Sebastián Aguiar
aguiar.sebastian@gmail.com
Natalia Montealegre
montealegre.alegria@gmail.com
Leticia Pérez
letiperezdesierra@gmail.com
Marcelo Rossal
mrossal@yahoo.com
Universidad de la República, Uruguay
Fuente: Ilustración de Ichan Tecolotl.
Introducción: personas en situación de calle en Montevideo
En este artículo ponemos en relación las violencias institucionales que sufren las personas que duermen a la intemperie o son usuarios de refugio ‒con la amplia movilidad que existe entre ambas categorías y otras soluciones de pernocte‒, las estrategias individuales que algunas personas en esa situación desarrollan, y las respuestas que ha desplegado el colectivo Ni Todo está Perdido (Nitep) con base en la experiencia concreta en el marco del proyecto Desigualdades y conflictos en relación a la situación de calle[1] en la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, donde se concentra casi la mitad de la población del país, que apenas supera los 3 500 000 habitantes.
Si observamos las cifras oficiales sobre personas en situación de calle a nivel nacional, vemos un crecimiento sostenido desde el primer censo del año 2006, tanto de quienes duermen a la intemperie como de quienes hacen uso de centros nocturnos, que se triplicó desde ese año.
Vale destacar algunos aspectos del censo de 2016 respecto a las personas censadas que habitaban a la intemperie: i) 94% eran varones adultos solteros; ii) el 64% tenía menos de 40 años ubicándose el 33% en el tramo etario de 31 a 40 años (Mides, 2016); iii) 8 de cada 10 personas señalaron haber tenido en algún momento contacto con alguno de los dispositivos gubernamentales relacionados con la estadía en calle;[2] iv) 4 de cada 10 declararon haber estado privados de su libertad en algún momento de su vida; v) 3 de cada 10 dijeron haber estado institucionalizados en el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU); vi) 2 de cada 10 dijeron haber estado internados en una institución psiquiátrica. En síntesis, 6 de cada 10 individuos que habitan a la intemperie, según esos datos, han vivido al menos un episodio de institucionalización, con la carga de violencia institucional sufrida que esto implica. El informe señala, además, que el 80% de los encuestados consume alguna sustancia psicoactiva (Mides, 2016).
El último Relevamiento de Personas en Situación de Calle en Montevideo (Mides, 2020), presentado el pasado 31 de julio de 2020, destaca el aumento de personas que duermen a la intemperie. Identificando un total de 2 553 personas en situación de calle, integrado por 885 durmiendo a la intemperie y 1 668 en refugios. Estas cifras muestran un aumento del 25,3% de personas durmiendo a la intemperie en la ciudad entre 2019 y 2020, según cifras del mismo organismo. De las cifras totales sorprende que en 2020 se consigna que el 54% estuvo privado de su libertad por conflictos con la Ley penal antes del arribo a la situación de calle (Mides, 2020). Los datos cuantitativos aquí presentados, cuentan con múltiples limitaciones ‒‒por su modo de producción, por aquello que naturalizan, por aquello que no dan cuenta‒‒, pero aportan algunas pistas para que el lector o la lectora coloquen en contexto lo que sigue.
