Juan A. Martens Molas
Universidad Nacional de Pilar-Conacyt-Paraguay
j.martemo@gmail.com

Camino principal de una de las comunidades visitadas en el departamento de Canindeyú, con una casa característica de la zona. Foto: Juan A. Martens. Fecha: 19 de diciembre de 2020.

Paraguay tiene una legislación represiva y desproporcionada con relación al cultivo del cannabis,^[1] al igual que la mayoría de los países de América Latina (Corda y Filomena, 2019), sin embargo, es el mayor productor de Sudamérica y un negocio del que dependen economías familiares, presupuestos municipales, y con el que se financian campañas electorales (Olaya y Saffón, 2021).

La zona de plantación se concentra en el noreste de la Región Oriental, en los departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyú, con un 93.7% de la producción total (Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), 2020); estos dos últimos fronterizos con Brasil con el que comparten 438 kilómetros de frontera seca. Si bien existen algunos sembradíos en el centro-sur del país, en estos tres departamentos existen enclaves de la producción de cannabis, con cultivos anuales que rondan las siete mil hectáreas, con el que se abastecen los mercados de Buenos Aires (Argentina), San Pablo (Brasil), y Santiago (Chile), empleando a unas veinte mil personas (Carneri, 2021).

Diversas razones de índoles políticas y geográficas propiciaron la configuración de estos territorios muy vinculados a la industria de la marihuana, en donde a pesar de la férrea prohibición normativa estatal, y los constantes anuncios de represión de instituciones especializadas como la Secretaria Nacional Antidrogas, el cultivo del cannabis sigue constituyendo la actividad económica más importante de varias localidades; la principal fuente de trabajo y generadora de renta de gran parte de la población, incluyendo a mujeres, niños y adolescentes, a las que emplea en alguna fase del proceso de producción; y, es realizada pública y sistemáticamente, aun con el conocimiento de las autoridades políticas y de seguridad, locales y departamentales (Martens, 2019). Tampoco es preciso esconder la actividad, salvo de algunos extraños que excepcionalmente ingresan a estas comunidades (Carneri, 2021; GEN, 2021).

En algunas de estas comunidades, el cultivo de marihuana empezó hace más de 50 años, de la mano de militares que incentivaron a los colonos como una opción de renta, recuerda Juan (76 años), un profesor jubilado, exdirector del único Colegio Nacional, de una ciudad que se yergue sobre la línea de frontera con Brasil, formando actualmente una sola unidad social, con su gemela del otro lado. Cuando nos recibió en septiembre de 2019 y accedió a relatar la historia del cultivo en su región, manifestó:

Incluso, cuando escuchábamos que la marihuana ya era prohibida en otra parte del país, y que se tenía que destruir, aquí se seguía trabajando tranquilamente. No se entendía muy bien lo que pasaba porque ya estaba prohibida, pero aquí eran los militares quienes manejaban el negocio… yo tenía alumnos que dejaban el colegio porque preferían ir al monte a cultivar, dejaba mucha plata.

Cuando llegó a la ciudad, en la primera mitad de la década del año de 1970, no tenían caminos que conectaran con Asunción. Se trasladaban en avionetas o por territorio brasileño hasta Pedro Juan Caballero, capital departamental, y desde allí se recorrían en más de 12 horas, los cerca de 600 kilómetros hasta la Capital.

En otras comunidades, si bien es más reciente, ya lleva más de 30 años. Inició al tiempo de la ocupación de tierras fiscales o grandes latifundios, y posterior colonización y conversión en poblados.

Estos contextos sociopolíticos indican la existencia de normas distintas a las legales que rigen la convivencia en estos territorios y la interacción entre actores institucionales y sociales, que permiten que el cultivo de marihuana sea la principal actividad económica de varias de ellas. Precisamente este artículo es el primer trabajo de difusión de la investigación denominada “Experiencias, miedos y expectativas de cultivadores de marihuana en San Pedro, Amambay y Canindeyú”, que coordino desde el Departamento de Criminología y Seguridad, de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA), de la Universidad Nacional de Pilar (UNP).

Es un trabajo en tres localidades, una en cada Departamento, que busca documentar con métodos etnográficos, las vivencias de quienes se encuentran en el primer escalón del negocio, realizando tareas de roza, desbroce, cultivo, limpieza, recogida, selección, embalaje o prensado para su distribución o venta. Las comunidades fueron seleccionadas por constituirse en enclaves de producción, tanto en el relato oficial, como en el de los pobladores de las regiones. El ingreso a las mismas se realizó a través de pobladores y antiguos habitantes, con quienes tenía vínculos de confianza por trabajos académicos o jurídicos anteriores.

