Rachel Sieder[1]
CIESAS Ciudad de México/ CIESAS por Palestina
Después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en los que murieron 1,200 personas, el consiguiente genocidio que el Estado de Israel ha perpetuado en Gaza constituye un laboratorio y un punto de inflexión político en todo el mundo. Gaza se convirtió en un escenario para experimentar el llamado “capitalismo de vigilancia” (surveillance capitalism) y la industria de armamentos, donde las empresas prueban nuevas tecnologías de securitización, control y exterminio. También es el reto fundamental para el ejercicio del derecho internacional sobre los derechos humanos, y de la capacidad de las instituciones multilaterales de defenderlo. Además, en muchas democracias occidentales aliadas con el Estado de Israel y sus tecnologías militares de securitización, Gaza ha significado un desafío fundamental en la vida política de sus ciudadanos. En países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Australia, las acusaciones de antisemitismo en contra de quienes se oponen al genocidio han sido utilizadas por los gobiernos como pretextos para acallar las críticas de las políticas sionistas de ocupación y exterminio del Estado de Israel. Con la destrucción de Gaza, ha quedado al desnudo el proyecto colonial occidental con implicaciones profundas que van más allá del pueblo palestino.
Fotografía: Toby Melville / Reuters
En mi país de origen, el Reino Unido, se han vivido movilizaciones constantes y masivas para protestar el genocidio y exigir al gobierno laborista de Keir Starmer que defienda los derechos humanos internacionales y las vidas de lxs palestinxs. Una de las demandas centrales ha sido que el gobierno suspenda los contratos que el Ministerio de la Defensa tiene con compañías israelíes que facilitan la masacre cotidiana de hombres, mujeres, niños y niñas en Gaza. La reacción desde el poder ha sido la de cuestionar la legitimidad de las protestas para luego criminalizarlas. Ha sido notoria la manera en que el gobierno británico ha presionado a los medios de comunicación dominantes —en particular a la BBC— para que cubran lo que pasa en Gaza y Cisjordania de una manera favorable a Israel. Por ejemplo, cuestionan el uso del término “genocidio” aun después de que fue certificado por instituciones como la Corte Penal Internacional y la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, o prohibieron la transmisión del documental Gaza: Doctors Under Attack que mostraba las condiciones de médicos trabajando bajo los bombardeos israelís bajo la excusa de “defender su reputación de ser imparcial” (Al Jazeera Journalism Review, 2025). Los activistas pro-palestinos han denunciado los sesgos de la BBC, mientras los medios independientes han revelado la colusión del gobierno británico con el genocidio, por ejemplo, mediante el intercambio de información de inteligencia británica con Israel o la participación de su fuerza aérea en sobrevuelos sobre Gaza (Sabbagh y Abdul, 2025).
La proscripción de Palestine Action
Fotografía: Dan Kitwood / Getty Images
La historia reciente de la red de acción directa Palestine Action y su criminalización bajo acusaciones de terrorismo muestra cómo el genocidio perpetrado por el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino está impactando los derechos civiles en los países hegemónicos. Palestine Action fue fundada en 2020 para poner fin a la colaboración global con el “régimen genocida y de apartheid” de Israel. Después del inicio del genocidio en Gaza la organización implementó distintas acciones directas en el Reino Unido, especialmente contra las fábricas británicas de la empresa tecnológica militar israelí Elbit Systems y sus subsidiarias, y contra la base de la fuerza aérea Brize Norton. Elbit Systems ha sido una empresa clave en la industria militar en Israel y es el mayor proveedor de equipo militar a su ejército, con el cual se ha atacado a la población civil de Gaza. Los vuelos de vigilancia sobre Gaza de la fuerza aérea británica salen de la base aérea de Brize Norton. Palestine Action organizó protestas, ocupaciones, y la destrucción de propiedad en estas instalaciones. Sus integrantes manifestaron que estaban dispuestos a ir a la cárcel en su defensa de los derechos humanos del pueblo palestino y del derecho humanitario internacional, que prohíbe el crimen de genocidio.
Después de que el 5 de julio de 2025 miembros del grupo pintaron de rojo aviones de la Real Fuerza Aérea en Brize Norton, para simbolizar la sangre de las víctimas palestinas, el gobierno británico proscribió a Palestine Action como un grupo terrorista bajo los términos de Ley Antiterrorista de 2000. La prohibición fue fruto de presiones de Elbit Systems contra la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, quien anunció la medida contra este grupo pro-palestino al tiempo que también vetó a agrupaciones extremistas de ultra-derecha. La proscripción de Palestine Action fue duramente criticada por organizaciones nacionales de defensa de los derechos civiles, como Amnistía Internacional UK y Liberty, alegando que la medida no diferenciaba entre la protesta y los actos de terrorismo.