Violencias institucionales: en las calles y en los cuerpos
Para pensar la violencia institucional, optamos por una perspectiva que implica entenderla(s) en tanto continuum ‒tal como hacen Nancy Scheper-Hughes y Philippe Bourgois (2004)‒. Los autores invitan a pensar la violencia estructural, producto de la desigualdad. Desde este punto de vista la violencia estructural es “vista de un modo tan… natural como el aire que nos rodea”, atendiendo a que “la fórmula general que está detrás de la violencia estructural es la desigualdad, sobre todo en la distribución del poder” (Galtung, 1975: 173 y 175, cit. en Bourgois, 2001). Como contracara de la violencia estructural, Scheper-Hughes y Bourgois focalizan en la violencia simbólica ‒tal como la toman de Bourdieu‒ en tanto una violencia incorporada ‒no consciente‒ en cada uno de nosotros, que implica el reconocimiento de la autoridad, la arbitraria reproducción impensada de pautas que nos son dadas y nos ubican en un determinado lugar social, conn base en relaciones de sentido que cada uno de nosotros podemos vivenciar en experiencias tales como la vergüenza o la incomodidad que nos produce estar en un lugar al cual no “pertenecemos”. Como parte de esta forma de pensar la violencia, los autores proponen considerar las violencias política y cotidiana. La primera refiere a una forma de violencia desde algún poder, sea desde el Estado o grupos que se le oponen, orientadas y enfocadas en una población específica (Rossal, 2017). Cuando la violencia política es ejercida desde el Estado nos encontramos en una situación de suspensión de las garantías democráticas o su impugnación violenta. Mientras que la violencia cotidiana “incluye las prácticas y expresiones diarias de violencia en un nivel microinteraccional: entre individuos (interpersonal), doméstico y delincuente. El concepto se ha adaptado del de Scheper-Hughes (1997), para centrarse en la experiencia individual vivida que normaliza las pequeñas brutalidades y terror en el ámbito de la comunidad y crea un sentido común o ethos de la violencia” (Feixa y Ferrándiz, 2004: 163). Para nuestro caso, como ha sido pensado para usuarios de pasta base de cocaína y personas en situación de calle (Fraiman y Rossal, 2011; Albano et al., 2015; Rossal, 2017), es necesario ‒a diferencia de los contextos etnográficos abordados por Scheper-Hughes y Bourgois (2004)‒ integrar en el continuo de violencias sufridas por los sujetos de carne y hueso la violencia institucional como elemento central.
En Uruguay, de larga continuidad democrática (1985-2021), esta violencia será la más relevante para entender cómo se marca a sujetos a los que se individualiza, cataloga y castiga, con mayor o menor sistematicidad. La violencia institucional en el presente se da tanto en el golpe sobre el cuerpo como en el expediente y es esa continuidad en diversas modalidades ‒que se engarzan con las violencias cotidianas‒ la que configura una sucesión de castigos extra legales. De tal manera que en buena medida la violencia institucional ocurre en instituciones de la mano izquierda del Estado (Bourdieu, 1999).
Para comprender el universo al que nos referimos, dentro de las múltiples experiencias de violencia institucional compartidas por nuestras interlocutoras e interlocutores una constante es la ‒en la práctica, paradojal‒ obligación de dormir a la intemperie como sanción ante alguna transgresión a las normas de las instituciones con financiamiento estatal que los refugian. Sea por una pelea con otro usuario, por insultar a un trabajador o trabajadora, fumar dentro de las instalaciones, no cumplir adecuadamente con el horario de salida, pretender retirarse antes del horario establecido, entre otras. Los motivos son múltiples y las condiciones variadas más allá de las inclemencias del tiempo, con la cual la propia función institucional de dar refugio se desdibuja, con un correlato de violencia física radical, por los peligros propios de pernoctar en la calle. Además, este tipo de castigo extralegal facilita que se desencadenen otro tipo de sanciones legales, como la aplicación por parte de agentes del Estado de la propia Ley de Faltas[3] (No 19120) por uso inapropiado del espacio público.
El sistema de refugios no admite animales, no admite parejas, presenta un horario estricto difícil de acompasar con trabajos temporales informales y consumos problemáticos frecuentes. Hay también violencias institucionales cercanas ‒en ese continuum‒ a la violencia política: niños/as y adolescentes institucionalizados en el INAU que no tienen alternativas habitacionales al egreso a los 18 años. La institución de amparo infantil provoca desamparo juvenil. Algo similar sucede con las cárceles: la única “posada de medio camino” que tiene el sistema ofrece cupos para menos del 1% del total de liberados al año. En cuanto a la proporción de personas con consumos problemáticos de drogas que viven en la calle, también resultan insuficientes los cupos y espacios de tratamiento. Por último, también presentan limitaciones las alternativas para casos de violencia doméstica. Estos procesos expulsivos que tienen por resultado la “condena” a quedar en situación de calle, se complementan con la persistente falta de cupos en los refugios y constituyen violencias institucionales.
