautista, 2018: 146). La lista de afectaciones que se producen en el territorio continúa con las obras de limpieza y nivelación para la cimentación de las pistas de aterrizaje. Se contemplaba la distribución de 50 cm de tezontle extraído de los cerros de las localidades y municipios circunscritos a la ZOEM, sobre 1 147 ha de los terrenos de la zona federal; muchos de ellos considerados como sagrados, por los diferentes procesos de apropiación simbólica que se han producido en el territorio históricamente (Barabas, 2014).

Para concretar dichas obras, fueron ocupados un total de 4 millones de toneladas de material pétreo, lo cual representó un severo impacto socioambiental para la población circundante. Esto generó un sentimiento de agravio y descontento social, que llevó a los habitantes afectados a organizarse y concentrar su movilización en la Plataforma Organizativa Contra el Nuevo Aeropuerto y la Aerotrópolis; conformada por una diversidad de “colectivos, académicos, estudiantes, organizaciones y activistas en defensa del medio ambiente y los derechos humanos […] desde el valle de Teotihuacán y Acolman, atravesando los cerros sagrados de Tezoyuca, Chalco e Ixtapaluca y hasta llegar a las faldas de los volcanes en Amecameca y Tecamachalco” (SERAPAZ, 2018).

Ante las declaraciones en torno al aeropuerto de Texcoco, por parte de Andrés Manuel López Obrador, durante la campaña electoral del 2018, los activistas y pobladores buscaron por diversas vías posicionar sus exigencias, para que se cancelara definitivamente este megaproyecto. Los cuestionamientos en la coyuntura política hacia cómo se estaba instrumentando cambiaron el rumbo del movimiento, el cual empezó a creer que existía una posibilidad real de anulación. Pero también se generó incertidumbre y nerviosismo entre los grupos financieros y los sectores de la sociedad que optaban por la continuación de la edificación de la terminal aérea (Ramos, 2018). Posteriormente, tras la llegada de López Obrador a la presidencia de la república, y con las primeras declaraciones sobre la posibilidad de cancelar la megaobra en Texcoco, la opinión pública se polarizó.

En este marco se da un importante suceso en el que Javier Jiménez Espriú, extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y otros funcionarios de gobierno, fueron convocados por los activistas y ejidatarios para que los acompañaran en una visita guiada, a observar las distintas afectaciones en el territorio. Durante el recorrido, que se llevó a cabo el 10 de octubre de 2018, en los pueblos de Santo Tomás Apipilhuasco, Tezoyuca y Atenco, los habitantes les mostraron los daños más notorios y, con un tono respetuoso pero con firmeza, les exigieron que cuando asumieran el cargo de sus funciones no ignoraran sus peticiones.

El presidente había llamado a discutir los diferentes puntos de vista, y propuso llevar a cabo una consulta ciudadana a nivel nacional, en la que también tenía una propuesta alternativa para la solución del problema de saturación del aeropuerto “Benito Juárez”: la modernización del aeropuerto de Santa Lucía. La finalidad de dicha consulta consistía en fomentar la participación de la ciudadanía en un proceso democrático, para decidir sobre el destino del megaproyecto a partir de una serie de debates en materia aeronáutica, ambiental, social, económica y territorial.

Esta consulta también fue aprovechada por la plataforma organizativa para lanzar una campaña en redes sociales llamada #YoPrefieroElLago, que le dio a la sociedad una posibilidad de participar, sin estar comprometida necesariamente con una de las dos posturas. La campaña fue lanzada en una conferencia de prensa en el Centro de Comunicación Social (Cencos), el 24 de septiembre de 2018, ante la presencia de organizaciones sociales de los diferentes pueblos; de académicos, ambientalistas y estudiantes; y de asociaciones civiles y medios de comunicación, en el que se dio lectura a un manifiesto que convocaba a la ciudadanía a manifestarse el 25 de octubre, en el marco de la consulta sobre la viabilidad del aeropuerto en Texcoco o en Santa Lucía.