La proscripción fue recibida con enojo y frustración por quienes se oponen al genocidio en Gaza y a la colusión del gobierno británico con Israel. En los meses siguientes, casi tres mil personas fueron arrestadas, la mayoría de ellas simplemente por protestar de manera colectiva en vigilias de silencio, sentadas con pancartas que decían “Apoyo a Palestine Action, me opongo al genocidio”. Entre las personas detenidas había clérigos de distintas denominaciones religiosas, muchos magistrados y médicos jubilados y veteranos de guerra, quienes refrendaron su obligación moral de oponerse al genocidio y a la opresión de los palestinos. Según la Ley Antiterrorista, manifestar apoyo para un grupo proscrito es un crimen que conlleva cargos de entre seis meses y 14 años de prisión. Inevitablemente, ciertos excesos de la policía para hacer cumplir la prohibición llevaron a la detención de personas por el solo hecho de manifestarse con banderas palestinas (Siddique, 2025; Amnesty International UK, 2025). Los abogados de Palestine Action compararon la medida con que se hubiera llamado “terroristas” a las sufragistas que usaron medidas de acción directa en su lucha por el voto femenino a principios del siglo XX. Cuando fue abogado de derechos humanos, el ahora primer ministro Keir Starmer defendió a manifestantes que practicaban la desobediencia civil como mecanismo de protesta. Sin embargo, en su papel actual defendió la proscripción de Palestine Action y hacia finales de 2025 él y la actual ministra del Interior, Shabana Mahmood, anunciaron su intención de proscribir el uso de ciertas consignas en las marchas, entre ellas “desde el río hasta el mar” y “globalicen la intifada”, bajo el argumento que eran antisemitas e intimidatorias (Elgot, 2025).
Los 24 de Filton y la huelga de hambre
La manera de tratar a los activistas detenidos por acciones directas contra Elbit Systems y Brize Norton mostró la determinación del gobierno por suprimir las protestas. Los llamados “24 de Filton” (Filton 24) de Palestine Action fueron los primeros miembros de un grupo de acción directa sujetos a los poderes antiterroristas de la policía, casi un año antes de la proscripción del grupo. En agosto de 2024, seis activistas irrumpieron en un centro de investigación, desarrollo y manufactura de Elbit Systems en un parque industrial en Filton, cerca de la ciudad de Bristol. Una vez adentro, desmantelaron equipo, entre ellos varios cuadricópteros y drones que utiliza el ejército israelí para matar miles de civiles palestinos, incluyendo niños y niñas. Se enfrentaron con elementos de seguridad de la empresa y la policía, y fueron arrestados. Según Elbit Systems, el costo de los daños de la acción superó un millón de libras esterlinas. Una mujer policía sufrió heridas. Después del arresto de los seis activistas en Filton, la policía antiterrorista detuvo a cuatro miembros adicionales de Palestine Action en distintos lugares del país. Todos fueron enviados a prisión sin enfrentar cargos específicos, y por casi una semana fueron interrogados repetidamente bajo la Ley Antiterrorista. Eventualmente enfrentaron cargos de robo agravado, daños criminales y desorden violento, que no son delitos terroristas. En noviembre 2024 y julio 2025 la policía detuvo a 14 personas más. A todos los 24 de Filton les negaron la fianza, una medida draconiana que fue criticada por expertos de la ONU y abogados de derechos humanos, quienes también protestaron por sus condiciones de detención en la prisión (Zhang, 2025). Los juicios se esperaban hasta dos años después de su detención inicial, aunque según las leyes del Reino Unido el máximo tiempo de detención antes de ir a juicio es seis meses.
