No es ninguna noticia y hasta parecería innecesario reafirmar que la vida planetaria se ha transformado de manera radical debido a los acontecimientos de los dos últimos años, Chiapas, por supuesto, no ha sido la excepción. Pues ante la situación de la doble pandemia Covid-19 y la violencia de género, recurrí a esta reflexión de Foucault: “Si se quiere captar los mecanismos de poder en su complejidad y en detalle, no se puede uno limitar al análisis de los aparatos de Estado” (Foucault, 1979: 119). ¿Cómo estas reflexiones ayudan a entender ciertas problemáticas y sus posibles soluciones en nuestro contexto de investigación? A continuación, trataré de responder a estas interrogantes.

San Juan Cancuc y Chanal son dos municipios chiapanecos que se encuentran entre los diez municipios con mayor cantidad de población en situación de pobreza, 99.3 y 99.1% respectivamente (Coneval, 2020). No es casual que en ambos municipios 98% de su población sea hablante de una lengua indígena (INEGI, 2020). Tzeltales en su mayoría, se enfrentan día a día a limitaciones económicas que les impiden ejercer derechos básicos como salud, educación, empleo digno, alimentación y el bienestar en general.

Este breve artículo tiene por objetivo central mostrar la desigualdad social a la que las mujeres indígenas, y de manera especial, las Mujeres Indígenas Personas Adultas Mayores (MIPAM), han estado sujetas históricamente. Un segundo objetivo es mostrar la enorme riqueza y patrimonio vivo que representa este sector de la población para México y el mundo. Para ello, retomo parte de la sociodemografía de las MIPAM para explicar las distintas problemáticas que enfrentan en materia de salud, educación, empleo, racismo, discriminación y otros aspectos que las vulneran y contribuyen a su exclusión de las políticas sociales. Los datos que retomo provienen de distintas fuentes de información como Conapo, INEGI, Coneval, INALI, INPI, ENADIS, entre otras. Así como del trabajo de investigación que he realizado sobre vejez indígena y género durante los últimos seis años como parte del programa Cátedras Conacyt, actualmente llamado Investigadoras e Investigadores por México del Conacyt.

La movilidad es inherente a los seres humanos. Trasladarse de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida es una práctica tan antigua como la humanidad. Ha persistido a lo largo de los siglos y se ha enriquecido notoriamente. La riqueza cultural de la diversidad humana se expresa diáfanamente en la migración. En la actualidad, por el proceso ya consolidado de globalización y el notorio desarrollo de tecnologías en los medios de comunicación y los transportes, nos hemos acostumbrado a una circulación cada vez más fácil y accesible por el mundo, al menos –hay que reiterarlo– en lo que se refiere estrictamente a las tecnologías. Es casi un lugar común decir que las mercancías y los capitales viajan con mucho menos restricciones que los seres humanos. El grado de movilidad de cada persona depende de las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales de su entorno. En un contexto de dificultades variadas y fronteras endurecidas por las políticas migratorias, surgió de manera inesperada y se expandió con rapidez, en todo el mundo, la pandemia por el Covid-19. Este fenómeno nos colocó en un estado de inmovilidad obligatorio. El mandato era claro: quédate en casa. Sin embargo, si dirigimos la mirada hacia la situación de algunos grupos poblacionales –por ejemplo, migrantes de México o Centroamérica sin documentos– podemos advertir que su libertad de circulación ha sido trastocada siempre por las circunstancias económicas y políticas, principalmente de los países de destino. Las restricciones impuestas por las políticas migratorias son más severas que las derivadas de la pandemia.