Lourdes Romero Navarrete[1]

CIESAS-Ciudad de México

La historia de largo plazo de Cataluña por acceder a su independencia respecto a España, tiene en el referéndum del 1 de octubre de 2017, un parteaguas que apunta a ser más que una coyuntura dentro de este proceso. La consulta emprendida por el gobierno de la Generalitat, previa aprobación del Parlamento catalán,[2] convocó a los ciudadanos a votar sobre la independencia del Estado español bajo la forma de República. El ejercicio, como en otras ocasiones, fue declarado ilegal,[3] pero ahora fue reprimido a golpe de macana por la guardia civil, desencadenando una respuesta social amplia y una crisis institucional que ha cimbrado las estructuras de gobierno del país ibérico.

Al contundente 90% por el SÍ que resultó de la consulta,[4] siguió una intensa movilización ciudadana y la Declaración Unilateral de Independencia (10 de octubre), por parte del presidente Carles Puigdemont, que dejó sin efecto a fin de establecer una negociación con el gobierno central. Lejos de proponer un marco de negociación, desde Madrid se ordenó el encarcelamiento de los líderes independentistas Jordi Cruixart y Jordi Sánchez, y se inició el enjuiciamiento de una veintena más, incluido el presidente Puigdemont.

Asimismo, un Real Decreto[5] aprobado por el senado el 27 de octubre, autorizó la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que le otorga la facultad de intervenir en las comunidades autónomas que incumplan el «orden constitucional», en consecuencia, el gobierno y parlamento catalanes fueron disueltos, al tiempo que se apresuraron las elecciones parlamentarias que debían realizarse en 2018, al 21 de diciembre. Dichos comicios, si bien modificaron el peso de los partidos pro y contra de la independencia, delegaron la representación parlamentaria a una mayoría soberanista. Sin embargo, la investidura de un gobierno que declaradamente reivindica la República, ha llevado a un punto de quiebre institucional, cuyo desenvolvimiento está marcado por los acontecimientos a varios niveles. En Cataluña por una movilización social persistente en apoyo al gobierno del recién investido presidente de la Generalitat, Joaquim Torra. En España por la profunda crisis del Partido Popular, involucrado en juicios y sentencias por corrupción, que, tras una moción de censura, han hecho insostenible la primera magistratura de Mariano Rajoy, permitiendo el ascenso al cargo de Pedro Sánchez, del PSOE, logrado con el apoyo de partidos como Podemos, Partido Nacional Vasco y de los independentistas catalanes Esquerra Republicana y PDeCat. La otra gran variable corresponde a los cambios en el contexto europeo y global, que, sin duda, han estado presentes desde su origen.

En efecto, el creciente impulso soberanista de los últimos años en Cataluña, está en relación directa con las crisis económicas generadas en la lógica de integración regional de la Unión Europea (UE), que, justamente, opera a partir de la intervención sobre las soberanías nacionales. Este principio está ahora en el foco de la reivindicación de partidos y organizaciones de ciudadanos en buena parte de los países de la unión, poniendo en evidencia que las estructuras de integración atraviesan por una crisis sistémica.

La UE remonta sus antecedentes a los años de la posguerra, cuando la firma de convenios, acuerdos y tratados de cooperación económica entre los estados europeos fue afianzando la estrategia de unificación, hasta llegar a la firma del Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht en 1992.

Este acuerdo, suscrito por los reyes de España, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos y Gran Bretaña, así como por los presidentes de las repúblicas de Alemania, Francia, Irlanda¸ Grecia, Portugal e Italia, al que se sumaron Austria, Finlandia y Suecia en 1995, tuvo la singularidad de que, a diferencia de los convenios de índole meramente económica suscritos bajo el principio de las llamadas “‘cuatro libertades’ de circulación: mercancías, servicios, personas y capitales”, se encaminó también a estructurar un acuerdo de orden político. De este modo, se resolvió crear una ciudadanía común para los nacionales de los países miembros y un marco institucional único, que adquirió forma en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (2004).

Este plan, sin embargo, fracasó luego de que la propuesta fuera rechazada por la vía del referéndum en Francia y Holanda. El intento fue sustituido por el Tratado de Lisboa (2007), reformulado hasta culminar en el Tratado de la Unión Europea (2016),[6] que se mantiene como el principal instrumento que rige a la unión.

Es de señalarse que el acuerdo de Maastricht se produjo en medio de la caída del Muro de Berlín (1989) y de la disolución del Pacto de Varsovia (1991), contexto en el que se iniciaron las negociaciones para la adhesión de las ex repúblicas soviéticas de Lituania, Letonia y Estonia; de la República Checa y Eslovaquia (ex Checoeslovaquia); Eslovenia (parte de ex Yugoeslavia); además de Polonia, Hungría, Chipre y Malta, todos ellos ingresaron formalmente en 2004; Bulgaria y Rumanía se integraron en 2007 y Croacia en 2013.