Fotografía: Zeinab el-Hajj / Al Mayadeen/English
En noviembre de 2025, ocho de los prisioneros empezaron una huelga de hambre. Sus demandas fueron el fin de la censura de las comunicaciones con sus abogados y familiares dentro de las distintas cárceles donde estaban detenidos, la garantía de su derecho a un juicio justo que incluyera la publicación de documentos relevantes acerca de Elbit Systems y las comunicaciones entre los estados británico e israelí, la re-legalización de Palestine Action y que la fiscalía británica desistiera en conectarlos con actos terroristas, el cierre de todos los sitios de Elbit Systems en el Reino Unido y el cese de todos los contratos entre Elbit y el Estado británico. A pesar de repetidas hospitalizaciones de los huelguistas y deterioros graves en su estado de salud, David Lammy, el ministro de Justicia, se negó a reunirse con sus representantes. La huelga de hambre fue la más grande en las cárceles británicas desde la realizada por prisioneros republicanos irlandeses en 1981 en protesta contra sus condiciones de detención, que terminó con la muerte por inanición de 10 presos. Los prisioneros de Palestine Action alegaron que les fue negado el acceso oportuno a la asistencia médica. El 17 de diciembre Qesser Zuhrah, activista que fue detenida cuando tenía 19 años, fue hospitalizada solamente después de que se realizó una protesta frente a la cárcel de Bronzefield para exigir su atención médica. Ya para diciembre, varios de los prisioneros se encontraban en un estado crítico, con posibilidad de tener daños permanentes en sus órganos o la muerte. Miembros laboristas del parlamento, entre ellos Jeremy Corbyn y John McDonnell, llamaron al gobierno a intervenir, expresando su profunda preocupación por el bienestar de los detenidos. Fue notoria la baja cobertura de la huelga por los medios tradicionales —solo el periódico The Guardian publicó un editorial el 19 de diciembre criticando la postura del gobierno de Keir Starmer frente a la huelga y la proscripción de Palestine Action, y llamó a la liberación inmediata de los detenidos bajo fianza—. Los últimos dos huelguistas de los 24 de Filton, Heba Muraisi y Kamran Ahmed, terminaron su ayuno el 15 de enero 2026 (Heba Muraisi había estado en huelga de hambre por 73 días). El día anterior, el gobierno había anunciado su decisión de no extender un contrato de dos billones de libras esterlinas a Elbit Systems para entrenar a tropas británicas, algo que fue reconocido por el movimiento por los derechos humanos palestinos como una victoria para la protesta social.
La defensa legal del derecho de protesta
En un revés para el gobierno británico, el 13 de febrero de 2026 el Tribunal Superior de Justicia (High Court of Justice) determinó que la proscripción de Palestine Action decretada por el Ministerio del Interior era “desproporcionada e ilegal”, y que las actividades del grupo no podían definirse como terrorismo. La corte señaló que la proscripción había afectado negativamente al derecho a la protesta —en particular los derechos a la libertad de expresión y a la asamblea— y que debería ser anulada. Además, subrayó que existía el derecho penal para enfrentar las acciones criminales de Palestine Action y que la decisión de usar la Ley Antiterrorista no se justificaba. Huda Ammori, una de las cofundadoras de Palestine Action y quien había iniciado la acción legal contra la proscripción del grupo, consideró que la decisión de la corte fue “una victoria monumental” para las libertades fundamentales en el Reino Unido y para la lucha por la libertad de los palestinos. Defendió las acciones de Palestine Action como parte de una larga tradición de acción directa que involucra daños a la propiedad pero no violencia contra las personas. Indicó que “la proscripción de Palestine Action no tenía nada que ver con el terrorismo y más bien se trataba de aplacar al lobby pro-israelí y la industria de armamentos… esta decisión es una victoria para la libertad” (Siddique, 2026b). Fue la primera vez que una organización proscrita bajo la Ley Antiterrorista la impugna exitosamente en las cortes. La decisión del Tribunal fue recibida con júbilo por lxs manifestantes fuera del recinto, quienes gritaron “¡Palestina Libre!”. El relator especial de la ONU sobre derechos humanos y contra el terrorismo, Ben Saul, y Amnistía Internacional del Reino Unido (ambos habían participado en el litigio) hicieron un llamado a que la ministra del Interior Shabana Mahmood respetara la decisión de la corte. Sin embargo, Mahmood anunció la determinación del gobierno de apelar la sentencia y la proscripción se mantiene hasta que se resuelva dicha apelación. La policía ha dicho que no harán más arrestos y que revisarán los casos, aunque sí seguirán “recopilando evidencias”. Según la parlamentaria británica Zarah Sultana, una de las críticas mas categóricas de la política gubernamental en contra las protestas en defensa del pueblo palestino, el costo para la policía de hacer valer la prohibición ha sido mayor a 10 millones de libras esterlinas, y el partido laborista mismo ha gastado unas 700,000 libras esterlinas para defenderla en las cortes.
