¿Agroextractivismo o justicia ambiental en clave intergeneracional para niñeces y juventudes rurales?

David Sánchez Sánchez [1]
Conahcyt-Universidad de Guadalajara

Ilustración Ichan Tecololt.

Como ha sido en todo el mundo en las últimas décadas, en los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío, la agricultura ha pasado de ser una actividad de subsistencia a un gran negocio dominado por unas pocas empresas multinacionales y operado por campesinos de la zona que en sus mismas tierras producen monocultivos de maíz (y más recientemente de chía y agave), a un costo socioambiental enorme que compromete la subsistencia futura de sus descendientes. Este cambio ha tenido un impacto profundo en las comunidades rurales, afectando no solo su economía sino también su salud, cultura y medio ambiente. Los jóvenes y los niños, en particular, son los más vulnerables a estos cambios debido a su mayor exposición a riesgos ambientales y su dependencia de los recursos naturales para su desarrollo y bienestar futuro.

Este texto está relacionado con otros dos artículos publicados anteriormente, en el primero se explora la dimensión intergeneracional del conflicto socioambiental generado por las fumigaciones aéreas en la zona (Sánchez, 2021), y en el otro se aborda el tema de la ausencia de justicia ambiental en el marco de la estrategia gubernamental llamada “Jalisco, el Gigante Agroalimentario de México” (Sánchez, 2023). En el presente artículo se plantean algunos de los desafíos y dilemas que enfrentan las comunidades rurales, especialmente para las nuevas generaciones, en el contexto de la expansión agroindustrial en Jalisco, México. La pregunta central que guía esta reflexión es ¿agroextractivismo o justicia ambiental en clave intergeneracional para niñeces y juventudes rurales? La respuesta a este dilema es excluyente, o es una cosa o es la otra, pues la coexistencia de un modelo agroindustrial con una vida saludable de las generaciones venideras no es viable en los términos actuales.

Sobre el agroextractivismo

El agroextractivismo es un modelo de producción agroindustrial que se caracteriza por la extracción intensiva de recursos naturales en el sector agrícola. Este enfoque extractivista busca maximizar la producción a corto plazo, priorizando la obtención de beneficios económicos inmediatos sobre la sostenibilidad a largo plazo (McKay, Alonso-Fradejas y Eskerro-Cañete, 2022). En la práctica, el agroextractivismo se asocia con el uso intensivo de agroquímicos, como pesticidas y fertilizantes, que pueden contaminar el suelo, el agua y el aire. Además, este modelo promueve los monocultivos, cultivar una sola especie de manera extensiva, lo que puede llevar a la pérdida de biodiversidad y a la degradación de los ecosistemas naturales.

En tres generaciones, la agricultura industrial se ha ido apoderando y transformando las territorialidades de la zona Ixtlahuacán del Río – Cuquío, en Jalisco. Tras más de 50 años de creciente industrialización de maíz, se han dado algunas recientes incursiones en el monocultivo de chía, que para ser sembrada requiere una primera fumigación con herbicidas como el glifosato, y de agave, que ya lleva dos momentos en los que se ha puesto de moda. La expansión de estos monocultivos ha reemplazado las prácticas agrícolas tradicionales, promoviendo un modelo que prioriza la producción a gran escala sin considerar los impactos a largo plazo en el medio ambiente y la salud de las comunidades locales.

El uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes químicos en la agricultura industrial ha contaminado el suelo, el agua y el aire, afectando gravemente la salud de las comunidades rurales. Hay estudios que han demostrado que los niños expuestos a plaguicidas tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como el cáncer, así como trastornos del desarrollo neurológico (Rozas, 2021). Además, la contaminación del agua y la degradación del suelo limitan las oportunidades económicas de las futuras generaciones, atrapándolas en un ciclo de pobreza y mala salud.

Las juventudes rurales son especialmente vulnerables a estos efectos nocivos. La falta de acceso a una educación de calidad y a servicios de salud adecuados agrava su situación, limitando sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. La migración a las ciudades en busca de mejores oportunidades es una opción que muchos jóvenes consideran, pero esta migración forzada a menudo resulta en transformaciones precarizadas de identidad cultural y en la ruptura de la cohesión comunitaria.

