Mauricio González González
Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER)
A los familiares de Tomás Pérez Francisco
Ilustración Ichan Tecolotl.
La historia de la Huasteca es una que no puede obviar las formas en que el reparto agrario se consiguió bajo esfuerzo de numerosas asambleas que, a despecho de la Historia Nacional que le localiza en época cardenista, gran parte de esta región tuvo que esperar y realizarla mediante recuperación de tierras hasta los años 70, 80 y 90 del siglo pasado, no sin sangre y muerte (FDOMEZ, 2008; Nava Vite, 2015). Esa epopeya campesino indígena no es sin su anverso, uno que revela las condiciones en que muchas familias carecían de medios de subsistencia y, por otro lado, de numerosas formas de opresión, explotación y desigualdad en que se encontraban (Montoya, 1996), ejercidas por élites poderosas que gozaron de impunidad y que aún se les puede rastrear entre diferentes integrantes de partidos políticos y federaciones ganaderas locales y regionales (Navarrete y Dolores, 2014). El presente documento expone de forma sucinta la historia de Tomás Pérez Francisco, totonaco del municipio de Pantepec desaparecido en 1990 a manos de guardias blancas que operaban bajo colusión de diferentes órdenes de gobierno, ofreciendo una mirada estructural y territorial, que engarza diferentes agravios que actualmente padecen las comunidades de la región, consolidando una zona de sacrificio donde se dificulta y niegan modos de existencia que hoy se nos revelan como posibilidades de futuro para un planeta gravemente herido por calentamiento global. Nuestro lugar de enunciación no es otro que el de un investigador que ha acompañado a los familiares de Tomás por más de tres años en las amargas diligencias con la Comisión de Búsqueda del estado de Puebla, las cuales a la fecha no han rendido frutos.
Con la desaparición entre los dientes
La mañana del 1o de mayo de 1990 Tomás, como en muchas otras, había compartido café y almorzado con su familia, era temprano, debía salir a Ignacio Zaragoza, en el mismo municipio de Pantepec, Puebla, a atender asuntos relacionados con su papá. Fue a su regreso por la tarde, en el camino que va de Zaragoza a Ameluca, cuando fue interceptado por pistoleros en las inmediaciones del Rancho San Juan para ser llevado al Rancho Las Palmas, donde habían aislado antes a otros campesinos de la comunidad La Sabana reprimidos fuertemente en dos ocasiones. En las inmediaciones de Zaragoza logró identificar a su ahijado a quien le gritó –¡Tocayo, me llevan! Antes de ser golpeado y sometido en la batea de la camioneta en la que le transportaban. Esa fue la última vez en que se le vio (Pérez, 2021).
La Sabana fue una comunidad del municipio de Pantepec que carecía de tierras de cultivo, integrada por campesinas y campesinos sin tierra que, a la manera de numerosas asambleas de la región, intentaban allegarse medios de vida frente al obsceno acaparamiento de, en este caso, la familia Cabrera, quienes detentaban –y detentan– no sólo el poder económico en el municipio, sino también político, pues como sucede en numerosos estados del país, las formas tradicionales en que los cargos públicos se alcanzan en las juntas auxiliares y en el gobierno municipal, no es sin participación previa dentro de las ganaderas, las cuales guardan abiertas relaciones con élites estatales y nacionales.
¿Por qué a Tomás? ¿Qué hizo para ser blanco de las guardias blancas? ¿Quién era Tomás? Guadalupe Pérez Rodríguez, incansable y solidario defensor de derechos humanos que no ha cesado de buscar a su padre lo describe de esta forma:
El hijo mayor de María del Pilar Francisco Luis y Nemesio Pérez Fuentes, el hermano de Leonardo, María del Pilar, Vicente, Lucía, Catalina y Bernardo. El compañero de vida de Juana María Rodríguez Santiago. El padre que me enseñó a leer y a escribir cuando estaba en el kinder. El amigo y compañero que se solidarizó con los habitantes de la comunidad de la sabana y luchó con ellos para defender su territorio del caciquismo priista y policiaco de aquellos tiempos. El campesino que sembró su milpa en el temporal de diciembre, pero ya no lo dejaron cosechar ni preparar la tierra para la siembra de junio. El indígena que aprendió a hablar español hasta que cursó dos años de primaria, que hablaba en las dos lenguas pero que su pensamiento lo hacía desde la cosmogonía totonaca. El hombre que disfrutaba andar a caballo, nadar en el arroyo Agua Nacida o en el río Pantepec, jugar basquetbol, participar y organizar los carnavales, bailar, reír, vivir. El compañero que fue consciente de su tiempo y como decía el escritor Eduardo Galeano, no se equivocó a la hora de elegir estar entre los indignos y los indignados (Pérez, 2021).