Actualmente la UE está conformada por 28 países (con Gran Bretaña preparando su salida formal, votada igualmente por referéndum entre sus ciudadanos el 23 de junio de 2016). El euro es la moneda única en 19 países (Zona Euro) y 26 conforman el espacio Shengen o sin fronteras.

La solidez de esta coalición de países acentuadamente diversos en términos culturales, políticos y económicos, se ha puesto a prueba en distintos momentos, particularmente desde 2007, cuando estalló la burbuja hipotecaria de alcance global, que no solamente mostró la disparidad económica entre países como Alemania y Francia, por un lado, y Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, etc., por otro, sino que generó la crisis de deuda soberana, que llevó en 2010 a la aprobación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y a la sucesiva creación de instrumentos de regulación y financiamiento dirigido a capitalizar a un buen número de países de la coalición. Dicho financiamiento fue y está supeditado a la ejecución de programas de ajuste económico, traducidos en severas políticas de austeridad, como el compromiso asentado desde 1992, de mantener un déficit no mayor del 3% del PIB, respecto a la deuda pública (incumplido prácticamente por todos los países miembros), así como la aplicación de medidas fiscales draconianas para la población, restringiendo el gasto público y haciendo impagables las deudas para los ciudadanos de a pie, mientras que la deuda de los grandes actores económicos ha pasado a los bancos nacionales. En este mismo contexto, diversos países han reformado las legislaciones laborales, de seguridad social, etc., con restricciones que impactan directamente las expectativas y calidad de vida de los ciudadanos.

Las respuestas sociales a esta situación han sido una constante en toda Europa. En 2011 en España se produjo una de las mayores expresiones de organización ciudadana, el 15M, coincidente con las emblemáticas movilizaciones de la primavera árabe y del movimiento occupy en Wal Street. En Cataluña, asimismo, la movilización dio lugar a la formación de organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana (2011) y el Proces Constituent a Catalunya (2013), con el objetivo expreso de trabajar en la formación de la República, en tanto en España derivó en el surgimiento del partidos Podemos (2014).

El elemento que subyace permanentemente en las demandas sociales frente a la crisis es la reivindicación de la soberanía política, y, por ende, económica, pero en Cataluña, además, puso en crisis la identidad española, que, a diferencia del contexto europeo, donde también se están produciendo movimientos de este tipo, pero la mayoría están, asociados a la crisis de refugiados, la identidad catalana tiene un referente histórico reivindicativo de muy largo plazo.

Como explica Robert González en este número, la práctica soberanista tiene una raíz histórica y ha trascendido distintos modelos de organización política española. Un referente profundo es la guerra civil de los años treinta cuando con un largo antecedente que se remonta al siglo XIX, la República se configuró como una opción de realización soberana, reprimida por la dictadura franquista de modo tal, que su presidente, Lluís Companys, fue fusilado por órdenes de Franco (1940), a la vez que se prohibieron diversas expresiones de la cultura catalana, incluida su lengua.

Las particularidades de la economía catalana también son otro factor en juego. Cataluña representa el segundo lugar en el aporte al PIB del país (16%), manteniendo un crecimiento anual de 3.1% (en España es de 3.0%). De igual manera, las facultades autonómicas, defendidas con tesón en el constituyente de 1978, se han visto crecientemente restringidas, tanto en lo presupuestal, como en lo político, como quedó demostrado en la destitución del presidente Puigdemont y en la disolución del parlamento catalán. En este contexto, el referéndum del 1O evidenció el rechazo de un sector amplio, activo, organizado y demandante de la población catalana, hacia unas instituciones que considera ajenas respecto a sus referentes culturales y lesiva a sus intereses políticos y económicos. Determinación que se ha visto alentada por el descrédito asociado a la corrupción que afecta tanto a la esfera monárquica, como al Partido Popular, e, incluso, a la representación de España ante la UE.

Frente al proceso catalán, Europa ha tenido una postura en apariencia marginal, pero decisiva en los hechos, que puede ser leída en dos sentidos: una actitud hasta ahora omisa de las estructuras formales de la UE y un papel determinante de tribunales europeos, que a raíz de la judicialización del conflicto emprendido por el gobierno español, que abarca sendas eurórdenes de aprehensión a diferentes líderes independentistas, incluido el ex presidente Carles Puigdemont, la arena de las decisiones se ha ampliado a distintas instancias soberanas europeas, específicamente, a los órganos de justicia de Alemania y Bélgica, a los que los independentistas se han acogido desde noviembre de 2017 y desde donde se han asestado serios reveses a sus contrapartes españolas. Pero no solamente, los independentistas acusados de rebelión tanto en cárceles españolas como fuera, han acudido a espacios jurisdiccionales tanto de los países donde se han acogido –Suiza, Escocia, Bélgica y Holanda– como de carácter internacional, de manera que el conflicto apunta al involucramiento de instancias como la Corte Internacional de Justicia en la Haya y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que las implicaciones legales en el espacio europeo, se encuentran en pleno progreso, y, como sujeto obligado, España tendrá que atender las decisiones que de ahí se desprendan.

