El éxodo migrante y las evidencias de la complejidad en la región transfronteriza del Soconusco

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Enrique Coraza de los Santos

Investigador del Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Departamento de Sociedad y Cultura de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur-Conacyt), Unidad Tapachula (Chiapas, México).

Pablo huyó de su país y dejó todo por la violencia; a las pocas semanas, por la misma razón, se sumaron su mujer y sus cuatro hijos, quienes en conjunto hoy viven en Tapachula con la esperanza de obtener el refugio para poder seguir. Hace unos días Pablo me dijo: “nosotros en nuestro país dejamos todo, porque… de qué me sirve estar allá si iba a perder la vida, entonces mejor aquí que no tengo nada, pero tengo la vida”.

Esta frase resume y condensa la realidad de muchos centroamericanos que—sobre todo de Honduras y El Salvador, en menor medida, de Guatemala, y recientemente, de Nicaragua— han llegado, y aún lo hacen, a la frontera sur de México en forma de migración forzada. Este “dejar todo” es mucho más que las cosas materiales, es dejar también lugares, espacios y territorios con los que se tienen relaciones afectivas que forman parte de la identidad, el “de donde soy”. Pero también es dejar amigos, conocidos, familias que se llevan en la memoria y se reviven en la preocupación de habérseles dejado viviendo la misma violencia, amenazas y riesgos de los que se huyó. Porque la gente sale así, en forma de huida, a veces con lo puesto, con lo poco que puede recoger en el breve tiempo que tiene para salvarse. El resultado de ese “todo” dejado, es la vida misma, la cotidianidad encarnada en proyectos, en sueños, en vivencias que se tiene que asumir que ya no se van a poder concretar o, que para que se den, entonces hay que irse, buscar otro lugar donde ese futuro soñado sea posible.

También, se sale mirando atrás sin mirar, mirando a lo que se deja a causa de unos otros (el crimen organizado, las maras, la exclusión, marginación, pobreza, la violencia del sistema económico, del machismo, y hasta del Estado) pero sin mirar un retorno posible. Esta idea acompaña a toda y todo migrante forzado. Frente a la pregunta ¿volverías? La respuesta inmediata es “no, me gustaría, pero no” y con un poco más de calma, afloran otros sueños, “me gustaría volver si las cosas cambiaran en mi país, pues yo soy de allá pues”.

Estos tres factores que repetidamente aparecen en los testimonios son los que precisamente definen las migraciones forzadas: la amenaza, riesgo o violencia que la persona o su entorno afectivo más cercano sufren; el hacerlo en forma de huida, con un breve espacio de tiempo para salir; y finalmente, la imposibilidad del retorno, esa realidad instalada que hace que el volver sea nuevamente insertarse en la espiral de violencia o amenaza que obligó a la huida, en muchos casos agravada por el señalamiento de haber escapado y la memoria traumática de lo vivido antes de la partida.

Este preámbulo nos permite comprender sintéticamente, y en términos generales, las principales razones por las que las personas huyen de los países centroamericanos mencionados. Esta conjunción de elementos de amenaza, riesgo y/o violencia que son definitorios de las migraciones forzadas, se unen a otros como las condiciones de pobreza, exclusión, inequidad social, inseguridad ciudadana y una percepción de ausencia de alternativas para continuar, no sólo para las generaciones adultas, sino y, sobre todo, para las de niños, niñas y jóvenes. Por estas razones los organismos internacionales que forman parte del Sistema de Naciones Unidas (ONU), como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) establecieron el término de migraciones mixtas (ACNUR-1998) o flujos mixtos (OIM-2009) referido, sobre todo a la migración de carácter irregular.

Éstas son las características de las personas que están llegando a la frontera sur de México y que, sobre todo, se corresponde con población que está en situación de/en tránsito en la medida que su objetivo es llegar al norte y poder atravesar la frontera con Estados Unidos, principalmente, o Canadá. Sin embargo, el cambio en la situación política y social en Estados Unidos y el aumento de los riesgos en ese tránsito por México, también ha hecho que parte de esta población, que tradicionalmente seguía hacia el norte, se haya comenzado a establecer, con diferentes grados de transitoriedad o permanencia, en el sur.