A medida que las tierras agrícolas se transforman en monocultivos, también se pierde la biodiversidad local, lo que afecta negativamente a los ecosistemas y a las prácticas agrícolas tradicionales que han sido sostenibles durante siglos (Emmanueli, Jonsén y Monsalve, 2009). Esta pérdida de biodiversidad no solo reduce la resiliencia de los ecosistemas frente a plagas y enfermedades, sino que también disminuye la disponibilidad de recursos naturales necesarios para la subsistencia de las comunidades rurales.

Justicia ambiental y su dimensión intergeneracional

La justicia ambiental se define como el reconocimiento y la reparación de las desigualdades ambientales, donde las comunidades más vulnerables suelen ser las más afectadas por la degradación ambiental (Carrizo, 2018). Sin embargo, este concepto debe ampliarse para incluir una perspectiva intergeneracional que contemple los derechos y necesidades de las generaciones futuras (Munévar, 2016). Esto implica no solo proteger a los jóvenes y niños actuales, sino también garantizar que las decisiones presentes no comprometan la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

El principio de justicia intergeneracional sostiene que las generaciones presentes tienen la responsabilidad de administrar los recursos naturales de manera que no se agoten ni se degraden para las generaciones futuras (Morel, 2000). Esto requiere un enfoque de desarrollo sostenible que equilibre las necesidades económicas, sociales y ambientales. En el contexto del agroextractivismo, esto significa adoptar prácticas agrícolas que mantengan la fertilidad del suelo, protejan la biodiversidad y reduzcan la dependencia de químicos tóxicos.

Además, la justicia ambiental intergeneracional demanda la participación activa de los jóvenes en la toma de decisiones sobre el uso y la gestión de los recursos naturales. Esto no solo es un derecho fundamental, sino también una estrategia efectiva para garantizar que las políticas y programas reflejen las realidades y aspiraciones de las nuevas generaciones. La educación ambiental y la formación en liderazgo son herramientas clave para empoderar a los jóvenes y fomentar su compromiso con la protección del medio ambiente. Por otra parte no solo se trata de las juventudes, pues las niñeces también son excluidas de la agroindustria y para involucrarse en esas temáticas necesitan espacios pedagógicos abiertos que las vinculen con la agricultura. Lo cual es complicado sin tener acceso a la tierra. Incluso teniéndolo, es complejo recuperar la producción sustentable sin procesos de transición agroecológica que necesitan ser sostenidos también por adultos que tengan esta perspectiva.

Es fundamental comprender que las decisiones tomadas hoy en día tienen consecuencias de largo alcance. No se trata solo de mitigar los daños actuales, sino de prevenir futuros perjuicios y reconocer a las generaciones venideras como sujeto de derecho (Santacoloma, 2014). Las generaciones actuales deben actuar como guardianes responsables del medio ambiente, adoptando medidas que aseguren la salud y el bienestar de los que vendrán. Esta responsabilidad intergeneracional es la base para un futuro sostenible y justo.

Experiencias locales y resistencias

En comunidades como la zona Ixtlahuacán-Cuquío, han nacido resistencias de las juventudes contra el modelo agroindustrial (Sánchez, Meza y Águila, 2021). Colectivos como Juxmapa han surgido para enfrentar los desafíos ambientales y abogar por un modelo más justo y sostenible. Estas iniciativas demuestran que es posible movilizarse y generar cambios desde la base comunitaria, aunque enfrentan obstáculos significativos debido al dominio económico y político del sector agroindustrial.

Los diferentes movimientos de resistencia local han utilizado diversas estrategias para proteger sus tierras y recursos. Entre estas estrategias se incluyen la organización comunitaria, la educación popular, y la incidencia política. Las comunidades han recurrido a formas tradicionales de organización y conocimiento para defender su territorio y promover prácticas agrícolas sostenibles. La agroecología, por ejemplo, se ha convertido en una alternativa viable al modelo agroindustrial, promoviendo la biodiversidad y la resiliencia ecológica.

Las alianzas con organizaciones no gubernamentales y redes internacionales también han sido cruciales para visibilizar las luchas locales y obtener apoyo externo. Estas alianzas han permitido a las comunidades acceder a recursos técnicos y financieros, así como a plataformas de denuncia y sensibilización global (Acción por la diversidad, 2020). Sin embargo, la represión y la criminalización de los defensores del medio ambiente siguen siendo desafíos importantes, que amenazan la capacidad de las comunidades para resistir y proponer alternativas —y que las familias permitan que sus hijos e hijas jóvenes se involucren en estas temáticas—.