Respecto a las respuestas de las estructuras formales de la UE, la primera se ubica el 2 de octubre, inmediatamente después del referéndum. En un comunicado de la Comisión Europea se calificó la votación como ilegal, asimismo, advirtió sobre la eventual salida de la UE del territorio objeto de la consulta y enfatizó el carácter “interno” del conflicto, finalmente, instó al diálogo y a la preservación de los derechos asentados en la Constitución española.[7] Por su parte, el Parlamento Europeo, en la sesión del 4 de octubre, discutió los hechos ocurridos el 1O. Los eurodiputados Manfred Weber (Alemania, del Partido Popular Europeo) y Frans Timmermans (Países Bajos), lograron que se desechara cualquier pronunciamiento en contra del gobierno español, a pesar de que Ska Keller (Alemania), Raymond Finch (Gran Bretaña), Marcel De Graaf (Países Bajos), Ryszard Legutko (Polonia), Steven Woolfe (Gran Bretaña), alertaron sobre la brutalidad policiaca y la conculcación de los derechos a la autodeterminación evidenciados el 1O.[8]

Más de medio año después, el 29 de mayo, a instancias de los partidos nacionalistas vascos y catalanes y Podemos, el Parlamento Europeo recibió a familiares y abogados de los detenidos aún en España, así como de jóvenes artistas y activistas que han salido del país tras recibir órdenes de aprehensión. La reunión contó con la asistencia de 12 eurodiputados, de los cuales, Ivo Bagjl, declaró sentirse «avergonzado por como este Parlamento Europeo ha reaccionado a la situación en el Estado».[9]

A lo largo de 2018, el independentismo ha encontrado respaldo entre algunos eurodiputados de Finlandia y Dinamarca, así como del National Scottish Party o el irlandés Sin Fein (que a su vez transitan por reivindicaciones semejantes), pero no de las estructuras de la UE. En contraste, es en el ámbito judicial y bajo las estructuras nacionales soberanas de Alemania y Bélgica, donde se han allanado parcialmente las intrincadas condiciones en las que se ha desenvuelto el movimiento soberanista en Cataluña. Primero con la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein en Alemania, emitida el 5 de abril y refrendada el 22 de mayo, de desechar la solicitud del fiscal regional -que respaldó la acusación de su contraparte española-, de acusar del delito de rebelión a Carles Puigdemont y solicitar su extradición a España. El 1 de junio, de nueva cuenta, el fiscal aleman reiteró la solicitud de extradición, por lo que es inminente que la Audiencia en cuestión emita una resolución definitiva. El segundo, tuvo lugar tras la decisión de la Cámara del Consejo de Bruselas de poner en libertad sin fianza a los ex consejeros de la Generalitat, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, ocurrida prácticamente de manera simultánea a la que había tomado la audiencia alemana a principios de abril, y que refrendó el 16 de mayo, al disponer su no extradición a España.[10]

Estas resoluciones han fortalecido, aunque aún no de manera contundente, la vía institucional como salida al conflicto, pero, sobre todo, han evidenciado que la crisis catalana ha llevado a la discusión pública temas profundos sobre la democracia en España y en Europa. En España, ha permitido volver la mirada a la historia, al poner luces sobre las prácticas franquistas, que para muchos fueron completamente superadas con la Constitución de 1978, pero que a la luz de los acontecimientos del 1O y del tratamiento institucional posterior, para otros resulta inevitable considerarlas una amenaza latente. De igual manera, ha puesto nuevamente en la agenda del debate la complejidad del esquema democrático del Estado Español asentado en la Constitución, que, por un lado, reconoce como forma política la monarquía parlamentaria, y, por ende, a la soberanía del poder dinástico (anclado históricamente en el derecho divino de los reyes), que en manera alguna es neutro ni meramente simbólico (integrador), pues tiene conferidas amplias facultades de gobierno, amén de ser un activo lobbista y agente económico; y, por otro lado, el decreto constitucional asienta que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.[11] Esta ambigüedad estremece los cimientos del esquema democrático español. Por otra parte, la crisis catalana plantea fuertes retos a la construcción de consensos a través de los partidos, sobre todo en escenarios de gran conflictividad social como el que vive Cataluña, pero que, no obstante, se mantienen como el canal institucional que eventualmente puede cerrar la puerta a la alternativa de la violencia y la represión por razones políticas, expresiones que se han tornado recurrentes en distintos contextos del bloque europeo.