A través de la voz de cuatro de los integrantes de la Plataforma Organizativa, se informó que, durante el próximo mes, habitantes de los pueblos afectados y especialistas participarían activamente en diferentes espacios; y en los múltiples debates que se llevarían a cabo en los medios de comunicación y redes sociales. Además de organizar conferencias y exposiciones en instituciones públicas y privadas, de educación media y superior, entre otras; exponiendo y denunciando con múltiples argumentos el arrebato de tierras, y el impacto socioambiental que había generado esta megaobra desde hace varios años. Posteriormente se hace un llamado a promover estas iniciativas en redes sociales y a frenar la construcción de este megaproyecto.

Esto representó un insumo en los resultados de la consulta, en la que el 69.95% de los votos de las personas que participaron (1 067 859), rechazó continuar con el proyecto en Texcoco; mientras el 29% estuvo a favor de que se mantuviera en el mismo lugar (BBC, 2018). Sin embargo, los activistas no se confiaron y siguieron con las movilizaciones, y con el “trabajo solidario interno y externo” (Terrones, 2013). El 24 de noviembre del 2018, los pobladores y activistas se reunieron en el “Segundo Encuentro del Lago”, en el que se dieron a la tarea de realizar un diagnóstico de lo acontecido en los últimos meses en el contexto político nacional; también se dedicaron a hacer un balance sobre la dirección que había tomado el movimiento, desde el estallido del conflicto inicial en 2001.

Pero, lo más importante fue la formulación de nuevas demandas relacionadas con la recuperación de la vocación hidrológica de la cuenca; con la elaboración de nuevas estrategias para la defensa del territorio, en las que se exige principalmente: la formalización de la cancelación del NAICM; el resarcimiento de los daños socioambientales ocasionados por este megaproyecto; la restauración de la vocación hídrica del Lago de Texcoco; la restitución de tierras que se encuentran actualmente en conflicto; y el restablecimiento de la flora y fauna de la región. En el mes de diciembre, tras los resultados de la consulta ciudadana, el gobierno de transición anunció la cancelación del proyecto del aeropuerto en Texcoco –aunque no existía un decreto presidencial anunciado en el DOF–, al momento que celebra la participación de la ciudadanía a nivel nacional.

Conclusiones

El avance de los megaproyectos sobre los territorios no se puede producir sin el despojo, pues está intrínsecamente constituido como el principal elemento, tanto para su materialización como para su funcionamiento, ya que su propósito principal no es de ningún modo el bienestar social, sino la acumulación de capital. Esta es la principal razón por la que se originan todo tipo de conflictos (sociopolíticos, socioambientales, intra e intercomunitarios, etc.), ya sea con la población (campesina, originaria, indígena, o de otro tipo) que habita en los territorios donde se instrumentan, o en los que se encuentran cerca de su perímetro de influencia.

El segundo motivo se deriva del primero, ya que para que sea posible su instrumentación es preciso transformar los territorios y los entornos ecológicos (paisajes, biodiversidad, ecosistemas), pero también se necesita desarticular los acuerdos sociales precedentes y las resistencias constituidas, en caso de que no se llegue a materializar, ya sea por la resistencia de los pueblos y comunidades o por los intereses y decisiones políticas y financieras. Esto permite que se vuelvan a acentuar bajo el ya conocido discurso del “progreso y la modernidad” en otros momentos históricos o coyunturas políticas.

En cuanto a la transformación del territorio, de ninguna manera se va a caracterizar por ser positiva para las comunidades, al contrario, con la llegada de los megaproyectos se van a profundizar las problemáticas ya existentes, que se expresan en diversas afectaciones socioambientales y socioterritoriales, tales como: la degradación de ecosistemas (perturbación de la cobertura vegetal, que va a propiciar la desertificación y la producción de tolvaneras; explotación de aguas superficiales; pérdida de la biodiversidad; alteración del clima; contaminación del aire, suelo y agua); la destrucción de cerros sagrados; el déficit en la producción agropecuaria y forestal; la pérdida de conocimientos tradicionales y del sentido de pertenencia; la descomposición de los entramados sociales; el aumento de la conflictividad y la violencia a nivel comunitario; desterritorializaciones y reterritorializaciones; etc.

