Oscar Ulloa Calzada[1]
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Palabras clave: cosmopolítica, agua, autonomía, COPUDA, Oaxaca.
1. Introducción
En el México contemporáneo, la securitización del agua —en su definición como asunto de seguridad nacional y de control estatal— se ha consolidado como un régimen de regulación territorial (Ulloa, 2024). Este régimen se manifiesta tanto en el discurso como en la gestión, promoviendo estados de excepción y obras de infraestructura que debilitan la gobernanza comunitaria. Al concebir el agua como un recurso estratégico, el Estado legitima intervenciones jerárquicas y procesos de despojo que concentran el poder en instituciones como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), sustentadas en un léxico de eficiencia y modernización. En este marco, los pueblos indígenas son sistemáticamente desplazados hacia los márgenes del régimen de gestión, reclasificados como poblaciones vulnerables y reducidos a sujetos de tutela técnico-administrativa, o bien criminalizados cuando sus formas de manejo territorial divergen de los parámetros estatales de normalización.
En contraposición, la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA), integrada por comunidades Ben’zaa en los Valles Centrales de Oaxaca, se ha consolidado como un referente de autonomía hídrica en los últimos años. Estas comunidades articulan autogestión, ritualidad y decisión asamblearia, cuestionando los mecanismos de vigilancia y mercantilización estatal. Basado en una aproximación etnográfica y visual, este trabajo interpreta la acción de la COPUDA como expresión de una práctica cosmopolítica (Stengers, 2011), entendida aquí como una ecología de prácticas que busca “hacer lugar” a un conjunto plural de agencias —ríos, montes, entidades tutelares, personas— excluidas de los procedimientos de los expertos.
Imagen 1. Ceremonia del agua
Archivo personal del autor
Esta perspectiva se aparta de la lógica securitaria que convierte al agua en un recurso bajo amenaza y a la comunidad en un sujeto administrado, reproduciendo relaciones de control y exclusión (Zeitoun et al., 2016). En contraste, la noción de cosmopolítica abre la posibilidad de concebir un régimen de lo común sustentado en el cuidado; tal régimen, además de interrogar la gramática de la excepción, propone formas de acción capaces de desactivar su lógica de clausura, en diálogo con aproximaciones que piensan las infraestructuras como ámbitos donde lo técnico y lo ambiental se entrelazan en la producción de mundos compartidos (Rippa, 2023), orientando así la reflexión hacia una política relacional del habitar.
La COPUDA redefine la noción estatal de seguridad hídrica al orientarla hacia la continuidad de los entramados socioecológicos que enlazan personas, aguas, ritualidades e infraestructuras comunales. Esta orientación se manifiesta en la articulación entre los dispositivos técnicos —como las obras de absorción hídrica— y las prácticas rituales que los insertan en un horizonte de memoria, sentido y responsabilidad compartida. La autonomía hídrica se expresa así como una forma técnica y ética a la vez, mediante la cual las asambleas locales recuperan capacidad de decisión y mantienen la continuidad de la vida comunal.
La etnografía visual documenta el proceso de recomunalización del agua y su restitución como patrimonio relacional inscrito en un régimen de prácticas que desborda la lógica instrumental del recurso. Así, la acción colectiva de la COPUDA desactiva la racionalidad securitaria al reordenar las articulaciones entre técnica, derecho y territorio. En esta configuración, fruto de una trayectoria prolongada de lucha social, la técnica se redefine como mediación orientada al servicio de lo común, el derecho opera como garante de procedimientos situados y el territorio se consolida como espacio de decisión y de interlocución política. La gobernanza adquiere así un carácter relacional, orientado a la perdurabilidad de los vínculos y a la continuidad de los mundos locales (De la Cadena y Blaser, 2018), configurando una alternativa a la lógica del cierre del conflicto y afirmando la vitalidad de la vida territorial más allá del horizonte moderno del Estado mexicano.
2. Securitización hídrica y cosmopolítica en práctica
Pensar la seguridad humana desde el agua en el contexto de la COPUDA implica seguir las relaciones que sostienen la vida. En los Valles Centrales de Oaxaca, un decreto presidencial de veda de 1967 alteró esas relaciones al definir al agua como recurso y a las comunidades en usuarias sujetas a concesión. A través de censos, permisos y registros de extracción, el Estado instauró una forma de gobernabilidad hídrica que desplazó las decisiones comunales hacia un régimen de autoridad centralizada. Las oficinas federales trazaron polígonos de control y definieron parámetros de aprovechamiento, mientras los pueblos quedaron bajo sospecha cada vez que intervenían un pozo que sostenía su práctica agrícola.