La primera visita la realicé en septiembre de 2019 en Amambay; en enero de 2020 en San Pedro, y junio de 2020 en Canindeyú. Desde entonces, realizo visitas periódicas de uno, dos o tres días, y mantengo contacto con algunos de los pobladores, quienes accedieron a colaborar con la investigación. Además de compartir información sobre la marcha de la actividad, tales como el estado de la cosecha, dificultades para la venta de la mercancía, me piden asesorías jurídicas y respondo consultas puntuales sobre el orden jurídico, lo que permite fortalecer una relación de confianza y confidencialidad para el acopio de información de manera constante. Toda la información producida se sistematiza en el Atlas.ti bajo categorías creadas para el análisis de la información, desde la perspectiva de los ilegalismos (Foucault, 2002), y la venta de mercancías políticas (Misse, 2019). Las identidades citadas en este artículo están cambiadas, tampoco se menciona el nombre de las comunidades para no contribuir a perpetuar estigmatizaciones.

Aquí todos están en eso… los extraños son sospechosos

Luego de recorrer 35 kilómetros desde la Ruta Nacional PY03 por caminos sinuosos, de arena rojiza y difícil tránsito por los montículos de tierra, piedras y baches, llegué al punto indicado por Hugo (23 años), siguiendo las instrucciones del GPS. Marcó a unos 300 metros de la estación de policía. Conducía lento buscando la referencia que me había dado. Al pasar frente a la Comisaría, tres uniformados que mateaban^[2] al lado de la patrullera miraron con atención mi camioneta. Iba a menos de 40 km por hora y con los vidrios bajos. Eran las 8 de la mañana y la temperatura marcaba 13 grados. Estacioné a un costado del camino de tierra, mis ruedas derechas ya estaban en el matorral. Hugo avisó que llegaría enseguida, en motocicleta. Al cabo de siete minutos veo por el retrovisor que avanza lentamente la patrullera. Creí que pararían a preguntarme el motivo de mi visita, pero cruzaron mirando cada detalle de mi vehículo y saludándome con una sonrisa y un movimiento de cabeza. Antes de que los perdiera de vista llegó Hugo, se acercó a la ventanilla derecha y luego de saludarme preguntó: “¿Te abordaron?… aquí todos trabajan en eso, por eso hasta la Policía tiene cuidado con los extraños. Pero ahora ya todos sabrán que estás conmigo, quédate tranquilo.“ Conocí a Hugo en la Universidad, cuando cursaba el primer año de Derecho, aunque luego tuvo que abandonar la carrera. Me pidió que lo siguiese hasta su casa, donde nos esperaban sus padres, y algunos amigos a quienes puso al tanto de la investigación, y estaban dispuestos a colaborar.

Los policías forman parte de la estructura del cultivo del cannabis. Por cada hectárea cultivada cobran a cada propietario un canon, generalmente, antes del inicio de la siembra; aunque con pequeños cultivadores llegan a negociar el momento del pago. A cambio, prometen protección y avisan de incursiones de fuerzas antidrogas y extraños, como en mi caso que llegaba por primera vez a la comunidad.

Por eso, los cultivadores se sienten seguros y ven alejada la posibilidad de ser alcanzados por el sistema penal. La sensación de seguridad es tal, que David, ahora con 32 años, y jornalero en los cultivos desde los 14 no recuerda a ningún cultivador que esté en el sistema penitenciario. “En ocasiones llegan a las chacras, pero el patrón soluciona, por eso tenés que tener buen patrón, aconseja. Si te arriesgás solo, es probable que tengas problemas,“ explica.

Este esquema de involucramiento policial funciona de manera similar en las tres comunidades, y su incumplimiento puede generar cuantiosas pérdidas. Mucho más al norte, en Amambay, Juan Carlos (54 años) empezó como mula,^[3] luego se hizo productor, y hoy se define como patrón,^[4] ya que tiene varias personas a su cargo, y llega a gestionar hasta 30 hectáreas de marihuana, según la temporada. Su experiencia de relacionamiento con la policía sintetizó en los siguientes términos:

Antes de plantar, tenés que ir a comunicar a la Comisaría jurisdiccional, decís la extensión y llegás a un acuerdo económico con el jefe. Esa es la forma segura de cultivar. De lo contrario, no sólo te hacen problemas para sacar la mercadería, sino hasta para que los personales trabajen en los cultivos. Si tomás esta previsión, ellos [policía] se encargan de avisarte de cualquier movimiento extraño que ocurre en la zona, te mantienen al tanto.

La ruptura de esta regla causa reacción en ambos sectores. En San Pedro aún recuerdan la muerte de un policía que, tras cobrar a un productor, quiso volver a cobrarle y amenazó con hacer cumplir la ley, en caso de que se negara. Lo mataron.

