Raquel Neyra Soupplet[1]
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Perú
Elmer Campos, esperando ser atendido en el hospital Almenara, Lima, 5 de agosto de 2024. Elmer fue herido el 29/11/2011 por balas de la represión policial durante el conflicto causado por el proyecto minero Conga. Fotografía de la autora.
Resumen
El sufrimiento socioambiental como efecto de los conflictos socioambientales provocados por la minería en el Perú es un tema poco estudiado. La minería representa el 60% de las exportaciones en valor y se beneficia de un entramado legal con la presencia de lobbies en el gobierno. Las poblaciones afectadas se manifiestan contra los efectos de la contaminación sobre sus cuerpos y el ambiente. La contaminación penetra en la sangre a través del agua, aire y tierras contaminadas con relaves y minerales procedentes de las explotaciones mineras. Las partículas se asientan en los órganos y provocan enfermedades (dolores de cabeza, cáncer, problemas de la piel, afectaciones a la vista, etc.) afectando el día a día de los pobladores. Algunos organismos públicos de salud han realizado análisis de sangre, también lo han hecho laboratorios independientes contratados por la iglesia local o por ONG. Sin embargo, las deficiencias de la salud pública impiden todo trato equitativo con la población. El sistema sanitario está dividido en una estructura piramidal que tiene su centro en la capital. La base de la pirámide está conformada por la escasa y pobre atención existente en las poblaciones rurales, con poca atención. La baja calidad de esos servicios, el reducido presupuesto, la falta de equipos materiales, y muchas veces el trato humano, muestran el desprecio profundo del Estado peruano hacia sus connacionales. Los cuerpos son violentados, permanecen ignorados y son reprimidos cuando alzan su voz. Si han sobrevivido a las balas, los cuerpos llevan consigo una discapacidad permanente —física o mental—, y tienen que recurrir a la ayuda humanitaria de particulares para el tratamiento. Es una muestra de la colonialidad que se expresa en el sistema organizativo jerárquico y discriminatorio de salud en contra de pobres e indígenas. Sin embargo, ellos no dejan de reclamar y exigir lo justo en una búsqueda infinita de esperanza y anhelo de justicia ambiental.
La ecología política como estudio de los conflictos socioambientales
La ecología política se centra en el estudio transdisciplinar de los conflictos socioambientales; analiza los conflictos en su profundidad y los sitúa en el contexto del proceso de acumulación capitalista mundial. El estudio de un conflicto debe comprender los orígenes, las razones profundas que lo crearon en una perspectiva histórica. Es imprescindible entonces estudiar los movimientos causados por el metabolismo de una sociedad, es decir los flujos de materiales y energía entrantes y salientes que determinarán las características de esa sociedad. Los conflictos socioambientales están relacionados con el aumento y con los cambios en el metabolismo social, es decir con los cambios en estos flujos, así como con las relaciones sociales existentes en un preciso momento y a una escala local, regional, y global (Neyra, 2020; Infante-Amate et al. 2017), que determinan estos flujos. Bajo este criterio, la ecología política engloba el estudio del sufrimiento socioambiental como parte integrante del metabolismo interno de esa sociedad (Castillo y Delgado, 2024). El sufrimiento socioambiental se origina con las afectaciones provocadas por la contaminación a los cuerpos y al ambiente y cómo estos reaccionan. Los flujos de alimentos y elementos necesarios para la continuidad de la vida se pueden analizar como flujos de materiales y energía que penetran el cuerpo humano y que éste intercambia con su entorno. Una vez que se detienen los flujos o se deteriora su calidad, la vida se ve amenazada.
En el mes de diciembre de 2024, en Perú, la Defensoría del Pueblo registró 59 conflictos socioambientales causados por la actividad minera y 31 causados por los hidrocarburos, de un total de 101 conflictos socioambientales para ese mes (Defensoría del Pueblo, 2025). Cada uno de estos conflictos socioambientales está acompañado de sufrimiento socioambiental. Los pobladores afectados por las actividades mineras se defienden de los proyectos extractivos porque no han sido consultados o su consulta no fue respetada, las empresas mineras invadieron sus tierras, se vieron obligados a venderlas o abandonarlas, o fueron desplazados, o porque la contaminación enferma sus cuerpos y ambiente. La actividad minera crea conflictos de interés entre las comunidades afectadas. Algunas piensan que saldrán beneficiadas, otras son conscientes de que perderán y se dañará su medio ambiente, otras más pugnan por ser consideradas en el ámbito de influencia de un proyecto para recibir compensaciones de la empresa minera; las poblaciones se dividen (Neyra, 2020). Los pobladores consiguen pocas veces empleo en las minas. La explotación de los proyectos acarrea destrucción con el removimiento de las tierras, pérdida de pastos y de zonas agrícolas, las fuentes de agua desaparecen o se contaminan con los relaves mineros, y la seguridad y soberanía alimentarias se ven amenazadas. Finalmente, los cuerpos mismos se contaminan con los residuos de la actividad extractiva, medrando la salud. Todos estos aspectos conducen al sufrimiento socioambiental, que puede definirse como la condición de vivir o sobrevivir con la amenaza y presencia de la muerte.