Tácticas individuales
En este marco, donde la impugnación de las violencias institucionales resulta casi un sinsentido, y hasta fuente de nuevos problemas y violencias cotidianas, las personas desarrollan usualmente estrategias adaptativas también de tipo individual, orientadas a la supervivencia, muchas de ellas perjudiciales a mediano y corto plazo. Ya a inicios del siglo XX, Marcel Mauss expresaba con claridad cómo “La búsqueda brutal de fines individuales es perjudicial para los fines y la paz del conjunto, para el ritmo de su trabajo y de sus alegrías y ‒por efecto rebote‒ para el propio individuo” (Mauss, 2009: 248).
Es conocida la distinción entre “estrategias” y “tácticas” (De Certeau, 1996: 40-45). Las primeras implican “un sujeto de voluntad y de poder que es susceptible de aislarse en un ambiente”, un lugar propio desde el que se puede organizar el tiempo y el espacio. Aquí nos encontramos más bien ante tácticas: “artes de hacer” en la vida cotidiana que intervienen aunque no sean visibles ‒¿lógicas del cazador? como las que plantea Merklen (2005)‒ por parte de quien “no tiene lugar propio”. En el centro de la ciudad, las posibilidades de supervivencia económica existen y son variadas, por ello concentran mayor cantidad de personas en situación de calle. Sea en el mercado informal, realizando pequeños servicios u otros; la vida en el centro otorga provisión económica con menores riesgos de sufrir castigos y muertes violentas, y permite mayor acceso a formas de protección como son refugios, espacios de ejercicio de la ciudadanía (centros educativos, bibliotecas, centros cívicos, espacios públicos con infraestructura, entre otros) y alimentación. De todas formas, las estrategias individuales o tácticas de personas en situación de calle son variadas y, en algunos casos, se vinculan al mercado ilegal. Allí una dosis de pasta base de cocaína vale el doble que en un barrio popular; es posible obtener productos en las volquetas[4] de basura que pueden venderse luego en las ferias y cuidar coches u ofrecer pequeños servicios a comerciantes y vecinos de la zona.
Las changas[5] en el centro también pueden incluir formas de explotación sexual, asistencia a redes delictivas, traslado de objetos para su comercialización en mercados callejeros (especialmente a la Feria de Tristán Narvaja, los días domingo). También es posible realizar distintas formas de mendicidad. Estas formas de supervivencia tanto proveen económicamente como ofrecen un determinado lugar social, a veces vinculado al delito, con una participación riesgosa dentro del mercado de drogas y a merced de procesos de estigmatización. Más allá de la provisión económica que pudiera haber en el área central de Montevideo ‒que aporta al mismo tiempo una relativa protección para quienes duermen a la intemperie o hacen uso de refugios nocturnos, entre otras soluciones de pernocte‒, el estigma, los daños cotidianos del uso de sustancias como alcohol y pasta base, así como los propios a la participación en el mercado de drogas y las violencias institucionales, llevan a daños en los sujetos, daños diferenciados por género, daños que se acentúan con la edad, pero daños que son efecto de la dificultad de establecer formas colectivas de protección.
Entre nuestros interlocutores, distintas tácticas o estrategias individuales han sido útiles para sobrevivir en lo cotidiano: cambiar psicofármacos obtenidos en el sistema de salud por otras sustancias, tener relaciones sexuales por dinero u otros bienes o servicios, disputar con violencia un espacio para cuidar coches, ejercer formas de mendicidad abusiva. En estos intercambios de bienes y servicios circulan algunos en forma de toma y daca o de don, pero muchas veces los dones están envenenados, en la medida que están signados por la violencia estructural y cotidiana.[6]
Respuestas colectivas
Dentro de las respuestas colectivas se destaca la propia conformación de Nitep, que en 2018 lee su manifiesto fundacional en la puerta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Es el primer colectivo de este tipo en nuestro país, y desde su conformación como organización de personas en situación de calle, mantiene una plataforma de lucha ligada a la búsqueda de soluciones ante las violencias estructurales, institucionales y cotidianas.[7] La agenda del colectivo y sus procesos de trabajo dan cuenta del abordaje de estos tres planos de la violencia tomando como ejes transversales: la vivienda, el trabajo y la salud.