La Sabana había cometido la falta de intentar sembrar en terrenos acaparados por los caciques locales colindantes a la comunidad. Ello provocó que, en el otoño de 1989, guardias blancas junto a hombres uniformados militarmente, entraran a quemar casas y destruir los cultivos. Se sabe que fueron gente que estaba a resguardo no sólo de las autoridades locales, sino de los municipios de Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena y Jalpan, con la venia de la delegada de la Secretaría de Gobierno de Puebla en Xicotepec de Juárez.[1] Los alcances de la recuperación de tierra en la región décadas anteriores habían dejado enseñanzas no sólo para quienes buscaban propiedad social. Al siguiente año, en los tres primeros meses de 1990, hubo una segunda incursión, esta vez por parte de hombres armados y uniformados de policía, ahora contra el campamento que habían montado los pobladores resguardando lo poco que había quedado de la comunidad, desmantelando y deteniendo a todos los que se encontraban ahí, incautando documentación que había tomado los acuerdos de asamblea en los que se nombraba a los representantes de La Sabana para realizar los trámites necesarios ante el gobierno del estado, documentos en los que se encontraba el nombre de Tomás Pérez Francisco. Los detenidos fueron llevados al Rancho Las Palmas y al sótano de una de las casas de los Cabrera, donde fueron aislados y torturados. Los pocos testimonios que se han recuperado recuerdan que había fiesta en aquella casa en la que, a pesar del barullo se escuchaba en más de una ocasión un nombre, Papaqui, forma coloquial en que se nombrara al entonces comandante de la Policía Judicial de Xicotepec, Mario Romero Papaqui (Sirenio, 2023). Son ya más de 34 años de estos acontecimientos, esa Sabana desapareció. De Tomás aún no hay noticias, a pesar de las innumerables acciones de sus familiares por encontrarle.
Externalidades a flor de piel
De aquella comunidad sólo queda el muro de la escuela, fue borrada y subsumida a los activos de la familia Cabrera con la impunidad propia del caciquismo huasteco. El cariz cardenista que detentaron las élites de la región no sólo les permitió mantener a resguardo sus propiedades, también conservaron y acrecentaron sus privilegios políticos, lo que hoy se denota en forma de una desigualdad insultante.[2] Y si bien han pasado décadas de aquellos infames actos, la situación se ha enrarecido nuevamente, esta vez desde un costado poco previsto con antelación, pues es la política energética la que configura una nueva afrenta. La activación de un proyecto petrolero en 16 municipios del estado de Veracruz y Puebla denominado Aceite Terciario del Golfo (atg), incluyó al municipio de Pantepec, al que se considera dentro de la cuenca petrolífera Tampico-Misantla, siendo uno de los más afectados por la extracción de hidrocarburos que ha implementado una técnica ecocida ampliamente criticada en la esfera productiva petrolera: el fracturamiento hidráulico o fracking, el cual requiere altos volúmenes de agua mezclada con lubricantes que generan serios impactos en tierra, aire, agua y en la salud de humanos y no humanos, junto a la alta contribución de gases de efecto invernadero. Se calcula que cada pozo requiere de 9 a 29 millones de litros de agua, lo equivalente al consumo de una población de entre 1.8 a 7.2 millones de personas, lo que impone exigencias hídricas importantes a toda cuenca que le alberga (Campero, 2014). El cálculo hasta 2023 es que en Pantepec se había realizado 176 fracturas en 40 pozos (Flores y Llano, 2023), pero más aún, es en ese mismo municipio, a unos kilómetros del ejido El Tablón, donde se experimentó la extracción de hidrocarburos no convencionales con el Pozo Pankiwi-1, que produjo intoxicación y malestar principalmente entre abuelos y niños de la comunidad (González, 2023). La cuenca petrolífera Tampico-Misantla tiene el infortunio de ser una en la que se experimentó la extracción de gas shale mediante fracking, lamentable privilegio que el municipio de Venustiano Carranza en Puebla, Castillo de Teayo y Coatzintla en Veracruz, también padecieron, llevando los impactos de la fractura hidráulica a su máxima expresión.
En el municipio de Pantepec, la presencia petrolera crea un paisaje altamente contrastante que mezcla milpas, naranjales y pozos petroleros que se distribuyen en amplias extensiones del municipio, a pesar de que, de manera superficial, sólo requieren de una a dos hectáreas, pero en profundidad, por medio de tuberías inclinadas u horizontales, pueden alcanzar hasta 5 kilómetros de extensión si son para no convencionales. Pero hay un aroma rancio que la historia regional imprime a la producción de este paisaje extractivo: las pocas hectáreas que requieren los pozos y las macroperas petroleras respetan las jerarquías largamente añejadas de la expoliación regional, privilegiando los predios de las familias participes de las élites regionales y estatales que, no por casualidad, están fuertemente vinculadas con las gaseras de Huauchinango.