La minería en Perú
El problema ambiental mayor es causado por las actividades económicas extractivas que explotan intensivamente los “recursos naturales” por medio de una apropiación —en muchos casos violenta— de los territorios, con impactos ambientales y sociales en diferentes sectores de la naturaleza, como la minería, la agroindustria, la tala, la pesca, etc. (Gudynas, 2014). El despojo no es nuevo, viene desde la época colonial, cuando se construyeron nuevos patrones sociales de poder que perduran hasta el día de hoy. El conflicto pone en debate los diferentes valores de una sociedad y los modos en que se distribuyen los beneficios y los costos sociales y ambientales; son los llamados conflictos ecológico distributivos (Martínez Alier, 1996).
El Perú, como otros países de América Latina, ha aceptado plenamente el Consenso de los commodities (Svampa, 2013), es decir, ser proveedor de materiales y energía, a costos baratos, explotados por empresas nacionales y extranjeras que luchan por acaparar los bienes del planeta. La creciente extracción de minerales, biomasa, e hidrocarburos, y la producción de energía del Perú, convierten al país en completamente dependiente sobre todo de la minería. El metabolismo social peruano está caracterizado por una violencia estructural, en la que amplias capas de la población tienen que luchar día a día para sobrevivir y se ven enfrentadas a los proyectos extractivos y sus consecuencias sociales y medioambientales. Una de ellas es la modificación del espacio territorial al cual están atados culturalmente.
El 1,55% del territorio nacional está dedicado a la exploración y explotación mineras, lo que representa un porcentaje mayor a la extensión de las zonas arqueológicas del país (1,4%) (Anuario Minero, 2023). Muchas de las regiones mineras continúan siendo polos de expulsión de población, como Cajamarca, Huánuco, y Pasco, a las cuales ha venido a sumarse la región de Loreto, altamente afectada por derrames petroleros (CEPAL / INEI, 2022). El deterioro del lazo cultural conlleva muchos daños físicos, como la pérdida de acceso al alimento y a las actividades de sustento, así como sicológicos, como la pérdida de los lazos culturales y la aparición de síntomas de depresión. Actualmente, la depresión es el mal que más aqueja a los peruanos (MINSA, 2024). Del total de casos un tercio son jóvenes (SENAJU, 2023), sobre todo del área urbana hacia donde emigran los provenientes de las provincias buscando mejores oportunidades.
En la economía extractiva peruana, el 65.1% de las exportaciones en valor está constituido por minerales (Anuario minero, 2023). El ritmo de aceleración de la extracción ha sido tan fuerte en los últimos años que Perú se ha convertido en el primer extractor de zinc, estaño y plomo, y segundo en oro, cobre y plata, en América Latina, y el segundo a nivel mundial de cobre y zinc; y ocupa los primeros puestos en reservas de algunos minerales como la plata, el cobre, y el molibdeno (MINEM, 2024a). Los gobiernos acompañan esta extracción con un discurso muy fuerte alrededor del slogan “Perú, país minero” (Gobierno Peruano, 2024), aludiendo a que los incas ya extraían minerales. Sin embargo, los incas solo extraían el oro para fines ceremoniales, es decir, de manera reducida y dirigida. Tampoco usaban productos como el cianuro o el mercurio. En la época de los incas y preincas, la agricultura tuvo un auge importante con el cultivo de cereales y vegetales como quinua, quiwicha, cañihua, maíz, olluco, oca, maca, tomate, palta, camote, caigua, yuca, yacón, mashua, cientos de variedades de papa, y coca medicinal, y con la construcción de andenes y acueductos que se han conservado hasta hoy. Fue solo con la llegada de los invasores sedientos de metales preciosos que se extendió la extracción minera para fines de acumulación. En aquellos años de la Colonia no hubo ninguna preocupación por el cuidado del medioambiente, y subsisten hasta hoy relaves mineros de entonces. Tal es el caso de Huancavelica, antaño centro de extracción del mercurio utilizado en la explotación de las minas de Potosí (MITMA, 2024). Estos hechos están lejos de constituir una “tradición minera”.