Para la UE, la crisis institucional detonada por el proceso independentista, exhibe los resultados de una política económica que desde la unión, ha alentado la desigualdad y la inestabilidad al interior de los países miembros, donde la vuelta a lo nacional ha traído a un primer plano la necesaria reconceptualización de la soberanía y su instrumentación bajo el modelo de democracia, reelaboración que pasa por reconocer las determinantes identitarias y/o culturales.

A estos desafíos de la unión, se suma la crisis económica e institucional que experimenta, asociada a la emergencia de un nuevo escenario global multipolar, que le tiene ante la disyuntiva de reajustar sus alianzas y estrategias, ante la franca hostilidad de su sempiterno socio, los Estados Unidos. De modo que hacer frente al complicado escenario que tienen los países que conforman la UE, requerirá de medidas innovadoras que promuevan y garanticen condiciones para la plena realización de los principios democráticos en los países miembros, so pena de debilitar aún más sus crecientemente frágiles soportes ideológicos y materiales, o a riesgo de socavar su propia viabilidad.[12]

Fuente: European Commission, Audiovisual Services (2018). Mapa de la Unión Europea hasta el 1 de julio de 2013.

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoDetails.cfm?sitelang=en&ref=023294#2

[1] Profesora-investigadora CIESAS- Ciudad de México.

[2] “Ley del 19/2017, de 6 de septiembre del referendum de autodeterminación”. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 6 de septiembre de 2017. En: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/604479-l-19-2017-de-6-sep-ca-cataluna-referendum-de-autodeterminacion.html; “DECRETO 139/2017, de 6 de septiembre, de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña”. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 6 de septiembre de 2017.

[3] “Recurso de inconstitucionalidad n.º 4334-2017, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del Referéndum de Autodeterminación”. Boletín General del Estado, 8 de septiembre de 2017.

[4] “Un 90% de ‘síes’ con 2,2 millones de votos y una participación del 42% según el Govern”. El País, 2 de actubre de 2017. En: https://elpais.com/ccaa/2017/10/02/catalunya/1506898063_586836.html

[5] “Real Decreto 944/2017”, Boletín Oficial del Estado, 27 de octubre de 2017.

[6] Unión Europea (2016), Tratado de la Unión Europea. En: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016M/TXT&from=EN

[7] Unión Europea (2018). Statement on the events in Ctalonia. En: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3626_en.htm

[8] Parlamento Europeo (2017). Acta del debate: Constitución, Estado de Derecho y derechos fundamentales en España a la vista de los acontecimientos de Cataluña. 4 de octubre. En: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?debate=1507122149831

[9] “Familiares de los presos, de los jóvenes de Alsasua y de Valtonik, denuncian su caso en la Eurocámara”, EL Nacional, 29 de mayo de 2018. En: https://www.elnacional.cat/es/politica/familiares-presos-politicos-parlamento-europeo_272853_102.html

[10] El 25 de marzo de 2018, tras la detención en Alemania del depuesto presidente Puigdemont, Julian Assange rememoró en su cuenta de twitter, que en 1940, el entonces electo presidente de Cataluña Lluís Campanys había sido detenido por la Gestapo y entregado a las autoridades franquistas que ordenaron su fusilamiento. Assange también había advertido que la justicia alemana no consideraría el delito de rebelión o sedición, tal como ocurrió.

[11] Congreso de los Diputados (2018). Constitución Española. Artículo 1. En: http://www.congreso.es/docu/constituciones/1978/1978_cd.pdf

[12] De junio a octubre, meses en que fue entregada esta colaboración y su publicación, respectivamente, una serie de acontecimientos han ocurrido respecto a los intrincados procesos legales que se desarrollan en instancias fuera de España, el más relevante, sin duda, es que la corte alemana declaró formalmente sin cargos a Carles Puigdemont. Mientras tanto, en la península ibérica se ha radicalizado la oposición a las soberanías regionales, creando un clima de confrontación que reedita etapas de la historia autoritoria que parecían superadas. En este ambiente, el gobierno catalán no ha encontrado ninguna respuesta alentadora por parte del gobierno del pesoísta Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, en otras latitudes de Europa de reconfiguran y revitalizan los movimientos de autodeterminación, poniendo en evidencia la crisis histórica que atraviesan los estados nacionales, a la vez que se refuerzan las expectativas para que la internacionalización del conflicto se presente como una posible opción para destrabar las demandas independentistas en Cataluña.