Aquí, esta población originalmente en tránsito, ha comenzado a buscar formas de vida que les permita encontrar ese espacio próximo de seguridad buscado y añorado que, a su vez, les hiciera sentir que no estaban tan lejos de sus países de origen y de sus familias. Sin embargo, a las dificultades para regularizar su situación, o para que se active un mecanismo jurídico de protección en su favor (refugio, asilo, visa humanitaria, protección complementaria), se suman las dificultades para encontrar un trabajo que les permita sustentarse, a sí mismos y/o a sus familias. Esta situación, unida a episodios de discriminación, exclusión, marginación, xenofobia que han aumentado en las localidades del Soconusco, ha hecho que el lugar donde han intentado encontrar su residencia también reproduzca los riesgos de los que huyeron de sus países. Esto, sin dejar de lado el miedo permanente de no tener acceso a mecanismos jurídicos de protección o ser aprehendidos por autoridades de migración o fuerzas de seguridad del Estado. Ser detenido lleva como consecuencia el internamiento en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, y su posterior deportación o retorno forzado. En los últimos tres años, México ha superado a Estados Unidos en deportación de centroamericanos, a la vez que incumple principios básicos humanitarios y acuerdos internacionales ratificados por el Estado, por ejemplo, el que establece el principio de no devolución para aquellas personas que han llegado en situación forzada y cuya deportación, por tanto, puede implicar revivir episodios de violencia o amenaza, y en el peor de los casos, llevar a la muerte.

Entendemos esta realidad como un fenómeno que se produce en estos últimos años y que ha aumentado, no sólo por una profundización de los problemas sociales, económicos y políticos de los países de origen de los principales flujos como Honduras y El Salvador, sino también por la suma de personas de Nicaragua que han padecido no sólo la problemática de la violencia social y ciudadana, sino también la violencia de Estado. En este sentido, las “caravanas de migrantes” provenían de Honduras, en su primera aparición el 22 de octubre (con un número aproximado de entre siete mil y doce mil personas, con una importante cantidad de familias y niños y niñas de corta edad), pero evolucionaron en grupos trasnacionales, ya que las siguientes, aunque menos nutridas (entre las ochocientas y dos mil personas, con menor presencia de mujeres y niños y niñas), destacan por una mayor diversidad de nacionalidades, al contar con guatemaltecos y salvadoreños. Las que se anuncian para inicios de noviembre, y que han salido de El Salvador, cuentan también con nicaragüenses.

Como fenómeno de movilidad forzada y lugares de origen, estas caravanas no son algo nuevo, emergente, novedoso. Adquieren estas características por el número de participantes, por esta idea de éxodo masivo que impacta, a la vez que detona, una serie de fenómenos asociados a las nuevas realidades que ha incorporado la frontera sur en términos de control, securitización y militarización. Por ello consideramos que la importancia de esta nueva modalidad, masiva, obedece a una estrategia, a un aprendizaje desarrollado a partir de experiencias previas de migrantes que salieron en épocas pasadas y que de alguna forma trasmitieron sus impresiones sobre lo que ha representado el tránsito dentro de Centroamérica, el paso a través del límite con México en la frontera sur, y el tránsito a través de este país hasta llegar a la frontera norte. ¿Ahora, a qué obedece esta estrategia? En el plano de las hipótesis, estimamos que se debe a un diagnóstico de la situación y de los obstáculos que representa, tanto el paso como el tránsito, sobre todo en términos de seguridad, de ser detenidos y presumiblemente deportados, de enfrentarse a servidores públicos corruptos, a una sociedad que en México, crecientemente ha adoptado posturas de discriminación y xenofobia, y a las acciones delictivas como secuestros, violaciones o extorsiones, incluso hasta asesinatos (hay que mantener en la memoria la masacre de 72 migrantes ocurrida en 2011 en San Fernando, Tamaulipas).

Una de las evidencias de este proceso reciente, es que ha hecho aflorar todas las contradicciones de una complejidad que es, hoy día, esta región transfronteriza México-Guatemala. Debido a la extensión de esta contribución mencionaremos solamente tres aspectos que nos parecen suficientemente esclarecedores de la idea y la imagen que intentamos trasmitir. El primero de ellos, es que siempre se ha visto—desde la literatura académica, a la prensa a la sociedad y hasta los discursos políticos—, lo de la “porosidad” o “permeabilidad” de esta frontera. Algunos ven esta característica como riqueza y particularidad, porque permite comprender el espacio, la sociedad y la cultura como una realidad transfronteriza que traspasa los límites político administrativos; para otros es un “problema” al permitir el acceso de personas y mercancías de forma ilícita.