Otro discurso empleado por los gobiernos es el número de empleos y los ingresos generados por la minería. El número de empleos directos se calcula en 225,000 y los empleos indirectos en 1,805,447 (MINEM, 2024a), mientras que la agricultura emplea a 3,850,275 personas (Agraria.pe, 2024). Los ingresos generados para el Estado son ínfimos comparados con las ganancias de las empresas mineras; 2,068 millones de dólares[2] recibió el Estado peruano en 2023 (MINEM, 2024), mientras tan solo el proyecto minero Las Bambas obtuvo 3,417 millones de dólares de ingresos en el mismo período (MMG Limited, 2024). Sin embargo, constatamos que los ingresos del Estado no van en beneficio de la población, siendo las regiones mineras las más pobres monetariamente del país: en Cajamarca el 44.5%, en Loreto (extracción de hidrocarburos) el 43.5%, en Pasco el 41.7% y en Puno el 41.6% de la población, respectivamente, se encuentra en pobreza monetaria (INEI, 2024).
Los costos generados por la contaminación en el Perú han sido estimados por el Banco Mundial en 5% del PBI (Banco Mundial, 2016), pero son en realidad invalorables e inconmensurables porque las afectaciones a los elementos naturales (agua, tierra, aire) y las personas no se pueden medir ni comparar porque lo que se está midiendo es la vida misma (Martínez Alier, 1998).
La colonialidad
La violencia racializada fue un rasgo esencial de la dominación colonial y de la colonialidad. En la era republicana, a partir de 1821, con la declaración de la Independencia del Perú del centro virreinal español, la violencia racializada continuó. Esa violencia fue solamente posible al considerarse el colonizador dueño de vida y de muerte sobre las poblaciones invadidas, subyugadas. El racismo y el poder colonial originaron la acumulación de capital y la desposesión del territorio que persistió en la era republicana. Esa desposesión del territorio es el eje del colonialismo interno: la conquista por las empresas mineras en su afán de apropiación de territorios habitados por pueblos indígenas, sostenida por los gobiernos cómplices. La violencia física, estructural y cultural encontró así su justificación. Esta se manifiesta también en la exigua oferta y pobre calidad de la atención médica pública en las zonas rurales y periferias urbanas.
Los cuerpos son violentados por la contaminación, la represión, las enfermedades, la baja calidad alimenticia de los productos provenientes de las tierras maltratadas por la contaminación o por el desplazamiento de los cultivos a zonas menos fértiles. Esto afecta a la soberanía y seguridad alimentarias. El paisaje es transformado, la naturaleza subyugada (Alimonda, 2017) y mercantilizada. Se redibujan amplias zonas del país y se instauran, bajo el espíritu de la colonialidad, zonas de sacrificio. En ellas viven personas de bajos recursos intencionalmente olvidadas. Éstas deben enfrentarse a los más de 7,500 pasivos ambientales[3] mineros y más de 3,200 pasivos ambientales del sector de hidrocarburos (MINEM, 2024b).
Los reportes del Ministerio de Energía y Minas sobre la concentración de plomo en el aire en las zonas mineras revelan que en todas las zonas hay presencia de plomo (INEI, 2024). Según la Organización Panamericana de Salud, “No existe ningún nivel por debajo del cual se pueda afirmar que la exposición al plomo no tiene efectos nocivos” (OPS, s.f.). El monitoreo de la presencia de minerales en las aguas de los ríos no es siempre un buen indicador, puesto que todo dependerá del momento en el que se realicen los muestreos, puesto que las aguas fluyen constantemente. Sin embargo, la contaminación es tal que numerosos ríos muestran elevados y permanentes grados de contaminación por relaves (Noticias ONU, 2022; Correa et al., 2021; ANA, 2014).
Los conflictos socioambientales causados por la minería son una constante en la realidad nacional y revelan una situación de emergencia. En el sector hidrocarburos, un estudio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), muestra el alarmante incremento de los derrames petroleros en el país, de 353% entre los años 2020 y 2023, y la tendencia se conserva (León, Zúñiga y Díaz, 2024: 61). En el caso del conflicto generado por el proyecto minero Antapaccay de la empresa minera Glencore, sendos análisis de organismos independientes demuestran la contaminación por metales pesados de animales, tierras y personas en Espinar (CooperAcción y Oxfam, 2023; CooperAcción et al., 2016; Amnesty International, 2021). En Hualgayoc, una de las provincias afectadas por pasivos ambientales mineros, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Cajamarca realizó un estudio, en el año 2012, que mostró la presencia de metales pesados como el plomo en la sangre de los pobladores en niveles muy elevados, hasta 6 veces más de lo establecido por la OMS (INS, 2013). Asimismo, sobreviven los “niños de plomo” en el puerto del Callao, contaminados por el paso de los trenes cargados de minerales (EJAtlas, 2024), o los niños con saturnismo de Cerro de Pasco o La Oroya, considerada ya desde el año 2007 como uno de los diez lugares más contaminados del mundo (Blacksmith, 2007). Lo mismo en la región de Áncash (DIRESA Áncash, 2023 y 2024). Sin olvidar la contaminación producida por la minería ilegal, sobre todo en la región amazónica norte y sur (Goreti y Tuesta, 2024). Amplias zonas del país vienen siendo consideradas como zonas de sacrificio cuyos pobladores, por ser rurales, de origen modesto y/o indígenas, son vapuleados y violentados en su existencia.
