Enfermedad y degradación ambiental en Jalisco

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Mtra. Georgina Vega Fregoso

Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, CIESAS Occidente.

El conocimiento sobre la estrecha relación entre salud humana y salud de los ecosistemas es antiguo y la mayoría de las civilizaciones la han reconocido. En nuestro siglo, es en el año 2000 cuando a partir del trabajo titulado Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EEM) se analizan las consecuencias del cambio de los ecosistemas para el bienestar humano; el balance arrojó algo que se avizoraba en el Informe Brundtland–Nuestro Futuro Común, en el que se planteó la incompatibilidad entre obtener crecimiento económico y la explotación expansiva de los recursos naturales.

El acuerdo generalizado a partir de los resultados de la EEM es que las actividades antropogénicas ejercen una enorme presión sobre las funciones naturales de la Tierra y que por primera vez en la historia de la humanidad hemos rebasado tres de los nueve límites planetarios que plantea Ímaz (2015), a saber: alteración del ciclo del carbono (efecto: cambio climático), cambio en la integridad de la biosfera (efecto: extinción de especies) y la interferencia en el ciclo del nitrógeno y el fosforo que ocasionan los cambios de uso de suelo, el uso de pesticidas, la agroindustria, la ganadería extensiva, las actividades industriales y el uso de combustibles fósiles (efecto: contaminación agua, aire, suelo y alimentos).

Desde diversos ángulos analíticos las críticas al modelo de desarrollo depredador de la naturaleza, las resistencias y respuestas locales, en México la gestión pública de las políticas ambientales pasa por la idea de que las cuestiones de la naturaleza son un asunto del Estado[1] (Gil Corrales, 2007) esta lógica es llevada a la práctica por las Instituciones Ambientales que no logran controlar la contaminación y la degradación de los ecosistemas. El Estado, dice Jorge Alonso, “se ha ido alejando cada vez más de las necesidades de los individuos concretos” (Alonso, 2015: 296) es decir, el papel al que se le ha reducido es el de garante de los derechos de los corporativos trasnacionales.

Además de casos tan ampliamente conocidos y documentados de contaminación del Río Grande de Santiago en la cabecera municipal de El Salto y las comunidades de Juanacatlán, de los pueblos de la Barranca de Huentitan afectados por basureros y cambios de uso de suelo así como los pueblos aledaños a la Laguna de Cajititlan dañados por la expansión urbano industrial; Jalisco no ha parado de mostrar al mundo qué los procesos de degradación socio ambiental promovidos por una concepción de progreso emanada de una visión de capitalismo neoliberal que favorece el desarrollo que “no se preocupa más que del crecimiento y no realiza más que el crecimiento” (Castoriadis, 1980) tiene un contenido que supone determinadas afectaciones a la salud y la vida de sus habitantes.

En 1982 Asa Cristina Laurell sostiene que la salud es un proceso social, argumentando que la polémica iniciada en 1960 sobre si la enfermedad es un asunto social o biológico podía ser mayormente aderezada con la idea de que se podía comprobar empíricamente el carácter histórico de la enfermedad no a partir del estudio individual sino en cuanto al proceso colectivo: “Es decir, la naturaleza social de la enfermedad no se verifica en el caso clínico sino en el modo característico de enfermar y morir de los grupos humanos” (Laurell, 1982:4).

En este breve texto me referiré al caso de la industria química ubicada en comunidad de Atequiza (municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco) que forma parte de la dinámica que viven otras comunidades en Poncitlán, Ocotlán y La Barca, comparten recursos naturales, entre ellos destaca el agua. En los últimos 50 años estos municipios han sido blanco de procesos de expansión urbana, culturalmente vinculados por políticas institucionales y económicas que promueven un panorama de desarrollo centrado en la industrialización química, farmacéutica, mueblera, alimentaria y la producción agrícola intensiva. Desde hace al menos 20 años los habitantes se quejan de olores que atribuyen a una empresa del ramo químico ubicada en esta localidad.

La empresa se identifica como líder en la fabricación de aditivos especiales, estos tienen diferentes usos en el mercado, la empresa señala al menos once, entre los que destacan: aditivos y sellantes, farmacia, alimentos, papel y embalaje, textiles no tejidos y alfombras, pinturas, tintas, agroquímicos, plásticos, procesamiento de polímeros, edificación, construcción y elaboración de coadyuvantes entre otras.