Respecto a los recursos estratégicos para la desarticulación de arreglos precedentes (derechos obtenidos históricamente) y de las resistencias, se observan: la imposición de un decreto expropiatorio; el aumento del precio por hectárea de terrenos y la compra-venta ilegal de las parcelas; la discreción para ocultar los conflictos territoriales de la opinión pública; el incumplimiento en los acuerdos; la desestimación de la movilización sociopolítica y de los amparos interpuestos por los activistas; la creación de grupos de interés para contrarrestar el peso político del movimiento; la represión estatal y la criminalización de la protesta social con el propósito de generar miedo e intimidar a la población, etc.

Ante estos agravios producidos por los promoventes de los megaproyectos, las respuestas de los habitantes organizados se traducen en acciones colectivas en defensa del territorio, que van desde la movilización sociopolítica, hasta las acciones judiciales contra el arrebato de tierras, y en oposición a las actividades extractivas y contaminantes. Algunas de las que se presentaron en este trabajo, de muchas otras que se han realizado son: marchas, manifestaciones, amparos, control de las asambleas ejidales y campañas informativas. Esta defensa permite incidir en los arreglos y negociaciones con los promoventes de los megaproyectos, quienes modifican y restructuran sus estrategias para el avance en la apropiación de los territorios. Estas incidencias se pueden apreciar en el aumento del precio por la tierra; la reubicación del proyecto de aeropuerto en su segundo intento por instrumentarse; así como en su temporalidad, por haber aplazado su construcción, por más de una década; pero, sobre todo, en su cancelación en dos periodos distintos de gobierno.

La experiencia vivida y la serie de aprendizajes obtenidos por el antecedente organizativo, conformado a lo largo de la historia de la resistencia de estos pueblos, permite tener mayor capacidad de respuesta y la vigencia de la movilización, ante cualquier tipo de intervención territorial; así como la conservación de los territorios en manos de las comunidades. El hecho de que se hayan levantado ante una brutal represión, ante el encarcelamiento de sus compañeros, y que hayan enfrentado diferentes megaproyectos de despojo, nos muestra que una próxima intervención no detendría al movimiento tan fácilmente, aunque sí se enfrentarían con nuevos retos sociopolíticos y de otro orden. A pesar de que se observó que la cancelación del NAICM es un hecho, no se ha dado vuelta a la página de los conflictos en esta región. Esto se debe a que el territorio siempre será de interés para el capital y su forma de acumulación por desposesión.

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1. Rafael Bautista Patiño. Maestro en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciudad de México. rafael.bautista26@gmail.com ↑
2. Al cambiar “el carácter del ejido, esa forma de tenencia y usufructo de la tierra […] en sí, […] que toma una forma diametralmente opuesta después de 1992: es enajenable, mercantilizada, vendible, y por ende el ejidatario, antes usufructuario de las tierras y territorios nacionales, ahora se convierte en propietario privado” (Palacios, 2010: 34). De este modo, “El ejido permanece reconocido jurídicamente dentro del reformulado artículo 27, sólo que ahora como una forma más de tenencia de la tierra, el ejido se convierte en propiedad privada, sólo si el ejidatario lo desea, ya que es ‘libre’ de ejercer dominio pleno sobre su parcela” (Palacios, 2010: 35). ↑

3. Véase: Pérez-Negrete, Margarita (2017), Megaproyectos, capital y resistencias. Una mirada desde la antropología urbana, México, CIESAS, Ediciones de la Casa Chata. ↑