La situación del sistema sanitario peruano agrava el sufrimiento socioambiental causado por el conflicto
Para entender a profundidad la situación de las personas con sufrimiento socioambiental, es menester dar una mirada al complejo y excluyente sistema de salud peruano. Un estudio publicado recientemente indica que el sistema de salud en el Perú mejoró y alcanzó el puesto 80 de 110 países analizados (Wilson, 2024). A pesar de sus más de 25,000 establecimientos de salud en todo el país, uno por cada 1,300 personas, en la práctica estamos muy lejos de esas afirmaciones. El sistema de salud peruano es complejo y excluyente, existen diferentes regímenes de salud definidos según el estatus de la persona: empleado, militar, policía, sin recursos (llamado SIS, Servicio Integral de Salud) (Figura 1, VA Consultores, 2024). La pertenencia a uno de ellos impide la atención en otro, es decir, cada régimen tiene sus propios centros hospitalarios.
En los centros del régimen privado la atención es siempre mediante pago, y la atención en los centros de salud públicos se divide por el lugar de residencia. Por ejemplo, si una persona reside en Cusco y se enferma en Puno tiene que regresar a Cusco para atenderse, o tiene que dirigirse a un centro privado, ocasionándole costos. Pero esto no acaba ahí, en el sistema del seguro de salud de los empleados, los pacientes tienen que seguir escalafones antes de optar por una atención más completa: por ejemplo, si una persona reside en Hualgayoc (provincia de la región Cajamarca en los Andes) debe solicitar una autorización para atenderse en la capital de la región donde hay especialistas y equipos médicos. Si no encuentra ahí la atención acorde a su enfermedad, debe solicitar nuevamente una autorización para trasladarse a la zona costera de Chiclayo, a la cual pertenece la región de Cajamarca, a 253 km de distancia, en un viaje en bus de 6 horas a través de los Andes. Si en la ciudad de Chiclayo su enfermedad no puede ser atendida, debe solicitar finalmente una autorización para ser referido a la capital de Lima, a 780 km, donde se encuentran los mejores equipos y centros médicos. (Alcalde-Rabanal et al., 2016). Un vía crucis para cualquier paciente con necesidades importantes.
Figura 1. El sistema de salud peruano. Fuente: VA Consultores, 2024
Los resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO (2022), corroboran estos hechos. En ella se confirma que 7 de cada 10 personas que necesitaban atención médica no la obtuvieron. El 35% de ellos mencionó demoras como la razón principal, mientras que razones como distancia y falta de seguro fueron citadas por el 13% y el 3%, respectivamente (Aguirre, 2023).
La falta de atención efectiva es el mayor obstáculo para los usuarios, el 52% de los centros de atención primaria del Ministerio de Salud y gobiernos regionales carece de médicos, y el 98% tiene infraestructura y equipamiento inadecuados para la atención. Solo hay un médico por cada 389 personas, mientras que el número de pacientes con cáncer ha aumentado y el 20% de los niños menores de 5 años padece de desnutrición crónica (Aguirre 2023, según datos de ENAHO, 2022).
Para 2025, el gobierno ha destinado 12.1% del presupuesto total del Estado al sector salud, que equivalen a 890 soles[4] por persona por año, lo que es altamente insuficiente (por ejemplo, un litro de alcohol medicinal equivale a 12 soles) y no alcanza el porcentaje de 6% del PIB recomendado por la OMS. El presupuesto en salud se queda mayoritariamente en los gobiernos regionales y nacional que absorben casi la mitad cada uno quedando muy poco para la atención primaria de los gobiernos locales (Infobae, 2024). Esta constelación va a reforzar la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas por el sufrimiento socioambiental.