Racismo ambiental es el término que Robert Bullard (1993) acuñó para referirse al tipo de políticas y prácticas que destinan territorios ocupados por población racializada o de bajos recursos para las externalidades que produce la industria y el modo de vida hegemónico, sea por el tipo de desechos que genera, sea porque no podrían hacerse cargo sin pérdidas económicas. Y si bien esta formulación sigue las denuncias de activistas afrodescendientes estadounidenses, como Benjamin Chavis (1987), que a mediados de los años 70 denunciaban los depósitos de desechos tóxicos en zonas habitadas por gente de color y subalternizada, hoy en día es cada vez más legible ese tipo de prácticas por los apremios que imponen las condiciones de deterioro ambiental que enfrenta el modelo civilizatorio basado en economía fósil. Y si bien en un primer momento el racismo ambiental sirvió para explicar la lógica territorial que destinaba a la poblaciones racializada a habitar en condiciones de alto riesgo, hoy podemos ver que también es uno de los mecanismos de racialización que opera bajo una modalidad de lo que Rob Nixon llama violencia lenta (2011), ejercicio de poder diacrónicamente distribuido que se vale de numerosos mecanismos para expoliar a bloques de población y territorios que gozan de la maldición de los recursos, consolidando lo que se ha dado en llamar zonas de sacrificio: “la violencia lenta no se caracteriza como explosiva, espectacular o instantánea, sino que ocurre de forma gradual y fuera de la vista, es incremental y acumulativa y se distribuye a través del tiempo y el espacio” (Llobet y Paz, 2024). El territorio de Pantepec no se puede leer sin la violencia del cacicazgo y la extracción petrolera.
Una de las características de este tipo de violencia es que, además de su operación normalizada, produce una cancelación de futuro que a la luz de la población totonaca no se ejerce sin minusvaloración de sus modos de existencia, borramiento que en la larga duración les ha marginalizado pero que, además, en tiempos de emergencia climática, cobrará factura ya no sólo a las y los de la trinchera indiana de la Huasteca poblana.
Llueve sobre mojado en Pantepec, son más de 34 años buscando a Tomás, son más de 22 en que el proyecto petrolero que implementa fracking está en curso, pero ello es expresión contemporánea de siglos en que la población de esta región ha sido negada como red de vida imposible a reducción de costo-beneficio, que no cabe en acumulación alguna. Guadalupe Pérez Rodríguez no deja lugar a dudas, el agravio a una persona perteneciente a un pueblo originario es uno a un colectivo mayor que enlaza numerosos corazones cuyo rastro material se hace a fuerza de prácticas de conocimiento que, a contrapelo de los ejercicios de dominación, producen e innovan un conjunto de bienes comunes que son parte de una sociabilidad que hace costumbre con agentes más que humamos (Trejo et al., 2019). Guadalupe le concibe como cuerpo-territorio, dejando ver un continuo entre aquello que está en extensión bajo forma territorial, pero intensivamente denso en quienes se incorporan e incorporan numerosos pliegues dentro del mismo. Si la familia de Tomás reconoce que él no se equivocó al tomar posición junto a los indignados de estas tierras, su lucha y solidaridad se expande actualmente en la exigencia de verdad y justicia, en la dignificación de mecanismos y procedimientos de búsqueda que reconozcan la adscripción indígena de las y los desaparecidos, en la defensa del territorio y los medios de vida, en la disputa climática bajo el ejercicio de otros modos de existencia. Buscamos a Tomás Pérez Francisco, su memoria está presente en cada una de las acciones que se realizan para encontrarle, hasta encontrarle.
Referencias
Bullard, Robert D. (1993), “Anatomy of Environmental Racism and the Environmental Justice Movement”, pp. 15-39; en Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots, consultado el 10 de noviembre de 2024, disponible en: https://bpb-us-e2.wpmucdn.com/sites.uci.edu/dist/c/3308/files/2020/03/Bullard_Anatomy-of-Env-Racism-and-the-EJ-Move.pdf
Campero Arenas, Claudia ( 2014, “Impactos socioambientales en los procesos de fractura hidráulica”, pp. 41-47; en Benjamín Robles Montoya (coord.), Impacto social y ambiental del fracking, México, Instituto Belisario Domínguez-Senado de la República, LXII Legislatura / amcf.