El tema de los olores y gases que emite la planta industrial en Atequiza cobró relevancia a partir de un accidente ocurrido en diciembre de 1997. En esa ocasión se tuvo una liberación accidental de gases procedentes de la planta industrial. Los habitantes describen el evento como “contingencia ambiental” que generó graves intoxicaciones en más de una decena de personas, en su mayoría niños y adolescentes que sufrieron vómito y desmayos, además de un centenar de individuos que manifestaron los estragos de la misma, los gases y olores a los que están expuestos son descritos como “olor como a un ajo muy penetrante” o “picantes, irritantes”. Las sustancias y categorías de sustancias químicas que tienen relación con este tipo de olores son el arsénico, los compuestos organofosforados, teluro entre otros. Por esos años un periódico importante de circulación local, publicó semanas después del suceso la siguiente nota:

La empresa contaminadora solo fabrica productos químicos altamente tóxicos en países subdesarrollados, ya que en Estados Unidos solo producen los conservadores alimenticios en cambio en nuestro país fabrican aditivos ultravioletas y para plásticos, así como antioxidantes, resinas, productos químicos industriales para papelería, textiles además de productos destinados al tratamiento de aguas residuales, reactivos para flotación de minerales (con arsénico) y resinas de melamina para los que utilizan alrededor de 50 productos químicos entre los que se encuentran ocho de alta peligrosidad como son amoniaco, arsénico, cianuro, pentasulfúrico de sodio, aroflox, entre otros (El Informador, 1998:6 A).

Después del accidente de 1997, a decir de los habitantes, no se ha presentado otro accidente o contingencia ambiental de las características arriba narradas. Sin embargo, la población de Atequiza está expuesta de forma cotidiana a las emisiones residuales de la producción química en la planta, con la emanación continua de olores y gases que se despiden por las chimeneas de la fábrica.

La literatura especializada en salud ambiental coincide en que las personas adultas, adolescentes y niños particularmente, están expuestas a más de 2,800 químicos sintéticos que se producen “en cantidades equivalentes a un millón de libras o más al año” (Galvez y cols. 2010: 887; Moeller & Buelna, 2012). Estas sustancias se distribuyen en el ambiente y en su mayoría se desconocen los efectos toxicológicos de mediano y largo plazo. Es decir, hoy día todos estamos expuestos a estas sustancias, no obstante aspectos como: variabilidad genética, estilo de vida, edad, género, característica de los xenobióticos y tiempo de exposición son algunos elementos que se conjugan en cada caso e influyen en cómo y en qué medida estas sustancias toxicas afectan nuestra salud.

Las narrativas de pobladores reportan preocupación por la salud de la familia: hablan de constantes dolores de cabeza, náuseas, irritación de los ojos, abortos, además de enfermedades graves como leucemias y cáncer. El médico con un consultorio particular en Atequiza desde hace 15 años insiste en que hay una afectación directa a la salud de los habitantes expresada tanto en los síntomas más superficiales como en las afectaciones más serias a la salud.

La visión de los niños se expresa en dibujos realizados en durante una práctica de educación ambiental con alumnos del jardín de niños de Atequiza.

Finalmente, la escasa información local sobre los efectos de una exposición prolongada a sustancias tóxicas se traduce en un aumento de incertidumbre y genera especulación entre los habitantes, invisibiliza la pérdida de bienestar y reduce a un asunto de cuidado individual la salud. Al día de hoy, tanto el Estado como la Industria Química eluden la responsabilidad de garantizar la salud pública y la seguridad ambiental en sentido amplio.


Referencias

Alonso, Jorge (2015) A manera de colofón. A la zaga de sujetos en movimientos. Indagaciones para contribuir a la teoría critica en Sandoval Álvarez, Rafael y Jorge Alonso Sánchez (Coord.) Pensamiento crítico, sujeto y autonomía, Cátedra Jorge Alonso, pp. 289 – 323.

Castoriadis, Cornelius (1980) El mito del desarrollo. Editorial Kairos. Disponible en internet en http://www.fundanin.org/castoriadis7.htm

Galvez M., Forman J., Landrigan J. P. (2010) “Niños”. En Salud Ambiental. De lo global a lo local. Editado por Howard Frumkin. México: Organización Panamericana de la Salud, Pp 887-929.

Gil Corrales, Miguel Ángel (2007) Crónica Ambiental. Gestión pública de políticas ambientales en México, Fondo de Cultura Económica, SEMARNAT, INE

GREENPACE (2012) Estudio de la Contaminación en la Cuenca del Río Santiago y la Salud Publica en la Región, recuperado de: http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2012/9/informe_toxicos_rio_santiago.pdf

Ímaz Gispert, Mireya y cols., (2015) Siguiendo la huella. El impacto de las actividades humanas, México, Siglo XXI editores.

Laurell, Asa Cristina. “La Salud-Enfermedad Como Proceso Social.” Revista Latinoamericana de Salud 2, no. 1 (1982): 7–25.

Moeller, G. & Buelna, G. (2012) “Contaminantes Emergentes. Su importancia, retos y perspectivas sobre la medición, el tratamiento y la reglamentación”. Instituto Mexicano del Agua, Red Temática del Agua Conacyt (RETAC)


[1] Jorge Alonso (2015) señala que “con el neoliberalismo el Estado fue colocado en lo más bajo de sus capacidades. La libre movilidad de capitales sometió al Estado. Los capitales financieros se independizaron de las estructuras productivas y de las regulaciones nacionales para circular en una globalización y, los Estados periféricos fueron supeditados a los mercados financieros privados”, pp. 96