Aunque la Defensoría del Pueblo (2021, 2025) registra las denuncias por contaminación y participa de muchas mesas técnicas supervisando y constatando los resultados de los análisis, el Estado no asume ninguna responsabilidad para indemnizar a las personas enfermas y tampoco a los familiares de personas asesinadas en conflictos ni a los heridos. Elmer Campos, herido el 29 de noviembre de 2011 durante el conflicto creado por el proyecto minero Conga de la empresa minera Yanacocha, cuyos dueños eran mayoritariamente Newmont y Benavides,[5] es un buen ejemplo de eso: Elmer recibió una bala en la parte posterior de la columna. Tuvo que ser operado, se le extrajo el bazo y un riñón, perdió la facultad de mover sus piernas y sobrevive en una lamentable situación. La policía reprimió con fuerza durante esa manifestación. La represión acabó con su juventud y lo postró en una silla de ruedas para el resto de su vida.
Gracias a que aún conserva un empleo en la municipalidad de Bambamarca tiene acceso a un seguro de salud, pero debe pasar por los distintos escalafones si desea una atención de calidad. A Elmer, en silla de ruedas y con escaras de tipo IV, le es imposible viajar horas en carro y atravesar los Andes. Gracias al apoyo de la CNDDHH voló en 2024 a Lima desde Cajamarca. En Lima, los hospitales se rehusaron a atenderlo porque no contaba con la referencia desde su ciudad rural de origen, Bambamarca. Elmer tuvo que volver a su pueblo. ONG internacionales y nacionales llevaron su caso a juicio para responsabilizar a la empresa minera Newmont (EarthRight International, 2014; Robert Kennedy Human Rights, 2022).
Desde 2017, la empresa tiene un convenio con la policía nacional que le suministra protección a cambio de pago (Gobierno del Perú, 2021). El Estado no ha asumido ninguna responsabilidad. El Poder Judicial descartó la responsabilidad de la empresa Newmont, denunciada por ONG, así como responsabilidad de la policía nacional (Grufides, 2023). Elmer no solo sufre de graves secuelas físicas, sino que también su estado de ánimo se ve fuertemente afectado; ha querido muchas veces atentar contra su vida, pero se retiene por tener a su cargo dos adolescentes que cursan estudios universitarios. En largas y numerosas conversaciones con él, trato de darle ánimo. Es un caso dramático más de tantos otros en el país que demuestra el abandono y desprecio en el que vive la población.
La resistencia y la acción política
El sufrimiento socioambiental lleva a las víctimas a defenderse, y su acción se reforzará y encontrará un significado en cuanto lo haga dentro y con su tejido comunitario. En este proceso, la acción exteriorizará las particularidades de las víctimas, es decir, sus orígenes, su cultura, su visión del mundo, su lenguaje de valoración frente a los efectos de las actividades mineras. La acción se lleva hacia los demás, hacia el público, en cuanto se proteste abiertamente y se dé a conocer la problemática que sufren las víctimas, que construirá un reclamo frente a los actores causantes (Botero y Leal, 2015).
La acción será política en cuanto las víctimas pongan de manifiesto su propia existencia amenazada por los que poseen el poder empresarial y estatal, lo que les hace ver la necesidad de afirmar su libertad de actuar; “si dejamos de actuar, dejamos de ser libres y, por ende, dejamos de ser humanos” (Botero y Leal, 2015).
Las relaciones entre los diferentes actores serán políticas porque pondrán de manifiesto el rol asumido por cada actor del conflicto socioambiental: por un lado, el proyecto minero con su ambición de acumulación y apropiación de la naturaleza, protegido por el Estado como actor que respalda y garantiza la actividad extractiva con un rol represivo y un arsenal de leyes. Y, por otro lado, las personas que se ven afectadas por el proyecto minero y sus múltiples consecuencias. La política[6] como toma del espacio público.
Actuar, hablar, contar, relatar en estas condiciones es extremadamente duro para las víctimas. Sus cuerpos están afectados de maneras muchas veces irreversibles, la contaminación o la represión han dejado huellas en sus cuerpos física y moralmente debilitados. Sin embargo, no pierden las esperanzas de recobrar lo suyo, de velar por las generaciones futuras y por un ambiente sano y reclamar justicia ambiental.
La Ley 31189 de 2021, reglamentada en 2023, ordena la creación de un registro de personas afectadas por metales pesados (El Peruano, 2021). Sin embargo, esto aún no se ha cumplido muy a pesar de los presupuestos asignados a lo largo de diversos años y la existencia de un Plan Especial Multisectorial (Resolución Ministerial N° 145-2021-MINAM). Una de las razones reside en la compleja organización que vincula a varios ministerios que no logran coordinarse y se pierden en la maraña burocrática creada por el propio Estado. En un intento de reunir a las víctimas de la contaminación minera, se creó en 2017 la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Pesados, presente en 15 regiones de las 24 del país, que impulsó la aprobación del Plan Especial Multisectorial. La plataforma recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2019.