Chavis, Benjamin et al. (1987), Toxic Wastes and Race in the United States. A National Report on the Racial and Socio-Economic Characteristics of Communities with Hazardous Waste Sites, Nueva York. Commission for Racial Justice, United Church of Christ,
FDOMEZ-Frente Democrático Oriental de México “Emiliano Zapata” (2008), fdomez. 30 años de lucha por la tierra y la defensa, segunda edición, México, fnls / fdomez.
Flores Lot, Carla y Manuel Llano ( 2023) Fracturando el campo. Impactos potenciales del fracking en la agricultura y Sembrando Vida, México, CartoCrítica / amcf.
González González, Mauricio ( 2011), Emergencia del socialismo ecológico en la Huasteca. El Paleocanal de Chicontepec bajo escrutinio de un comité de derechos humanos maseual¸ Tesis de Maestría en Desarrollo Rural, México, Posgrado en Desarrollo Rural, uam Xochimilco.
González González, Mauricio (2023) Ecologías insumisas. Antagonismos al geontopoder de la extracción petrolera¸ Guadalajara, Cátedra Jorge Alonso / Universidad de Guadalajara/CIESAS.
Llobet, Valeria y Florencia Paz Landeira (2024), “violencia lenta” en Andrés Kozel, Silvia Grinberg y Marina Farinetti (eds.) Léxico crítico del futuro, , San Martín, Universidad Nacional de San Martín, pp. 603-606
Matías Alonso, Marcos (1990), “La tropa en la historia de México y en las Huastecas, su intervención en los conflictos agrarios”, en La Huasteca: vida y milagros, Ludka de Gortari Krauss y Jesús Ruvalcaba Mercado (coord..), México, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Cuadernos de la Casa Chata, 173), pp. 157-183,
Montoya Briones ( 1996), Etnografía de la dominación en México. Cien años de violencia en la Huasteca, México, inah-conaculta (Colección Científica, Serie Etnohistoria, 312).
Nava Vite, Rafael (2015), “Limpiando y sembrando la tierra. Lucha de campesinos nahuas en la Huasteca”, en Catherine Good y Dominique Raby (edits.), Múltiples formas de nahuas. Miradas antropológicas hacia representaciones, conceptos y prácticas, México, El Colegio de México. pp. 249-267.
Navarrete Ulloa, Carlos Alberto y Jorge Dolores Bautista (2014), “Caciquismo en el municipio de Atlapexco: de la convulsión social a la dominación “tradicional burocrática” en la Huasteca hidalguense”, Revista del Colegio de San Luis, Nueva época, año IV, núm. 8, julio diciembre, pp.12-37.
Nixon, Rob (2011), Slow Violence and the Environmentalism of the Poor, Cambridge, Massachusetts y Londres, Harvard University Press,
Pérez Rodríguez, Guadalupe (2021), “¡Nak putsayán hasta na kgaksan! ¡Te buscaremos hasta encontrarte!”, Pie de página, 30 de abril, consultado el 11 de noviembre, disponible en: https://piedepagina.mx/nak-putsayan-hasta-na-kkgaksan-te-buscaremos-hasta-encontrarte/
Secretaría de Bienestar (2022), “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022”, Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo, consultado el 11 de noviembre de 2024, disponible en: https://www.gob.mx/bienestar/fais/documentos/informes-amuales-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social-2022
Sirenio, Kau (2023), “Podemos sembrar la esperanza de la justicia si todos salimos a buscar”, Pie de página¸ Justicia y Verdad, 25 de junio, consultado el 11 de noviembre de 2024, disponible en: https://piedepagina.mx/podemos-sembrar-la-esperanza-de-la-justicia-si-todos-salimos-a-buscar/
Trejo Barrientos, Leopoldo, Mauricio González González, Carlos Guadalupe. Heiras Rodríguez, Israel Lazcarro Salgado (2016), “Las formas del costumbre: praxis ritual en la Huasteca sur”, en Lourdes Baez Cubero, Develando la tradición. Procesos rituales en las comunidades indígenas de México, Volumen III, (coord.), México, Secretaría de Cultura-inah (Colección Etnografía de los Pueblos Indígenas de México / Serie Ensayos), pp. 71-190
- La participación de militares en acciones de este tipo en la Huasteca está ampliamente documentada. Cf. Matías, 1990;FDOMEZ, 2008, González, 2011. ↑
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Según el “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022”, de la Secretaría de Bienestar, Pantepec tuvo en 2020 una población total de 18,528 habitantes, de los cuales 15,325 se encontraban en situación de pobreza (11,370 en “pobreza moderada” y 3,955 en extrema). ↑