A lo largo de su corta historia, Nitep ha logrado una importante visibilidad pública: ha aparecido varias veces en los principales medios de prensa, radio y TV del país, ha realizado manifestaciones públicas junto a otras organizaciones sociales, ha llevado a cabo seminarios y encuentros nacionales con participación de organizaciones semejantes de otros países de la región, entre múltiples actividades. Incluso, una representante de Nitep viajó a Nueva York, participó en una sesión de la ONU. Y en forma consistente ‒en esas distintas arenas‒ su discurso se ha orientado a la visibilización y denuncia de distintas violencias institucionales. El colectivo ha establecido espacios de negociación y diálogo con las autoridades de la ciudad de Montevideo y del Ministerio de Desarrollo Social. El proceso de fundación, conformación y crecimiento del colectivo Nitep ha sido una novedad muy importante en el espacio público, más aún en este período excepcional de emergencia sanitaria. Su singularidad produce simpatías, adhesiones y deseos variados en su entorno.
Nitep por otra parte, genera con sus intervenciones públicas otras imágenes sobre las personas en situación de calle, que permiten ver desde otro lugar los marcos interpretativos social y políticamente imperantes. En sus múltiples instancias Nitep cuestiona cuán hospitalaria o no es nuestra sociedad, interpela las instituciones de protección disponibles, haciendo énfasis en los afectos y los efectos de las prácticas tutelares, punitivas y expulsivas. Este proceso de organización colectiva nuclea personas con trayectorias muy distintas y anuda lo que parecían historias individuales, aisladas, una serie de casos. En forma semanal, Nitep ‒en alianza con otras organizaciones vinculadas a los derechos humanos y actores universitarios‒ coorganiza un encuentro de “Denuncias y defensas”,[8] que recopila situaciones de violencia institucional. Este espacio ha permitido pensar las violencias sistemáticas que sufren las personas en situación de calle más allá de la idea que las reduce a “meros abusos de poder” o “excesos”. En este proceso se ha podido construir colectivamente una mirada sistémica sobre las pedagogías de la crueldad, al decir de Segato (2019).
Dentro de las múltiples acciones desarrolladas, una de las respuestas que consideramos puede facilitar la comprensión de lo compartido —entre docentes de la Universidad de la República y Nitep— lo constituye la experiencia en curso “Panitep”. Se trata de un emprendimiento laboral gastronómico —de panadería— integrado por personas en situación de calle que surge a partir de necesidades laborales expresadas por el colectivo Nitep, saberes de sus integrantes —dones trascendentales que algunos de ellos han recibido que posibilitan el desarrollo del emprendimiento— y que cuenta con la infraestructura y el acompañamiento de base para su funcionamiento del Bar Cooperativo Finisterre y parte del equipo universitario.
Dentro de las formas colectivas de protección también aparece el Estado como elemento que signa parte de los bienes a los que es posible acceder. En este caso las personas en situación de calle organizadas a través de Nitep se integran a un ciclo de dones que es motorizado desde la universidad a través del desarrollo de propuestas de extensión no utilitaristas. En ese circuito se producen intercambios de honor, con forma de dones y palabras, en oposición a la “violencia unilateral de la agresión” (Bourdieu, 2008: 161). No se trata de relaciones de reciprocidad en el sentido estricto sino de la construcción de un circuito de dones que tiene al menos un origen en el modelo de universidad latinoamericana y su función social. El intercambio de estos dones ‒como en todos los casos‒ no es abstracto, la circulación es motorizada por el sentido mismo de las organizaciones que lo integran, el lazo que las une y la confianza que se actualiza en la demora que habilita la incorporación de nuevos grupos y alianzas. Situación que es posible mantener a lo largo del tiempo que se requiere para que acontezca la devolución (el contra-don) en la relación concreta con este colectivo por la multiplicidad del Estado, la estabilidad de las instituciones ‒la universidad para este caso‒ y el prestigio de los participantes.