De los 106 casos de conflictos actualmente registrados en el EJAtlas, 26 resultaron exitosos, es decir que la resistencia popular logró detener el proyecto extractivo, lo que muestra que, a pesar de las adversidades, del elevado número de muertos y heridos en los conflictos, de las enfermedades causadas, del desplazamiento, y de las amenazas sobre la vida y el territorio, los pobladores resisten, luchan y logran éxitos (EJAtlas, 2024). De esos 106 casos, 104 han constituido formas y niveles de resistencia. De ellos, 71 han sido y son conducidos por los pueblos indígenas; en unos 50 casos los afectados se agruparon en movimientos sociales, y, sobre todo, en 17 casos, las mujeres condujeron la lucha (EJAtlas, 2024). La resistencia no merma a pesar de las adversidades, es esencial para ella informar al público, posicionarse frente al otro, levantar la voz para reivindicar su existencia y derechos y reconquistar sus territorios de vida.
Como el caso de Elmer, las numerosas víctimas de la contaminación ambiental provocada por la minería y por la extracción de hidrocarburos deben adaptar sus vidas a la nueva situación, una situación extremadamente vulnerable y que puede fácilmente vacilar a peor, en más desgracia física, moral o económica. Esas sombrías perspectivas los llevan precisamente a seguir adelante con la esperanza de alcanzar justicia.
Conclusión
Frente a la desastrosa situación del sistema de salud peruano, jerárquico, con matices de colonialidad y menosprecio hacia los más vulnerables, e inoperante frente a los elevados casos de contaminación ambiental provocados por la minería, las poblaciones afectadas no dejan de resistir. Se ven conminadas a actuar para evidenciar su existencia, delimitar su territorio y lugares de vida, alzar su voz frente al otro, el que tiene las riendas del poder extractivo, el Estado, las empresas. La vía judicial se ha constituido en una opción, logrando a veces éxitos, como el reconocimiento de los derechos del río Marañón, afectado por derrames petroleros —proceso llevado por las mujeres de la etnia kukama de Loreto—, el reconocimiento por parte del fuero judicial de Cusco de la vulneración de los derechos de los pobladores de Espinar por parte de la minera Antapaccay (Glencore), o el reconocimiento en primera instancia por el fuero judicial de Cajamarca del derecho a un medioambiente sano en el caso del conflicto Conga (minera Newmont), entre otros. Aunque pequeños —porque las empresas mineras y el Estado apelan esas decisiones—, son éxitos que van sembrando esperanza y empoderando a los pobladores, mostrándoles que son capaces de utilizar a su favor los mismos recursos que el sistema capitalista creó. Sin embargo, es la movilización social masiva la que mejores resultados arroja, como la resistencia a los proyectos mineros Río Blanco y Conga, cuya firmeza el sistema no ha podido quebrantar.
Bibliografía
Agraria.pe (2024, 4 de septiembre). Comex Perú: “La creación de empleos reportada entre el segundo trimestre de 2023 y 2024 ha sido insuficiente”. https://agraria.pe/noticias/comex-peru-la-creacion-de-empleos-reportada-entre-el-segundo-36891
Aguirre, G. (2023, 25 de octubre). Salud en el Perú: De la cobertura en papel a la cobertura real. Blogs del Banco Mundial. https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/cobertura-salud-peru
Autoridad Nacional del Agua (ANA) (2014, 30 de abril). Resultados de monitoreo de la calidad del agua y sedimentos de la cuenca del río Santa [Nota de Prensa]. https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/138878-resultados-de-monitoreo-de-la-calidad-del-agua-y-sedimentos-de-la-cuenca-del-rio-santa
Alcalde-Rabanal, J., Lazo-González, O., y Espinosa-Henao, O., (2016). El Sistema de salud de Perú, Situación y Desafíos. Colegio Médico del Perú / REP. https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4141.pdf
Amnesty International (2021). Estado de salud fallido, Emergencia de salud en pueblos indígenas de Espinar.
Banco Mundial (2016). Perú: cómo reducir la contaminación y ampliar los servicios de control de la calidad ambiental. https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/928271476428971072/per%c3%ba-c%c3%b3mo-reducir-la-contaminaci%c3%b3n-y-ampliar-los-servicios-de-control-de-la-calidad-ambiental
Blacksmith Institute (2007, septiembre). The world’s worst polluted places, The Top Ten or (The Dirty Thirty).