Hay lugares para cultivar… no se puede hacer en cualquier parte

La zona de cultivo sigue patrones bien establecidos y respetados por los habitantes de las tres comunidades visitadas. En Amambay y Canindeyú se realiza mayormente en reservas forestales y territorios indígenas, en tanto que en el departamento de San Pedro es frecuente en bosques de grandes establecimientos ganaderos, agrícolas o forestales y en las parcelas de diez hectáreas de los colonos, pero en el fondo donde colinda con la propiedad vecina, explica Jerónimo (21 años), que viene haciéndolo desde hace tres años consecutivamente, aunque antes de emprender su propio cultivo había trabajado como jornalero en los sembradíos. Estos lotes están dispuestos a lo largo de una calle, tienen 100 metros de frente y 1 000 metros de largo, formando un rectángulo. Por lo general, linda con otro fundo con las mismas dimensiones, cuya parte frontal también está ubicada sobre una calle, y excepcionalmente, con un establecimiento agrícola o ganadero.

En el caso de propiedades indígenas se debe obtener la autorización del líder local, quien previo pago de unos 150 USD delimita una parcela de una hectárea, y entrega por un año para su uso. Obtenido el permiso, se debe trabajar en la preparación del terreno. El cultivo de una hectárea, incluido el alquiler y los gastos de mantenimiento hasta la cosecha oscila los 700 USD. Hay que tener un capital mínimo para tener cultivos propios, no es fácil independizarse comenta Gustavo (26 años), quien en la zafra anterior probó suerte con su cuñado, pero apenas pudo recuperar la inversión. Con cierta tristeza recordó: “Vino la pandemia y no pudimos sacar el producto, recuerda. La mayor parte se pudrió y terminamos vendiendo a dos dólares el kilo. Volvió a las ‘changas’ para mantener a su esposa e hijos, de cuatro y dos años”.

Si bien puede cultivarse prácticamente todo el año, los sembrados en mayo y noviembre son los que dan los mejores resultados. Por eso siempre hay trabajo aquí, dijo, y recordó que en este momento (mayo) Julián y María, una pareja amiga, están en la casa del suegro de Julián, despalitando.^[5]

En las reservas y grandes propiedades el mecanismo es distinto. En el primero también se paga a algún guardaparque o, dependiendo del lugar, ni siquiera molestan cuando sabés moverte, y no lo hacés tan visible, según la experiencia de José (34 años). En los montes privados se ingresa sin pedir permiso, y aunque el administrador se dé cuenta no dice nada, para no tener problemas, aclara Juan Carlos.

¿Qué tipo de problemas? Le pregunté. Luego de unos minutos de silencio respondió:

Nadie quiere estar mal con el vecino… tienen muchos animales, y podrían recibir perjuicios… trabajan en grande, y el daño puede ser grande también… Sólo en una ocasión intentó reclamarle por su cultivo, le espetó que tenía derechos a ganarse la vida, y era la forma que tenía en ese momento, y ya no recibió ningún reclamo del propietario, ni sus representantes.

Cuando me relató su experiencia estábamos en una ronda de cervezas con un colega abogado, a través del cual contacté con él, en su casa de campo. La última de una calle de 10 kilómetros que iniciaba en la Ruta Nacional PY8 y acababa en una estancia de más de cinco mil hectáreas. Se incorporó, terminó de beber su lata de cerveza y mirando a lo lejos, dijo:

“Aquí el doctor sabe, sólo aquí tienen 5 mil hectáreas [su vecino agroganadero] pero tiene otros tanto como este, en otros lugares, se mueve mucho. Así que no le conviene ponerse mal con nosotros por unas 30 hectáreas. Sabe la cantidad de gente que vive de eso, y si me perjudica, le está sacando el alimento a todos, quién sabe como va a reaccionar esa gente…”.

Estas reglas que rigen las zonas de cultivo permiten que la actividad se mantenga en el tiempo ya que, si bien se hace de manera pública, no es visible a primera vista al extraño que ingresa por primera vez a las comunidades. Recorriendo la calle sólo se observan las viviendas y algunos productos de consumo como la mandioca, maíz u otras legumbres, y los policías patrullan tranquilamente las calles, sin ninguna novedad que informar, porque todo está en orden, como reflexiona Gustavo.

Criminales son los que matan…

La criminalidad está asociada a los asesinatos, a los que producen daños al ambiente, a la integridad física, a lo realizado de manera oculta, e incluso a la corrupción política, pero no al cultivo de una planta, realizada de manera pública y sistemática desde hace mucho tiempo, en el relato de pobladores de las tres comunidades visitadas. Esta percepción es alimentada por el involucramiento de autoridades políticas, policiales y administrativas, especialmente las locales, en el negocio de la marihuana, en toda la cadena de producción.