Conclusiones
En el continuum de violencias ‒como fue visto‒ la violencia institucional moviliza otras violencias. La mano izquierda del Estado, por ejemplo, funcionarios de refugios sancionan empujando a la calle a quien no obedece sus reglamentos y la mano derecha queda habilitada para ejercer el castigo legalmente establecido. En este caso, las personas en situación de calle, al entrar en juego la violencia institucional desde los ámbitos que les dan refugio, quedan nuevamente obligadas a realizar distintas tácticas de autoprotección entre lo legal y lo ilegal para escapar de la intemperie. Encontrándose una y otra vez, a merced de las violencias cotidianas, entre otras, las propias al mercado de la pasta base de cocaína (Albano et al., 2015; Castelli, Garibaldi y Rossal, 2019). La generación de deudas producto de la circulación de dones envenenados obliga en muchos casos a un circuito cerrado que radicaliza distintas formas de subalternización. Estas actividades no solamente proveen, también provocan daños en la salud, la autoestima e incluso algunas veces la relación con el Sistema Penal, reproduciéndose las violencias cotidianas e incrementándose las institucionales.
Aquí, el prestigio del colectivo Nitep, como primera organización de personas en situación de calle del país, funciona como acumulador de capital social y permite motorizar solidaridad y empatía hacia sus iniciativas. Si una persona durmiendo en la calle produce sentimientos encontrados que van de la solidaridad a la aporofobia, generalmente acompañados de incomodidad y muchas veces estigma ‒‒lo contrario del prestigio‒‒, el colectivo Nitep concita simpatías a diestra y siniestra y el apoyo público lo posiciona en un lugar privilegiado para hacer oír su voz.
En esta trama se puede observar una operación de contrastes, en la medida que el reconocimiento externo de que una persona o iniciativa es parte de Nitep, funciona de modo contrario a cómo opera el estigma respecto a una persona (individuo) en situación de calle, posibilitando tipos de intercambio que no suponen reificar las formas de subalternización que justifican y normalizan, al mismo tiempo, la violencia institucional. El accionar del colectivo permite ‒con diversos niveles de impacto, grados de complejización y alcance público dependiendo de la coyuntura y los eventuales aliados‒ visibilizar, impugnar y mitigar las violencias.
Bibliografía
Albano, Giancarlo, Luisina Castelli, Emmanuel Martínez, y Marcelo Rossal (2015), “Violencias institucionales y reproducción de estigmas en usuarios de cocaínas fumables de Montevideo”, en Revista Psicologia em Pesquisa, vol. 9, núm. 2, s.p.
Bourdieu, P. (2002), “La mano izquierda y la mano derecha del Estado”, en Revista Colombiana de Educación, núm. 42.
Bourdieu, Pierre (2008), El sentido práctico. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
Bourgois, Phillippe (2001) “The Continuum of Violence in War and Peace: Post-cold War Lessons from El Salvador”, en Ethnography, vol. 2, núm. 1, pp. 5-34.
Castelli, L., Garibaldi, C. y Rossal, M. (2019) “Aproximaciones cualitativas al fenómeno del consumo de pasta base de cocaína”, en VV. AA., Personas, calle, consumos: dos estudios sobre uso de pasta base en Uruguay. Aproximaciones cuantitativas y etnográficas, Montevideo, OUD – JND.
De Certeau, Michel (1996), La invención de lo cotidiano. El arte de hacer, tomo I, México, Universidad Iberoamericana.