Botero, J., y Leal, Y. (2015). Sujeto y acción en el pensamiento político de Hannah Arendt. Signos Filosóficos, 17(33), 52-76. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-13242015000100052
Cahuana, L. (2024, 28 de diciembre). Perú: Presupuesto de Salud 2025: desafíos y oportunidades para un mejor gasto. Infobae. https://www.infobae.com/peru/2024/12/28/presupuesto-de-salud-2025-desafios-y-oportunidades-para-un-mejor-gasto/
Castillo Oropeza, O. A., y Delgado Hernández, E. (2024). Prolegómenos para una ecología política del sufrimiento socioambiental en América Latina. En Castillo Oropeza, O. A. y Roca-Servat, D. (eds.), Ecología política, sufrimiento socioambiental y acción política (pp. 27-46). CLACSO.
CEAS, Red Muqui, Diócesis de Chosica (2024). Análisis de riesgos e impactos ambientales de la actividad minera en la cuenca alta del río Rímac.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) / Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2022). Migraciones internas y dinámica sociodemográfica de departamentos, provincias y distritos en las dos primeras décadas del siglo XXI. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1842/libro.pdf
Correa, O., Fuentes, F., y Coral, R. (2021). Contaminación por metales pesados de la microcuenca agropecuaria del río Huancaray – Perú. Revista de la Sociedad Química, 87(1), 26-38. https://doi.org/10.37761/rsqp.v87i1.320
CooperAcción y Oxfam (2023). Glencore en el Perú: El caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos. https://oi-files-cng-v2-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fs-public/Glencore-en-el-Peru-el-caso-de-Antapaccay.pdf
CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras, Instituto de Defensa Legal y Broederlijk Delen, (2016). Metales pesados tóxicos y salud pública, El caso Espinar. CooperAcción.
Defensoría del Pueblo (2025). Reporte de Conflictos Sociales nº 250 – Diciembre 2024. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2025/01/Reporte-Conflictos-Sociales-250-Diciembre-2024.pdf
Defensoría del Pueblo (2021). En defensa de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas: Los impactos de la contaminación ambiental. Informe de Adjuntía Nº 9-2021-DP-AMASPPI. https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/12/Informe-de-Adjuntía-N°-19-2021-DP-AMASPPI.pdf
Dirección Regional de Salud (DIRESA) Áncash (2024, noviembre). Informe técnico sobre el total de personas diagnosticadas con niveles elevados de metales pesados desde hace 5 años a la fecha y las acciones implementadas en la región Áncash. Accesible en https://es.scribd.com/document/817075498/Informe-Sobre-Afectados-Por-Metales-Pesados-en-Ancash
Dirección Regional de Salud (DIRESA) Áncash (2023, diciembre). Informe de las acciones adoptadas frente a la contaminación con arsénico en el ámbito del Puerto de Huarmey y anexos. Accesible en https://es.scribd.com/document/817074819/Informe-Sobre-Afectados-Por-Arsenico-en-Huarmey
EarthRights International (2014, 24 de enero). Acción ante Corte Federal de Estados Unidos solicita información a Newmont sobre represión de protestas sociales en el proyecto minero Conga. https://earthrights.org/media_release/accion-ante-corte-federal-de-estados-unidos-solicita-informacion-a-newmont-sobre-represion-de-protestas-sociales-en-el-proyecto-minero-conga/
EJatlasS (2024)
El Peruano (2021, 4 de mayo). LEY Nº 31189. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/ADLP/Normas_Legales/31189-LEY.pdf
Gobierno del Perú (2021). Convenio específico de cooperación entre la minera Yanacocha SRL y la Policía Nacional del Perú. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2661407/ANEXO%201328-2021-IN.pdf
Gobierno Peruano (2024, 14 de agosto). MINEM: PERUMIN 37 ratifica al Perú como país minero y con el potencial necesario para nuevos proyectos [Nota de prensa]. https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/1003884-minem-perumin-37-ratifica-al-peru-como-pais-minero-y-con-el-potencial-necesario-para-nuevos-proyectos
Goreti M., y Tuesta P., (2024, 8 de enero). Pueblo awajún bajo amenaza: Nuevos focos de minería ilegal y 11 mil hectáreas de concesiones mineras sobre ríos Cenepa y Marañón. Convoca. https://convoca.pe/investigacion/pueblo-awajun-bajo-amenaza-nuevos-focos-de-mineria-ilegal-y-11-mil-hectareas-de
Grufides (2023, 2 de noviembre). Caso Elmer Campos [Post de Facebook]. Facebook. https://www.facebook.com/Grufides/posts/pfbid0BYxCjU5xsHV489YsYNhheFTHdP8YR3bwmvfxaEhp1aqmzJs7jgBDCxNnkRQfhZKul
Gudynas, E. (2014). Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinámicas. DECURSOS, Revista en Ciencias Sociales, (27-28), 79-115.