Políticas públicas y herramientas jurídicas

Para avanzar hacia una justicia ambiental intergeneracional, es crucial el desarrollo de políticas públicas que integren las dimensiones preventivas y precautorias. Estas políticas deben estar diseñadas para proteger tanto a las generaciones actuales como a las futuras, asegurando un ambiente saludable y equitativo. Además es necesario fortalecer los mecanismos de participación y reconocimiento de los derechos de las comunidades rurales, especialmente de los jóvenes, que deben ser actores clave en la construcción de un futuro sostenible.

Un marco legal robusto que reconozca y proteja los derechos ambientales sería esencial para garantizar la justicia intergeneracional. Esto incluye la implementación efectiva de leyes existentes, así como la creación de nuevas regulaciones que aborden los desafíos emergentes. Por ejemplo, se debe revisar y actualizar la legislación sobre el uso de plaguicidas, para reflejar los últimos avances científicos y proteger la salud pública.

Las políticas de educación y formación también juegan un papel crucial en la promoción de la justicia ambiental. La inclusión de la educación ambiental en los currículos escolares y la creación de programas de formación para jóvenes agricultores pueden ayudar a desarrollar una conciencia ecológica y fomentar prácticas agrícolas sostenibles. Además, es importante promover la investigación y la innovación en técnicas agrícolas que sean tanto productivas como sostenibles.

El posible rol de las niñeces y juventudes rurales en la construcción de un futuro sostenible

La participación activa de las niñas, niños y jóvenes que habitan en los espacios rurales es fundamental para la construcción de un futuro sostenible. Las nuevas generaciones no solo son las principales víctimas de la degradación ambiental, sino que también tienen el potencial de ser agentes de cambio. Su energía, creatividad y capacidad para adaptarse a nuevas tecnologías son recursos valiosos que deben ser potenciados para promover prácticas agrícolas sostenibles y fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales.

Las redes sociales y las tecnologías de la información ofrecen herramientas poderosas para la organización y la movilización, y pueden ayudar a amplificar las voces de niñas, niños y jóvenes en el debate público sobre el medio ambiente y la sostenibilidad. Iniciativas como campañas en línea, peticiones y movilizaciones virtuales pueden aumentar la visibilidad de las luchas locales y atraer apoyo a nivel nacional e internacional. Además, estas herramientas permiten a los jóvenes conectarse con otros movimientos y organizaciones, creando redes de solidaridad y aprendizaje mutuo.

Es fundamental que las políticas públicas y los programas de desarrollo incluyan mecanismos reales para la participación infantil y juvenil. Esto no solo empodera a los jóvenes y prepara a las niñeces, sino que también asegura que las soluciones propuestas sean más inclusivas y sostenibles. La inclusión de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones puede llevar a enfoques más innovadores y efectivos para abordar los desafíos ambientales y de desarrollo.

Conclusiones

El dilema entre agroextractivismo y justicia ambiental en clave intergeneracional plantea una elección fundamental para las políticas públicas en lo rural. El agroextractivismo como modelo no es compatible con la justicia ambiental intergeneracional. La experiencia en Jalisco muestra que, aunque el camino es desafiante, es posible avanzar hacia un modelo más equitativo y sostenible, pero ello requiere voluntad política y sobre todo organización comunitaria que la genere y la respalde. La participación activa de las juventudes rurales, junto con un marco legal y político robusto, es esencial para garantizar un futuro justo para todas las generaciones.

Optar por la justicia ambiental intergeneracional no solo responde a una necesidad ética, sino también a la urgencia de la supervivencia y bienestar para las comunidades rurales presentes y futuras. Las políticas públicas deben enfocarse en la protección del medio ambiente y en la promoción de un desarrollo sostenible que beneficie tanto a las generaciones actuales como a las futuras. La educación y la participación infantil y juvenil son herramientas clave para lograr este objetivo.

En última instancia, la lucha por la justicia ambiental intergeneracional es una lucha por la dignidad y los derechos de las comunidades rurales. Es una lucha por un futuro en el que todos los niños, niñas y jóvenes puedan crecer en un entorno saludable, tener acceso a oportunidades económicas y culturales, y vivir en armonía con la naturaleza. La construcción de este futuro requiere un compromiso colectivo y una acción decidida por parte de todos los sectores de la sociedad.

Bibliografía

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Santacoloma, L. J. (2014). Las generaciones futuras como sujeto de derecho [tesis de maestría en Derecho]. Universidad de Palermo.

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  1. Investigador posdoctoral |Correo:david.sanchez@academicos.udg.mx