El proceso de organización de la COPUDA comenzó a inicios de los años 2000, cuando la disminución de las lluvias coincidió con un endurecimiento de las restricciones de la CONAGUA (Ulloa, 2024). En varias de las 16 comunidades iniciales, los campesinos observaron cómo las multas federales amenazaban las cosechas y desarticulaban los acuerdos de cooperación. Las primeras reuniones intercomunitarias, impulsadas por autoridades locales y acompañadas por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A. C., abrieron un espacio de diálogo que pronto derivó en una estrategia colectiva. Las discusiones se extendieron al campo, los corredores de las agencias y las asambleas comunitarias, donde se propuso construir obras de captación y defender el derecho al agua como parte del territorio colectivo del pueblo Ben’zaa.
Imagen 2. Asamblea comunitaria
Archivo personal del autor
Durante los años en que acompañé este proceso, observé cómo las asambleas comunitarias se transformaron en espacios de aprendizaje recíproco y de elaboración colectiva. Los documentos jurídicos se revisaban minuciosamente, se firmaban de manera conjunta y se resguardaban en los archivos locales. Cada oficio y cada plano afirmaban una continuidad política. A partir de estas prácticas, la COPUDA desarrolló un sistema de correspondencias que tradujo los enunciados del Estado a los principios del mundo comunal. En ese marco, la concesión estatal debía adecuarse al principio de reciprocidad y a las formas locales de autoridad.
En las mesas de diálogo a las que asistí, así como en las asambleas y en los trabajos colectivos en el campo, la presencia de las entidades del territorio comenzó a adquirir una centralidad palpable. Los cerros y sus moradores, reconocidos como ancestros, eran invocados como interlocutores y partícipes de las decisiones mediante prácticas rituales que acompañaban los procesos técnicos y organizativos. La construcción de un pozo, en varias comunidades, implicaba no solo la ejecución de una obra hidráulica, sino también una ofrenda al cerro y una petición a las fuerzas tutelares que resguardan el agua. Estas acciones, junto con la reorganización de los tequios, reactivaban y consolidaban una forma de autoridad vinculada al territorio.
En 2013, tras años de gestiones y litigios, las comunidades obtuvieron un fallo favorable del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que reconoció la legitimidad de su demanda y ordenó al Estado mexicano revisar el decreto de veda. Desde entonces, la COPUDA combinó la vía jurídica con una pedagogía política que amplió el campo de acción comunal. Los talleres, los diagnósticos participativos y los mapeos colectivos de fuentes hídricas respondían a exigencias técnicas, pero al mismo tiempo fortalecían la comprensión situada del territorio y reactivaban la memoria sobre las entidades que lo habitan. En Santa Ana Zegache, los mayores evocaban las trayectorias de las lluvias y los rituales de petición en el Cerro María Sánchez, mientras los jóvenes, con instrumentos de medición, registraban los flujos de escorrentía y los tipos de suelo. En ese entrelazamiento de conocimientos, la observación del terreno, el proceder técnico y la relación con las entidades territoriales confluían en una práctica de cuidado orientada a la continuidad del agua y de la vida comunal.
Imagen 3. Recorriendo el acuífero
Archivo personal del autor
En noviembre de 2021, tras dos décadas de organización, la COPUDA obtuvo un decreto presidencial que levantó la veda hídrica y reconoció al pueblo Ben’zaa como responsable del manejo del acuífero de la microrregión de Xnizaa, instaurando un régimen de gestión compartida con el Estado. Más que una victoria jurídica —resultado de años de acuerdos y aprendizajes colectivos—, el acontecimiento supuso la recomposición del vínculo comunitario, pues el agua se reconoció como un bien relacional, acompañada por rituales, asambleas y labores de restauración.