Ferrándiz Martín, F. y Feixa Pampols, C. (2004), “Una mirada antropológica sobre las violencias. Alteridades, vol. 14, núm. 27, enero-junio, pp. 159-174, México, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
Fraiman, Ricardo, y Marcelo Rossal (2011), De calles, trancas y botones: una etnografía sobre violencia, solidaridad y pobreza urbana, Uruguay, División Programas y Proyectos de la Subsecretaría del Ministerio del Interior.
Mauss, Marcel (2009), Ensayo sobre el don: forma y función del intercambio en las sociedades arcaicas (vol. 3063), s.l., Katz Editores.
Mides (2016), Presentación de resultados del Censo de Población en Situación de Calle, Montevideo, Ministerio de Desarrollo Social.
Mides (2020), Relevamiento de Personas en Situación de Calle en Montevideo, Montevideo, Mides-INE-ONU.
Merklen, Denis (2005), Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática, Buenos Aires, Gorla.
Rossal, Marcelo (2017). “Violencia institucional hacia usuarios de pasta base de cocaína en Uruguay”, en ABYA-YALA: Revista sobre acesso á justiça e direitos nas Américas, vol. 1, núm. 1, pp. 96-108.
Scheper-Hughes, Nancy y Bourgois, Phillippe (eds.) (2004), “Violence in War and Peace: An Anthology”, Malden, MA, Blackwell Publishers.
Segato, Rita Laura (2019), Pedagogías de la crueldad. El mandato de la masculinidad (fragmentos en Dossier Feminismos, Revista de la Universidad de México, Cultura UNAM. https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/9517d5d3‒‒4f92‒‒4790‒‒ad46‒‒81064bf00a62/pedagogias‒‒de‒‒la‒‒crueldad
- Aprobado en la Convocatoria a Proyectos para el Fortalecimiento de Trayectorias Integrales 2019-2021 de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República (CSEAM, Udelar). El equipo universitario está integrado por: Sandra Leopold (FCS), Fiorella Ciapessoni (FCS), Sebastián Aguiar (FCS), Leticia Pérez (FCS), Marcelo Rossal (FHCE), Cecilia Etchebehere (FCS), Laura Zapata (FCS), Walter Ferreira (FCS), Sofía Lans (FCS), Martín González (FCS), Diego Castrillejo (FCS) y los pasantes de antropología Tacuabé González e Inés Soul. Se incorpora durante el proceso el doctor Alejandro Guevara. Desde el SCEAM se integran en el acompañamiento del proceso: Gerado Sarachu, Natalia Montealegre, Dulcinea Cardozo y Cecilia Matonte. ↑
- Entre los que se detallan los centros nocturnos denominados “refugios” que son gestionados mayoritariamente por Organizaciones No Gubernamentales, la aplicación por intermedio de la policía de la Ley de faltas y el equipo móvil del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). ↑
- Que en sus modificaciones se integra a un proceso creciente de criminalización de la situación de calle a partir la aprobación el 9 de julio de 2020 de una Ley de Urgente Consideración N° 18889. ↑
- Se trata de recipientes donde los vecinos de la cuadra depositan la basura, que luego la Intendencia de Montevideo recoge mediante camiones especializados. ↑
- Trabajos informales. ↑
- Bourdieu diferencia toma y daca de intercambio de dones. Si por ejemplo cuidar coches implica un servicio dado a una persona que lo retribuye con unas monedas tenemos un caso de toma y daca signado incluso por un precio que es usual, en función del tiempo que un auto estuvo estacionado en ese lugar. En el caso del don lo importante es el diferimiento en la devolución, en la confianza implicada en tal diferimiento y en el lazo social que se establece, en la “posibilidad de una continuación, de un retorno, respuesta, contra-don, réplica, en cuanto implica el reconocimiento del otro” (Bourdieu, 1991: 170). ↑
- Véase: https://plataformanitep.wixsite.com/nitep ↑
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Además de Nitep y docentes de nuestro equipo, participan: el Servicio Paz y Justicia de Uruguay (Serpaj), la Red de Abogades por los Derechos Humanos (RADDHH) y Colectivos contra la Represión. ↑