Por los caminos de la Meseta P’urhépecha rumbo al valle agrícola de Los Reyes, ya no se observa aquel paisaje boscoso lleno de neblina, típico del amanecer tarasco que describiera Aguirre Beltrán. Los pinos se han talado para plantar aguacate. Ahora, se aprecian hileras amarillas de scholar bus viejos y camionetas con mujeres que se desplazan al corte de zarza.[1] A este jornal, se han incorporado incluso las comuneras del pueblo autónomo de Nurio, en donde La Marcha del Color de la Tierra en 2001 dejó sus huellas y en el cual los órdenes de género p’urhépechas han mantenido históricamente una fuerte restricción de la movilidad de las mujeres. Este fenómeno está transformando drásticamente la vida cotidiana de las comuneras al pasar de campesinas y artesanas a trabajadoras asalariadas.

I. Las caravanas migrantes centroamericanas forman parte de la conformación de un movimiento migratorio que ha tomado fuerza en los últimos años. La articulación de migrantes en tránsito por México en Caravanas comenzó en el año 2010, cuando personas migrantes provenientes de Centroamérica, acompañadas de personas activistas, religiosas y defensoras de derechos humanos, organizaron de manera anual “caravanas” y “viacrucis migrantes”. Esta organización social responde a diversos factores, entre ellos, es una respuesta al fortalecimiento de la securitización y criminalización de las migraciones irregularizadas,[1] y a que México se ha convertido en una fosa y geografía de desapariciones para las personas migrantes precarizadas. De esta manera, estos movimientos migratorios masivos y en colectivo representan seguridad, autocuidado y también un acto político que pone de manifiesto la apropiación de las personas a su derecho de movilidad y libre tránsito.

Si bien la violencia contra las mujeres y las niñas y su manifestación más radical, el feminicidio, se expresan de manera directa en actos de individuos y en hechos concretos, resulta fundamental trascender una perspectiva explicativa centrada en la relación entre víctima y victimario, o en las motivaciones individuales, traducidas en actos personales ajenos al entramado de la configuración social que los explica. La violencia feminicida, dentro de la cual el feminicidio es una expresión extrema, tiene como base y origen situaciones estructurales y sociales en las que la seguridad de las mujeres y las niñas no está garantizada por parte del Estado, ya que no abate las condiciones de desigualdad que vulneran su acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la tenencia de la tierra, a la alimentación, a la libertad de expresión, de movilidad y al acceso a una vida libre de violencia.

Óscar González Gómez (UACM- Red de Feminismos Descoloniales) | osquimx@gmail.com Primera Marcha del Orgullo en la Ciudad de México. Imagen con autorización del Archivo: Centro de Documentación de las Homosexualidades…

El año pasado tuve la oportunidad de participar como estudiante en el Diplomado del INAH sobre capacitación en periciales antropológicas, e identifiqué a muchas jóvenes –antropólogas y de otras disciplinas- en proceso de titulación de licenciatura o recién egresadas-, con ese empuje, fuerza, energía y compromiso feminista por aportar en la construcción de una sociedad dónde ser mujer no implique un riesgo de muerte. Varias veces durante las sesiones del diplomado preguntaron “¿qué hago para hacer una pericial en antropología en casos de feminicidio?” Para ellas, y para muchas otras compañeras y colegas, aquí mis apuntes compartidos.

En México, en 2020, en plena contingencia sanitaria provocada por el Covid 19, fueron asesinadas 3 mil 723 mujeres y niñas, de las cuales 2 mil 783 fueron homicidios dolosos, y 940 feminicidios (SSP y PC, 2021). Aunque es importante que estos datos se conozcan para actuar frente a este problema, desafortunadamente, los datos oficiales no dan cuenta de las especificidades de lo que acontece con las niñas y adolescentes mexicanas que han sido asesinadas -sea homicidio o feminicidio- en un contexto de relaciones de poder por género y edad, en relaciones sociales racializadas.[2] Ésto, a pesar de que el feminicidio ha sido destacado como sólo “la punta del iceberg” (Segob, Inmujeres, Conavim, ONU-Mujeres, 2020), señalando la necesidad de captar un inmenso, aunque invisible, continuum de violencias contra niñas y adolescentes

En 2018 las caravanas centroamericanas marcaron un punto de quiebre en las migraciones de la región Centroamérica-Norteamérica. Los perfiles de las personas se invirtieron de manera visible por primera vez: las mujeres y los niños superaban las cifras de los hombres. De acuerdo con el conteo realizado por el Ayuntamiento de Suchiate el 20 de octubre de 2018, cuando el primer grupo de personas había ingresado a México, la caravana se conformaba por: 2 622 hombres, 2 234 mujeres, 1 070 niños y 1 307 niñas; es decir, del total de 7 233 personas contabilizadas, el 64% eran mujeres, niñas y niños, mientras que el 34% eran hombres (Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, 2019: 19). Además, de acuerdo con los datos recopilados en el albergue Benito Juárez en Tijuana, en noviembre de 2018, ante la pregunta ¿cómo viajas? Las respuestas de las y los caravaneros fueron las siguientes:

Desde el inicio de la pandemia por Covid-19, diversas organizaciones nacionales e internacionales advirtieron que la violencia contra las mujeres aumentaría en los hogares, como ya había sucedido en otros casos de confinamiento masivo en el mundo. En abril, por ejemplo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que en países donde ya existían altos niveles de violencia contra mujeres y niñas, el riesgo de que ésta se exacerbara se incrementaría debido al confinamiento. A éste se añaden también las presiones económicas y las condiciones de precariedad como factores potenciadores de conflictos y tensiones previas. Casi un año después, las cifras y testimonios publicados por diversas organizaciones confirman los efectos nefastos de la conjunción de dos pandemias: la del Covid-19 y la de la violencia machista. Aunque tal vez sea la que más se ha hecho visible, gracias al activismo de diversas colectivas, la violencia creciente contra mujeres y niñas forma parte de una pandemia de violencia más amplia, la de las violencias delincuenciales sociales y comunitarias que han devastado al país desde hace más de una década y que, pese al confinamiento, no han menguado.