Un día después, el 14 de febrero de 2026, seis de los acusados de los Filton 24 fueron absueltos de los cargos de robo agravado, y tres de ellos de los cargos de desorden violento. El jurado no alcanzó un veredicto para el resto de los cargos, y la fiscalía (Crown Prosecution Service) anunció que buscará nuevos juicios bajo los cargos de daños criminales, desorden violento contra tres de ellos y daños físicos graves contra uno de los detenidos, a quien se le acusa de atacar a una mujer policía durante la acción en las instalaciones de Elbit Systems en Filton en 2024. Sin embargo, todos los acusados en el caso fueron absueltos de los cargos de robo agravado en las instalaciones de Elbit Systems, después de que la fiscalía dijo que era incapaz de encontrar evidencias para respaldar esta acusación, la más seria de todas, que tiene una pena máxima de encarcelamiento por vida (robo agravado implica llevar a cabo un robo con un arma con la intención de dañar o incapacitar a una persona). Cinco de los seis fueron liberados bajo fianza y se espera que los restantes 18 también sean beneficiados con la libertad condicional, después de haber sido encarcelados por un año y medio. Después de los veredictos, Clare Hinchcliffe, la madre de una de las acusadas, Zoe Rogers, de 22 años, expresó que “la acción de nuestros seres queridos contra Elbit Systems y la respuesta brutal del Estado ha expuesto los verdaderos valores del gobierno. Éste se empeña en hacer negocios con Israel y proteger su industria de armas a toda costa. Nuestros seres queridos se atrevieron a desafiar a este monstruo, y se han destinado muchos recursos para perseguir y encarcelarlos sin juicios. Imagínense si el gobierno hubiera puesto la misma cantidad de dinero, recursos y voluntad política para prevenir el genocidio” (Siddique, 2026a).
A manera de cierre
El derecho a la protesta en el Reino Unido se ha erosionado en los últimos años mediante varias iniciativas de los gobiernos conservadores y laboristas. Sin embargo, la decisión del Tribunal Superior de revertir la proscripción de Palestine Action manda una clara señal de que la protesta mediante acción directa debería ser enfrentada mediante el derecho penal ordinario y no bajo una legislación antiterrorista. Lo anterior tiene implicaciones para otros grupos como Extinction Rebellion o Stop Oil, que llevan a cabo acciones directas para protestar contra las industrias de combustibles fósiles y su papel en el calentamiento global. La decisión en el caso de seis de los 24 de Filton muestra la importancia del sistema legal de jurados, en una coyuntura en la que el gobierno ha anunciado su intención de restringir el uso de tales jurados para casos de ofensas menores, supuestamente para resolver el retraso de casos por acumulación. Los sucesos de los últimos dos años en el Reino Unido demuestran que la protesta masiva y la desobediencia civil tienen impactos reales y que no se puede silenciar el rechazo global contra las políticas genocidas del Estado de Israel perpetradas contra el pueblo palestino. Sin embargo, es probable que los costos y riesgos de la protesta se incrementarán en los próximos años en un contexto de polarización política, cada vez mayor vigilancia digital, y la continuidad del apoyo de los gobiernos hacia Israel. Sin embargo, como han insistido los jóvenes activistas de Filton, lo que les pasó no fue nada comparado con el sufrimiento de los palestinos, cuyo futuro sigue siendo el reto moral más importante de nuestros tiempos.
Fuentes citadas
Al Jazeera Journalism Review (2025, 2 de julio). The BBC Says It’s “Impartial.” But Its Own Staff Say Otherwise. Al Jazeera Media Institute. https://institute.aljazeera.net/en/ajr/article/3250
Amnesty International UK (2025, 17 de julio). Armed police threatened to arrest Kent protester for holding Palestinian flag [Video corto]. YouTube. https://www.youtube.com/shorts/yUL0fKk_wqI
Elgot, J. (2025, 8 de octubre). Starmer targets inflammatory chants at Palestine protests for further curbs. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2025/oct/08/starmer-targets-inflammatory-chants-at-palestine-protests-for-further-curbs
Sabbagh, D. y Abdul, G. (2025, 7 de agosto 2025). UK’s surveillance flights over Gaza raise questions on help for Israeli military. The Guardian. https://www.theguardian.com/politics/2025/aug/07/uks-surveillance-flights-over-gaza-raise-questions-on-help-for-israeli-military
Siddique, H. (2025, 2 de julio). Armed police threatened to arrest Kent protester for holding Palestinian flag. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2025/jul/17/armed-police-threatened-to-arrest-kent-protester-for-holding-palestinian-flag
Siddique, H. (2026a, 4 de febrero). Palestine Action activists cleared of aggravated burglary at Israeli defence firm site. The Guardian. https://www.theguardian.com/uk-news/2026/feb/04/palestine-action-activists-cleared-aggravated-burglary-israeli-defence-firm-elbit-systems-filton
Siddique, H. (2026b, 13 de febrero). UK Palestine Action ban ruled unlawful, in humiliating blow for ministers. The Guardian. https://www.theguardian.com/uk-news/2026/feb/13/uk-ban-palestine-action-unlawful-high-court-judges-rule
Zhang, S, (2025, 26 de diciembre). UN Experts Express Alarm Over UK Neglect of Pro-Palestine Hunger Strikers. Truthout. https://truthout.org/articles/un-experts-express-alarm-over-uk-neglect-of-pro-palestine-hunger-strikers/