Instituto Nacional de Estadística e Informática (c) (2024). Perú: Evolución de la Pobreza monetaria 2014-2023. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6469130/5558432-peru-evolucion-de-la-pobreza-monetaria-2014-2023.pdf?v=1718204242
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2024). Medioambiente, A. Condiciones y calidad ambiental, A3. Calidad ambiental, 38. Emisión de plomo en zonas mineras [archivo XLS]. Disponible en https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/a3-calidad-ambiental-10262/
Infante-Amate, J., González de Molina, M., y Toledo, V. (2017). El metabolismo social. Historia, métodos y principales aportaciones. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, 27, 130-152.
Instituto nacional de Salud (INS) (2013). Plan operativo institucional. Informe de Evaluación Anual 2012. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4329642/Evaluaci%C3%B3n%20del%20Plan%20Operativo%20Institucional%20A%C3%B1o%202012%20Anual.pdf
León, A., Zúñiga, M., y Díaz, D. (2024). Las sombras de los hidrocarburos. Informe III sobre emergencias ambientales, pasivos, procesos de remediación entre los años 1997 – 2023 en el Perú y reflexiones sobre alternativas energéticas. CNDDHH. https://drive.google.com/file/d/1x0DrI41O8-4nmaIXrDtC1QjxMrbczn42/view
Martínez Alier, J. (1996). Indicadores de sustentabilidad y conflictos distributivos ecológicos. Ecología Política, (10), 35-43.
Martínez Alier, J., (1998). Curso de Economía Ecológica. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
Neyra, R., (2020). Conflictos socioambientales en el Perú: Violencia y extractivismo. Ed. Abya Yala.
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) (2024a). Anuario Minero 2023. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6682903/5804716-am-2023%282%29.pdf?v=1723504121
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) (2024b). Anexo: Actualización del inventario de pasivos ambientales mineros. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6940214/5966041-anexo-inventario-351-2024_publicacion_.pdf?v=1726269281
Ministerio de Salud (MINSA) (2024). La depresión es uno de los trastornos de salud mental más frecuentes en el país [Nota de prensa]. https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/892900-la-depresion-es-uno-de-los-trastornos-de-salud-mental-mas-frecuentes-en-el-pais
Mitma, D. (2024, 17 de marzo). Huancavelica: la ciudad andina de casas envenenadas con mercurio. Saludconlu.pa. https://saludconlupa.com/medio-ambiente/huancavelica-la-ciudad-andina-de-casas-envenenadas-con-mercurio/
MMG Limited (2024). Annual Report 2023. https://www.mmg.com/wp-content/uploads/2024/04/MMG-Annual-Report-2023-Full.pdf
Noticias ONU (2022). La salud de diez millones de peruanos está en riesgo por el envenenamiento del agua con sustancias tóxicas. https://news.un.org/es/story/2022/12/1517512
Organización Panamericana de la Salud (OPS) (s.f.). Plomo. https://www.paho.org/es/temas/plomo
Robert Kennedy Human Rights (2022, 31 de mayo). Elmer Campos vs. Yanacocha. https://civicspace-casetracker.rfkhumanrights.org/cases/elmer-campos-v-yanacocha/
Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) (2024, 20 de junio). El 32.3 % de jóvenes de 15 a 29 años presentaron algún problema de salud mental. https://juventud.gob.pe/2023/06/el-32-3-de-jovenes-de-15-a-29-anos-presentaron-algun-problema-de-salud-mental/
Svampa, M. (2013). “Consenso de los commodities” y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva Sociedad, (244). https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/
VA Consultores (2024, agosto). Situación actual del sistema de salud peruano. https://www.comexperu.org.pe/upload/articles/publicaciones/situacion-actual-del-sistema-de-salud-peruano-final.pdf
Wilson, D. (2024, 2 de abril). Countries With The Best Health Care Systems, 2024. CEOWORLD Magazine. https://ceoworld.biz/2024/04/02/countries-with-the-best-health-care-systems-2024
- Correo: falta ↑
- La cifra del MINEM es 7,655 millones de soles, convertidos a dólares al cambio oficial SUNAT del 09/02/25. ↑
- Un pasivo ambiental es la contaminación provocada por una actividad extractiva. ↑
- 240 dólares al cambio SUNAT del día 09/02/25. ↑
- Newmont es hoy la única propietaria de Yanacocha. ↑
-
Del griego politiké, «asunto de las ciudades». ↑