Imagen 4. La lucha de la COPUDA
Archivo personal del autor
Actualmente, la COPUDA se ha consolidado como una organización que integra dimensiones técnicas, jurídicas y cosmológicas, ajustando su acción al ritmo del agua y a los tiempos deliberativos de las asambleas. Las infraestructuras concentran memoria y conocimiento situado, mientras los acuerdos colectivos funcionan como tecnologías de relación que incorporan a las entidades del territorio —los dueños de los cerros y los espíritus tutelares— en un régimen de reciprocidad. En la práctica, estas formas de organización se oponen a la lógica de la securitización, al proponer una gestión basada en el cuidado y en la continuidad de los vínculos que sostienen la vida compartida.
3. Corolario: la seguridad humana desde lo común
La experiencia de la COPUDA muestra cómo los procesos comunales desbordan los marcos de la gestión estatal y desplazan la racionalidad securitaria que reduce el agua a un bien vulnerable bajo control institucional. Frente a los dispositivos de vigilancia y a los lenguajes de riesgo que sostienen la gubernamentalidad hídrica contemporánea, las comunidades Ben’zaa elaboran, en la práctica, un régimen alternativo de cohabitación entre humanos y entidades del territorio, cuyas premisas han logrado inscribirse en el ámbito jurídico, quizá bajo otras formulaciones, pero preservando su sentido fundamental. Este horizonte cuestiona las formas de control estatal, al tiempo que redefine las condiciones de lo político al situar la decisión asamblearia en un plano de interdependencia con el territorio.
Desde esta perspectiva, la cosmopolítica del agua ofrece una clave analítica para comprender cómo las comunidades entrelazan técnicas, normatividades y entidades más-que-humanas en la gestión de su entorno. Estas configuraciones reordenan las jerarquías del conocimiento y la acción, al introducir una racionalidad relacional que desplaza los principios modernos de dominio y representación. Más que controlar, buscan sostener las relaciones que hacen habitable el territorio y permiten su continuidad. Al trasladar el foco del control hacia la copresencia y la interdependencia, estas prácticas desarticulan el régimen de la securitización hídrica y afirman una política del cuidado, donde la estabilidad se funda en la capacidad de recomponer vínculos entre mundos heterogéneos.
Imagen 5. Ofrenda al acuífero
Archivo personal del autor
El caso Ben’zaa evidencia una racionalidad distinta a la de la seguridad humana, una política del cuidado que genera durabilidad colectiva y orienta las infraestructuras hacia la reciprocidad más que hacia la rentabilidad. Los pozos, las ollas de captación y los sistemas de distribución funcionan como soportes materiales de una diplomacia entre entidades, sustentada en compromisos morales y afectivos. Cada tequio, cada acto de mantenimiento y cada ofrenda reafirman la continuidad de un orden relacional que se renueva en la práctica.
Imagen 6. El camino de las gozonas
Archivo personal del autor
Imagen 7. Tío Lorenzo
Archivo personal del autor
Imagen 8. Pozos de absorción
Archivo personal del autor
Imagen 9. Xnizaa
Archivo personal del autor
Reconocer la potencia de estos procesos exige reconsiderar el sentido mismo de las políticas públicas. Más que sumar normativas, se trata de crear marcos institucionales capaces de acompañar las formas locales de decisión y los conocimientos que ordenan el vínculo con el agua y el territorio. La cosmopolítica que emerge de la COPUDA no plantea un ideal abstracto, sino una racionalidad política situada, orientada a gobernar desde lo común. Se trata de una práctica que articula justicia hídrica y autonomía territorial mediante la continuidad de las relaciones que sostienen la vida y configuran el territorio como espacio de cohabitación.
Referencias
De la Cadena, M., y Blaser, M. (eds.). (2018). A world of many worlds. Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9781478004318
Rippa, A. (2023). Infrastructure and the environment in anthropology. Social Science Information, 63(1), 25-46. https://doi.org/10.1177/05390184231189126
Stengers, I. (2011). Cosmopolitics II (R. Bononno, trad.). University of Minnesota Press.
Ulloa, O. (2024). Sembrar agua. Reinvenciones de la defensa territorial en Xnizaa. Sb Editorial.
Zeitoun, M., Lankford, B., Krueger, T., Forsyth, T., Carter, R., Hoekstra A. Y., Taylor, R., Varis, O., Cleaver, F., Boelens, R., Swatuk, L., Tickner, D., Scott, C. A., Mirumachi, N., y Matthews, N. (2016). Reductionist and integrative research approaches to complex water security policy challenges. Global Environmental Change, 39, 143–154. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.04.010
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