El paso del río entre Guatemala y México tiene toda una organización, aunque informal, por parte de los grupos de “llanteros”, así llamados porque trasladan diariamente personas y mercancías de una orilla a la otra, en balsas formadas por llantas de tractor y una reja de madera. Por lo regular este cruce informal transcurre durante todo el año sin mayores incidentes, ni controles, sin observarse incluso presencia de representantes de la seguridad pública. Esta “porosidad” se transformó radicalmente con las caravanas migrantes en todos los puntos de acceso, tanto los oficiales—el puente internacional— como los informales—el río—. El puente, que habilita el paso regular, se obstaculizó con rejas, tanto en el lado guatemalteco como en el mexicano: como en la primera caravana se forzaron y dio lugar al paso, en las siguientes, además de reforzarse materialmente, se colocaron fuerzas de la policía federal y gendarmería que actuaron de una forma, primero intimidatoria, y posteriormente, represiva. Algo similar ocurrió en el paso “informal” del río, donde, de acuerdo con declaraciones de los “llanteros”, las fuerzas de seguridad mexicanas los presionaron para que no trasladaran a los grupos migrantes y cuando éstos quisieron hacerlo por sus propios medios, caminando y nadando (a pesar de que en esta época de lluvias el cauce del río es más profundo y su caudal fluye con fuerza y mucha corriente), los intimidaron lanchas de la policía federal, un helicóptero que sobrevoló a baja altura generaba olas para evitar el avance, y como terceros actores había responsables del Instituto Nacional de Migración, con unidades móviles de traslado de personas, que esperaban en la otra orilla. De esta forma, la cotidianidad de esta realidad transfronteriza se modificó e impactó de manera violenta, no tanto por la cantidad de migrantes, que sí marcaba una diferencia con la cantidad de personas que se encuentran a uno y otro lado del río, sino por la beligerancia y demostración de fuerza con un despliegue de unidades y armamentos que era más propio de una guerra que de acciones para “contener” a personas que portaban como mucho sus mochilas, mujeres, niños y niñas sin otro recurso que su propio deseo de llegar a México.

El segundo fenómeno que se detectó fue la proliferación de mensajes en las redes sociales, en los medios de comunicación local—tanto de radio como prensa escrita— en términos agresivos y con un efecto de generar alerta, preocupación, miedo y un claro rechazo hacia estos “otros” que llegaban. La difusión de mensajes se dio en tres tiempos, sobre todo en la ciudad de Tapachula, antes de la llegada, durante la estancia en la ciudad, y a la salida, que coincidió con nuevas caravanas que en esos momentos arribaban o se esperaban, constituyéndose en un bucle permanente. Todo lo mencionado se acompañó de medidas que, si bien nos pueden parecer alejadas de lo que en realidad pasaba, entendemos que estaban en consonancia con los mensajes que circularon pues hubo un cierre de actividades escolares impulsado por los padres y madres de los estudiantes, así como un cierre de comercios. Cuando los grupos de migrantes se retiraron para seguir su camino, los mensajes y notas de prensa se centraron en valoraciones como la cantidad de residuos que quedaron esparcidos en el espacio urbano o las “pérdidas económicas del comercio establecido”, incluso también por parte de algunos ambulantes.

En ningún momento se hizo una valoración de la ausencia absoluta de los tres niveles de gobierno en brindar asistencia y condiciones para que las personas pudieran estar de una forma digna y cómoda. No se proporcionaron servicios sanitarios portátiles, agua, comida, ni seguridad; la presencia de las policías municipales se centraba únicamente en contener a las personas migrantes en un perímetro específico, generalmente en torno a los parques a donde arribaron. Una vez más, tal y como se pudo observar en los terremotos de septiembre de 2017, los diferentes niveles de gobierno no supieron estar a la altura de las circunstancias ni responder de una forma efectiva, eficiente y humanamente solidaria. Quienes sí lo hicieron, al igual que en los terremotos mencionados, fueron la sociedad civil, organizada y sensibilizada con lo que ocurría, y algunos organismos nacionales e internacionales. Por ello, si bien se transformó la cotidianidad urbana, se puede decir que la responsabilidad no debe recaer en las opciones encontradas por los migrantes para sobrevivir y poder continuar, sino en la ausencia de formas institucionales de asistencia y ayuda adecuadas a las circunstancias.

El tercer y último fenómeno tiene que ver con la contradicción observada que, frente a esta proliferación de mensajes discriminatorios y claramente xenófobos, se pudo visualizar una enorme solidaridad en las localidades donde los migrantes llegaron, sobre todo en los tramos de carretera que tuvieron que recorrer. Personas que salían espontáneamente a ofrecer algo de comida, algo de agua, un transporte para ayudar al viaje en todo tipo de vehículos, desde camiones, camionetas y hasta motocicletas que sólo podían cargar una persona, pero con el espíritu de ayudar y contribuir. Es otra evidencia de esta sociedad compleja donde conviven mundos diversos, el del rechazo, la exclusión, la indiferencia, el alejamiento, pero también la ayuda, la solidaridad, la sensibilidad y la colaboración.

Más allá del drama humano que representa la migración forzada, sobre todo en las condiciones del tránsito que se acompaña de formas de violencia, rechazo y exclusión, las caravanas a las que asistimos ponen a prueba a la propia sociedad e institucionalidad mexicana, al descubrir cómo se ve a esos “otros” que llegan al huir, y buscan una seguridad que ya perdieron en su espacio vital de pertenencia original.