Sin embargo, la conciencia de ilegalidad está presente, pero disociado de lo criminal, reservando este concepto para lo que consideran realmente dañoso, como causar la muerte; ven los límites entre lo legal e ilegal como una cuestión política, de conveniencia, muy vinculado a los negocios.

Por eso es que David, trabajador en los cultivos desde hace 18 años, está convencido de que su actividad no es criminal, ni se siente amenazado por el sistema penal. En este sentido, reflexiona:

“Que esté prohibido es una cuestión de negocios nomás, no es porque esté realmente mal… Lo malo sería que dejásemos de trabajar, cómo mantendríamos a nuestras familias, y eso saben las autoridades… si ellos mismos también están en esto, concluyó”.

Más allá del principio de legalidad

El sistema de cultivo de la marihuana en comunidades rurales de la zona norte de la Región Oriental del Paraguay deja al descubierto que en los procesos de criminalización secundaria (Zaffaroni, Alagia, y Slokar, 2005), es decir, aquellos que se refieren al cumplimiento de los mandatos normativos, no operan el principio de legalidad ni igualdad recogidos en los ordenamientos constitucionales, y mandados taxativamente a los aplicadores de la ley penal, sino que rige un proceso de selectividad punitiva en donde los factores extralegales son los que determinan el cumplimiento de una norma (Pavarini, 2002).

La prohibición del cultivo y la amenaza a penas exorbitantes, con mínimos de diez años de penitenciaría, crea amplios espacios de ilegalismos (Barboza y Renoldi, 2013) y abre oportunidades para la negociación de normas de conductas, muy distintas a las regladas en las leyes penales (Renoldi, 2017), en donde la adquisición de mercancías políticas (Misse, 2019) actúa como reguladora de la convivencia.

Bibliografia

Barboza, Antonio Rafael y Brígida Renoldi (2013), “Introdução”, en Antonio Rafael Barbosa, Brígida Renoldi y Marcos Veríssimo (orgs.), (I)legal: etnografías em uma fronteira difusa. Niterói, R. J., Editora UFF.

Carneri, S. (25 de enero de 2021), “La marihuana, aún un tabú en el mayor productor de América del Sur”, en El País, España.

Corda, Alejandro y David Filomena (2019), Respuestas legislativas sobre cultivo y posesión de cannabis en las Américas, Bogotá, Colectivo de Estudios Droga y Derecho.

Foucault, Michel (2002), Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

GEN (15 de abril de 2021), “Tierra de Nadie: un viaje hasta Kamba Rembe, la ‘capital de la marihuana’, La Nación GEN.

Martens, Juan A. (2019), “Entre grupos armados, crimen organizado e ilegalismos: actores e impactos políticos y sociales de la violencia en la frontera noreste de Paraguay con Brasil”, en Revista sobre Acceso a Justiça e Direitos Humanos nas Américas, pp. 65-87.

Misse, Michel (2019), Crimen y violencia en el Brasil contemporáneo, Ciudad de México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Editora Unb.

Olaya, Angela y Saffón, Sergio (2021), “Narcotráfico y protección política en Paraguay: el caso de “Cucho” Cabañas“, en Serie Investigaciones, Insight Crime.

Pavarini, Massimo (2002), Control y dominación: teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Renoldi, Brígida, Santiago Álvarez y Salvador Maldonado Aranda (comps.) (2017), Estado, violencia y mercado. Conexiones etnográficas en América Latina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Antropofagia.

Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) (2020), Observatorio Paraguayo de Drogas, Senad.

Zaffaroni, Eugenio Raúl, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar (2005), Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires, Ediar.

1. Conforme a la Ley 1430/88, el que sembrare, cultivare, cosechare o recolectare plantas que sirvan para la fabricación de sustancias estupefacientes o drogas peligrosas y el que proporcionare dinero, inmueble semillas o cualquier otro elemento para ello será castigado con penitenciaría de diez a veinte años, debiendo destruirse la plantación. La pena mínima prevista para el homicidio es de cinco años. ↑
2. Ingesta de difusión caliente a base de yerba mate (ilex paraguayensis), consumido generalmente de manera colectiva, compartiendo un recipiente con yerba en el que se agrega el agua caliente, absorbida con una bombilla. En Paraguay en horas de la mañana o en épocas de invierno se consume mate, durante el día y en las demás estaciones del año, el tereré, que es frío. ↑
3. Persona que tiene como función el transporte de la mercancía entre dos puntos, por un precio convenido, a su cuenta y riesgo. ↑
4. En el lenguaje de culitvadores, patrón es considerado toda persona que gestiona la compra y distribución de la mercadería. ↑
5. Proceso por el cual se separa manualmente los palitos del capullo, previo al prensado o venta. ↑